PROCURANDO CONFUNDIR.
POR: RODRIGO UPRIMNY
El
procurador atribuyó la anulación de su reelección a los acuerdos de La Habana y
a su oposición al proceso de paz, con lo cual busca crear confusión, minimizar
las ilegalidades que cometió para hacerse reelegir y deslegitimar la sentencia
del Consejo de Estado, pues si el fallo responde a los dictados de La Habana,
no podría estar fundado en derecho.
El
Consejo de Estado sería entonces para Ordóñez un títere del Gobierno y de las
Farc, a pesar de lo cual dice (sin sonrojarse por sus obvias contradicciones)
que respeta a ese tribunal y que es un defensor de las instituciones, cuando sus
declaraciones generan un manto de sospecha sobre las altas cortes. Sus
afirmaciones buscan igualmente crear la impresión de que las cinco
organizaciones de la sociedad civil que demandamos su reelección tuvimos
motivos turbios pues estaríamos haciéndole mandados al Gobierno o, peor aún, a
las Farc.
Nada
de eso es cierto. La demanda fue presentada en enero de 2013, cuando la
negociación con las Farc apenas había sido anunciada, por lo que es absurdo
atribuirle el propósito de deshacerse de una resistencia del procurador a la
paz que éste no había siquiera expresado. La finalidad de los demandantes fue
otra: evitar el nepotismo y defender la trasparencia en el nombramiento de los
altos cargos del Estado pues consideramos que para hacerse reelegir el procurador
había incurrido en graves ilegalidades.
El
asunto es sencillo. El artículo 126 de la Constitución, para evitar el
nepotismo y los carruseles de favores, prohíbe que un funcionario nombre a
familiares muy cercanos, como esposas, hermanos o hasta primos, de los
“servidores públicos competentes para intervenir en su designación”. El
procurador nombró o mantuvo en cargos de libre nombramiento a familiares
cercanos de magistrados de la Corte Suprema y luego, sabiendo de esos
nombramientos, buscó que este tribunal lo ternara para ser reelegido, como
finalmente sucedió. El procurador violó entonces el artículo 126 para hacerse
reelegir y fueron esas ilegalidades las que provocaron la anulación de su
reelección por el Consejo de Estado. Y si la sentencia fue tardía fue por sus
maniobras dilatorias. Así de simple.
El
procurador busca hoy aparecer como una víctima de la persecución política del
Gobierno y las Farc, que se habrían empeñado en sacarlo por sus críticas al
proceso de paz, con lo cual se posiciona para una campaña por el No en el
plebiscito y para una futura candidatura presidencial.
Es
una estrategia astuta del procurador pues distrae sobre las verdaderas razones
de la anulación de su reelección y busca sacarle ventajas políticas a su
derrota judicial. Pero no es creíble pues su incoherencia es obvia: a pesar de
que pretenda aparecer como adalid de la moral pública y defensor de la
Constitución, la realidad es que el procurador violó la Constitución para
hacerse reelegir y toma actitudes y hace declaraciones en función de sus
intereses, sin importarle su efecto sobre la legitimidad de las instituciones.
*
Investigador Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. @RodrigoUprimny
Tomado
de www.elespectador.com. 10 SEP 2016
- 9:00 PM. Rodrigo Uprimny
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