El despelote judicial. José Manuel Restrepo

El despelote judicial. José Manuel Restrepo

Ríos de tinta se han escrito en los medios de comunicación sobre los serios problemas que enfrenta la justicia en Colombia. Más recientemente en este medio se refiere al tema el exmagistrado, expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, Nilson Pinilla, cuando afirma que la justicia sufre de lentitud, incertidumbre, inseguridad, mediocridad, exceso de complejidad en su acceso, desprestigio y politiquería.

Por: José Manuel Restrepo

Buenos ejemplos se dieron con motivo del gran debate sobre la reforma al equilibrio de poderes, que al final terminó siendo un camino incompleto y muy lejano de la gran transformación que demanda la justicia en este país. Nos quedamos entonces con el capítulo pendiente de la necesaria reforma estructural de la justicia.

Lo anterior puede quedarse meramente en un debateinstitucional y académico, que es necesario dar, acerca del rediseño institucional, de la recuperación moral de algunos jueces y abogados, de la eficiencia administrativa, de darle una solución al choque de trenes o de enfrentar la crisis de confianza de la sociedad en la rama.

Sin embargo, es necesario también reconocer lo que los colombianos de a pie sufren por esa crisis, que para cualquier persona es simplemente un despelote. Procesos que nunca inician y otros que nunca terminan, violación a las garantías constitucionales, decisiones amañadas y muy poco “justas”, comprobados delincuentes con sanciones “ejemplarmente blanditas”, ladrones de cuello blanco que muellemente descansan en su residencia abusando de los procedimientos para nunca ser sancionados, costosos y largos paros judiciales, demoras, carruseles de pensiones millonarias, clientelismo judicial, cruce de favores en elecciones, lobby más allá de lo éticamente permitido, mordidas y más.

Algo de esto es por ejemplo el drama del exdirector del IDU Andrés Camargo. El mismo que desarrolló una tarea sobresaliente, que nadie ha sido capaz de lograr hasta la fecha, en kilómetros nuevos de vías, ciclorrutas, alamedas y puentes en más de 1.500 contratos. La misma persona que ha sido condenada penalmente por una decisión técnica en la que nunca tuvo que intervenir y que, además, nadie ha comprobado con certidumbre que haya sido la causa real que produjo el daño prematuro en el proyecto.

Para simplemente ejemplificar su drama, que se parece al de muchos colombianos, fue recluido “preventivamente” en la cárcel hace más de 8 años por un supuesto delito que la Fiscalía precluyó, sin nunca hacer llamamiento a juicio; luego, en otro proceso, fue condenado a 5 años de cárcel y a pagar una sanción de más de $108 mil millones por perjuicios, para cuyo cálculo el Tribunal Superior de Bogotá consideró una prueba que en una primera instancia el juez rechazó por considerarla “ilegal”; a quien el Tribunal Superior de Bogotá condenó con irregularidades comprobadas por la Procuraduría como la ausencia en el expediente de los audios y/o las transcripciones de las audiencias de juzgamiento, llevando a la pregunta de: entonces, ¿cómo decidieron?; a quien la Corte Constitucional en una rara y curiosa invención jurídica le modifica los términos de prescripción; y a quien la Sala Penal de la Corte no encuentra impedimento alguno en que los mismos magistrados que se pronunciaron de fondo al inadmitir su recurso de casación, ahora lo hagan de nuevo sobre el mismo caso (no sobra decir que los mismos magistrados se declararon impedidos, pues consideraron se habían pronunciado sobre el asunto).

Pues mucho de esto y más les sucede a los colombianos con la justicia. Son condenados injustamente, se les desconocen sus garantías constitucionales, se les vulneran sus derechos, se les decide con ausencia de pruebas, el sistema judicial reconoce errores años después de que la persona haya estado encarcelada, y a lo anterior agregar la injusta sanción social y moral del efecto mediático en la vida de un ser humano y su familia, que luego la justicia se da cuenta que nunca debió ser condenado.

El problema de la justicia es mucho más que un ajuste institucional y macro, el problema es el despelote que los colombianos sufren en juzgados, tribunales y cortes por una justicia ineficiente, injusta y sin accountability. ¿Para cuándo tendremos esa reforma?

jrestrep@gmail.com / @jrestrp. TOMADO DE ELESPECTADOR.COM