LAS MARINAS EN CARTAGENA, UN TEMA DE CIUDAD NO DE LA DIMAR Por: Juan Diego Perdomo Alaba

LAS MARINAS EN CARTAGENA, UN TEMA DE CIUDAD NO DE LA DIMAR

Por: Juan Diego Perdomo Alaba. @perdomoalaba en Twitter

El mercado potencial que tiene el turismo náutico es inagotable. Dicen los entendidos del tema que genera empleo, oportunidades de inversión y desarrollo económico. Colombia seduce a esta industria por las ventajas comparativas que tienen nuestras costas para la llegada de este tipo de proyectos náuticos y su ubicación geográfica privilegiada al estar debajo del cinturón de huracanes.

En la actualidad existe un mercado creciente de venta de yates que por supuesto genera  nuevos negocios y no hay marinas suficientes para albergarlos. Hay más de dos millones de embarcaciones en el mar Caribe que no arriban a Cartagena por no haber infraestructura, un nicho que al vuelo, estamos perdiendo. Las únicas del Caribe son las de Santa Marta y Puerto Velero en Barranquilla sin contar la del Club Náutico de Cartagena que es igual que nada.

Las marinas básicamente son un parqueadero formal de embarcaciones, un puerto en agua o tierra con infraestructura de servicios para que yates, veleros y embarcaciones privadas puedan estacionarse, abastecerse y guarecerse. Es casi que un hotel náutico.

En vista de este mercado emergente, a mediados de 2015 el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras se interesa en el tema y lo promueve. Para tal propósito delega al viceministro de Infraestructura, el cartagenero Iván Martínez, su ficha junto a Natalia Abello en la cartera de Transportes, quien como asegura una fuente que pide la reserva de su identidad, al parecer hace los mandados, pero cuando se le cita al Concejo de Cartagena para hablar del tema no aparece.

Hasta entonces, poder tramitar un proyecto para una concesión de una marina era engorroso. Mucho trámite, desgaste y plata invertida sin seguridad de nada.

Con la concebida capacidad de gestión del Vice, se expidió entonces una resolución que haría más sencillo el trámite, la 489 de agosto de 2015 que establece los criterios para la expedición de concesiones para marinas. Al día siguiente de su expedición ¡saz! Llegaron proyectos a tutiplén.

De ahí en adelante sería la Dirección general marítima (Dimar) la encargada de revisar los proyectos, convocar a los proponentes y pasar comunicación a los entes del nivel central involucrados quienes dan el “ok” acusando así la etapa de prefactibilidad.

Según Antonella Farah, directora ejecutiva de la Asociación Náutica de Colombia (Asonáutica) hay a la fecha 35 proyectos de marinas en Colombia de los cueles 12 son en Cartagena, ninguno aprobado ni en etapa de factibilidad, asegura. Entre esos hay uno que ha causado polémica y es el que Marina Miramar quiere desarrollar en la bahía de Manga donde ya hay tres: Club de Pesca, Club Náutico y Eduardoño, marina que colinda con la Sociedad Portuaria. Dicho proyecto estaría ubicado entre el Club Náutico y el Muelle Turístico.

Julio Romero, presidente de la Asociación de vecinos de Manga (Asomanga), comenta que los mangueros no están de acuerdo con las marinas en sitios residenciales ya que no hay las condiciones de infraestructura, además porque el barrio está saturado, tugurizado. Sufre problemas de seguridad, movilidad y parqueo. Sin embargo, reconoce en ellas una oportunidad para la ciudad y sugiere ubicarlas en sitios donde generen desarrollo y crecimiento económico, pero bien pensadas y planificadas. Bazurto, El Bosque, Barú, zona norte, propone.

Entretanto, el alcalde de Cartagena Manolo Duque, en un buen ejercicio de cabildo abierto con la comunidad del barrio Manga en el paseo peatonal, escuchó atento su queja y anunció que en su gobierno, por lo menos ahí, no iban las marinas. Sin embargo, no dio alternativas.

Recientemente expresó que Cartagena necesita un plan maestro de marinas. Pues un buen comienzo sería estudiar el Plan nacional de turismo náutico, presentado en 2013, que tiene entre sus objetivos diseñar una red de marinas, muelles  y bases náuticas con posibilidades de competir con los países líderes del área Caribe y Pacífico. El Plan, financiado por el Gobierno Nacional, se propone la construcción de 10 marinas en el Caribe colombiano, en el que Cartagena es fundamental para ese corredor náutico.

Ahora, el argumento de los amigos de las marinas en todos los cuerpos de agua de Cartagena no puede ser compararla con Mónaco y otras ciudades fuertes en ese tipo de infraestructuras marítimas porque somos una urbe, que por compleja, está mal planificada, desordenada. Con altísimos problemas de densificación, caos vehicular y seguridad. Estamos casi apiñados. Concentrar proyectos dentro de la ciudad aceleraría su implosión. Urge entonces un proceso de renovación urbana y finalización de proyectos que se le debe hace décadas y que por falta un plan de desarrollo prospectivo a 20 0 30 años nada pasa. Es ahí donde aparecen los Dionisios irresponsables a regar obras inconexas sin ningún tipo de planificación previa y con plata prestada.

¡Claro! por supuesto que se necesita una marina y hasta dos y tres. Pero NO en zonas residenciales. La directora de Asonáutica precisa que el turismo náutico es el que mayor empleo genera en el mundo, y así exagere, no es falso que sí brinde oportunidades y genere nuevos desafíos. La idea es que esas oportunidades lleguen con contundencia a la población menos favorecida, que no sea solo discurso. Un yate por ejemplo invierte hasta el 10 % de su valor en mantenimiento y “engalle”, y sus dueños son derrochones, gastan. Dejan plata en a donde llegan.

Más del 50% de los tránsitos anclan en áreas de fondeo. Sólo el 25% utilizan las marinas de la costa de Colombia, debido a la falta de infraestructura. Uno ve por ejemplo botes fondeando en la mitad de la bahía sin control ni vigilancia, caldo de cultivo para la prostitución de menores y narcotráfico. En Manga habrá mal contados 50 sin pagar un peso. Julio Romero cuenta que las embarcaciones llegan y se van sin ningún control de Migración. Le ha pedido a la Dimar un censo de estas y no lo tienen. Una marina por ejemplo formalizaría su entrada.

El vicealmirante Pablo Emilio Romero, director de la Dimar quien hace un par de días dijo desafiante que era vergonzoso que Cartagena estuviera rezagada en el tema de marinas, debería entender que la ciudadanía no es su subalterna que le acata órdenes y que aun cuando se le concedió el monopolio de estas licencias, está en el deber de socializar los proyectos de cara a la ciudad porque es aquí donde impactará.

Entonces la invitación es en primer lugar, a no darle la espalda al mar y sacarle un provecho responsable sobre la base de la sostenibilidad costera donde el componente ambiental sea primordial. Dejar de lado las prevenciones y servir un debate juicioso, productivo y constructivo con la debida información y pedagogía sobre el tema, ya que es poca la sensibilización que se ha hecho sobre la cultura náutica en Cartagena, quizá por un desinterés absurdo, pues estamos rodeados de agua. Sin secretismos ni guardados. El colmo sería que como siempre, en Bogotá se tomen las decisiones y que seamos los últimos en saber qué se nos va a imponer por capricho de unos pocos.

ADENDA 1: No soy tan joven pero tampoco cuento con la edad para saberlo. Cuándo carajos la ciudadanía cartagenera  se dejó quitar lo que hoy es el deplorable parqueadero del Centro de Convenciones, un lugar bellísimo que por su vista y ubicación debería ser un parque lineal multipropósito para el disfrute de propios y visitantes.

ADENDA 2: El transporte multimodal público acuático debe retomarse con ahínco. Recuperar nuestros cuerpos de agua y adaptar infraestructura, Cartagena lo necesita.

Un mensaje para el papa Francisco. William Ospina

Un mensaje para el papa Francisco. William Ospina

Después de 50 años de guerra y 100 años de soledad, la sociedad colombiana necesita urgentemente encontrarse con la normalidad de la vida, dejar surgir de su corazón y de sus manos el potencial creador largamente frustrado por el odio y anulado por la desesperanza.

Por: William Ospina

Todo se encadena: antes de las cinco décadas de violencia de guerrillas, paramilitares y mafias, hubo tres décadas de prédica del odio por parte de los partidos, y una larga tradición de irrespeto por la condición humana bajo las formas de la exclusión, el racismo, el clasismo y la intolerancia. Nuestra sociedad está ávida de las dulzuras de la convivencia, la recuperación de la confianza y la construcción de la solidaridad.

Es por eso que, al mismo tiempo que avanzan en La Habana los diálogos para poner fin al conflicto armado, el Gobierno habría debido dar ya la señal para que comience el florecimiento de la iniciativa ciudadana, para que sople el gran viento democrático que debe abrir camino a la reconciliación.

Si no lo hace es porque estos 100 años también dejaron en la dirigencia nacional y en el Estado una gran desconfianza en los procesos sociales. El viejo dirigente Laureano Gómez los identificaba con el tumulto y el desorden; el Frente Nacional de los años 60 prohibió hasta los llamados al constituyente primario, que es como prohibir por decreto la voz del pueblo; toda protesta justificaba el estado de sitio, y todo reclamo social se volvió sospechoso de rebelión y fue calificado de terrorismo.

Ahora sabemos que en las raíces del sectarismo político estaba la manipulación de los electorados, la rapiña por el Estado como botín presupuestal y banco de empleos, y el proyecto antidemocrático de acallar o aniquilar las diferencias. Ahora sabemos que en las raíces de la corrupción está la exclusión de la crítica y el desprecio por la disidencia.

Ahora sabemos que en las fuentes de la violencia social está, no la sencilla pobreza, sino la oprobiosa desigualdad, y que en vano se pretenderá abrir camino a la convivencia si no se cierran las esclusas de la injusticia, si no se procura superar la inequidad, pero no con discursos ni con eslóganes ni con asistencialismo, sino con hechos y oportunidades reales.

Hubo una mala época en que hasta la Iglesia se alió con los poderes más insensibles, permitió la discriminación, despreció a los hijos naturales, desamparó a los pobres o sólo los consideró dignos de caridad. Pero desde hace tiempo la doctrina social de la Iglesia ha sido clara en tomar la opción de los pobres, ver en ellos la riqueza escondida que puede salvar a unas sociedades agobiadas por el egoísmo, por la prédica irreal de la opulencia y por el saqueo de la naturaleza.

La Iglesia latinoamericana lleva décadas invocando la justicia social, y ahora usted, papa Francisco, es el abanderado en todo el planeta de la causa de la defensa del medio ambiente, del equilibrio natural, de la lucha contra el cambio climático, de la defensa de los más vulnerables, de la afirmación de la dignidad humana, y del esfuerzo de convivencia entre pobres dignos y ricos responsables, entre culturas y entre religiones.

En un país como Colombia, y en una encrucijada tan esperanzadora como el actual proceso de diálogo, usted, papa Francisco, tendría la oportunidad no sólo de mediar entre las fuerzas en pugna para agilizar los acuerdos, y entre los contradictores políticos para que lleguen a un entendimiento patriótico, sino sobre todo de ser vocero de la comunidad excluida para que por fin se tenga en cuenta el componente social de la paz, la necesidad de ahondar en la democracia como factor decisivo de la reconciliación.

Según una revista nacional, en este país con 48 millones de habitantes, el 53 por ciento de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas, y el 58 por ciento de los depósitos bancarios está en manos de 2.681 clientes. ¿Cómo cree nuestra dirigencia que va a aclimatar una paz verdadera sin dar alguna oportunidad, hasta hoy desconocida, a una de las sociedades más escandalosamente desiguales del mundo?

¿Van a esperar que las iniciativas las sigan desencadenando sólo el resentimiento, la ignorancia y la barbarie? ¿Cómo no saben que uno de los deberes del Estado es propiciar la justicia verdadera, que abre horizontes, libera fuerzas creadoras, despierta talentos, deja fluir el río represado de la iniciativa económica, de la imaginación social y de la recursividad en todos los campos? ¿Cuándo convocarán a la sociedad a la gran fiesta de reinvención de la democracia?

Por su sentido de humanidad, por su responsabilidad con el planeta, por su decidida opción cristiana en favor de los pobres, usted, más allá de su dignidad eclesiástica, como ser humano ejemplar y como gran latinoamericano, se ha ganado esta vocería.

Papa Francisco: ayúdenos a despertar el sentido humano y la vocación de justicia de nuestra dirigencia.

27 FEB 2016 - 9:00 PM. ELESPECTADOR.COM

“Visitamos la CPI para evitar información tergiversada”: Minjusticia

 “Visitamos la CPI para evitar información tergiversada”: Minjusticia

El ministro de Justicia quien fue a la CPI para explicar el régimen de justicia transicional, cuenta los pormenores de la reunión y las preguntas que le formularon la fiscal Fatou Bensouda y su adjunto James Stewart.

Por: Cecilia Orozco Tascón

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien fue a la Corte Penal Internacional para explicar el régimen de justicia transicional que se aplicará una vez se firme la paz, cuenta los pormenores de la reunión y las preguntas que le formularon la fiscal Fatou Bensouda y su adjunto James Stewart, de quienes depende el apoyo de la comunidad de naciones al proceso colombiano.

Usted estuvo en La Haya hace poco para visitar la Corte Penal Internacional (CPI). ¿Lo invitó la fiscal Fatou Bensouda o la reunión se hizo a petición del Gobierno colombiano?

Fue una decisión del Gobierno colombiano.

Además de la fiscal Bensouda, ¿cuáles oficiales de la CPI estuvieron en la cita?

También estuvieron presentes el fiscal adjunto James Stewart y el staff principal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Y, ¿quiénes lo acompañaron a usted?

El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverry, y el embajador de Colombia, Juan José Quintana.

¿Para qué quería el Gobierno visitar a la CPI?

Para hacer una exposición completa, sistemática y detallada del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y, particularmente, de la jurisdicción especial para la paz. Era la forma de que la CPI tuviera una información directa y completa de parte del Gobierno, de los acuerdos de La Habana en materia de justicia transicional. Así se evita que le llegue información parcial y tergiversada. La presentación que hice (ver parte superior de la página) permitió dejar claro que la jurisdicción especial es sólo uno de los componentes del sistema y que, por consiguiente, los beneficios que se consagran allí únicamente serán aplicables a quienes cumplan con la totalidad de las obligaciones derivadas del sistema.

Después de su presentación, ¿hubo polémica sobre algunos puntos?

En estricto sentido no hubo ninguna polémica. Sólo respondí preguntas de todo el equipo de la Fiscalía.

Uno de los temas más sensibles para los colombianos se refiere al monto de las penas de los guerrilleros y a los sitios en que cumplirán sus sanciones. Mucha gente expresa su rechazo a la flexibilización de las condenas. ¿La fiscal Bensouda está en la misma línea o es más laxa?

En ese tema me limité a exponer lo acordado en La Habana, y no hubo ninguna observación sobre el particular de parte de ellos.

¿No le llamó la atención que no hubiera inquietudes al respecto en la CPI, siendo que aquí es uno de los temas más controvertidos?

No. Esa actitud es compatible con las afirmaciones del fiscal Stewart en el sentido de que la legislación internacional no le impone a los Estados ni la naturaleza ni la duración de las sanciones impuestas.

Pero Stewart dio unas declaraciones hace poco y algunas de éstas fueron interpretadas como críticas con la jurisdicción especial del proceso colombiano. ¿Es falsa esa percepción?

Las observaciones que ha hecho públicamente el fiscal adjunto han sido precisas en dos aspectos fundamentales: primero, que la legislación internacional no les impone a los Estados ni la naturaleza ni la duración de las sanciones que aplique, como acabo de decirle; y, segundo, que los Estados son autónomos para tomar este tipo de determinaciones.

En consecuencia, la interpretación que se le dio a la frase de Stewart: “La respuesta a esta pregunta (aceptación de la CPI de los acuerdos de justicia en el proceso de paz) dependerá del tipo de sentencia que se contemple y ésta depende de varios factores, entre ellos la gravedad del crimen y el rol de la persona acusada”, ¿es incorrecta?

Una de las preguntas que se formularon en la reunión de La Haya estaba dirigida a averiguar, precisamente, si en la imposición de sanciones se iban a tener en cuenta la gravedad de la conducta y el grado de participación de la persona en el delito. Mi respuesta fue afirmativa. Y dije que eso explica los rangos mínimos y máximos previstos en el sistema de sanciones.

Stewart también afirmó en sus declaraciones en Washington que “(el de Colombia) es un proceso que debe contemplar asuntos de responsabilidad para los autores de crímenes de guerra y contra la humanidad”. ¿Hay alguna duda o vacío que conduzca a la suspensión o reducción de penas para alguno de estos autores?

No. En la jurisdicción especial para la paz no está prevista la suspensión de las sanciones para los denominados máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.

¿Los fiscales Bensouda y Stewart preguntaron sobre la jurisdicción especial para militares que acepten haber delinquido en desarrollo del conflicto armado?

Hubo interrogantes sobre el alcance de la presunción de legalidad de los actos de los uniformados con relación a la figura de la responsabilidad por mando. También inquirieron sobre lo atinente a los sitios en donde cumplirían las sanciones privativas de la libertad. En cuanto a las Farc, preguntaron si la jurisdicción especial prevista para ellas se ocuparía de delitos que cometan sus miembros después de firmado el acuerdo. Y sobre el papel de la Fiscalía colombiana en la jurisdicción.

Si se ocuparon de la “presunción de legalidad de los actos en relación con la figura de responsabilidad por mando”, como usted señala, ¿se puede interpretar que la CPI estará atenta a conocer los castigos efectivos que tendrán los oficiales de rango superior?

En mi exposición sobre cómo operará la jurisdicción especial respecto de los agentes del Estado, señalé que sus actuaciones se presumen legales porque, a diferencia de lo que ocurre con las Farc, que son un grupo al margen de la ley y cuyas conductas, en consecuencia, son delictivas, las instituciones del Ejército o la Policía son legítimas porque representan al Estado y funcionan dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, las acciones de sus miembros se presumen ajustadas a la ley, salvo que se demuestre lo contrario. Esto explica el régimen diferencial de justicia que aplicará a los miembros de las Farc y a los agentes del Estado.

¿Hubo inquietudes sobre los lugares en donde cumplirán las sanciones privativas de libertad los miembros de uno y otro lado del conflicto?

Preguntaron en dónde cumplirían las sanciones privativas de la libertad los agentes del Estado. Mi respuesta fue que estarán en los mismos sitios que consagrara hoy la legislación colombiana, es decir, en reclusiones militares. No hubo contrapreguntas.

¿Preguntaron si se estableció un régimen que privilegie a uno de los dos grupos, en cuanto al establecimiento de las responsabilidades de los superiores de los agentes del Estado o de los jefes de los guerrilleros?

Sí. Ese fue uno de los temas que más les interesaron: querían saber si se habían establecido requisitos distintos para fijar la responsabilidad por mando cuando se trate de miembros de las Farc, y cuando se refiera a agentes del Estado. Respondí que no habrá ninguna diferencia: los requisitos son exactamente iguales en cuanto a la definición de la responsabilidad por mando.

¿Esa inquietud de la responsabilidad por mando en la CPI tiene que ver con la reciente sentencia de la Corte Suprema sobre la declaración de inocencia del coronel Plazas Vega que, en cierto sentido, rompe con la teoría de la cadena de mando y de responsabilidades?

La preocupación de la Fiscalía de la CPI es válida, porque ese es uno de los temas más discutibles en derecho penal. La discusión gira alrededor de si la responsabilidad del superior se deriva exclusivamente de su posición de mando o si es necesario que haya unos requisitos adicionales para que ella surja. Lo que hoy en día está claro a nivel internacional es que esa sola relación de mando es insuficiente para fundamentar una responsabilidad y hay una discusión sobre cuáles deben ser esos elementos adicionales. Mostré que la fórmula que se aplicará en Colombia equivale a la del Estatuto de Roma.

Parte de la conversación con la fiscal Bensouda debió centrarse en las garantías que Colombia dé sobre su compromiso de cumplir los estándares y los compromisos internacionales sobre crímenes de guerra y lesa humanidad. ¿Fue difícil esa parte?

No, porque di las razones por la cuales el sistema diseñado cumple con esos estándares. No me hicieron preguntas al respecto.

¿De nuevo? Entonces, ¿cuál era el foco de los asistentes de la CPI? ¿No será que ellos asistieron a la reunión por protocolo, pero que, en realidad, el proceso de paz de Colombia no está en la agenda principal de ese organismo?

Mi exposición duró una hora y cuarto, y después respondí preguntas durante una hora y cuarto más. De tal manera que la reunión no fue un simple formalismo. Los fiscales se enfocaron en temas eminentemente técnicos, por ejemplo, la base teórica jurídica que se aplicará en cuanto a la responsabilidad por mando de que he hablado. Estuvieron muy interesados, en concreto, en si cabría responsabilidad cuando el superior no reprimió conductas delictivas cometidas por sus subalternos y, también, en si el conocimiento potencial de la posible comisión de un delito podía ser el fundamento para establecer la responsabilidad penal del superior. Y se interesaron en la compatibilidad de la fórmula que se aplicará en Colombia con la que contiene el Estatuto de Roma. Este tipo de interrogantes de técnica jurídica ocupó la mayor parte de la discusión.

Entonces, le pregunto desde el otro lado: enuméreme las objeciones que la CPI planteó en la reunión.

No planteó objeciones. Escuchó mi presentación y después formuló preguntas sobre temas puntuales.

En Colombia se exagera el temor a la CPI y se dice que va a tumbar el sistema de justicia transicional o que no lo va a aceptar. ¿Qué opina usted?

Se sabe que la CPI interviene de manera subsidiaria en aquellos casos en los que la justicia nacional es inoperante. En el caso colombiano, la justicia ha venido funcionando con relación a hechos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado, como lo evidencian las miles de investigaciones que se han adelantado y que continúan avanzando, así como las muchas sentencias condenatorias que se han producido. Adicionalmente, la jurisdicción especial garantiza que esos hechos van a ser sometidos a un sistema de administración judicial, que se van a declarar responsabilidades, a aplicar y ejecutar sanciones, a reconocer a las víctimas, a repararlas y a garantizar la no repetición de esas conductas. En otras palabras, en Colombia la justicia ha venido operando y mientras ello ocurra, no hay razón para la intervención de la Corte Penal Internacional.

Con toda franqueza, y una vez terminada la reunión con los miembros de la Fiscalía de la CPI, ¿las dudas de esa Corte se despejaron o hay que hacer ajustes?

Después de concluir, acordamos que ellos revisarían sus apuntes sobre la reunión y que si surgían algunas dudas que no hubieran planteado en esta oportunidad, nos las harían saber.

Y, usted, ¿quedó tranquilo?

Sí. Estoy absolutamente convencido de que el diseño de la jurisdicción especial cumple, plenamente, los estándares internacionales.

“Les expuse el sistema integral de justicia”

¿En qué consistió la exposición que usted hizo ante los fiscales de la Corte Penal Internacional hace unos días sobre la justicia en el proceso de paz?

Primero expuse en qué consistían los cinco componentes del sistema integral de justicia: Comisión de la verdad, Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto, Jurisdicción especial para la paz, Medidas de reparación y Garantías de no repetición. Luego expliqué puntualmente cómo funcionará la jurisdicción especial: cuántas salas y secciones, y cuántos magistrados las compondrán. Me referí a la competencia de la jurisdicción: 1. Que abarcará solamente hechos ocurridos durante y en relación con el conflicto. 2. Que sólo se ocupa de hechos ocurridos antes de la firma del acuerdo final y no después. 3. Que será aplicable a miembros de las Farc, a agentes del Estado y a terceros que hayan tenido participación en el conflicto. Y sustenté la legislación que se aplicó, y que se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y el Código Penal colombiano. Y, por último, detallé cómo será el régimen de sanciones.

Marco de la CPI: unas de cal, otras de arena

Hace unos días el fiscal adjunto de la CPI, James Stewart, asistió a un foro de la OEA, en Washington, en donde tocó el tema de la justicia transicional que se aplicará en Colombia una vez se firmen las negociaciones de La Habana. Stewart admitió que la Fiscalía de esa corte no conocía plenamente la jurisdicción especial que se ha diseñado para aplicar sanciones, tanto a los miembros de las Farc como a los militares y policías que admitan haber delinquido en el marco del conflicto armado. Sin embargo, recordó, en lo que fue interpretado como una advertencia, que Colombia es país firmante del Estatuto de Roma y que, por tanto, sus decisiones judiciales son susceptibles de ser examinadas por esa supercorte. El fiscal adjunto resaltó la obligación de imponer los castigos que correspondan a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es decir, que este tipo de delincuentes no podrán recibir rebajas sensibles de pena ni beneficios que alivien sus condiciones de reclusión. “La oficina del fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima”, fue una de sus frases concluyentes. Pero también resaltó que “el proceso es de un gran significado (para el mundo) y (que) esperamos que su final sea exitoso”.

 27 FEB 2016 - 9:00 PM. elespectador.com

Los recursos de la paz. WILLIAM OSPINA

Reto de Santos, la dirigencia y la sociedad

Los recursos de la paz

El escritor WILLIAM OSPINA analiza el proceso de paz del Gobierno y la guerrilla y explica por qué “el país necesita mucho más que lo que se pueda acordar en La Habana”.

Por: William Ospina / especial para El Espectador

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la celebración de los 15 años del Plan Colombia en Washington. / EFE

El mismo Juan Manuel Santos que ha obtenido en Washington la dudosa promesa de 450 millones de dólares de ayuda para el posconflicto, fue el que en 1998 puso en manos del presidente Andrés Pastrana el borrador elaborado en la sala de situación del PNUD de un “Plan Marshall” para la reconstrucción de Colombia.

Se han necesitado 18 años y miles de muertos más para que la negociación se hiciera posible, pero el plan de reconstrucción entre tanto se convirtió en un Plan Colombia que Pastrana utilizó para aprovisionar al Ejército, Uribe para su turbio proyecto de guerra total y Santos para acercarse a las puertas de la paz negociada.

Hoy, cuando ese plan de reconstrucción volvería a estar en el orden del día, el presupuesto de varios miles de millones de dólares de ayuda externa amenaza reducirse a la expectativa de 450 millones de los Estados Unidos, para lo que en adelante llamarán Paz Colombia.

Ahora todo el mundo se pregunta de dónde saldrán los recursos para el posconflicto y todos los sectores comprometidos con la paz proceden a mostrar sus bolsillos vacíos. Es evidente que la firma del armisticio, la desmovilización y la reinserción de los combatientes tendrán sus costos, pero la construcción de la paz –si el propósito es sincero– costará muchas veces más.

Todo lo que ya se avizoraba en 1998: recuperación de la agricultura, distritos de riego, vías, infraestructura, inversión para llevar los beneficios básicos del Estado a las zonas siempre abandonadas, rediseño de un modelo económico que hace agua y que excluye a buena parte de la población, inversión en educación, ciencia y tecnología, inversión en seguridad preventiva más que en seguridad represiva, todo ello sigue siendo una prioridad dos décadas después, pero el mayor error consiste en pensar que el posconflicto tiene que pagarse preferentemente con recursos de la cooperación internacional.

Ello se debe a una equivocación de fondo en la concepción de la paz, nacida de la necesidad de nuestros gobiernos de mostrar a Colombia como un país donde todo es normal, salvo por el lunar de la guerra. Por eso manejan cifras irreales de disminución de la pobreza, tasas de ocupación en las que se desconoce la realidad aberrante del sub-empleo, balances macroeconómicos que sólo convencen a los que adentro y afuera se benefician de un modelo de economía improductiva, totalmente subordinado al interés de las multinacionales y del capital financiero, y donde todo sector que no recibe beneficios es borrado como excepción y anomalía.

Tal vez por eso ya prefieren hablar de posconflicto y no de la reconstrucción de un país devastado física y moralmente por décadas de inseguridad y desconfianza, por décadas de violencia y desamparo, por largos hábitos de exclusión y de anormalidad.

El Gobierno se obstina en declarar que la paz no pondrá en entredicho el modelo económico, el modelo político, el orden institucional, para confirmar su versión mediática de que Colombia es un país bien construido y bien administrado, una democracia ejemplar a la que se le ha formado un apéndice violento llamado el conflicto, que hay que extirpar y sanar con algunos recursos adicionales. Por eso el proceso de paz parece a cada instante todo y nada, un conjunto de urgentes decisiones que no comportan ninguna transformación sustancial de nuestro modo de ser como país, y que por ello ni convocan ni despiertan el entusiasmo popular.

Qué extraño que no se pregunten por qué un proyecto de dimensiones históricas, que tiene en vilo a la comunidad internacional, que parece prometerles a sus protagonistas el Premio Nobel, y que se anuncia como un automático reactivador de la economía en términos de confianza inversionista, productividad y turismo, no entusiasma a una comunidad escéptica, cansada de desengaños históricos y que desconfía de la voluntad de las élites para hacer transformaciones en beneficio de todos.

La comunidad siente que su dirigencia “no da puntada sin dedal”, y que si está tomando la iniciativa de dejar atrás el conflicto no es porque le duelan mucho los muertos, ni porque se proponga corregir una manera de interpretar y administrar el país que nos ha vuelto marginales, faltos de ambición, proclives a la ilegalidad y pedigüeños, sino porque ha descubierto que el conflicto, que fue por décadas su seguro contra los cambios, ahora pone en peligro la continuidad de su poder.

Es triste ver que cuando por fin se lanzan a un modesto proceso de modernización de la infraestructura vial, no lo hacen como parte de un plan de corrección del antiguo aislamiento de los territorios y de sana circulación de gentes y riquezas, sino como una inversión calculada que les ayude a reelegirse, y que confirme y fortalezca su modelo extractivo. Como ha dicho alguien, diseñan las carreteras colombianas para llegar más pronto a Miami.

Pero nadie consigue controlar todas las consecuencias de sus actos. Pastrana no sabía que su plan de paz le serviría a Uribe para hacer la guerra. Uribe no sabía que su plan de guerra le serviría a Santos para hacer la negociación. Y Santos no puede saber para qué, y a quién, le servirá su diálogo.

Ojalá sea al país, para lo cual el proceso de paz de Juan Manuel Santos tendría que exceder en mucho las intenciones actuales de la dirigencia colombiana, siempre tan mezquinas, y las intenciones de la guerrilla, siempre tan tortuosas.

Por lo pronto Sergio Jaramillo ha dicho algo que vale la pena considerar. Ha dicho que ellos en La Habana pueden acordar el final del conflicto, pero que la paz es algo que tienen que construir millones de ciudadanos. Y Humberto de la Calle ha dicho, para refutar las tesis de los enemigos de la negociación, según las cuales se le están haciendo muchas concesiones a la guerrilla, que los acuerdos de La Habana tendrían que aplicarse en el territorio aunque la negociación se rompiera, porque son cosas que necesita el país.

Lo cierto es que el país necesita mucho más de lo que se pueda acordar en La Habana y uno se extraña de que cambios que se requerían desde hace décadas para hacer de Colombia un país moderno y funcional, sólo sean aceptados por la dirigencia como la manera de apagar un conflicto costosísimo en vidas y en recursos. Pero somos los ciudadanos pacíficos quienes tenemos el derecho y la responsabilidad de enumerar y emprender esas tareas mil veces postergadas.

La paz no puede ser diseñada por guerreros ni por funcionarios: tiene que ser una apasionada construcción de la comunidad, que es la que sabe qué significaron estos 50, estos 80 años de violencia, de desconfianza, de incertidumbre, de soledad, de marginalidad, de desesperanza, de sangre, de orfandad, de desmemoria, de arbitrariedad, de corrupción, de zozobra, de pérdida de dignidad, orgullo y futuro.

Un país distinto, una nueva manera de estar juntos y de dialogar con el mundo tendrían que salir de este inminente esfuerzo por construir una paz después de la guerra y por alcanzar una normalidad que acaso nunca hemos tenido. Recuerdo que cuando escribí sobre la Franja Amarilla, hace ya 20 años, dije que Colombia ha llegado a ser un país “donde los pobres no pueden comer, la clase media no puede comprar y los ricos no pueden dormir”. Todos necesitamos un cambio y ese cambio exige unas condiciones mínimas de dignidad para todos los ciudadanos.

Los medios pueden complacerse en denunciar cómo es de salvaje la conducta de esos jóvenes despojados de todo que atracan transeúntes y roban espejos retrovisores en las avenidas de nuestras ciudades, que exhiben su desamparo de bienes y de valores, de modales y de sueños en los separadores de las autorrutas y en los basureros de la exclusión; tanta gente despojada no sólo de propiedades, de educación, de salud y de esperanza, sino de un lugar en el orden del mundo.

Pero si algo puede decirse es que ellos, como los guerrilleros, los paramilitares, los sicarios, los delincuentes de las barriadas o las bandas del microtráfico, no se han inventado sus deplorables destinos: son hijos de un desorden social insensible y perverso, y corresponden de un modo fatal a la sociedad más desigual del planeta. Sus sonrisas cariadas, sus mantas astrosas y sus cuerpos zarandeados por la adversidad son el correlato inevitable de las familias distinguidas e indiferentes, de los centros comerciales impecables y de los distritos opulentos, porque bajo el manto del conflicto y a la sombra de la exclusión centenaria una violencia engendra otra y los males de una larga miseria se multiplican y se retroalimentan sin tregua.

Si el Gobierno colombiano aceptara que la paz no consiste en corregir males marginales de nuestra sociedad sino enfrentar con grandeza el conjunto de nuestros desórdenes y rediseñar el país sobre supuestos de equidad, de dignidad y de superación de graves carencias en el orden institucional, sería muy fácil encontrar los descomunales recursos que exige, no el mero posconflicto, sino la instauración de la normalidad que nunca tuvimos.

Basta entender que el problema no es sólo el conflicto armado, sino que vivimos el desafío de una economía incluyente, el desafío de una justicia que abra oportunidades que no se dieron jamás; un sistema de salud pública que no puede entenderse separado del ingreso, de la higiene, de la educación, de la alimentación, de la salud afectiva y del conocimiento del territorio y de sus climas. El desafío de una educación que nos permita entender el país, pensar con originalidad, dialogar con imaginación, interactuar con el mundo y responder a las urgencias de la época, libres de las supersticiones del formalismo académico. El desafío de una seguridad que sea empleo, solidaridad, reconstrucción de la memoria y fiesta de la reconciliación, contra el eterno recurso de las armas para asegurar en vano la convivencia. Y entender que la cultura no es apenas entretenimiento y espectáculo, sino el florecer de los lenguajes de la vida en comunidad, los bálsamos de la memoria y las fiestas de la creatividad cotidiana.

El país tiene que convertirse en un espacio de encuentro y de fraternidad solidaria, necesitamos grandes expediciones a pie por el territorio, reconocer las potencialidades de la riqueza natural, construir una comunidad reconciliada en el esfuerzo de recuperar las cuencas, limpiar los ríos, salvar la mayor fábrica de agua del planeta y ser parte creadora de un territorio que mira por cada costado a una región distinta del continente.

¿Dónde están los recursos? En primer lugar, en el presupuesto nacional reorientado hacia las prioridades de la construcción de la normalidad económica, social y cultural del país. Una cosa es el presupuesto de la nación orientado hacia la perpetuación del inmovilismo social y de unos modelos fracasados de educación, de salud, de justicia, de seguridad, y de los círculos viciosos de la burocracia, de las filigranas paralizantes de un modelo fundado en la desconfianza, y otra cosa serían esos cientos de billones de pesos reorientados en función de la paz verdadera, irrigando los miles de soluciones que la comunidad pacífica sabrá proponer y emprender al primer llamado.

Basta proponerse tareas grandes, necesarias y generosas, para que increíbles fuerzas inesperadas hagan irrupción por todas partes. Basta ver el modo antiburocrático, imaginativo y participativo como se reconstruyó el Eje Cafetero, para saber que la innovación y la confianza son fundamentales a la hora de destinar los recursos. Basta saber que allí donde las formas habituales de gestión gastan fortunas en burocracia y formalismos, un modelo de estímulo directo a las comunidades puede multiplicar muchas veces en energía creadora y en entusiasmo civil los recursos invertidos.

Claro que será necesaria también la cooperación internacional, que no siempre se requiere en especie, sino en alianzas creadoras, en brigadas artísticas, en ejercicios de cooperación científica y tecnológica, en interlocución y en visibilización de iniciativas, pero será más fácil obtenerla si el país abandona el hábito mendicante de su dirigencia y da ejemplo de cómo optimizar sus propios recursos en la tarea urgente, no de superar meramente una guerra, sino de aprovechar el final del conflicto para diseñar un futuro de prosperidad y de verdadera reconciliación.

Modesta propuesta revolucionaria. por ANTONIO CABALLERO

Modesta propuesta revolucionaria. por ANTONIO CABALLERO

No es cierto que sea más eficiente la administración privada, ni menos corrupta que la pública. Ni viceversa.

Antonio Caballero: Modesta propuesta revolucionaria, dejar de privatizar empresas  Antonio Caballero

Titula El Tiempo: “Quedan menos de 100 propiedades públicas”. Solo faltan por privatizar 100 empresas del Estado colombiano, pero pronto será cosa hecha. A Ecopetrol, la más valiosa, ya empezaron a venderla por tajadas. Las que faltan figuran en un “Plan de Enajenación” (literalmente: un Plan de Locura) que el ministro de Hacienda remitirá al Congreso el 29 de febrero de esta año bisiesto. Y se irán todas a menosprecio por ese caño como se acaba de ir Isagén y se fueron Carbocol y los Seguros Sociales, y Cerro Matoso y el Banco Central Hipotecario, y Colpuertos, y los aeropuertos, y los Ferrocarriles Nacionales, y la Flota Mercante, y van a irse la Universidad Nacional hoy casi en ruinas y el teatro hoy ya cerrado de la Media Torta.

Desde el punto de vista ideológico no hay acuerdo posible, y casi ni discusión siquiera, entre los neoliberales partidarios de la enajenación y los intervencionistas partidarios de la propiedad estatal, porque en ninguno de los dos casos la práctica es congruente con la teoría. Pero la piedra de toque de la eficiencia, que parece tan objetiva, es tan fantasiosa en la práctica como la prueba ideológica. Porque no es cierto que sea más eficiente la administración privada de una empresa, ni menos corrupta, que la administración pública. Ni viceversa. En estos días lo ilustra bien el escandaloso caso de la Refinería de Cartagena: tan mal manejaron la empresa sus dueños estatales de Ecopetrol como sus socios y contratistas privados de las multinacionales Glencore y CB&I. Ineficientemente: lo demuestran las cifras de los sobrecostos, desde los andamios hasta los intereses de la deuda. Ecopetrol es una empresa pública muy mal manejada por sus gerentes nombrados y pagados por los gobiernos, por sus juntas directivas que no sabían que Reficar existía, por sus ministros de Minas y de Hacienda que tras enterarse por la prensa de cómo se habían evaporado 8.000 millones de dólares a sus espaldas ahora van a ahorrar viajando en clase turista. Pero no son mejores las petroleras privadas. Piensen en Pacific Rubiales, que gastó fortunas en publicidad antes de tener que cambiarse subrepticiamente de nombre (por el de PE&P), como hay delincuentes que se cambian de cara en un quirófano para no ser reconocidos. O miren un titular de El Espectador de hoy jueves, cuando escribo: “Los líos de Santa María Petroleum”. No hay duda de que para salir de ellos demandará al Estado colombiano. Y tampoco hay duda de que el Estado colombiano perderá el pleito. ¿Acaso han visto ustedes que haya ganado alguno?

Me dirán que ese es otro tema: el de la corrupción de la justicia. Sí, pero es el mismo tema: el de la privatización de la justicia. Está privatizada ya, en la práctica, de manera informal: cada juez de circuito o cada magistrado de las altas cortes maneja su propio chuzo como los vendedores ambulantes administran su pedazo de esquina. Pero su estructura real (por detrás de la institucional) es cada vez más cartelizada y mafiosa: pronto estará privatizada no solo de hecho, sino también de derecho, por el atajo de la politización. Por eso se ha convertido en una justicia que solo les sirve a sus dueños, que la venden o la alquilan, y a quienes tienen con qué comprarla o alquilarla. Y es por eso que todos los procesos se cierran con una preclusión. Si se llega a la cárcel, también la cárcel está privatizada por los guardianes del Inpec, que son sus verdaderos dueños: los que venden el derecho a tener un celular o un colchón, a introducir una pistola o una puta. Privatización, también en esto, informal: no existen en Colombia todavía cárceles de administración privada, como las hay en los Estados Unidos, pero las habrá pronto porque la proliferación desbordada del delito garantiza el negocio del castigo: una cárcel es como un hotel que vive de que haya muchos clientes. Con la Policía sustituida por las empresas de seguridad sucede lo mismo, y también con el Ejército. En ese campo Colombia ha sido pionera: mucho antes de que los Estados Unidos, en los años de Bush y Cheney, les confiaran sus guerras a los mercenarios de las empresas privadas Halliburton y Blackwater ya en Colombia se habían inventado los ejércitos privados de los paramilitares (hoy reconvertidos en Bacrim: bandas criminales. Como si no lo fueran también antes de su cambio de nombre) para cumplir las funciones de las Fuerzas Armadas institucionales.

En esta orgía de privatizaciones de todos los bienes o servicios públicos imaginables solo hay dos excepciones, que se refieren (curiosamente, o reveladoramente) a dos negocios que no se pueden considerar de verdad bienes o servicios, pero que sí siguen siendo públicos. En un artículo de prensa los señala un político retirado, el exministro y exalcalde Jaime Castro: las licoreras y las loterías. A pesar de que –o más bien a causa de que– “son nidos de politiquería y de corrupción”, y sirven de “caja negra de financiación de campañas electorales”. Es decir: las licoreras y las loterías no se privatizan porque ya están privatizadas: son botín personal de los políticos profesionales.

Una propuesta revolucionaria (aunque no nueva: data de 1789): hay que desprivatizar el Estado.

TOMADOD E SEMANA.COM

Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María

Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María

Carmen de Bolívar, un pueblo a dos horas y media de Cartagena, fue durante los noventa el centro de logística y abastecimiento más importante del Bloque Caribe de las Farc. También de reclutamiento. Y no sólo de la guerrilla de Marulanda, sino también del Eln, e incluso del ERP. Por eso los paramilitares se ensañaron con el pueblo: entre 1997 y 2003 mataron en masacres a 115 personas y desplazaron a unas 100 mil personas, según cifras oficiales.

Después llegaron los soldados. Entre 2003 y 2004, ocurrieron en esta zona el mayor número de combates en el país. Decenas de soldados quedaron mutilados por las minas antipersonales sembradas por los guerrilleros y otros más murieron en emboscadas.  Pero finalmente, después de que en octubre de 2007, en un operativo militar en Carmen de Bolívar, el Ejército diera de baja a alias ‘Martín Caballero’, el jefe del frente 37 y el guerrillero más temido de las Farc en la Costa, los pobladores de Carmen de Bolívar sintieron algo parecido a la paz.

La transformación del pueblo es impresionante. Carmen de Bolívar recuperó su bullicio. En el paradero del bus, pululan los vendedores de mango, de aguacates gigantes, de suero costeño y de bollos de mazorca. Las casas están otra vez abiertas de par en par, los negocios crecen y hace unas semanas, el pueblo entero se preparaba para las fiestas de noviembre.

“Le devolvimos la vida al pueblo”, me dijo con orgullo Jairo Cardona, el coordinador de la Corporación Amigos de los Montes de María, la fundación creada recientemente por 73 empresarios que han comprado unas 60 mil hectáreas de tierra en la región en el último año.

Cardona, como la mayoría de los empresarios de la Corporación, es antioqueño. Era médico en el Urabá hasta que llegó a la zona el año pasado y se enamoró de la tierra. “Estas tierras son franco-arenosas, vertisoles, con 15 años de descanso, con materia orgánica, tierra negra, sumamente fértil,” me explica. Yo siento que se le hace agua la boca.

Un campesino después me explicaba que la tierra era tan buena que no tenía que usar fertilizantes. “Usted echa la semilla y se va a dormir”, me dijo. “Pero las agropecuarias se están quedando con toda la tierrita”.

Tras la tierrita

A comienzos de 2008, llegaron los empresarios antioqueños a comprar tierras y se desató una fiebre especulativa sin precedentes, parecida a la que se está dando en la Orinoquía (ver artículo). La hectárea de tierra que compraron el año pasado a 300 mil pesos, hoy vale dos millones. La de un millón, vale tres.

“En frente de la Alcaldía del Carmen los corredores de bienes raíces hacían cola con las escrituras de la gente en la mano para vender”, me dijo una persona de la gobernación de Bolívar. “Nadie sabía quién estaba comprando, decían solo los 'cachacos’, los ‘cachacos’”. Con el tiempo se ha sabido que esos ‘cachacos’ son en realidad reconocidos empresarios paisas.

La Agropecuaria Carmen de Bolívar, una de las más importantes en la zona, es del reconocido empresario bananero del Urabá Guillermo Gaviria, el papá del ex precandidato presidencial liberal Aníbal Gaviria y dueños del diario antioqueño El Mundo.

Su representante legal Daniel Fernando Cuartas Tamayo también es el representante legal de la Agropecuaria El Génesis, otra de las compradoras de tierra en la zona, de una familia Penagos. Según información suministrada por la agencia de prensa IPC, Cuartas también representa o es apoderado de las firmas mineras Nueva Californa, El Tajo S.A. y Sociedad Guadancanal S.A, con exploraciones de oro en Chaparral, Tolima, Nechí Antioquia y San Jacinto, Bolívar.

La Agropecuaria El Central tiene como representante legal a Otto Nicolás Bula Bula, quien fue el segundo renglón del senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe. La revista Cambio sacó un confidencial hace unos meses en el que contaba que los magistrados de la Corte Suprema que investigan al senador “se llevaron una sorpresa cuando descubrieron que la mayor venta de ganado el pasado fin de semana en la feria de Montería fue realizada por Otto Bula, quien fue suplente de Uribe en el Congreso entre 1998 y 2002. Los investigadores indagan por los actuales vínculos comerciales de Uribe con Bula y sobre las sociedades ganaderas que habrían constituido recientemente. Testigos afirman que Bula es la persona que mayor crecimiento patrimonial ha tenido en Córdoba en los últimos años.”

Uno de los miembros de la junta directiva de esta empresa, es Alonso Sanín Fonnegra, caballista del Urabá antioqueño, propietario del criadero Palma Seca, miembro de Fedequinas y representante legal suplente de Fogansa S.A., una empresa mixta que en 2001 reemplazó al Fondo Ganadero de Antioquia.

La Agropecuaria Montes de María tiene como representante legal a Raúl Mora Abad, un reconocido criador de caballos, dueño del criador Villa Katerine, de Rionegro, Antioquia, y miembro de Fedequinas.

También ha comprado tierras en la zona la empresa Invesa, entre cuyos miembros de junta se encuentran Álvaro Uribe Posada, que tiene registrada una plantación forestal en la Ceja, Antioquia; Ricardo Sierra Moreno, uno de los ‘cacaos’ de Antioquia, fundador de la empresa Distrihogar, quien ha sido miembro de diversas juntas directivas de empresas públicas y privadas: Metro, Bancolombia, EPM y Confinsura, entre otras; y Christian Toro Ludeke, uno de los altos directivos de UNE EPM Telecomunicaciones.

Uno de los primeros compradores fue el empresario antioqueño Alvaro Ignacio Echeverría, de Tierras de Promisión S.A., pero según Cardona, él no forma parte de la Corporación. Y entre los más recientes compradores están Bernardo Hoyos, gerente del Comité Central de Ganaderos de Búfalos. Y los dueños de la cementera Argos.

Varios de estos empresarios son miembros de la cooperativa de leche Colanta y llegaron a la zona en busca de tierras baratas después de que el precio del maíz para alimentar el ganado se disparó con las siembras de alimentos para biocombustibles.

Las medidas de protección

“Nos fuimos a buscar tierrita para sembrar yuca”, dijo a La Silla Vacía Daniel Cuartas, representante legal de las Agropecuarias El Génesis y Cármen de Bolívar. “Organizamos un grupo de productores lecheros y nos fuimos allá para hacer los proyectos”.

Salvo Invesa e Invercampo, las demás agropecuarias fueron todas creadas en el primer semestre de 2008, días o semanas antes de comprar la tierra para adelantar proyectos productivos en Montes de María. La idea de Agropecuaria Carmen de Bolívar es sembrar yuca, El Genesis y El Caney quieren hacer ganadería intensiva para exportar carne y otras de las empresas tienen planes de sembrar palma y frutales.

“La gran mayoría son lecheros y el potencial de esta tierrra es producir comida para las lecherías”, dice Cardona. Agrega que entre los asociados de la Corporación Amigos de Montes de María han generado unos 3.000 empleos, el 70 por ciento de ellos de vinculación laboral directa. Los campesinos son contratados para poner las cercas, hacer pozos de agua y sobre todo para tumbar el monte para ‘civilizar’ la tierra. Ya se comienzan a ver unos pocos cultivos, aunque todavía no se ve ninguna gran producción agroindustrial. En la zona reconocen que las agropecuarias le han devuelto gran parte de la vida al pueblo y que han generado empleo, pero no 2.000 puestos de trabajo estable.

Cardona dice que las grandes inversiones están paradas por las medidas de protección de la Gobernación de Bolívar, que en octubre de 2008, decidió congelar las ventas de tierra en la zona para evitar que los campesinos siguieran vendiendo de manera desaforada. Dice que tuvieron que despedir a 200 empleados a raíz de esta decisión. Como muchas de estas ventas se hicieron mediante documento privado porque casi la mitad se encontraban en procesos de sucesión, o embargadas. "En el momento de llevar la escritura, aparecían con la medida de prevención y se quedaba todo en la promesa de conpraventa", dice Cardona. "Necesitas la escritura para presentarla al banco".

Cuando un campesino quiere vender en Carmen de Bolívar tiene que solicitarle al Comité de Desplazados de la Gobernación de Bolívar permiso para levantar la restricción. La Gobernación verifica que lo estén haciendo libremente, sin presiones. Para escribir este artículo hablé con más de veinte personas en la zona, y nadie dijo que las compras se hubieran hecho a la fuerza.

“Muchos de los campesinos que salieron hace 10 ó 12 años, cómo van a retornar a esos predios abandonados. Ya no son fincas, sino potreros. Con qué fuerza van a civilizar esas fincas. Ahí no está el acompañamiento estatal”, me explicó una de las personas de la Gobernación en Cartagena, que como los demás funcionarios prefirió hablar anónimamente. “Perdieron lo poco que tenían en los ranchos. Los hijos ya se amañaron en la ciudad, los papás cuando vuelven lo que encuentran es una selva. Y viene una persona que les dice: ‘se los compro por 20 millones de pesos'. En su vida han visto tanta plata junta. ¿Qué van a hacer? ¡Venden!”

La Gobernación ha recibido alrededor de 200 solicitudes de levantamiento de las medidas de protección sobre unas 100 mil hectáreas alrededor del Carmen de Bolívar y tiene a seis abogados de la entidad y también de Acción Social tratando de encontrar argumentos jurídicos para evitar que los desplazados vendan sus tierras y se conviertan para siempre en pobres urbanos. Pero es una batalla perdida. Los dueños de las tierras ponen tutelas para hacer respetar su derecho a la propiedad y como la Gobernación no encuentra que hubo constreñimiento, en muchos casos, les toca levantar la medida.

Hace dos meses citaron a los compradores de tierra para que explicaran los proyectos productivos que planeaban para la zona. De las seis agropecuarias, sólo asistió uno de los dueños. El resto envió abogados. El comité, entonces, dijo que no levantaría las medidas hasta que los propietarios dieran la cara, y eso les dio un tiempo adicional para proteger las tierras.

Lo que están viendo ahora en la Gobernación es que entre las agropecuarias se están vendiendo tierra. "Es para hacer los globos", me explicó Cardona. "Todas las compras han sido satélites". Compraron unas hectáreas aquí y otras allá y ahora están tratando de armar las fincas intercambiando los terrenos.

El problema del retorno

“Esta gente el único empleo que está generando es para una red de abogados de la región, que encontró trabajo solicitando que se levanten las medidas de protección”, dijo uno de los miembros del Comité de Desplazados. Me contó que las historias de los campesinos que quieren vender son deprimentes. “Vienen acá y me dicen, ‘mi sueño era mi finca. Pero de dónde saco plata para caerle a un árbol con un machete que antes yo despalitaba'. Ese señor sigue caminando, pero ya no sueña”.

Muchos de ellos, además, tenían deudas con la Caja Agraria, que siguieron creciendo cuando fueron desplazados. En la zona dicen, aunque no lo pude confirmar, que los comisionistas inmobiliarios llegan con los títulos de las deudas, que ahora le pertenecen a Covinoc, y les informan sobre cuánto deben. Luego se ofrecen a cubrir la deuda y les enciman unos pesos.

La inversión estatal para facilitar el retorno de los desplazados se ha demorado en llegar. Aunque el pasado 19 de junio, cuando terminó la labor de desminado humanitario en Bajo Grande, en el corregimiento de San Jacinto, Bolívar, a una media hora del Carmen de Bolívar, el vicepresidente Francisco Santos dijo que este pueblo “sería atropellado por el progreso” (ver artículo), solo hasta la semana pasada se entregó el acueducto artesanal al pueblo y se firmó un convenio entre Invías y la Alcaldía de San Jacinto para restaurar las vías. Volver para la mayoría no es una opción pues no cuentan con las mínimas condiciones para vivir.

Pero el mayor problema que enfrenta Acción Social para lograr el retorno de los desplazados es la venta masiva de tierras. “La gente no era propietaria, sino que vivía de la aparecería. Ahora cuando vuelve encuentra que esa tierra ya está en manos de otros y que han tirado cercas,” me contó uno de los funcionarios de Acción Social en Bogotá. “Ya toda la tierra está en manos de las cinco agropecuarias. El gran obstáculo para el retorno es que no hay tierra para trabajar”.

Cardona dice que están estudiando la posibilidad de hacer alianzas productivas con los campesinos para que todos salgan ganando. Existen algunos modelos exitosos. En Maria la Baja, hay una cadena productiva de palma de aceite, donde los campesinos son dueños de la mitad de la planta de procesamiento. En el Magdalena, algunos bananeros han incluido a los cultivadores en la comercialización como socios.

Si algo así no se logra en el corto plazo, la gran paradoja es que los que más sufrieron la guerra, no serán los principales beneficiarios de la paz. Durante el período más intenso del conflicto, se produjo una concentración de tierra sin precedentes a punta del terror de paramilitares y guerrilleros que despojaron de sus tierras a más de un millón de campesinos. Se esperaba que a partir de los logros de la Seguridad Democrática, esta situación se reversara con la restitución de tierras a los desplazados. Pero, por ahora, la incipiente paz ha traído una nueva contrarreforma agraria.

http://www.lasillavacia.com/historia/5346

AUGUSTO OTERO HERAZO

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