CORRUPTOS
HABLANDO DE CORRUPCIÓN
POR:
CECILIA OROZCO TASCÓN. 21 MAR 2017 - 9:00 PM
Sin
engaños: los ultraderechistas indignados con el perdón entre los enemigos que
se enfrentaron en armas y con la igualdad de penas para los dos bandos que
tuvieron criminales de guerra en sus filas (a los que pretenden diferenciar
ante la ley, no por la gravedad de los delitos en que incurrieron sino por el
tipo de uniforme que llevaban cuando los cometieron), están aprovechando hasta
la última gota del mar embravecido por el asunto Odebrecht para destruir el
acuerdo de paz y sabotear la palabra empeñada por el Estado representado
—gústeles o no— por Juan Manuel Santos cuyos mandatos, decisiones y firmas de
convenios gozan, hasta el momento, de presunción de legalidad. Con un desprecio
asombroso hacia nuestra capacidad de relacionar la historia reciente con la
actual, salen a hacer declaraciones escandalizadas sobre el pago de US$400.000
de la multinacional brasilera, en 2010, a una firma privada que trabajaba para
la campaña de Santos o sobre el supuesto soborno de un millón, en 2014, al
gerente de la misma, aún sin demostrar. Desde luego, criticar actos de
corrupción es deber y derecho de todos aunque, en la mayoría de las ocasiones,
en el mundo de los poderes particulares y públicos de Colombia, sea puro bla
bla bla pues lo que en verdad se rechaza es la corrupción ajena. La propia, ni
se percibe como tal.
Lo
que no es admisible es que unos notables del gran empresariado rural y urbano y
de la política se arroguen la vocería de la sociedad sin tener autoridad ética
y vaya usted a ver si judicial, para pedir renuncias o exigir castigos
ejemplares para los otros cuando en sus filas predilectas no recibieron bicocas
de medio millón o de uno, sino de seis veces esa cifra (US$6,5 millones,
exactamente) en 2009. Con el agravante de que su ingreso ya fue admitido por
Gabriel García Morales, viceministro que adjudicó la Ruta del Sol Fase II y
quien llegó a ese cargo escogido por el ministro Andrés Uriel Gallego
(q.e.p.d.), tan cercano al presidente Álvaro Uribe, que fue su secretario de
Obras en la Gobernación de Antioquia, en los 90, y su jefe de la misma cartera
durante los ocho años de sus periodos presidenciales. En este caso, además,
está probado que otro consentido de la época uribista, Daniel García
Arizabaleta, fue contratado por Odebrecht en cuanto salió de la Casa de Nariño
en donde se la pasaba, para servir de enlace entre la sobornadora y el
candidato del expresidente en 2014. ¡Si hasta llevó a Óscar Iván Zuluaga, al
hijo de este y a un precandidato del Centro Democrático a Brasil para que
Odebrecht le pagara US$2,5 millones más, al publicista que fue de su campaña!
Uno
los oye, olímpicos, y no lo cree: ¿Con qué cara salen a gritar en los
micrófonos, hacen fiestas, almuerzos y comidas; van a reuniones en las fincas
antioqueñas o cordobesas para solazarse con los dramáticos alcances de la
inmoralidad del país y se sientan a manteles en los mejores restaurantes
bogotanos para practicar el juego de moda: apostar sobre el tiempo en que
demorará en publicarse el próximo capítulo del escándalo que una fuente altísima
de la Fiscalía les ha filtrado a conveniencia? No se necesita ser muy perspicaz
para adivinar la respuesta: les importa cinco la corrupción. ¡Si la practican
hace años, solo que en sus manos se convierte en “alto interés de Estado”!
Recuerden, no más, el máximo beneficio corrupto que obtuvieron cuando lograron
cambiar la Constitución y consiguieron tener presidente de la República propio
cuatro años adicionales mediante la compra de los votos de los congresistas
Yidis y Teodolindo. Limpiar la podredumbre pública no es su objetivo. A otros
con ese cuento. El suyo es recuperar el control del Ejecutivo y de las cortes
para quedar ellos con la exclusividad de la corrupción económica y con la
capacidad política de expulsar a Santos por su máximo pecado, no precisamente
el de su presunta violación del Código Electoral o Penal, sino el de haber
adelantado un acuerdo de paz con las Farc.
EL
“ODEBRECHT” JUDICIAL
POR:
CECILIA OROZCO TASCÓN. 14 MAR 2017 - 9:00 PM
Odebrecht
y su corruptela continental no puede cegarnos frente a otros líos como, por
ejemplo, el del cocido que hay alrededor de la conformación de la nueva Corte
Constitucional que debe resolverse ya, a pesar de que el escándalo de la
financiación de las campañas presidenciales ocupe cualquier espacio. Imagínense
la alta corporación de la Justicia, adonde terminarán llegando tutelas del
affaire brasilero, integrada ya no por los limpios magistrados María Victoria
Calle, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, sino por gente de moral
elástica similar a la que Odebrecht buscaba. ¿Qué tal la sala plena que dirime
los conflictos más trascendentes de la sociedad, compuesta —descompuesta— por
Martha Isabel Castañeda (dama que hacía vueltas para el oscuro exprocurador
Ordóñez y para sí), Wilson Ruiz (abogado de pocas luces y muchas mañas) o por
Carlos Ardila Ballesteros (expresidente de la Cámara investigado por el uso
libertino de los dineros públicos que manejó)? Más allá: ¿qué tal una Corte
Suprema que postula a los aspirantes a reemplazar a dos de los tres togados
salientes, considerando, votación tras votación, nombres de ese nivel tan
pobre, pero sobre todo, tan impresentable? Si la corporación que defiende la
Constitución se hunde, como viene sucediendo con la presencia de personajes
talla pretelt, con ella también se sepultará la Suprema por haber catapultado a
la mejor dignidad de la rama a individuos que, por el contrario, deberían estar
bajo la lupa de su Sala Penal. ¿Con cuál autoridad ética juzgará, en última
instancia, los procesos que, seguramente, se derivarán de Odebrecht, después de
ser la responsable de otra contaminación de la Justicia?
En
esa línea sin interrupciones que conecta todas las aristas de la cosa pública,
La Suprema yerra si piensa que pasará de agache ante la crisis de honor que
sufre Colombia como si los delitos políticos no tuvieran nada que ver con los
de los miembros del poder judicial: tan corruptos son los ejecutivos de una
campaña presidencial que reciben dineros de quienes después cobran su
devolución en contratos, como los magistrados que aprovechan su investidura en
beneficio de sus parientes, aliados o allegados o, peor aún, de sus bolsillos.
Casos existen. Admito que nos equivocamos quienes nos metimos de cabeza en el
empeño de destapar a los más cínicos de las cortes creyendo que los habíamos
vencido. Falso: se fueron unos, se anuló la elección de otros, pero lejos
quedaron de padecer una derrota. Al revés: les hicimos un favor porque fuera
del foco de la opinión infiltraron las cortes con sujetos como ellos y sin
ningún control. Estos son los que hoy manipulan las votaciones internas para
seleccionar las ternas de las que el Congreso elegirá. Favor con favor se paga.
¿Qué diferencia hay, pues, entre los miembros de las cortes y la “División de
Operaciones Estructuradas” de Odebrecht?
La
trayectoria de los “seguros candidatos” de la Suprema a integrar la Corte
Constitucional revela su categoría: la ex vice procuradora Castañeda es
“meritoria” por haber secundado las arbitrariedades de Ordóñez cuando abría,
dejaba de abrir o cerraba causas disciplinarias a partir de sus sesgos como
cuando desalojó del Senado, con mentiras, a Piedad Córdoba, y cuando defendió,
en sustitución de su apoderado, a Pretelt; “meritoria” también es esa señora
por haber llenado plazas de la Procuraduría con recomendados de quienes votarán
por ella. Wilson Ruiz es recordado por aspirar a cualquier silla oficial de la
que derive ventajas y por su mediocre paso por la Sala Disciplinaria que le
hizo trampas a la ley para subirles, falsamente, las pensiones a sus protegidos
de los tribunales. Ardila Ballesteros es un politiquero de vieja data:
exconcejal, exdiputado, excongresista, ex consejero electoral, exinvestigado
por la alegre manera en que comprometió el presupuesto oficial en contratos y
viajes. Fue todo, menos juez. Y ahora pretende ser máximo magistrado. Ah, y la
cereza del postre: los tres pertenecen a la línea Ordóñez-Pretelt. ¡Bonito
futuro nos depara el país!.
TOMADO DE
WWW.ELESPECTADOR.COM
No hay comentarios.:
Publicar un comentario