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AGO 2016 - 3:10 PM. Elespectador.com
El informe de Darío
Fajardo para la CHCV. Por, Gustavo
Gallón
Para
el profesor Darío Fajardo, la causa central del conflicto armado en Colombia es
la confrontación por la tierra entre los partidarios de su concentración y los
de su distribución.
Su
informe para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) muestra
cómo los primeros han predominado hasta hoy, aunque en 1926 la Corte Suprema
dio un aliento a los segundos al calificar como baldías las tierras no
cultivadas y reconocer el derecho a adquirirlas a quien las cultivare por cinco
años. Diez años después, la Ley 200 de 1936 circunscribió sus alcances a
propiedades demandadas por colonos antes de 1935.
La
Ley 100 de 1944, a su turno, favoreció a los terratenientes al declarar de
conveniencia pública los contratos de aparcería, abaratándoles así el trabajo
campesino en sus predios. En 1961, la Ley 135 estableció una política de
reforma agraria moderada, cuyos resultados en distribución de tierras fueron
magros. El Acuerdo de Chicoral, plasmado en la Ley 4ª de 1973, instituyó la
renta presuntiva para las tierras dentro de la frontera agrícola, con lo cual
la posibilidad de distribuir parcelas quedó relegada a los baldíos en zonas de
colonización. La Ley 160 de 1994 intentó dar un nuevo impulso a la reforma
agraria y creó las zonas de reserva campesina (reafirmadas en el punto uno de
los acuerdos de La Habana), pero simultáneamente el Gobierno actual ha
impulsado la creación de las zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidres)
para adjudicar baldíos a terratenientes en asociación con campesinos.
Estos
y otros vaivenes del desarrollo rural del país han estado entrelazados con
factores políticos y económicos nacionales e internacionales que han
contribuido a alimentar el conflicto, tales como la violencia ejercida por
policías y campesinos liberales al terminar la hegemonía conservadora en los
años 30 del siglo pasado, que habría generado reacción en la década siguiente.
También “la resonancia de la guerra civil española” liderada por Laureano Gómez
y el sectarismo de algunos jerarcas católicos nutrieron una mentalidad
belicosa. Capitales extranjeros, como la Tropical Oil Company o la United Fruit
Company en los años 20 o inversiones mineras y cultivos de palma africana actualmente,
han incidido asimismo en la confrontación. En igual sentido habrían actuado “la
inamovilidad de la participación política” y “la aceptación por parte de la
dirigencia colombiana de las directrices de la política norteamericana en
términos económicos, políticos y militares”.
“Un
factor destacado en la profundización del conflicto social y armado” ha sido el
narcotráfico, para Fajardo. Su desarrollo ha sido factible por el alarmante
desplazamiento de población hacia zonas de frontera debido a los altos índices
de desigualdad y de pobreza generados por la resistencia a la distribución de
la tierra.
Difícil
de lograr, pero atinada es su propuesta de “transformar y democratizar el
sistema de relaciones políticas, económicas y sociales vigente, en beneficio de
quienes han sido” las víctimas de esta guerra, pues no puede pretenderse darle
fin, advierte, si se reiteran “las políticas que la han generado y conducido a
su profundización”. Gracias, profesor Fajardo.
*
Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
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