NUEVO PACTO SOCIAL. POR:
RUDOLF HOMMES
La
primera parte de este escrito aparece este domingo en mi columna de El Tiempo.
El país necesita un nuevo contrato social. El primer requisito es erradicar la
corrupción y garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio. El acceso
a programas de atención en la primera infancia debe ser universal. La educación
primaria y secundaria serían obligatorias y todo niño tendría derecho a
educación pública de calidad. La educación terciaria tendría inicialmente
sistemas de financiación, becas y matrículas diferenciales para que nadie que
quiera educarse o capacitarse no lo logre.
Los
otros pilares de una sociedad incluyente serían acceso universal a servicios
públicos básicos, a salud, vivienda y seguridad social. Para eliminar la
exclusión y la marginalidad es necesario el empleo residual de emergencia
ofrecido por el Estado. Se aumentaría el acceso de los desempleados a
capacitación y se crearían brigadas civiles de trabajo para jóvenes
desempleados. En el sector rural se debe acelerar el cumplimento del primer
punto del Acuerdo de paz, aumentar drásticamente el acceso de los campesinos a
la tierra y a los medios de producción, y crear instituciones regionales de
extensión. Se debe actualizar el catastro rural y elevar el impuesto predial
para financiar estos cambios.
Las
claves de la inclusión son educación y empleo sostenible. Para lograr esto
último y para generar ingresos fiscales adicionales se debe inducir más
crecimiento sostenible a largo plazo que sea menos vulnerable a las variaciones
de precios de los productos básicos. Se requiere un esfuerzo sin precedentes
liderado por el Estado en desarrollo tecnológico autónomo. Será necesario
cambiar las relaciones entre el Gobierno y las empresas y que las universidades
se aventuren en la investigación aplicada y el emprendimiento. El papel de
líder que le corresponde al Estado en este desafío riñe con la idea de que no
debe intervenir en la preselección y en la economía.
El
Estado debe garantizar estabilidad económica y social, que todo el mundo tenga
acceso a las oportunidades y que todos aporten y cumplan sus obligaciones con
la comunidad, entre las que se destaca la tributación. Una vez controlada la
corrupción, no habría razón para que la obligación de declarar renta y pagar
impuestos no fuera universal. Las tasas de tributación efectiva deben crecer
progresivamente con la riqueza y el ingreso de los contribuyentes.
La
justicia y las instituciones que previenen el exceso de concentración de poder
económico o político deben ser independientes, ajenas a la corrupción y al
abuso, y fuera del alcance de los poderosos. El control del ejercicio excesivo
de poder nacional y regional es imperativo, sobre todo para evitar que en lo
local se use la violencia para conservar el poder político. De nada sirven las leyes o propósitos como este si
los líderes y el pueblo no se comprometen a hacerlos cumplir.
17
de Septiembre de 2017 12:00 am. Tomado de www.eluniversal.com
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