LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA VERDAD. POR: ALEJANDRO REYES POSADA
Pocos
conflictos armados en el mundo han sido más documentados que el colombiano y a
pesar de eso en Colombia hay una aguda disputa por la interpretación del
conflicto. Rashomon, la película del mejor director japonés, Akira Kurosawa,
muestra cuatro versiones creíbles de la violación y el asesinato de una mujer
en el siglo IX, narradas por tres testigos presenciales. El maestro enseña la
dificultad de conocer la verdad de los hechos, cuando los hechos mismos son ya
interpretaciones personales de los intervinientes y testigos.
Carlos
Castaño creía que las autodefensas luchaban por las clases medias, no por la
oligarquía, pues ésta tenía al ejército a su servicio para reprimir al pueblo,
pero cuando lo visitaron representantes del Consejo Gremial en su campamento
del Nudo de Paramillo, quien lo dirigía en ese momento le dijo: “Carlos,
nosotros te colaboramos, pero esperamos resultados”. A Castaño le indignó la
prepotencia del líder de los comerciantes porque éste asumía que las
autodefensas eran las celadoras de los empresarios y terratenientes ricos a
cambio de dinero, desconociendo su verdadero propósito de liberar al país de la
tiranía armada de las guerrillas.
En
el otro extremo de la costa Caribe, en el Magdalena, un gran empresario
agroindustrial venía apropiándose con trampas legales de los ricos playones de
la antigua zona bananera, ocupados por campesinos durante décadas. Su
estrategia fue denunciar la infiltración guerrillera entre los campesinos para
dibujarlos como invasores de sus tierras, mientras obtenía títulos de
pertenencia en los juzgados civiles de Santa Marta, donde había sido gobernador
del departamento. El conflicto armado, la largueza de los jueces para adjudicar
baldíos, la colaboración de la policía y después de los paramilitares le
permitieron despojar a los campesinos de territorio que habían colonizado con
la esperanza de que un día el Gobierno se los adjudicara como ocupantes de
baldíos. El ejemplo, tomado de la realidad, muestra la manera como las élites
regionales han aprovechado el conflicto armado para extender su poder a costa
de los campesinos, con un Estado subordinado a su servicio.
Las
dos situaciones requieren una perspectiva de economía política para su adecuada
comprensión, pues no se entienden si no se miran los conflictos de larga
duración que enfrentan a grandes grupos humanos que luchan por lograr un lugar
en la sociedad. Una élite rentista de la propiedad tiene como su ley de hierro
el monopolio de la tierra y la exclusión del campesinado a la periferia, donde
prosperan las economías ilegales que, a su vez, generan su propia élite mafiosa
usufructuaria de la nueva riqueza, capaz de disputarle el control territorial
al Estado, a su vez sometido a las élites de las regiones incorporadas al
mercado legal.
La
paradoja de la actual situación es que justo cuando el país decidió acordar el
fin del conflicto armado con la mayor guerrilla del continente y se requiere
hacer las reformas para consolidar al Estado en los territorios, llega al poder
un grupo que cree que en Colombia no hubo conflicto armado, que los desplazados
por la guerra fueron migrantes internos, que los terratenientes y empresarios
no deben responder por sus actos en el conflicto y que no se requiere ordenar
socialmente la propiedad de la tierra ni restituirla a los despojados.
Si
esa es la interpretación del conflicto que inspira al presidente Duque, se
entiende por qué quiere desmontar el Centro de Memoria Histórica y acorralar
con limitaciones presupuestales la Comisión de la Verdad, y por qué los
militares quieren construir su propia verdad sobre la seguridad nacional.
Tomado
de www.elespectador.com
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