16 ABR 2016 - 9:00 PM

El discurso aún está desfasado con la realidad interna del país

"Colombia abrió el debate global sobre drogas": Rodrigo Uprimny

El investigador de Dejusticia habla de los logros y fracasos de Colombia de cara a la Asamblea General de la ONU, que comenzará este martes.

Por: Daniel Salgar Antolínez. Tomado de elespectador.com

Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador

Para Rodrigo Uprimny, de Ungass 2016 no se puede esperar un cambio en el sistema prohibicionista contra las drogas.

Colombia es protagonista en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas (Ungass 2016). Puertas afuera, el Gobierno colombiano impulsó un discurso progresista frente a las convenciones internacionales. Junto con los gobiernos mexicano y guatemalteco, lograron que se realizara desde este martes, con carácter urgente, la Ungass que estaba programada para 2019, en la que el tema central es la política de drogas. Rodrigo Uprimny, investigador y director del área de política de drogas de Dejusticia, habla de los logros y los fracasos de Colombia en las negociaciones previas a este encuentro en Nueva York.

Algunos dicen que esta asamblea general es “el principio del fin de la guerra contra las drogas”. ¿Es cierto?

Esperábamos mucho más de Ungass 2016. Esperábamos que fuera el comienzo de poner en cuestión el régimen internacional de drogas basado en el prohibicionismo, que no sólo ha fracasado sino que ha producido mucho sufrimiento. Pero los resultados no son muy alentadores. Prácticamente el proceso se cerró en Viena en la reunión de la Comisión de Estupefacientes, el borrador que salió de ahí y que se debería aprobar esta semana en Nueva York trae cosas importantes, pero no pone en cuestión el paradigma prohibicionista.

¿Qué logró Colombia en Viena?

Colombia tuvo un gran liderazgo internacional en este proceso. Primero, Ungass se realiza en gran medida por Colombia y otros que lideran el tema. Segundo, Colombia lideró una discusión que llevó a que se aprobara un documento de la OEA supremamente abierto a discutir la legalización, regulación, etc. Tercero, logró en el ámbito americano una declaración que ponía en el centro del debate sobre drogas los DD. HH. En la declaración de Ungass 2016 eso va a quedar. No en el centro, pero al menos se menciona que la política de drogas tiene que respetar los DD. HH., lo cual ya es un avance.

Colombia llevaba a la ONU planteamientos importantes de armonizar las obligaciones de drogas con las de DD. HH., de discutir abiertamente los resultados del régimen internacional, la descriminalización del consumo, reconocer las políticas de reducción de daños y proponer una comisión de expertos -este último tema no está totalmente cerrado y Colombia debería insistir la próxima semana-. Colombia no logró que todo eso fuera incorporado. Pero sí airear el debate. Hoy el debate político internacional sobre drogas es muy diferente al de hace seis años.

Colombia no logró que el término “reducción de daños” fuera incluido en el borrador de resolución final…

Las experiencias de reducción de daños parten de reconocer que uno no puede eliminar totalmente el uso ni el abuso de drogas, pero sí puede hacer estrategias inteligentes para reducir el daño que ocasiona el abuso de drogas y el daño que producen las otras políticas de control. Es una estrategia al mismo tiempo muy humanista y pragmática. No se logró incluir el término reducción de daños, pero hay varias partes de la declaración donde implícitamente se reconoce.

¿Qué tanto ha avanzado Colombia a nivel interno en reducción de daños?

Colombia tiene aún un cierto desfase entre el discurso internacional progresista y las políticas internas ambiguas. El tema de reducción de daños está incorporado en las políticas. Fue durante el gobierno de Uribe que se aprobó una estrategia global frente a sustancias psicoactivas que incluye la mitigación de daños. Legalmente Colombia tiene el campo abierto para hacerlo y hay varias experiencias piloto. La idea es que la persona pueda convivir con el uso o abuso de sustancias psicoactivas de la mejor forma posible. Eso lleva a que en algunos casos, los usuarios decidan abandonar el consumo. Pero el propósito no es suprimir el consumo, ya sabemos que esa estrategia no funciona.

Otro punto que el país no logró fue la abolición de la pena de muerte.

Hubo ciertos avances y un fracaso muy duro. Entre los avances está que quedó incorporado el principio según el cual hay que evitar las penas desproporcionadas en materia de drogas. En América Latina hicimos un estudio en el que mostramos que las penas para el delito de tráfico no vinculado a ningún otro delito, en muchos países de la región tenían penas más altas que el homicidio y la violación. Eso es una desproporción, porque si uno mira el nivel del daño, está por un lado una persona que vende un producto al que las otras acceden de manera voluntaria, y por el otro es violar o asesinar a una persona. Se logró incorporar el principio de que las sanciones no sean tan desproporcionadas.

La consecuencia lógica de eso sería abolir la pena de muerte por tráfico. Es un tema mínimo de DD. HH., pero hubo mucha resistencia de países asiáticos que son los más duros en este aspecto.

¿Cómo está Colombia en cuanto a desproporción de las penas?

Sigue teniendo penas a mi juicio desproporcionadas para tráfico en relación con otros delitos como homicidio y violación. Son menos desproporcionadas que otros países de la región como Bolivia o Ecuador hace algunos años. Eso se debe no tanto a que se hubiera buscado racionalizar el uso de las penas altas en materia de drogas, sino a que desde la Ley 40 del 93, en la que se incrementó la pena de secuestro y homicidio, éstas crecieron tanto que ya no parecía tan desproporcionado. Pero siguen siendo leyes muy duras.

En Colombia el problema son los cultivos de coca y la cocaína. Este es un punto clave de los acuerdos en La Habana. ¿Cómo se ve esto desde la política de drogas internacional?

Lo que quedó acordado en La Habana es moderado, pero va en buena dirección. En materia de cultivos se plantea una articulación de la política rural, una política de desarrollo rural consistente en la que se puedan acordar programas de sustitución, de tal manera que la erradicación forzosa sea realmente la última opción.

Eso está bien orientado. Eso puede disminuir los efectos negativos de las políticas de erradicación actuales. Que eso vaya a funcionar en el largo plazo para disminuir la oferta, no estoy tan seguro. Soy escéptico de la capacidad de disminuir la oferta mientras existan la prohibición y el consumo. Lo máximo que Colombia lograría es disminuir la oferta colombiana y pasar el problema a los vecinos. No creo que haya una capacidad real de disminuir de manera duradera la oferta de cocaína. Por eso soy crítico de la prohibición.

¿Cuál es el gran reto para el Estado en la sustitución? ¿Se trata sólo de proveerles a los campesinos opciones para que tengan cultivos igual o más rentables que los de la coca?

Es más que eso. Algunos han preferido abandonar la idea de sustitución de cultivos. A pesar de que el acuerdo de La Habana utiliza esa expresión, se habla no de sustitución de cultivos sino de desarrollo alternativo, para decir que el tema no es encontrar el cultivo que sea más rentable que la coca, sino generar las condiciones institucionales y económicas que hagan atractivo estar en la legalidad, de tal manera que aunque pueda estar en un cultivo que teóricamente sea menos rentable que la coca, globalmente alguien prefiera estar en la legalidad que tomar riesgos.

Así sí puede funcionar. Si uno tiene una oferta institucional que le ofrezca al campesino condiciones de vida dignas con cultivos que tengan acceso a mercado y condiciones institucionales más solidas, entonces uno puede lograr disminuir esos cultivos ilícitos.