EL CHANTAJE. por MARÍA JIMENA
DUZÁN. TOMADO DE SEMANA.COM
Si la preocupación de
Montealegre y Bustos por la democracia y sus instituciones fuera real, no
habrían convertido sus marrullas políticas en el centro de su trabajo.
El viernes de la
semana pasada, el diario EL Tiempo abrió sus páginas con una foto en la que
aparecía el presidente Santos recibiendo del presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Leonidas Bustos, una paloma de la paz hecha por el maestro Alejandro
Narváez. La foto hubiera sido una imagen realmente poderosa si en ese mismo
foro en Cartagena, luego de tan conmovedor performance, no hubiera salido el
propio fiscal Montealegre, amigo del alma del magistrado Bustos, a anunciar la
demanda en contra de la reforma de equilibrio de poderes. Un acto desafiante,
que deja en claro que el cacareado espaldarazo a la paz anunciado por el
presidente de la Corte Suprema no va a ser gratis.
A pesar de que esta
reforma no es ninguna panacea, las altas cortes no quieren que les quiten los
pocos privilegios que les suprimieron, ni que le desmantelen ese nido de
corrupción en que se había convertido el Consejo Superior de la Judicatura, ni
mucho menos que se les reemplace la comisión de absoluciones por un tribunal de
aforados con dientes e independencia que pueda por fin investigar y juzgar a
los magistrados que abusaron de su poder, como sucede en todas las democracias
respetables.
Ellos no quieren
cambios. O mejor, como diría Lampedusa, quieren que todo cambie pero para que
nada cambie. Y como van las cosas, es posible que les den el espaldarazo a los
tribunales de justicia transicional, a las penas alternativas para los máximos
responsables, incluso hasta pueden llegar a apoyar al gobierno si este decide
proponer que ninguno de los máximos responsables deberían ir a la cárcel. Pero
todos esos apoyos van a ser a cambio de que el gobierno Santos no los toque ni
les quite sus privilegios, ni los saque de la impunidad en que tan cómodamente
se han acostumbrado a impartir una justicia cada vez más sesgada y más política
y cada vez menos creíble.
Le queda mal a un
fiscal como Montealegre, siempre tan presto a hablar en favor de los cambios
que requiere la paz, oponerse como una mula muerta a que se reforme su juez
natural. Y aún más cuestionable que lo haga cuando hay denuncias muy graves en
su contra como la que hizo hace unos días el representante del Centro
Democrático Samuel Hoyos, según la cual el fiscal habría nombrado a familiares
de siete magistrados de la Corte Suprema en la Fiscalía quienes a su vez
habrían votado por su elección como fiscal.
Tampoco le queda bien
al fiscal Montealegre y al magistrado Bustos disfrazar esta pelea mezquina con
argumentos altruistas, diciendo que la reforma atenta contra las instituciones
democráticas. Si su preocupación por la democracia y sus instituciones fuera
real no habrían convertido sus marrullas políticas en el centro de su trabajo.
Ambos impusieron auditor, luego de que el fiscal hubiera conseguido elegir a un
hombre suyo como secretario de la comisión de absoluciones. Y hoy cuando nos
quieren convencer de que andan de pies y manos apoyando el proceso de paz, en
realidad están en la campaña para imponer al nuevo registrador. Mientras tanto
las famosas unidades de contexto de la Fiscalía, creadas dizque para tener
listas las investigaciones de cara a esos nuevos escenarios del proceso de paz,
no han dado mayores resultados y solo han servido para aumentar la nómina y las
ansias de poder de ambos personajes. Tan no han servido, que a la Fiscalía le
tocó contratar a Natalia Springer por cuatro mil doscientos millones de pesos
para hacer el trabajo que estas unidades no pudieron hacer. La corte de Bustos
pasará a la historia por haber acabado con la parapolítica y por no haber
investigado a los congresistas vinculados a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, quienes poco a poco están saliendo por vencimiento de
términos.
Sin embargo, el
magistrado Bustos lo que sí tiene es un gran poder burocrático en la Fiscalía y
lo propio le sucede al fiscal en la Corte Suprema. Y lo que más les inquieta a
esta dupla poderosa, no es el país ni su justicia, sino su futuro. Bustos
quiere ser fiscal o procurador y el otro, dicen las malas lenguas,
vicepresidente de Germán Vargas Lleras.
Los dos dicen abrazar
el proceso de paz, pero mientras salen a darle palomas de paz al presidente lo
amenazan y le notifican que están dispuestos a todo por defender sus intereses.
El presidente Santos
no debería aceptar este chantaje. Tampoco debería seguir haciéndoles
concesiones ni permitirles que dilapiden el presupuesto. Si estos son los
garantes del proceso de paz, prefiero que no lo sean.
Si a esta dupla le
agregamos la figura arbitraria del procurador Ordóñez que archiva
investigaciones de los concejales vinculados al carrusel de la contratación
mientras las abre a sus posibles contrincantes en el 2018 como el gobernador
Sergio Farjardo y el alcalde Petro (no creo que este último tenga opción, pero
él sí), la paz se ve aún más lejana.
El fin del conflicto
llegará el día que cesen de disparar los fusiles de las FARC. Pero para
conseguir la paz duradera no solo se necesita reactivar el campo y volvernos
una sociedad más equitativa. También se necesita una Justicia independiente,
alejada de la política y del clientelismo, que hoy no tenemos.
MARÍA JIMENA DUZÁN
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