CORRUPCIÓN
Y CONSTRUCCIÓN. POR: JAVIER ORTIZ
Salieron
a ganarse el día y el lugar en el que trabajaban se volvió, en instantes, un
cementerio. El edificio en construcción que alzaba siete pisos en el popular
sector Plan 400 del barrio Blas de Lezo en Cartagena de Indias se desplomó a la
vista de todos y con su inevitable colapso sepultó la humanidad de unos 30
obreros. Veinte muertos y decenas de heridos son apenas el anuncio de un
desastre mayor: así crece Cartagena.
Una
suerte de nuevos empresarios de la construcción, muchos de ellos pertenecientes
a viejas mafias, invierten su dinero en lo que parece representar un camino
fácil para un buen negocio.
El
diseño arquitectónico de un edificio debe someterse a lo que estipula el Plan
de Ordenamiento Territorial. Con la referencia catastral el constructor sabe
qué altura puede tener, qué se puede hacer y qué no. Los ingenieros
estructuralistas y los ingenieros de suelo toman decisiones especializadas y,
de acuerdo a las condiciones, se presentan los planos y diseños a Curaduría Urbana
que, si todo está en orden, emite una licencia de construcción. Pero en los
barrios populares de Cartagena y de muchas ciudades del país esto no pasa.
Cualquiera que llegue con plata para hacer más plata decide comprar una casa en
un barrio popular y hacer un edificio. La rentabilidad es segura en una ciudad
que escasamente se preocupa por fachadas para el turismo.
Estos
empresarios inescrupulosos, acostumbrados a moverse en la oscuridad, compran
las licencias de construcción. Todo tiene precio. Todo es negociable. El
edificio de Blas de Lezo tenía un cartel falso con un número de licencia falso
que, según el curador, no estaba radicado en su despacho. La vigilancia de
estas obras es tarea de la oficina de Control Urbano, adscrita a la Secretaría
de Planeación Distrital, que dispone de cuadrillas de expertos que se encargan
de conocer si las construcciones cumplen con los requisitos, si las licencias
están en orden y, de ser necesario, interponen las sanciones respectivas. Aquí
también el asunto se arregla con plata.
Quienes
trabajan en el sector saben cómo opera el negocio. No es difícil entenderlo,
opera como opera todo en este país. Hasta que finaliza la construcción, las
personas encargadas pasan periódicamente por la obra, pero no para a darse
cuenta de si se están cumpliendo las normas requeridas, sino a recibir tres o
cuatro billetes como soborno. Tres o cuatro billetes con el que se compra el
deber y la altísima responsabilidad de velar porque un edificio no sepulte a
los humildes obreros que lo construyen o a las familias que en un futuro lo
habitarán. Los controles de estas arbitrarias construcciones se juegan su
existencia moviéndose en el entramado de corrupción que alimenta este país.
Carlos
Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres, llegó hasta el lugar de los hechos a decir que los únicos
responsables de la tragedia son los dueños de la construcción. Demasiado
evidente y miope la visión del funcionario que no deja ver todos los eslabones
de una cadena mafiosa. Es deber de las autoridades respectivas no dejar la vida
y la seguridad de la gente en manos de la buena fe de unos constructores. Aquí
la cuestión no es determinar solamente los responsables de esta tragedia, se
trata también de buscar los mecanismos para detener esta mafia de la
construcción en Cartagena y cómo se intervienen los edificios que fueron
levantados de la misma forma para tener la certeza de que las familias que los
habitan no viven en una bomba de tiempo.
Tomado
de www.elespectador.com
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