"Es como si nada hubiera pasado. Y está pasando": Néstor Raúl Correa

"Es como si nada hubiera pasado. Y está pasando": Néstor Raúl Correa

Conocido por su cruda franqueza, el magistrado Néstor Raúl Correa, asegura que aunque la reforma a la Justicia está vigente, casi ningún funcionario está acatando sus cambios obligatorios.

Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

"Es como si nada hubiera pasado. Y está pasando": Néstor Raúl Correa

“El presidente del Consejo Superior de la Judicatura no debería asistir (a eventos) en representación de un órgano que ya no existe”. / Óscar Pérez – El Espectador

Cómo debo decirle: ¿magistrado o exmagistrado?

Magistrado, seis meses más.

Usted ha dicho que como consecuencia de la aprobación de la reforma al equilibrio de poderes, el Consejo Superior de la Judicatura ya no existe ¿Por qué “falleció” ese organismo pero sobreviven las salas que lo componían (Administrativa y Disciplinaria)?

La reforma entró a regir el pasado 1° de julio porque su texto fue publicado en la Diario Oficial, último requisito para que sea aplicable. La Constitución, como norma jurídica superior que es, deroga, desde su expedición, toda otra que le sea incompatible. Por efecto de su redacción, algunos artículos de la reforma se aplican ya, otros se aplicarán transitoriamente y algunos lo harán más adelante, de manera permanente. Hay, pues, tres tiempos. Entre las normas que rigen desde el comienzo, se encuentra la supresión del Consejo Superior de la Judicatura.

¿Por qué lo interpreta así?

Primero, hay que tener claro que se trata de tres órganos diferentes: el Consejo Superior de la Judicatura, la sala Administrativa y la sala Disciplinaria. Estas salas se mantendrán hasta cuando cumplan unas tareas transitorias que les fueron asignadas expresamente. Cosa diferente sucedió con el Consejo Superior que tenía siete funciones. Sin embargo, la reforma se las quitó todas, de una vez. Segundo, mientras en la reforma se hizo mención de la subsistencia temporal de la Comisión Interinstitucional y de las dos salas, guardó silencio intencional respecto del Consejo. Tercero, a falta de una, en tres ocasiones dijo que el título “Consejo Superior de la Judicatura” debía ser sustituido por otro nombre. Estas derogatorias son de aplicación inmediata.

¿Cuáles eran las funciones que tenía el Consejo? ¿No se supone que las dos salas las cumplían todas?

Esas funciones eran: una vez al año, elaborar el informe para el Congreso; cada 4 años, estructurar el plan de desarrollo de la rama; dictar reglamentos para la justicia, lo que nunca se hizo mientras estuve; presentar proyectos de ley de los cuales se llevaba uno al Congreso, cada 2 o 3 años; elegir presidente anual; promover la buena imagen de la rama lo que resulta curioso si nos atenemos a lo que ocurrió en la realidad, y dictar su reglamento interno cuyo texto no se modificó en 20 años. Lo que había que hacer en 2015, ya se cumplió: elegir presidente, rendir informe al Congreso y adoptar el plan de desarrollo.

No quiero ser tosca pero esas tareas parecen inventadas para justificar un aparato administrativo y el nombramiento de un presidente, además de los que tenían las dos salas.

Pues en el nuevo esquema esas funciones las asume un solo órgano y en otros países también es así. Haber diseñado una especie de paraguas para abrigar a dos instituciones inconexas (las salas Administrativa y Disciplinaria) fue una idea bien intencionada del constituyente del 91 que no resultó del todo bien. Por eso, y aunque se trató de enmendar la equivocación en 1996, sus errores estructurales no se pudieron subsanar.

Lo cierto es que siempre existió un presidente y un vicepresidente del Consejo aparte de los de las salas. Y que los magistrados Wilson Ruiz y Édgar Sanabria, elegidos este año, ya no representan a la justicia.

En efecto.

¿El presidente y vicepresidente del ‘inexistente’ Consejo reciben emolumentos y otros beneficios en esa función?

No. Ellos reciben su salario normal como magistrados que son, de las salas Disciplinaria y Administrativa.

Sin embargo, el presidente Ruiz tiene a su servicio, en su calidad de vocero del Consejo, a un conductor, un secretario, un periodista, un ingeniero de sistemas y un profesional. Y que se sepa, ninguno ha renunciado ¿Deberían hacerlo?

De acogerse mi tesis, esas personas ya no deberían estar trabajando, no por renuncia, sino por sustracción de materia.

Si el magistrado “presidente” no se representa sino a sí mismo, no debería, tampoco, aceptar invitaciones ni asistir a eventos en esa condición.

No sé si tiene otras invitaciones o reuniones. Pero el presidente del Consejo Superior de la Judicatura no debería asistir a las sesiones de la Comisión Interinstitucional en representación de un órgano que, le repito, ya no existe.

¿La mala fama del Consejo de la Judicatura fue responsabilidad del organismo o de sus miembros?

De ambos. Primero, de algunos de sus integrantes aunque no de todos: durante 20 años de su funcionamiento, así como hubo personas polémicas, llegaron otras muy valiosas. Pero, más tarde, esa mala fama se extendió a todo el organismo.

En cuanto a la subsistencia de las salas con sus magistrados, el fiscal general interpreta que los periodos de los togados que estén a punto de concluir, podrían prorrogarse seis meses o un año más de lo estipulado, si no se ha tramitado la ley que reglamenta la reforma ¿Está de acuerdo con él?

No. Un parágrafo transitorio de la reforma dice que los actuales magistrados de la Sala Disciplinaria ejercerán sus funciones hasta el día en que se posesionen los miembros del órgano reemplazante, la nueva Comisión de Disciplina. Alguien podría concluir que si estos últimos no se posesionan nunca, aquéllos serían vitalicios. Pero eso es absurdo en una democracia. Para que la norma tenga sentido, hay que interpretarla de manera armónica con otras disposiciones, en particular con la ley estatutaria aún vigente que dice que esos magistrados fueron “elegidos para un período de ocho años”.

De todas formas, por falta de claridad en el texto, la interpretación del alargue es posible…

No lo creo. Una regla de juego básica de la democracia, que la diferencia de las dictaduras, consiste en que una reforma constitucional no debe alargar períodos que se hayan iniciado bajo la Constitución anterior. Un ejemplo de esto es lo que hacía Pinochet: empezaba un período presidencial y, después, mediante reformas que él mismo promovía, lo prorrogaba. Casos regionales cercanos como ese, hay otros. Eso no es legítimo y, repito, no es democrático.

En cuanto a la sala Disciplinaria, ¿esta puede seguir estudiando y fallando tutelas siendo que es una tarea que le fue suspendida y que fue causante de parte de su desprestigio cuando profirió unas decisiones a favor de personas involucradas en parapolítica?

En principio sí puede porque esa función se la quitan a la entidad que la remplazará (Comisión de Disciplina Judicial), no a la actual. Sin embargo, si tenemos en cuenta que esa competencia se la eliminan, justamente a título de sanción por el mal uso que hizo de este mecanismo, cabe preguntarse si éticamente tiene sentido que siga ejerciéndola. Desde luego, la respuesta es no porque, de lo contrario, el mensaje sería: “abuse un año más hasta que raspe la olla”.

Es dura su respuesta. Me han informado que hay otros temas de la reforma que la Judicatura no quiere aceptar ¿Es verdad?

Sí. Por ejemplo, la antigua Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pasó a llamarse Gerencia de la Rama Judicial desde el 1° de julio, con todas las implicaciones que eso tiene. Pero los otros tres integrantes de la sala Administrativa – aparte de mí - estiman que no es así pese a que entre los órganos cuyo tiempo se prorroga, no se menciona la Dirección Ejecutiva; a que en la reforma se dice que “en adelante” la Dirección “se denominará gerencia” y a que se anota que los concursos de méritos “que en la actualidad” se adelantan, seguirán su trámite en la gerencia “sin solución de continuidad”. Todo lo anterior implica que unas funciones que adelantábamos nosotros, se trasladaron al nuevo ente. Y, también, que las unidades de la sala de la que hacemos parte, pasaron a ese organismo. Pero sucede que en esas unidades hay, en la actualidad, personas que tienen algunos intereses burocráticos.

¿Quiénes son y cuáles son sus “intereses burocráticos”?

Podrían ser algunos de los antiguos o actuales miembros de la sala (magistrados) que tendrían cuotas burocráticas en esas unidades.

Y, ahora, está siendo cuidadoso. Cuando usted habla de “unidades”, ¿se refiere a órganos que hoy dependen de la sala Administrativa, como la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que tiene empleados a unos 35 funcionarios?

Sí. Dependencias de ese orden hay siete en la actualidad.

Se entiende por qué no se quieren acatar los cambios: pierden inmenso poder burocrático. Es obligatorio y está corriendo, el plazo de dos meses para hacer la elección de los tres representantes de magistrados, jueces y empleados en el nuevo Consejo de Gobierno ¿Esto se está adelantando?

Usted tiene razón en cuanto a la falta concientización sobre la vigencia de la nueva realidad constitucional: hay escasa publicidad y alguna desinformación. Unos pocos funcionarios, ciertamente, hacen como si nada pasara, por distintos motivos. Sin embargo, otros nos pusimos manos a la obra. Por ejemplo, la Sala Administrativa prepara su rendición de cuentas; la Comisión Interinstitucional estudiará, pronto, un cronograma de elecciones; los aspirantes al Consejo de Gobierno Judicial están lanzando sus candidaturas. Algo se mueve, aunque no lo suficiente.

Algunos han dicho que con la reforma van a perder su empleo cerca de mil 700 personas ¿Habrá una masacre laboral?

No. Con la reforma salen 5 empleados del Consejo Superior de la Judicatura; dentro de seis meses salimos 42 de la sala Administrativa de los cuales ya se fueron algunos; dentro de un año, salen 6 magistrados de la sala Disciplinaria, cinco de ellos por período vencido; y cuando se expida la nueva ley estatutaria se verá qué pasa con las salas administrativas seccionales. En resumen, nos vamos cerca de 50 personas. Pero, del otro lado, se deberá crear el Tribunal de aforados con su planta, más los 3 miembros permanentes de dedicación exclusiva del nuevo Consejo de Gobierno. En esas nuevas instituciones va a trabajar, en total, un número de servidores judiciales superior a 50. De manera que no va a haber ninguna masacre laboral.

Hasta ahora, ningún otro servidor público ha hablado de lo que está sucediendo con la aplicación de la reforma ¿Se siente solo?

Sí. Ni el gobierno, ni los órganos de control, ni la opinión pública, ni la academia se han pronunciado. Es como si nada hubiera pasado. Y ya están pasando cosas.

* * *

“El derecho sí tiene que ver, ante todo, con la moral”

Néstor Raúl Correa es el magistrado más rebelde de las altas cortes y uno de los mejor preparados, académicamente hablando: cuenta con dos especializaciones y una maestría en derecho público de la Sorbona, de París, y es profesor, hace 20 años, en constitucional, además de autor de libros en materias de tutela y acción popular. No tiene cálculos políticos ni temores a la hora de analizar los sucesos de la administración de justicia, motivo por el cual ha ganado tanto prestigio fuera de la rama, como hostilidad en su interior. La recién aprobada reforma al equilibrio de poderes, recortó su periodo.

¿Qué será de usted y de su futuro?

Seguiré en el cargo hasta que concluya la sala Administrativa, como es mi deber. Cuando me retire, voy a hacer una declaración pública y voluntaria que le anticipo de una vez: me comprometo a no aspirar a ningún cargo en la rama judicial ni a litigar ante ella hasta dos años después de dejar mi posición actual. No hay impedimento legal pero creo que existe uno ético. Y, para mí, el derecho sí tiene que ver, ante todo, con la moral.

Usted siempre fue muy crítico del funcionamiento de la rama ¿Le quedó algún amigo que vista toga?

En las otras cortes sí me quedan algunos. En la mía, no.

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“Relegitimación de la justicia”

¿Por qué es partidario de la reforma mientras muchos otros magistrados la rechazan y hasta pretender tumbarla? ¿No se siente afectado por ella?

Le aclaro que no me siento “afectado” sino favorecido por ella, como ciudadano, porque estoy convencido de que sin ser la super-reforma integral, avanza en la dirección correcta dado que su hilo conductor es la ética y se refuerza su legitimidad, su representatividad, transparencia, rendición de cuentas, inhabilidades, autonomía y méritos. También porque se gana en independencia, pues unos representantes de la rama judicial: de los empleados, jueces y magistrados de tribunal, harán parte del órgano disciplinario lo que no sucedía antes; porque se obliga a que todo cargo, aún en provisionalidad, sea provisto por méritos; porque se acaba la puerta giratoria, se establece el tribunal de aforados para controlar desmanes de los magistrados, se obliga a presentar rendición de cuentas, se le quita a la rama la función de postular candidatos para contralores lo cual la expone menos a presiones políticas. Porque el equilibrio en la integración de las altas cortes evitará el corporativismo. Y, además, porque en el mediano plazo se beneficiarán los usuarios. En últimas, porque el objetivo de la reforma es relegitimar la justicia. 

TOMADO DE ELESPECTADOR.COM. 11 JUL 2015 - 9:00 PM