sábado, 8 de febrero de 2020


¿Justicia o autodefensa?

El caso del médico que mató a tres asaltantes - aún por explicar- nos reafirma en que no debemos abandonar el principio fundamental de la autoridad legítima para reemplazarla por la “legítima defensa”.
Por:  febrero 07, 2020
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¿Justicia o autodefensa?
Por doloroso y difícil que sea este caso, es importante para la concepción civilista de Colombia que esto se aclare lo más pronto posible
El caso del médico que mató a tres asaltantes nos tiene patinando entre decidir si se hizo lo justo ante una agresión o si la respuesta sobrepasó los límites permitidos por la ley.
La verdad es que tenemos poca información para hacernos a una idea clara de lo sucedido esa noche, pero ya algunas personas han tomado posición en este caso confuso que tiene por un lado a un profesional de la medicina, que salía de su trabajo, y por otro a unos delincuentes con prontuario. De entrada, ya hay un lado más fácil de juzgar que otro y tal vez eso fue lo que le sucedió a la alcaldesa Claudia López que en un trino, apenas se conocieron los hechos, aseguró que había sido una acción en defensa propia.
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El paso de los días, en los medios de comunicación, ha estado orientado a mostrar cómo se iba a perpetrar un asalto o un secuestro y por qué la reacción del médico había sido justificada. Inclusive ya se dio a conocer que el doctor había sido agredido y tenía heridas de arma blanca y un golpe con la cacha de un revólver. Claro que esta información provino del abogado del galeno y, hasta la fecha, no se ha mostrado evidencia de dichas heridas, el doctor no ha dado la cara a los medios de comunicación ni se conoce su nombre o lugar donde trabaja. Del otro lado, si hemos recibido información detallada sobre los asaltantes y su prontuario.
Es difícil en esta situación tomar partido por los asaltantes. De ninguna manera lo voy hacer, pero quedan dudas y muy serias sobre la correcta actuación del médico, porque si estaba herido y golpeado, lo que asegura su abogado, no se entiende cómo fue capaz de sacar el revólver y disparar tres o más veces sobre sus atacantes dándoles de baja. Parecería una hazaña digna de un superhombre o de alguien muy entrenado que fue capaz de resistirse y en medio de la trifulca defenderse y revertir la situación a su favor. Es más, tuvo arrestos para salir huyendo del sitio de los hechos y llegar seguramente a una clínica a donde fue atendido de sus heridas; pero de esto no hay ninguna confirmación.
Cuando está disparada la delincuencia en las ciudades y cuando las autoridades ya no dan abasto para frenarla le va quedando la sensación a la ciudadanía de que la única opción válida es la autodefensa. Esta fue la razón para que hace algunos años se diera inicio a las llamadas convivir que luego degeneraran en la AUC y se fuera creando la ideología de la derecha más recalcitrante de que es válido matar a cualquiera que se crea enemigo, así esa persona no represente una amenaza a la vida si no que sea simplemente un contradictor político.
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Ahora es el turno en las ciudades para la ideología de la defensa en nombre propio; solo que, afortunadamente, hasta la fecha no se han constituido bloques o cooperativas de autodefensa
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Ahora es el turno en las ciudades para la ideología de la defensa en nombre propio; solo que, afortunadamente, hasta la fecha no se han constituido bloques o cooperativas de autodefensa sino simplemente -lo que es muy grave ya - se han venido armando las personas y hay muchas dispuestas a salir, cuando sea necesario, a matar delincuentes. Recordemos la histeria colectiva que generó el primer día del paro nacional el 21 de noviembre pasado; en muchos condominios la gente se reunió en las porterías con cualquier arma que tuviera la mano cuchillos de cocina, bates de béisbol, escobas y armas de fuego para estar listos a responder ante los vándalos que supuestamente venían a tomarse nuestras casas.
La encrucijada es difícil, pero deben ser las autoridades, como la alcaldesa de Bogotá Claudia López, las que salgan a defender a los ciudadanos, las que cuiden las calles, vigilen los barrios y, sobre todo, las que hagan valedera las órdenes de captura cuando un delincuente es pillado en flagrancia o cuando recibe una sentencia condenatoria. Las armas deben ser monopolio del Estado no una prerrogativa para la defensa personal porque ahí estaríamos abandonando el principio fundamental de la autoridad legítima para reemplazarla por la “legítima defensa”.
El médico responsable de la muerte de los tres atracadores tiene todavía cosas que explicar para que podamos determinar si efectivamente actuó en caliente, en defensa de su vida, o si, por el contrario, se quedó esperándolos al final del puente peatonal para acribillarlos a sangre fría. Por doloroso y difícil que sea este caso, es importante para la concepción civilista de Colombia que esto se aclare lo más pronto posible.


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Diplomacia loca
















Ejército a los cuarteles, policía a su función

Ejército a los cuarteles, policía a su función

La cultura de la guerra la debe aniquilar el Estado para terminar con los asesinatos regadera que vienen ocurriendo. ¿Cómo? Para empezar, aplicar la Constitución…
Por:  febrero 06, 2020


La fuerza militar debe permanecer en sus cuarteles salvo que medie el estado de excepción, a nuestra fuerza de policía habría que desmilitarizarla
Hoy, el tema a tratar es complicado. En fin… En mi columna anterior, publicada en este mismo medio el pasado jueves 30 de enero, manifesté que Colombia, tras décadas del conflicto interno, había creado una cultura de la guerra que aún no ha querido desarraigar. Afirmé que se seguía combatiendo al “enemigo interno”. Noción, entre otras, derivada de la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrollada por los Estados Unidos, nuestro aliado de siempre, como estrategia político-militar para eliminar durante la guerra fría la expansión comunista en nuestro continente. Agregué, palabras más, palabras menos, que nuestros hombres en armas, fuerza pública toda, continuaba con el mismo chip (circuito integrado) enraizado, tanto como para que hoy esté actuando dentro de aquel mismo contexto así la caída del muro de Berlín haya sucedido hace treinta años y la disolución de la Unión Soviética hace veintinueve.
Es que fíjense ustedes… En Colombia pareciera que no corriera el tiempo. No solo seguimos en las mismas, sino que se continúa navegando en ese mar de cultura de la guerra; y en aguas supuestamente más profundas aún: cultivos ilícitos, narcotráfico, Águilas Negras (pregunto: ¿estas últimas en dónde están?); paramilitares (pregunto: ¿no dizque Realito, la entrega de más de 30.000 hombres, Justicia y Paz y la extradición, los había erradicado?); disidencias (pregunto: ¿tantas como necesite la inteligencia estatal del mil cabezas?): Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otras dañinas hierbas (buscaron sometimiento a la justicia ordinaria durante el gobierno Santos. Se aceptó a condición de entrega de información, armas y combatientes. A esto la respuesta de aquellos fue sí, pero la perversa mano de siempre lo obstaculizó); Cartel de Sinaloa (pregunto: quién, quiénes; -no se ha dado un solo nombre-); elenos (siguen en La Habana a la espera de la continuación de los diálogos).

Pero de lo que se trata en este escrito es de proponer el ascenso de un primer escalón para terminar con los asesinatos regadera que vienen ocurriendo en el país cobrando vidas de población indígena, líderes cívicos y combatientes desmovilizados. Para lo cual se requiere una política de Estado que termine desde ya con la cultura de la guerra. Es que el “enemigo interno” es una noción que comienza a registrarse en la historia antigua.
Primer paso: aplicar la Constitución. Explico: Capítulo VI de la misma: De los Estados de Excepción: artículos 212, 213, 214, 215. En su orden, norma sobre la guerra externa; sigue la que toca con la conmoción interior; a continuación, la relativa al mandato que obliga la expedición de una ley estatuaria a la que deben sujetarse las dos normas anteriores, y la última, la referente a la emergencia económica, social y ecológica. Tres fueron los constituyentes responsables de revisar su redacción: Guillermo Plazas Alcid, Jaime Castro Castro y quien escribe esta nota. Al numeral 2 del artículo 214 me tomé la libertad de incluirle la frase “en todo caso se respetarán las normas del derecho internacional humanitario”.
Pues sí. Para acabar con la cultura de la guerra, antes que todo, hay que respetar la Carta Constitucional. Citemos el artículo 213: “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, mediante la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la república o parte de ella, por un término no mayor de noventa días , prorrogables hasta dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la Républica.
“Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”.
Significa el texto transcrito que es la policía (fuerza civil) no la militar, la que debe hacer presencia de manera permanente a lo largo y ancho del país para vigilar y mantener el orden interno.  El resto de la fuerza pública (la militar), debe permanecer en sus cuarteles atenta a la defensa de la soberanía y las fronteras nacionales; salvo que medie la declaratoria de estado de excepción ya mencionada que le permita actuar para atender asuntos de desorden público interno. La regla general entonces es que la fuerza militar no debe poner el dedo en el gatillo cuando se trata de asuntos relacionados con el orden ciudadano. Téngase claro: Desde la promulgación de la Constitución del 91, las fuerzas militares han actuado al interior de las fronteras sin que, como lo ordena la norma, se haya declarado la conmoción interior. Nunca, nunca, ha dejado de hacerlo.
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