El juego de la intimidación. Por Daniel Emilio Rojas Castro

20 JUN 2016 - 9:00 PM.     www.elespectador.com

El juego de la intimidación. Por Daniel Emilio Rojas Castro

Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad.

Álvaro Uribe, Alejandro Ordóñez y José Felix Lafaurie vienen repitiendo que la refrendación popular de los acuerdos de la Habana se apoya sobre la intimidación del gobierno a los ciudadanos. Van a continuar haciéndolo, convencidos de que una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad.

Es apenas obvio que haya una preferencia del gobierno por inclinar a los electores, a los grupos económicos y a los partidos políticos a respaldar la refrendación popular de los acuerdos de la Habana. ¿Puede realmente criticársele por eso? La supuesta intimidación es una cascara vacía, que después se va a llenar con trinos pendencieros y bizantinismos legales, los primeros por cuenta de un senador especialista en cerrar las discusiones con golpes en la mesa y trinos pendencieros, y los últimos por cuenta de un farisaico procurador que se está sirviendo de la institución que representa para preparar su entrada en la política. Singular posición la de estos dos servidores públicos, que invocan cuantos mecanismos democráticos sean concebibles para oponerse a la negociación y respaldar la elaboración de una paz imposible (que es otra manera de postergar la guerra).

Las declaraciones del Presidente sobre la aparición de una guerra urbana en caso de que fracase el proceso de paz fueron desafortunadas, sí, pero fueron realistas, porque si esta oportunidad histórica naufraga vamos a iniciar una nueva etapa del conflicto. No esperemos una pax uribista como consecuencia de la derrota militar de las FARC, poque no la han prometido desde hace veinte años y no ha ocurrido.

En esta ocasión no hay una campaña de intimidación del gobierno, pero sí una de quienes están saboteando el proceso desde sus orígenes: intimidación de la « resistencia civil » y del Centro Democrático, que evalúa un proceso de paz exitoso como una entrega del país al castro-chavismo (otra cascara vacía); intimidación del Procurador, que causa inestabilidad institucional dentro del Estado al respaldar a todos los funcionarios públicos que se oponen al proceso con sus ataques reiterados a la iniciativa de negociación del gobierno; intimidación, en fin, de Fedegán y su presidente, J. F. Lafaurie, quien no contento con estigmatizar a los reclamantes de tierra tratándolos de testaferros de la guerrilla insinúa que la restitución está expoliando a decenas de pequeños propietarios que adquirieron sus predios de buena fé.

Las afirmaciones de Lafourie no denuncian los posibles errores en los que pueden incurrir las autoridades que administran y gestionan la restitución, una postura laudable que contribuiría a corregir lo que no se ha hecho bien y lo que puede mejorarse para redistribuir equitativamente la tierra. Todo lo contrario. Sus críticas son intimidaciones vedadas, calculadas, que buscan justificar que nuevos grupos de campesinos se armen para oponerse a un gobierno injusto que los sometió al despojo en aras de una paz ilegítima. ¿Criminalizar a los reclamantes de tierras, que también son víctimas del conflicto, no es una intimidación cobarde del fuerte contra el débil? ¿Quien no sabe que parte de los grandes latifundios que hay en Colombia se crearon y se han valorizado gracias al despojo de los pequeños propietarios rurales que propiciaron los latifundios ganaderos en asociación con el paramilitarismo? ¿Qué persona que conozca el agro colombiano no sabe que durante décadas las oficinas de registro han respaldado con leyes amarradas y falsificaciones los intereses de los latifundistas?

El juego de la intimidación busca ocultar los problemas de los que el país era consciente desde hace muchos años, pero que vuelven a resurgir en el contexto de la negociación de paz. Más allá de atacar al gobierno o a las FARC, el objetivo de sus instigadores es desorientar a la opinión pública y evitar que la atención se dirija a temas como la redistribución y la tributación de las grandes propiedades de tierra en el norte, el occidente y el oriente del país.