EL
REVÉS DE LAS PRIVATIZACIONES POR:
EDUARDO SARMIENTO.
En
los últimos 25 años el país se embarcó en un programa de privatizaciones en
todos los niveles, sobre la base de que el sector privado es más eficiente que
el público, que la liberación de recursos permite realizar actividades más
urgentes y que la competencia convierte los esfuerzos por el lucro individual
en beneficios para toda la sociedad, en particular para los menos favorecidos.
Tras dos décadas, la información acumulada en los últimos días sobre educación,
pensiones y telefonía es valiosa para confrontar la validez de estas
concepciones con la realidad.
En
la información reportada sobre los exámenes de Saber - Pro de 2016 se observa
un retroceso de las universidades públicas con respecto a las privadas. El
resultado revela los esfuerzos oficiales para elevar el desempeño de las
universidades privadas por diversos medios. Así, el programa Ser Pilo Paga les
significa un cuantioso subsidio a las universidades privadas de alta
reputación, que reciben sumas muy superiores a los costos de formación. Así, los
estudiantes de altos ingresos y mayor capacidad cognoscitiva se concentran en
universidades privadas, que a su turno disponen de mejores medios para
prestarles el servicio. Como estos estudiantes por razones históricas obtienen
mayores puntajes, el desempeño de las universidades privadas sube en relación
con el promedio. La mayor eficiencia se consigue a cambio de inequidad.
El
país operó durante décadas con un sistema público en que las pensiones se
cubrirán con las cotizaciones de los afiliados y representan el 75 % del
salario. Como la pensión era de 8 % del salario y la relación
afiliado-pensionado 9 a 1, el sistema se autosostenía. Sin embargo, con el
argumento de que el sistema estaba al borde de la insolvencia y que las
administraciones privadas son más eficientes, se estableció la modalidad
privada. Sus autores predecían que generaría mesadas iguales o mayores que las
del público de prima media y evitaba el colapso. Luego de 25 años se vio que
todo era ficción.
Los
AFP reconocen mesadas del orden de 25 % del salario y la erogación presupuestal
para cubrir la diferencia entre las pensiones y las cotizaciones del sistema
público asciende a $38 billones anuales. En una columna anterior denuncié que
se había configurado una pirámide en que los activos en forma de préstamos al
sistema financiero superan a los pasivos pensionales y, como ocurre en este
tipo de organizaciones, los dueños obtienen ganancias desproporcionadas y en
algún momento el andamiaje se desploma causando serias lesiones a los más débiles.
La
otra perla es Telecom. Luego de varios años de desprestigio y bloqueo, en 2006
la mitad de la empresa se vendió en US$350 millones a Telefónica de España con
la condición de que cubriera el pasivo pensional. Como Telefónica no cumplió el
compromiso, el Gobierno tuvo que hacer una cuantiosa capitalización para
mantener la participación en la sociedad. Ahora resulta que otra vez el pasivo
pensional no se cubrió y que el Estado tiene que realizar una nueva
capitalización por $1,2 billones. Al final, al país le tocó pagar para que le
recibieran la mitad de la empresa y por la restante le dieron una participación
minoritaria.
Los
resultados anteriores constituyen una clara evidencia en contra de las
concepciones teóricas que justificaron las privatizaciones. La administración
privada no siempre es más eficiente que la privada, las operaciones le han
restado recursos al sector público y, en general, significan grandes
transferencias del trabajo al capital. Si los recursos dilapidados en los
programas descritos se hubieran canalizado hacia el 50 % más pobre, el país no
tendría los coeficientes de Gini que lo colocan entre las diez naciones más
desiguales del planeta.
Tomado
de www.elespectador.com
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