¿VUELVEN LOS
PARAMILITARES?
POR: HÉCTOR ABAD
FACIOLINCE. 11 MAR 2017 - 9:00 PM
La
palabra "paramilitar" está teñida en Colombia de unas connotaciones
que no tiene en otros lugares. El prefijo “para” se puede entender de dos
maneras. En primer lugar, como una alianza: unos civiles que trabajan
ilegalmente, pero “junto a” los militares. En segundo lugar, como una simple
similitud: civiles que se organizan por fuera de la ley con una estructura de
mando y con acciones armadas que se parecen a las del ejército regular. En
Colombia hemos entendido a los paramilitares según la primera acepción (civiles
que actúan clandestinamente en alianza con el ejército regular). En la segunda
acepción, en cambio, un grupo guerrillero como el Eln sería, en rigor, también
un grupo paramilitar.
El
fenómeno paramilitar, en cualquiera de estos sentidos, es una desgracia para el
país. Bien sea que favorezcan los intereses de cierta clase social dominante
(los terratenientes, la gran minería, los narcotraficantes), o que se alíen con
grupos más débiles (los campesinos, los mineros artesanales o ilegales, los
raspachines de coca), son de todas formas unos enemigos violentos del orden
legal. El Estado existe y tiene fuerzas armadas, precisamente, para impedir que
haya grupos armados irregulares, es decir, paramilitares. Por eso la alianza
entre militares y paramilitares es tan perversa. Indica que el Estado se ha
podrido. Esto ocurrió en Colombia durante décadas y es responsabilidad del
Gobierno y de los militares que nunca más se repita.
En
los últimos 12 meses, según la Defensoría del Pueblo, han asesinado en Colombia
a 120 líderes sociales. Esto da un promedio de diez líderes asesinados por mes.
¿Quiénes los están matando y por qué? Quizás el patrón no sea exactamente el
mismo en todas los casos, pero sí hay suficientes similitudes como para decir
que son crímenes sistemáticos, es decir, planeados con cierto fin de
intimidación. Como decía un tuitero, no es necesario que los maten por orden
alfabético para poder encontrar un propósito en tantos asesinatos. Algunos son
reclamantes de tierras; otros, defensores de mineros artesanales; otros más
están vinculados a cultivadores ilegales; los más son líderes de comunidades
pobres que luchan por derechos humanos elementales: vida, agua, vivienda,
salud. ¿Quiénes los matan? No se sabe, pero la gente dice: los paramilitares.
Por
eso es importante definir bien el término. ¿Los están matando civiles ilegales
“semejantes a los militares”, pero que no están aliados con ellos? O bien, ¿los
están matando civiles ilegales “en alianza con los militares”? Yo creo que no
hemos vuelto a los años 90 y que los asesinos son grupos que actúan sin la
complicidad de las Fuerzas Armadas. Pero para que esto quede plenamente
demostrado, tanto el Ejército como la Policía tienen que actuar decididamente
contra estos grupos, con el mismo rigor y la misma fuerza con la que actuaban
antes contra las Farc. Ahora que esta guerrilla se ha desmovilizado, las
Fuerzas Armadas más grandes y con mayores recursos de América Latina tienen que
ser capaces de controlar a estos nuevos paramilitares y de ocupar el vacío de
poder dejado por el fin del conflicto en vastas zonas del país.
Un
militar en Colombia (oficiales, suboficiales, soldados profesionales) puede
jubilarse a los 38 años, después de 20 años de servicio. Si espera un poco más,
a los 45 años y con 27 años de servicio, puede recibir hasta el 95 % del sueldo
que recibía como oficial activo. Algo parecido ocurre en caso de muerte: la
viuda, los hijos o los padres dependientes reciben la pensión. Estos
privilegios excepcionales —de país en guerra— se justifican por el peligro que
corren los militares. Y podrían seguir existiendo si se dedican a combatir y
desmantelar a los nuevos paramilitares, arriesgando sus vidas para defender la
legalidad. Eso es lo que nos esperamos del Estado: que defienda con las armas a
los líderes sociales. O que los juzgue, si hacen algo ilegal. Pero el Estado no
puede dejar que los sigan matando.
TOMADO
DE WWW.ELESPECTADOR.COM
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