Un abecé de la justicia para la paz Yesid Reyes, ministro de Justicia

Este sistema podría entrar a operar unos diez meses después de firmado el acuerdo final.

Un abecé de la justicia para la paz

Yesid Reyes, ministro de Justicia, explicó punto por punto cómo va a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ejemplo, se creó la Sala de Estabilidad sólo para evitar que alguien quiera, más adelante, invalidar las decisiones del acuerdo de paz.

Por: Diana Durán Núñez

 “La Jurisdicción para la Paz es una sola para la guerrilla, los agentes del Estado y los terceros”: Reyes.

En las palabras más cristianas, ¿cómo definiría la Jurisdicción Especial para la Paz?

Es un sistema que se acordó en La Habana para cubrir de la manera más amplia posible todos los componentes de la justicia en un proceso de transición del conflicto armado a la paz. Tiene un componente que es la Comisión de la Verdad, que va a resolver temas puntuales extrajurídicos. Tiene una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas. Y tiene una Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene que ver con los tribunales y con las salas de administración de justicia. Así se constituye el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

¿Cuándo empezará a funcionar? ¿Hasta cuándo va?

Cuándo comienza depende fundamentalmente de cuándo se firme el acuerdo final de paz. Puede arrancar unos diez meses después de que se firme el acuerdo de paz, dependiendo de la rapidez con que avancen las leyes en el Congreso. En principio no hay una fecha límite para el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. En teoría, hasta que agoten los casos que van a llegar a su conocimiento, aunque una ley podría ponerle un límite temporal. Pero ahí habría que hacer una salvedad: una sala del tribunal va a estar encargada de la estabilidad del sistema.

¿De la estabilidad? ¿Qué quiere decir?

Supongamos que 20 años después de firmada la paz alguien dice que sus indultos o amnistías no son legítimos por cualquier razón. Dado que un fallo de la jurisdicción ordinaria sobre un tema tan sensible supondría revisar el acuerdo de paz, está previsto que ese tribunal tenga una sala que se pueda integrar en cualquier momento frente a situaciones como esas para revisarlas. Esa sala va a garantizar la estabilidad jurídica a futuro.

¿Cuál sería el alcance de esa sala si llegara un gobierno y quisiera echarle tierra al proceso de paz?

Justamente esa sala se crea para evitar esos problemas. Por eso en la última fase de negociación del componente de justicia en La Habana se decidió componer esa sala. Así se garantiza que no ocurran situaciones como la que usted menciona: si en 20 años alguien cuestiona una decisión del Tribunal para la Paz se reintegra la Sala de Estabilidad, que aborda el tema y toma decisiones.

¿Última fase? ¿Acaso esa sala surge por la decisión del fiscal Eduardo Montealegre de pedir que se revisen las amnistías otorgadas al M-19?

Menciono que fue en la parte final porque el proceso del componente de justicia ha llevado mucho tiempo y fue en la parte final cuando se empezó a hablar de seguridad jurídica, que es un tema muy importante en cualquier proceso de paz. Uno llega a acuerdos, pero, ¿quién garantiza que van a estar blindados a futuro? Se concluyó que la mejor manera era crear una sala adicional del tribunal, la Sala de Estabilidad, con esas funciones específicas.

¿Quiénes conformarían esa sala?

El tema de composición de las salas está por definirse.

¿Podrían estar magistrados extranjeros, por ejemplo?

Puede ser, sí.

¿Cuál cree que es el tiempo adecuado para que funcione la Jurisdicción Especial para la Paz?

Eso va a depender fundamentalmente del número de casos que terminen entrando a esa jurisdicción. Una de las salas, la de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, se va a encargar de recibir toda la información de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las organizaciones de víctimas, y va a decidir cuáles de esos hechos son los más representativos y después distribuye el trabajo en las distintas salas del tribunal. Cuanto menos tiempo dure un tribunal especial de estos, más rápidamente se soluciona el problema de la justicia como componente del acuerdo de paz. Pero, en definitiva, no tenemos un cálculo claro de su cantidad de trabajo y su duración.

Esa sala que distribuiría el trabajo parece ser la clave. ¿Qué personas tendrían esa responsabilidad tan grande?

Sobre la composición del tribunal lo único que se ha dicho es que todas las personas que estén en las salas tienen que tener calidades de magistrados, con conocimientos de Derecho Internacional Humanitario y de derechos humanos.

¿Cuál va a ser la vigencia del tribunal con respecto a los hechos? ¿La misma que da la Ley de Víctimas, por ejemplo, que arranca en 1985?

Ese tema también necesita desarrollo. La misma Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podría tomar la determinación para delimitar el campo de acción del tribunal.

¿Podría entrar eventualmente el Eln en esta misma jurisdicción?

El Gobierno ha dicho que el Eln podría incorporarse a los acuerdos de paz que se firmen con las Farc, siempre y cuando entren en un proceso de negociación formal con el Estado.

Testigos falsos, versiones libres tomadas como pruebas sin ser verificadas antes, cantidad abrumadora de información, ¿cómo se están tomando en cuenta las fallas de Justicia y Paz para que no se repitan?

Justicia y Paz pretendió abarcar todos los hechos cometidos por todas las personas en relación con su participación en el conflicto y con mecanismos muy propios de la jurisdicción ordinaria. Aquí lo que está previsto es lo contrario, una jurisdicción especial para la paz con un diseño distinto, que va a priorizar la investigación de determinados casos y va a permitir salidas distintas para hechos no relevantes dentro del conflicto y para personas que no tengan una mayor responsabilidad dentro de esos hechos.

¿Qué se va a entender como grave violación de los derechos humanos?

Sobre eso hay legislación especialmente internacional. Lo que sí está claro son los graves crímenes de lesa humanidad que nunca van a recibir beneficios de indulto o amnistía: esos van a tener que ir al sistema, en el que las personas pueden aceptar una responsabilidad anticipadamente y recibir una pena reducida, o pueden no aceptar su responsabilidad y correr el riesgo de tener una sanción muchísimo más elevada. Pero en ambos casos va a haber lugar a unas sanciones restrictivas de la libertad entre cinco y ocho años, que son, en todo caso, reducidas frente a las sanciones que prevé la jurisdicción ordinaria.

La cantidad de hechos violentos en el marco del conflicto es excesiva. ¿Se van a quedar algunos por fuera del tribunal?

No. El sistema está concebido para clasificar todos los hechos y enviarlos a las distintas salas.

O sea, ¡va a ser un tribunal enorme! ¡Como una minifiscalía!

Lo que pasa es que los indultos o amnistías, por ejemplo, son procesos mucho más simples que un proceso judicial completo. Si las personas aceptan tempranamente la responsabilidad, pues sus procesos van a ser relativamente rápidos porque no hay controversia. La composición del tribunal, desde el punto de vista del personal, va a ser motivo de desarrollo legal, pero las competencias están distribuidas de tal manera que el trabajo va a ser mucho más organizado y racional.

¿Y si la mayoría de personas no aceptan responsabilidades? Eso sí podría colapsar el sistema.

Puede ser y es una opción válida de cualquier persona que enfrenta al sistema judicial, uno puede aceptar cargos y beneficiarse de una pena reducida o apostarle a que es capaz de desvirtuar los cargos, contra la posibilidad de una sentencia grande. En este esquema, quien no acepte responsabilidad debe tener claro que se expone a penas de hasta 20 años de prisión en condiciones normales de reclusión.

¿El tribunal va a ser concebido, logísticamente hablando, tomando en cuenta el peor de los escenarios?

Creo que el desarrollo que se debe hacer para la conformación del tribunal debe ante todo ser flexible, para que admita la posibilidad de eventualmente si llega a haber un número mayor de casos del que se tiene inicialmente previstos.

Aparte del narcotráfico, ¿hay algún otro delito que el Gobierno esté considerando en debatir como conexo a los delitos políticos?

No, lo que se hizo fue trazar dos líneas rojas, por llamarlo de alguna manera, que son los delitos cuya conexidad no tiene ninguna discusión desde el punto de vista teórico y otros en los que también hay consenso que no pueden ser considerados como conexos con el delito político. Cualquier discusión sobre lo que no esté en esos extremos va al Congreso.

Deme un ejemplo de lo que podría ser un hecho no tan significativo en el conflicto.

Uno no puede decir que es igual de grave un daño en cosa ajena a una masacre. Esa es la selección que tiene que hacer la primera sala del tribunal, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, para determinar cuáles hechos son más significativos desde el punto de vista del conflicto.

¿Para qué le sirve al tribunal que exista una Comisión de la Verdad?

Uno no puede pretender que todos los hechos ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado que ha durado 50 años pasen por la Jurisdicción Especial para la Paz. Sería un error. Algunos temas serán resueltos a través de la Comisión de la Verdad. Y ahí es muy importante tener en cuenta que los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz dependen del cumplimiento de todas las obligaciones que impone el sistema, que incluye por supuesto la obligación de contar la verdad. La Comisión de la Verdad es un componente más de ese sistema integral, entre todos esos componentes del sistema debería quedar establecido qué ocurrió realmente durante todos estos años de conflicto armado.

¿Con qué criterio se separa lo que va para la Comisión de la Verdad, pero no al tribunal?

Las personas beneficiadas con indulto no quedan eximidas de la responsabilidad de contar la verdad. Ahí, por ejemplo, empatan los dos temas. En teoría, un indulto es simplemente la concesión de un perdón de la pena que libera de responsabilidad penal, pero en un sistema de estos no libera de la obligación de contar la verdad. Donde realmente va a haber más trabajo es en la Comisión de la Verdad, porque ahí deberían llegar casos que incluso han estado en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Comisión se puede alimentar del tribunal, pero no funciona al revés.

¿De dónde se alimentará la Comisión?

Por un lado, tanto las Farc como el Gobierno se comprometieron a aportar información. El acuerdo es también un incentivo a que la sociedad en general participe con información, por eso se garantiza confidencialidad. Además, la Comisión va a partir de los ejercicios de esclarecimiento que ya se han dado, como ¡Basta ya!, el informe de la masacre de Trujillo o la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia.

¿La Comisión de la Verdad podrá acceder a información de expresidentes?

En la Jurisdicción Especial para la Paz no van a caer hechos que puedan ser atribuidos a presidentes o expresidentes de la República. Su fuero constitucional se mantiene tal como está ahora.

Si la Comisión no tiene funciones judiciales y el Tribunal no se va a alimentar de la Comisión, ¿por qué no incluir a los expresidentes?

Por la naturaleza misma del cargo se decidió que los presidentes no entran en este sistema. Esa fue la decisión que se tomó en la mesa negociación.

Pero, en términos de verdad, ¿no quedamos cojos?

Para eso están los trámites o mecanismos que existen desde hace mucho tiempo en la Constitución, como la Comisión de Acusación de la Cámara.

Que nunca ha funcionado, ministro...

Digamos que no ha funcionado por la congestión respecto a casos que hoy en día son objeto de su conocimiento. Precisamente, la reforma de equilibrio de poderes le dejó a la Comisión de Acusación su labor pura y original de ocuparse de los presidentes y expresidentes.

Si están tan congestionados, ¿por qué la acusación contra el magistrado Jorge Pretelt avanzó tan rápido mientras al expresidente Álvaro Uribe ni lo acusan ni le archivan?

Creo que sí va a funcionar. La naturaleza del cargo de presidente tiene que tener un procedimiento lo suficientemente garantista para que se puedan investigar sus conductas y para estar lo suficientemente blindado, que ese procedimiento no sea utilizado solamente con el propósito político de sacar a un presidente de su cargo.

El Espectador reveló el domingo pasado que militares presos y abogados de la guerrilla se han venido reuniendo. ¿Qué sabe sobre el tema?

Lo que ha dicho la prensa.

¿Los casos de militares condenados podrían resultar en algún tipo de sistema paralelo?

No. La Jurisdicción Especial para la Paz es una sola como infraestructura y se aplica a la guerrilla, a los agentes del Estado y a los terceros que hayan estado involucrados en el conflicto. Lo que cambia es la forma como internamente opera y eso explica que la situación de los agentes del Estado no haya sido discutida en La Habana.

¿Está el Gobierno dispuesto a negociar con agentes del Estado como oficiales condenados nuevas condiciones de justicia transicional?

Los parámetros fundamentales en relación con los agentes del Estado están ya decididos por el Gobierno, así que no.

¿Versiones libres de Justicia y Paz, sin verificar, pueden ser remitidas al tribunal?

Toda la información que haya sobre hechos relacionados con el conflicto debe ser remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz, que hará la valoración jurídica.

¿Va a haber grupos con funciones de policía judicial?

Ese tema es susceptible de reglamentación.

¿En esta jurisdicción podrían entrar casos como los crímenes del cartel de Medellín?

En principio diría que no, pero la decisión de qué guarda relación con el conflicto o no es de la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿En qué queda la teoría de los aparatos organizados de poder?

En el documento de la Jurisdicción Especial para la Paz se dice que la responsabilidad de los superiores no puede depender exclusivamente de la existencia de una relación de mando con quien materialmente comete un delito. Es indispensable que se demuestre, además, que el superior conocía de la situación irregular y disponía de los medios adecuados para conjurarla.

¿El fiscal ha ofrecido material del trabajo de Natalia Springer para el tribunal?

Lo que se acordó en La Habana es un bosquejo, es decir, está creada la infraestructura. Detalles de procesos, de información e investigaciones aún no hay. Lo diseñado es el esquema del engranaje.

El tribunal va a tener también la posibilidad de revisar sentencias. ¿Hablamos de fallos en cualquier instancia?

Para revisar la sentencia tiene que haber surtido todas las instancias.

¿Se puede entender la Sala de Revisión como otra instancia para los procesos jurídicos?

Lo que no se entendería es que en un proceso de paz no quedaran incluidas personas que por razones puramente temporales no alcanzaron a llevar sus casos a la Jurisdicción Especial para la Paz. No sería equitativo. Por eso, todos los casos que tengan que ver con el conflicto y hayan tenido una sentencia podrían ser sometidos a revisión, para que haya un cierre de todos los hechos relacionados con el conflicto.

En revisión, ¿cuánto se pueden reducir las penas?

En términos generales, sería una reducción significativa, porque las penas de la justicia ordinaria son mucho más altas que las previstas con la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde luego, para recibir ese beneficio es importante cumplir con las demás obligaciones, como la verdad y la reparación de las víctimas.

¿Cómo funcionarán la primera y la segunda instancia del Tribunal para la Paz?

El principio de la doble instancia se respeta en esta jurisdicción tanto para las personas que acepten cargos tempranamente como para las que no lo hagan.

¿Son salas independientes totalmente la una de la otra?

Sí, esa es la idea precisamente para que la evaluación sobre los hechos sea totalmente independiente.

Por la cantidad de información que va a manejar, queda uno con la sensación de que este sistema tiene todo el potencial de colapsar…

La información va a estar organizada y clasificada. Eso no significa que no haya mucho trabajo, pero de ahí la importancia de esa primera Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, que va a ser la encargada de distribuir entre todas las demás salas el trabajo de acuerdo con la naturaleza de los hechos. Creo que la forma en como están distribuidas las funciones de esta Jurisdicción Especial para la Paz va a permitir distribuir mejor el trabajo y afrontarlo de manera relativamente rápida.

¿Cómo van a participar las víctimas en el sistema?

El ministro de Justicia explicó que las víctimas tienen varias opciones. Una de las fuentes de información de la Jurisdicción para la Paz es información de las organizaciones de víctimas. Y, además, hay acordados por lo menos siete medidas que tocan directamente a las víctimas: los actos formales, públicos, solemnes de reconocimiento de responsabilidad de las Farc, como ya ocurrió en Bojayá; las acciones concretas de reparación del daño causado, como la reconstrucción de infraestructura, los programas de desminado o la contribución en trabajos de búsquedas de desaparecidos. Hay reparaciones colectivas. Hay medidas de reparación a cargo del Estado. Hay procesos de retorno para personas desplazadas y sobre restitución de tierras. Por último, las Farc asumieron el compromiso de hacer una reparación integral a las víctimas que incluye reparación material. “En este proceso de paz las víctimas cumplen un papel sumamente importante”, expresó el ministro Yesid Reyes.

La teoría de los aparatos organizados de poder

El ministro Reyes explicó que, según la Jurisdicción Especial para la Paz, la responsabilidad de los superiores –en este caso de los jefes máximos de las Farc– no puede depender exclusivamente de la existencia de una relación de mando con quien materialmente comete un delito.

Es indispensable, aseguró el alto funcionario, que se demuestre, además, que el superior conocía de la situación irregular y disponía de los medios adecuados para conjurarla. Esas exigencias adicionales, agregó el ministro, no son una innovación: “Todas las teorías que se han ocupado de esta problemática, incluida la que se conoce con el nombre de aparatos organizados de poder, admiten que la responsabilidad de los superiores no depende exclusivamente de la existencia de una relación de mando con un subordinado que comete un delito”.