PROCORRUPCIÓN.    POR: YOHIR AKERMAN

El 23 de junio de 2017, el agente especial de la DEA Yasmany Cepero firmó una declaración juramentada para el caso que llevan las autoridades de Estados Unidos en contra del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera y su cómplice, el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, por conspiración para lavado de dinero.

El documento es una maravilla.

Por un lado deja claro que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, identificado en el documento como Cooperating Source (CS), está actualmente negociando con la Fiscalía General de la Nación para declararse culpable de los cargos de corrupción ocurridos durante su administración y, fuera de eso, señalar a los otros implicados en los desfalcos en Córdoba.

Fabuloso.

Por esa razón deben estar temblando los senadores Bernardo “Ñoño” Elías Vidal y Musa Besaile, quienes pusieron a Lyons en la Gobernación y por medio de ello secuestraron los recursos del departamento.

También debe estar sudando frío el actual gobernador Edwin Besaile, parte de la misma maquinaria de la ñoñomanía, no solo porque la Contraloría acaba de publicar que esa administración sigue pagando facturas falsas en el terrible cartel de la hemofilia, sino porque esa macabra actividad empezó en la administración de Lyons.

Dios los hace y ellos se juntan.

Volviendo a la declaración del agente Cepero, la investigación deja claro que la primera vez que Pinilla se acercó a Lyons para indicarle que el fiscal Moreno “estaba dispuesto a usar su posición oficial para obstruir la investigación en su contra a cambio de un pago” fue en noviembre de 2016. (Ver Affidavit in Support of Criminal Complaint Pg. 2).

Es importante recordar que Moreno fue posesionado el 9 de octubre del año pasado, es decir que un mes después de sentarse en su nueva oficina anticorrupción ya estaba tratando de conseguir beneficios económicos corrompiendo el sistema.

En marzo de 2017 hubo una segunda reunión en la que Moreno y Pinilla fueron al apartamento de Lyons en Bogotá y le establecieron que tres otros implicados en su caso habían logrado inmunidad testificando en su contra.

Moreno le ofreció “darle información sobre los testigos, dilatar el caso y entregarle la estrategia con la que la Fiscalía le estaba imputando los 20 delitos, para que su estrategia de defensa lograra ganar el caso”. (Ver Página 2).

Una joya.

Posteriormente, el 26 de abril, Lyons y su esposa viajaron a Miami e inmediatamente contactaron a la DEA y a la Fiscalía General para comentarles de los sobornos que Moreno y Pinilla estaban pidiendo. (Ver Página 3).

Qué llamadita debió ser esa.

Ahí empezó la historia dirigida por la DEA de plantar a Lyons como una carnada y agarrar a los delincuentes en flagrancia, con seguimientos, grabaciones, micrófonos escondidos y entrega de dinero con billetes marcados.

Durante esa operación, según la declaración del agente de la DEA, en un momento tenso de la situación, “Moreno le indicó a Lyons que un alto funcionario del Gobierno colombiano le había contado que el exgobernador estaba trabajando con las autoridades de Estados Unidos”. (Ver Página 5).

Aunque el agente Cepero de la DEA duda que esto sea cierto por la limitada cantidad de personas en Colombia que sabían de esta operación, vale la pena seguir revisando internamente la casa para determinar si existen otros funcionarios que estén, como Moreno, más del lado de los delincuentes que de la honestidad.

Aunque es una vergüenza que esto haya ocurrido, es mejor que hayan pasado solo ocho meses entre ser posesionado y puesto preso, ya que desde la oficina que manejaba se supervisaban temas tan importantes para el país como Odebrecht y Reficar.

Nada más ni nada menos.

Moreno hubiera podido seguir haciendo maravillas tratando de sobornar en esos y otros casos y cuando los agentes de una institución como la Fiscalía pactan con el crimen, la posibilidad de justicia se desaparece.

En este sentido es esencial fortalecer el sistema con el que se elige a este tipo de funcionarios ya que un detector de mentiras y unas recomendaciones de alto nivel han comprobado ser insuficientes.

En el caso de Moreno este llegó a la Fiscalía como cuota del poderoso exmagistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos. Pero sus tentáculos no paraban ahí. En el pasado el concejal liberal Horacio José Serpa, junto con la representante del Centro Democrático María Fernanda Cabal, también hicieron campaña por Moreno en una llave que incluyó a miembros de Cambio Radical.

Es decir que todos con todas estuvieron en algún momento a favor de un corrupto que terminó en la Fiscalía Anticorrupción.

@yohirakerman.   akermancolumnista@gmail.com.   15 Jul 2017 - 9:00 PM

PERSECUCIÓN APOSTÓLICA.    POR: YOHIR AKERMAN. 

A principios de junio se conoció que la vicefiscal general María Paulina Riveros resolvió una apelación en la que consideró que existen suficientes pruebas para llevar a juicio al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestos nexos con paramilitares. Duro.

Una revisión de la decisión de ese despacho deja ver que la Fiscalía está mucho más que convencida de los vínculos del reconocido ganadero, Santiago Uribe Vélez, con la ilegalidad y de su papel en la muerte de un grupo de personas organizada por el grupo de Los Doce Apóstoles.

Vamos por partes.

Las pruebas del expediente muestran que una gran cantidad de personas señalan la existencia inequívoca del grupo organizado al margen de la ley denominado como Los Doce Apóstoles. Eso para empezar.

La Fiscalía explica que, con sustento en la misma evidencia, “el propósito de este grupo criminal era la comisión de homicidios selectivos de personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla o indeseables sociales (…) los homicidios perpetrados no obedecían al capricho o al arbitrio de los miembros de la organización, sino que, por el contrario, dependían de las directrices que se trazaran por parte de sus líderes”. (Ver Página 99)

Según esto Los Doce Apóstoles era una estructura organizada que respondía a un liderazgo. Ese liderazgo era el del hermano del expresidente Uribe.

Para demostrar eso dice el documento firmado por la vicefiscal Riveros, que aquellas personas que eran identificadas por tener lazos con la guerrilla o por ser indeseables sociales, se incluían en un documento para luego organizar y gestar su asesinato. “Lista negra fue el nombre que recibió el soporte que contenía los nombres de estas personas”. (Ver Página 100)

Muy ordenados los asesinos con lista en mano.

La Fiscalía, según la evidencia dice que esto se puede soportar gracias a las declaraciones de los señores Juan Carlos Meneses Quintero, Alexander de Jesús Amaya Vargas, Eunicio Alfonso Pineda Luján, Albeiro Martínez Vergara, John Jairo Álvarez Agudelo, Olguan de Jesús Agudelo Betancur y Pablo Hernán Sierra García.

Y que “se puede establecer como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo de Los Doce Apóstoles (…) A partir de las directrices que trazaba él con los otros líderes de la organización al margen de la ley, se diseñaban las estrategias para lograr el asesinato de las personas que aparecían en la famosa lista.” (Ver Página 100 - 101)

Fulminante.

Con esto la Fiscalía deja claro que la evidencia en contra del hermano del expresidente no se trata de un falso testigo sin rostro, como lo ha establecido una y otra vez la defensa del ganadero antioqueño, ni tampoco que no puede ser tomado su testimonio como confiable por su pasado judicial y sus retractaciones. No.

La Fiscalía demuestra que existen múltiples testigos directos, e incluso algunos indirectos, que dejan la certeza de la vinculación del hermano del expresidente Uribe en este oscuro capítulo de Colombia.

El acervo probatorio incluye a pesos pesados de la estructura paramilitar como Salvatore Mancuso Gómez, quien manifestó que tuvo conocimiento sobre el liderazgo que ejercía Santiago Uribe Vélez en el grupo de Los Doce Apóstoles, “pues se le ordenó por los hermanos Castaño Gil, al realizar una operación militar en la zona de influencia de este grupo al margen de la ley, que previamente debía realizar coordinaciones con el aquí procesado o, con quien este designara, para ingresar militarmente en los municipios de Campamento y Yarumal”. (Ver Página 101)

Es decir los Castaño pedían casi permiso al hermano de Álvaro Uribe Vélez para la entrada de los paramilitares en los municipios controlados por Los Doce Apóstoles.

Finalmente la Fiscalía establece, gracias al acervo probatorio, que “era comprobado que Santiago Uribe coordinaba con la Fuerza Pública de la zona, las operaciones de los paramilitares para no tener problemas”. Es decir su poder en los municipios de Yarumal y Campamento era tal que podía coordinar con las autoridades para que lo dejaran hacer lo que quisiera, principalmente delitos.

Después de la contundencia del documento de la Fiscalía, de la cantidad de pruebas que existen en contra del ganadero y de la claridad de los hechos, queda muy poco que su defensa pueda argumentar ante la corte que lo va a juzgar por las conductas punibles de homicidio y concierto para delinquir, más allá que seguir gritando falsamente que esto hace parte de la persecución política en contra del expresidente Uribe.

Persecución es lo que montaron Los Doce Apóstoles, con lista en mano, a todos los que denominaban indeseables o enemigos. Eso sí es persecución. 

@yohirakerman.  akermancolumnista@gmail.com

Tomado de www.elespectador.com   9 Jul 2017 - 1:02 AM