lunes, 24 de septiembre de 2018

El hambre no importa. Por, Martin Caparros

El hambre no importa

El hambre no importa

Por Martín Caparrós
No es fácil saber cuántos hombres y mujeres y chicos pasan hambre. Los hambrientos suelen vivir en países difíciles, con Estados que no solo son incapaces de asegurar su alimentación; tampoco tienen los medios para contarlos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lo intenta: cada año debe anunciar cuántos malnutridos hay en el mundo. Es toda una responsabilidad: en esa cifra se basan percepciones, políticas, programas.
Este martes, la FAO anunció que hay 821 millones de hambrientos; el año pasado habló de 804 millones; en 2016, de 784 millones. Avanza sobre todo en África, donde eran 212 millones en 2014 y este año se calculan 256 millones. Pero avanza también en América Latina, porque los precios de las materias primas que aumentaron la década pasada volvieron a bajar en los mercados globales y los que lo pagan son –casi– siempre los mismos. Así que los 30.800.000 malnutridos de 2014 son ahora 32.300.000; parece una diferencia menor: es un millón y medio de personas.
Es el problema de los números: nos informan, nos alejan. Es fácil verlos y no mirarlos; es fácil no pensar que estos significan que una de cada nueve personas en el mundo no come suficiente porque casi nunca conocemos a esas personas. Por eso, probablemente, el hambre sigue siendo el horror solucionable que menos nos importa: mata más que cualquier enfermedad, pero siempre ataca a otros, a esos que no terminamos de pensar como “nosotros”.
Es probable que el nuevo informe de la FAO suscite controversias: le suele suceder. Alguna vez las produjo por la forma en que actualizaba las cifras de la malnutrición; ahora se podría discutir cómo las justifica. La FAO no solo censa el hambre; también maneja programas para combatirlo.
El año pasado, cuando debió reconocer que había vuelto a aumentar, dijo que la razón central fueron los “conflictos”. Argumentó que más del 60 % de los malnutridos vivía en países “en conflicto”; para eso, incluyó como tales a la India, Rusia, Turquía o Tailandia —que no están particularmente sacudidos por las guerras—.
El cambio climático era la otra causa fuerte. Pero, según su propio informe, en 2016 hubo un 30 % menos de desastres naturales que en 2006, cuando el hambre bajaba. Y, sobre todo: el cambio climático es un fenómeno global, pero en los países ricos el hambre sigue disminuyendo. Parece como si el clima, tan clasista, se encarnizara con los pobres.
Las causas principales del hambre no son esas emergencias, climáticas o bélicas. La inmensa mayoría de los hambrientos del mundo no lo son por males transitorios: llevan generaciones y generaciones de alimentarse poco. La mayoría no pasa hambre por una situación extraordinaria, coyuntural; lo pasa porque vive —como sus padres, sus abuelos— en un mundo organizado para que algunos tengan mucho y otros, por lo tanto, demasiado poco.
Hay 821 millones de pobres que no comen lo suficiente porque la producción global de alimentos está estructurada para satisfacer a los mercados desarrollados, para concentrar en ellos la riqueza alimentaria. Hace tres o cuatro décadas sucedió el hecho histórico más importante que la historia no registró: por primera vez en miles y miles de años la humanidad fue capaz de producir comida suficiente para todos. Sigue siéndolo: este mundo produce comida que alcanzaría para 12.000 millones de personas; también produce casi 1.000 millones de personas que no consiguen comprar esa comida. En este mundo no hay escasez de alimentos; hay escasez de dinero para comprarlos.
La concentración de la riqueza alimentaria se entiende mejor cuando se ve que un país como la Argentina, que se dedica a producir alimentos, que podría alimentar a 300 millones de personas, tiene más de dos millones de malnutridos —porque su enorme producción de granos está pensada para engordar chanchos chinos—. La fabricación de carne expone con claridad el mecanismo. Para producir un kilo de carne se necesitan diez kilos de cereal: cuando un productor tiene diez kilos de cereal —seamos esquemáticos— puede vendérselos a diez familias que comerán un kilo cada una o a un ganadero que se los dará a sus cerdos o vacas para producir un kilo de carne que venderá —más caro— a una o dos familias. Si se hace carne, muchos harán dinero en el proceso: el productor de granos, la cerealera que los exportará, la naviera que los transportará, el ganadero que se los dará a sus animales, el mayorista que le comprará la carne, el transportista que la distribuirá, el carnicero que la venderá. Y algunos, mientras, se quedarán sin comer.
El ejemplo de Níger lo explica de otro modo. Níger es uno de los países más pobres del mundo; algunos definen su situación como “hambre estructural” —para decir, sin decirlo, que es inevitable—. Y quien vea sus campos secos, pobres, lo creerá. Hasta que se entere de que Níger es, también, el segundo productor mundial de uranio. Con parte de ese mineral se podría montar la infraestructura —riegos, tractores, fertilizantes, depósitos, caminos— necesaria para mejorar los campos y conseguir que los nigerinos coman todos los días. Pero dos corporaciones, una china y una francesa, se llevan el uranio, así que en Niamey no queda plata para veleidades. Esa hambre estructural responde a otras estructuras: no la de la agricultura local, sino la del sistema económico global.
Son solo dos ejemplos. Los mecanismos de concentración de la riqueza alimentaria son numerosos, eficaces, y se confunden con la normalidad de nuestras sociedades. Por eso sus efectos son tan amplios, tan graves. Y por eso las soluciones asistenciales son parches sin futuro. Los cambios necesarios para que todos los hombres y mujeres y chicos del mundo coman lo que necesitan son varios y profundos, pero dependen de uno solo: que su hambre nos importe.
Cuando lo pienso, recuerdo a los ecologistas de mi facultad parisina hace ya más de 40 años: eran pocos, nadie los escuchaba. Pero ellos y todos sus compañeros siguieron insistiendo e impusieron la cuestión medioambiental como un punto central de las agendas públicas. La cuestión del hambre —el hecho intolerable de que una persona de cada nueve no coma suficiente— podría ocupar un lugar semejante. Para eso, la única condición ineludible es que queramos.
* Periodista y novelista. Es autor, entre otros libros, de “El hambre”. Nació en Buenos Aires, vive en Barcelona y es colaborador regular de The New York Times en Español. (c) 2018 New York Times News Service.

domingo, 23 de septiembre de 2018

La satanización de las organizaciones sociales y de la protesta social Guillermo Cardona Moreno

La satanización de las organizaciones sociales y de la protesta social

Opinión
21/09/2018
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Foto: howldb.com
¿Seguirán siendo política de Estado? o ¿Serán palabras sueltas de un ministro bravucón?

Durante el Congreso de Confecámaras, en Cartagena, el ministro de Defensa Guillermo Botero realizó  graves declaraciones contra la protesta social al decir: “que los grupos armados organizados -como disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros- son responsables de financiar la protesta social”.

Con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social”, declaró Botero, quien agregó: “Cada vez que ustedes ven que cierran la panamericana, detrás de eso siempre hay mafias organizadas”.

De igual manera, señaló que las “mafias han sido las que han creado la mala fama del glifosato”.

Cuando un funcionario de tan alto nivel y con tanta responsabilidad no solamente sobre las fuerzas armadas sino sobre millones de personas bien ancladas en los poderes nacionales y territoriales que copian sus declaraciones como órdenes de ataque, lanza tan graves acusaciones, las preguntas que nos hacemos muchos demócratas con el sueño de que las instituciones y sus funcionarios actúen en el marco del Estado de Derecho que implica el respeto por la diferencia son:

  • ¿si el Señor Ministro Botero tiene idea de las implicaciones que tienen sus declaraciones para miles de organizaciones y dirigentes?

  • o si por el contrario, ¿tiene tan claro el tema que su objetivo es enfrentar la protesta y movilización social con las viejas políticas heredadas de la doctrina de seguridad nacional?

Lo más grave sería, si estas declaraciones correspondan a una bien diseñada estrategia en el marco de la política de seguridad nacional, una de cuyas líneas es la  estigmatización, la  satanización y  la persecución contra la reclamación ciudadana, como tristemente sucedió durante muchos gobiernos anteriores, desde 1947, intensificada durante el Gobierno del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) con su Estatuto de Seguridad invocado para contrarrestar los diferentes movimientos rebeldes surgidos en la década anterior, cuando entonces se llevaron a cabo torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos, que provocaron el exilio de numerosos intelectuales, entre ellos el escritor Gabriel García Márquez. El caso más reciente, es el del presidente Álvaro Uribe Vélez quien dijo que los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos eran: “Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches de las guerrillas”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos”.

Al respecto dijo la agencia de prensa del IPC el 23 de  octubre de 2009: “En discursos, declaraciones a la prensa nacional e internacional, intervenciones televisadas y en consejos comunales de gobierno, el presidente Uribe ha arremetido contra personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, así como en tareas de denuncia contra las acciones perpetradas por organismo de seguridad del Estado violatorias de derechos fundamentales de la ciudadanía. 

El asunto no pasó desapercibido para Margaret Sekaggya, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. En la declaración entregada el pasado 18 de septiembre, cuando finalizó una visita al país, resaltó que “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno”.

Sekaggya refrendó ese cuestionamiento el pasado 21 de octubre durante una audiencia realizada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, donde volvió a solicitarle al Gobierno colombiano que evite cualquier estigmatización contra los defensores de derechos humanos.

¿Pero ha sido tan directo el Presidente Uribe en sus ataques a los defensores de derechos humanos? Un rastreo de algunos de sus intervenciones entre los años 2003 y 2009 permite responder afirmativamente la pregunta y dada la frecuencia de sus afirmaciones, es posible advertir una peligrosa sistematicidad que no sólo generan inseguridad, sino que elevan los niveles de riesgo de aquellos activistas que desde diversos sectores sociales reivindican la defensa de derechos fundamentales.

El 8 de septiembre de 2003, pasado un año de su primero mandato y durante la posesión del general Edgar Alfonso Lesmes, como nuevo comandante de las Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el mandatario colombiano descalificó el trabajo de los defensores de derechos humanos.

Son politiqueros al servicio del terrorismo – afirmó el Presidente –. Cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y la ciudadanía le ha quitado”.

Quienes hemos dedicado una vida a la lucha por un verdadero Estado democrático que garantice plenamente el conocimiento y ejercicio de derechos a sus ciudadanos, a sus organizaciones comunales y sociales y que por este hecho no seamos segregados, satanizados, perseguidos ni asesinados como tristemente sucede hoy en la mayor parte del territorio nacional, siendo este el problema político más grave en Colombia y ante el mundo; quienes seguimos en esta lucha venimos buscando caminos de interlocución con el nuevo Gobierno para construir colectivamente entre el Estado, las organizaciones, los medios de comunicación masiva y la sociedad estrategias estructurales de solución definitiva, convencidos que el problema es tan grave que nos compromete a todos sin distingos de militancias sociales, políticas, religiosas, raciales ni de otra índole.

Aún queremos creer que esta ruta es posible, sin embargo, otro hecho conocido el mismo 13 de septiembre, día de las declaraciones del señor ministro Botero ensombrece las esperanzas;   en el Municipio de Acacias-Meta aparece un afiche impreso en membretes de la Policía Nacional, bajo el título “Plan de Choque 100 días, EL QUE LA HACE LA PAGA”, en el que se indica el “perfil  criminal” de dirigentes comunales por lo que están siendo procesados por la Fiscalía General de la Nación en que se dice lo siguiente:

Sandra Patricia Ruiz Riaño: “inicia su actuar delictivo como presidenta de la junta de acción comunal de la vereda del Centro del municipio de Acacías y de la corporación del área de influencia directa del municipio de Acacias (CJAID,…”.

Persona que lidera manifestaciones, bloqueos en contra de la estatal petrolera ECOPETROL y sus diferentes empresas prestadoras de servicios en las diferentes locaciones, plantas y gerencia de Ecopetrol S.A, en el departamento del Meta, generando mitin con los empleados para detener el desarrollo de la operación y de esta manera afectar la economía del País…”

Otros nombres son:

Flaminio Mendoza Bojacá, líder comunal según el afiche.

Gustavo Correa  Neira, líder comunal, según el afiche.

José Fernando Barbosa, Líder comunal, según el afiche.

Denis Sánchez Sánchez, líder comunal, según el afiche.

Nidya Yaneth Muñoz, Líder comunal, según el afiche

Yéssica Liliana Hernandez Quevedo, Líder comunal, según el afiche.

Dentro de los procesados por defender el ambiente, oponerse al fracking, exigir responsabilidad ambiental a las petroleras también está Edgar Cruz, presidente de Corpohumadea y Consejero Departamental de Planeación por el sector ambientalista.

Sabemos muy bien que la judicialización en el departamento del Meta contra dirigentes comunales y ambientalistas hace parte de la “Estrategia Territorial por el Desarrollo de los Hidrocarburos”, encabezada por la estatal ECOPETROL y uno de cuyos objetivos es ahogar la protesta social por lo que el listado de dirigentes judicializados en la región supera a los veinte.

Esta estrategia, desde el Gobierno anterior, ha sido acompañada por el Ministerio del Interior, quisiéramos conocer la percepción del nuevo Gobierno, a la vez que saber cuál ha sido el papel del PNUD en el diseño e implementación de esta estrategia.

Siempre hemos dicho que en los asesinatos contra dirigentes comunales y sociales, la estigmatización sistemática desde diferentes instancias de poder, entre ellas del Estado es el factor de mayor peso, pues con este tipo de declaraciones y actuaciones, muchos poderes hegemónicos locales y bandas sicariales se amparan para atacar todo ejercicio de derechos, de reclamación o protesta.

Por eso hemos requerido del Gobierno Nacional y de los organismos de control e instancias de derechos humanos del Estado:

  • Su pronunciamiento público frente a los hechos.

  • Su reivindicación del derecho ciudadano y de nuestras organizaciones y dignatarios al ejercicio de derechos y a la protesta.

  • Su seguimiento y acompañamiento a los dirigentes comunales y sociales judiciales en el departamento del Meta por defender el ambiente, oponerse al fracking y en general ejercer derechos para que se les garanticen plenamente sus derechos y su vida.

  • Desarrollar acciones disciplinarias a las instituciones que estigmatización a nuestras organizaciones y dignatarios, entre ellas por las declaraciones de octubre pasado del señor Rodrigo Lara.

  • Campañas regulares apoyadas desde el Gobierno valorando y dignificando la calidad de dirigente comunal, dirigente social y de defensor de derechos.

Aún quisiéremos creer que el presidente Iván Duque no comparte este tipo de declaraciones ni de estrategias oscuras contra los dirigentes comunales, sociales y la democracia y aunque ya ha indicado desacuerdos con lo dicho por el señor ministro de Defensa, si requerimos compromisos más estructurales. Que el Dios de cada quien nos oiga porque no quisiéremos volver a épocas tan trágicas y oscuras como las recordadas. La razón, las ideas y el ejercicio de derechos, la historia son nuestras únicas armas, las suficientes como para que se impongan por sí mismas.

Guillermo A. Cardona Moreno
Dirigente Comunal
Presidente Observatorio Nacional Comunal


Fuente:


https://www.alainet.org/es/articulo/195463


¿Razones para el desarme? ¡Todas!. Por. Juana Pérez Montero

¿Razones para el desarme? ¡Todas!

Opinión
21/09/2018
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Nunca las armas sirvieron para hacer avanzar verdaderamente al ser humano.  Siempre se utilizaron para beneficio de unos pocos a costa de la vida, el dolor y el sufrimiento de la gran mayoría, aunque se utilizara y se siga utilizando a ésta como reclamo.  Y las victorias –de haberlas– siempre son pasajeras porque portan en su esencia la revancha de los perdedores, en una cadena de violencia que no encuentra fin.

El desarrollo de las armas como forma de supervivencia podría entenderse hace miles de años, lo que seguramente no quiere decir y no justifica que la “elección” de esa vía por parte de la humanidad no fuera un gran error, que todavía estamos pagando y del cual no hemos salido, habiendo llegado al día de hoy, en el que está en riesgo la supervivencia de la especie y del planeta entero.

A la carrera armamentística que estamos viviendo y que nos ha devuelto a los peores momentos de la llamada Guerra Fría, le acompaña las campañas para hacer crecer una sensibilidad que se va potenciando incluso en las escuelas, alimentando una imagen ideal –asociada al ocio– acerca del “beneficio” de las armas.  Lo estamos viendo en países de la antigua Europa del Este o en Inglaterra últimamente. Estas campañas de sensibilización van acompañadas de la construcción imaginaria de “enemigos”: países como Rusia, Irán, Corea del Norte… (países que no se doblegan), grupos humanos como refugiados, migrantes (desplazados por los desastres que la misma industria de las armas produce), etc., aumentando violencias de otros tipos como el hambre, el racismo, la xenofobia, la discriminación por creencias religiosas, etc., que alimentan la espiral de la violencia en una carrera loca.

Es alarmante el incremento en gastos militares a nivel mundial[1], con EEUU[2] a la cabeza y su política de empleo de la fuerza y la amenaza, una política que impone y que aceptan sus socios de la OTAN; algunos gobiernos como el de Colombia[3], modificando sustancialmente el mapa geomilitar de la región, o Japón[4], el ejemplo más evidente de la barbarie a la que hemos llegado pero que hoy claudica a las presiones de Trump, multiplicando la tensión en una de las zonas más calientes del planeta.

Esta “moneda” que aumenta de tamaño cada día, la del gasto militar, tiene como toda moneda dos caras, ambas negativas.  La otra cara es la cara de los daños colaterales, hablando en términos bélicos.  Si el presupuesto de un país sube la partida de los gastos militares, de modo sistemático se recortan los derechos y baja el presupuesto en políticas sociales (educación, sanidad, pensiones donde las hay, investigación, etc.).

Ejemplos claros abundan.  La misma población estadounidense ve cómo aumentan las armas mientras cuenta con una pésima sanidad pública; en España, durante la que han denominado engañosamente ‘crisis’, los gobiernos de turno han recortado en educación, sanidad, pensiones públicas… mientras mantenías sus compromisos con la industria armamentística y aumentaba el presupuesto militar[5]; la Grecia de Txipras traicionaba la voluntad popular, siguiendo la estela de gobiernos previos, y entregaba a su pueblo a los pies de los caballos de los intereses de bancos centroeuropeos, sin importarle recortar salarios, derechos laborales, sanidad, educación, pensiones públicas… mientras paradojalmente compraba material militar[6].

Esto por hablar de casos escandalosos que han estado y están en todos los medios de comunicación, claramente por pertenecer al ‘norte’ del planeta.  Pero, si esto sabemos de la vieja Europa o de USA, ¿qué ocurre y no se cuenta de toda África, de gran parte de Asia, de zonas con grandes recursos naturales, cuya población vive en la pobreza más extrema como consecuencia de guerras que no eligieron y que los mantienen ‘entretenidos’ mientras les son robados todos los recursos?

Allí, donde se invierte en armas, aumenta la violencia en cualquiera de sus formas (física, económica, sicológica, moral, racial, religiosa, sexual…), aumentan las desigualdades sociales, las hambrunas, el cambio climático, los desplazamientos forzados de población, etc.

Es muy gráfico ver, además, cómo esta carrera armamentística acompaña el proceso de concentración de la riqueza[7]. El negocio de la guerra es el mayor del mundo, no lo olvidemos.

Supervivencia de la humanidad

En cualquiera de los casos, hoy no hay situaciones que justifiquen las armas y las guerras si hablamos de supervivencia y de la defensa de los intereses de toda la humanidad como planteáramos al comienzo de este escrito.  Hoy existe en todos los campos riqueza suficiente acumulada, como consecuencia del trabajo de miles de generaciones, para que toda la Humanidad viva en condiciones de vida dignas.  Y esa riqueza, que fue generada por todos, por justicia social ha de volver por tanto a todos.  Y contamos con todos los medios para que la riqueza pueda compartirse.

¿Por qué decimos que le corresponde y cómo podríamos hacer?  Sin necesidad de hacer historia siempre llena de injusticias traiciones, pongamos un ejemplo de absoluta actualidad y alrededor del cual existen conflictos armados.  Sabemos que en el norte del planeta se cuenta con mayores avances científicos y tecnológicos y en el sur se cuenta con elementos como el coltán, que tan imprescindible es para los dispositivos electrónicos, para que aquellos avances tecnológicos del norte puedan concretarse.  ¿Qué posición sabia o moral y que abra el futuro de todos justifica seguir derramando la sangre de millones de seres humanos para quitarles estos recursos y negarles poder disfrutar de esos avances?

Imaginemos por un momento cuánta energía en todos los campos podría ganar la humanidad entera si, en lugar de potenciar el enfrentamiento, renunciamos a la guerra como resolución de conflictos (ver ya el ejemplo de la Constitución de Bolivia 2009, en su artículo 10.1[8]), si trabajamos en políticas de acercamiento y cooperación, si invertimos en educación gratuita, en sanidad universal, en asegurar comida y vivienda para todos.  ¿Qué pasaría si se investigara y se desarrollaran una educación y una cultura para desarmar la violencia interna y eliminar todas las formas de violencia externa?...  Estaríamos ante el aumento exponencial de la salud física y sicológica de las poblaciones, ante un ser humano que ganaría en fe profunda en su futuro, estaríamos poniendo la condición para que las distintas formas de violencia no encuentren abono en las conciencias individuales y colectivas.

Si todos los recursos que se desvían hacia la carrera armamentística se emplearan en función de la vida y la liberación del ser humano, contaríamos con el suelo para pasar a otra etapa de la historia, podríamos pasar a construir y contar la verdadera historia humana, como dijera el pensador latinoamericano Mario Rodríguez (Silo)[9].

Así es que, mientras no encontramos razón alguna para seguir alimentando la violencia y a la industria armamentística, decimos alto y claro ‘¿Razones para el desarme? ¡Todas!’.

Juana Pérez, periodista y narradora de documentales, es editora y redactora de Pressenza para España, y activista humanista.