La lógica
territorial. Alejandro Reyes Posada
Cada
vez más se abre camino el enfoque territorial para pensar la democracia y las
tareas de reconstrucción del país luego del fin del conflicto armado.
Por: Alejandro
Reyes Posada
La
Corte Constitucional reconoce el papel de los gobiernos y comunidades locales
en el otorgamiento de licencias ambientales. La sequía del Niño y las próximas
inundaciones de la Niña del próximo semestre obligan a considerar seriamente el
papel crucial de las coberturas boscosas andinas y de los humedales y ciénagas,
desecadas para ganadería extensiva, en la regulación del ciclo del agua. Otra
decisión crucial de la Corte Constitucional fue negar validez a las licencias mineras
otorgadas antes de 2010, cuando se entregaron con la cédula para estimular la
confianza inversionista, para proteger ahora sí las fábricas de agua de los
páramos.
En
la negociación del acuerdo agrario de La Habana jugó un papel clave el enfoque
territorial de la política rural, presentado por el Gobierno, para que las Farc
vieran las oportunidades de participar en la reforma rural integral que se
comprometió en la mesa para superar el atraso e inequidad en el campo. La misma
idea fue desarrollada por la Misión Rural en sus propuestas de enmarcar el
desarrollo rural dentro del desarrollo territorial, pues la competitividad
depende mucho más de las ventajas del territorio, geografía e infraestructura,
que de las iniciativas y esfuerzos individuales de los productores del campo.
El
enfoque territorial fortalece el poder de las comunidades locales, desde las
veredas, para que los pobladores participen en el ordenamiento ambiental,
social y productivo de su territorio y para que definan la vocación productiva
y su visión de futuro. Ese fortalecimiento hace a las comunidades menos
susceptibles de ser manipuladas por organizaciones o movimientos que aspiran a
representar el mundo rural, de orientación populista o clientelista. Pero ese
resultado será imposible sin fortalecer también la capacidad de planeación y
gestión de los gobiernos locales y sin lograr crear una unidad territorial de
gestión concertada, intensiva en información sobre cada territorio, para que
logre la coordinación de las políticas sectoriales según las prioridades de
cada uno.
Políticas
como la restitución de tierras apuntan a reconstruir comunidades desplazadas de
sus territorios y tienen, por tanto, un impacto directo en el desarrollo
territorial, complementadas por las órdenes de los jueces en cuanto a
infraestructura y dotación local. En el caso de las comunidades étnicas, la
restitución es la recuperación material de sus territorios afectados por usos
forzados o predatorios de los recursos contra la voluntad de sus pobladores,
como la tala pirata o la minería ilegal.
El
enfoque territorial será la metodología de intervención estatal más adecuada
para hacer frente a la reconstrucción social y productiva de las regiones
afectadas por el conflicto armado, para la reintegración de excombatientes y
para la resolución de los grandes conflictos por tierra y territorios que
esperan la apertura democrática del fin del conflicto armado para ser
planteados al sistema político.
TOMADO
DE ELESPECTADOR.COM
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