COMISIÓN DE LA VERDAD, ¿EN RIESGO?

COMISIÓN DE LA VERDAD, ¿EN RIESGO?

Una conversación con Cristian Correa y Marcie Mersky, dos expertos que están asesorando el diseño e implementación de la Comisión de la Verdad en el país, que algunos temen puede estar en peligro de ser tumbada por la Corte Constitucional, como ocurrió con el “fast track”.

Natalia Herrera Durán - @Natal1aH

Marcie Mersky y Cristian Correa, miembros del Centro Internacional de Justicia Transicional. / Cristian Garavito

Hace unos días, y sin mucho alarde mediático, estuvieron en Bogotá dos autoridades mundiales en el diseño e implementación de comisiones de la verdad: Marcie Mersky y Cristian Correa. La estadounidense Marcie Mersky ha trabajado con mecanismos de búsqueda de la verdad y comisiones extrajudiciales de investigación en diferentes países y fue la coordinadora del informe final de la Comisión de la Verdad en Guatemala.

Hoy es la directora de la Oficina de Programas del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), posiblemente la organización más respetada sobre justicia para las transiciones en el mundo, que desde 2011, cuando ya era público el proceso de paz con las Farc, tenía un diálogo activo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para pensarse un sistema integral de justicia transicional, y dentro de él la necesidad de darle vida a una comisión de la verdad que ayudara a comprender qué sucedió durante tantos años de guerra.

El abogado chileno Cristian Correa, por su parte, fue secretario jurídico de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile y después pulió su experiencia en la definición e implementación de políticas de reparación para violaciones masivas de los derechos humanos en el ICTJ.

Mersky y Correa viajaron desde Nueva York y al llegar a Colombia les tocó vivir el impacto que significó que la Corte Constitucional tumbara dos literales del procedimiento legislativo especial para la paz, conocido como fast track. Desde entonces, la discusión de pasillo que se escuchó en el Palacio de Justicia, y a la que no fueron ajenos ellos, fue que por esa misma vía el alto tribunal constitucional podría tumbar el decreto que le dio vida a la Comisión de la Verdad.

Sobre este escenario, medio apocalíptico, y lo que significaría para la sociedad colombiana y para el sistema integral de justicia transicional que se cree o no una comisión de la verdad, Mersky y Correa dieron algunas luces.

Hay un rumor fuerte alrededor de que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto que crea la Comisión de la Verdad, ¿cómo ven este escenario?

Cristian Correa (CC): Muy negativo, significaría un retroceso que podría afectar las expectativas de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

El debate en la Corte Constitucional pasa por esclarecer si un decreto le da suficiente legitimidad a la creación de la comisión de la verdad o si para esto debe aprobarse una ley en el Congreso, ¿qué opinan?

Marcie Mersky (MM): En nuestra experiencia internacional, en muchísimos contextos, encontramos que la verdadera legitimidad de la comisión de la verdad no está asociada con la forma de establecerla. Es decir, que se cree vía parlamentaria o por decreto no determina su legitimidad con el tiempo. La legitimidad no la da el derecho, la da la práctica.

CC: Mira, este es un listado cronológico de 34 comisiones de la verdad que se crearon en diferentes partes del mundo. De esas, sólo nueve fueron establecidas por ley en el Congreso. Por decreto se establecieron 16 y 6 luego del Acuerdos de Paz. Nada de eso garantizó que fueran efectivas tampoco.

¿Qué elementos entonces hacen legítima a una comisión de la verdad?

MM: Desde el ICTJ siempre resaltamos dos grandes factores de legitimidad: quiénes son los comisionados y cómo se relacionan entre sí, y la segunda es el proceso que ellos logren hacer ante la sociedad y las víctimas. Cómo se relacionan, cómo escuchan a todas las partes, a las víctimas, a los perpetradores; cómo se explican, si en su trabajo tratan a las personas con dignidad. Por eso aquí también entran a jugar los equipos que conformen.

¿Qué es importante para que ese proceso con la sociedad se dé?

CC: En ese punto son importantes muchos asuntos, como las audiencias públicas. También pueden ser importantes espacios de conversación que incluso pueden ser confidenciales, que generen confianza y acercamiento de forma cuidadosa que se encargue de los temores, las resistencias, los miedos, etc.

¿Las audiencias de la comisión deben ser públicas o privadas?

CC: Depende de cada audiencia. Por ejemplo, si quieres indagar por la relación del sector privado y violencia no puedes hacer una audiencia pública sobre eso. Debe ser reservada para entender todas las dimensiones, como los niveles de presión o no que pudieron tener. Para que todos los que allí participen crean que lo que se dice es seguro y no es una amenaza, pero sí es una contribución clave para entender qué pasó durante el conflicto armado.

¿Qué piensa de que muchas audiencias de Justicia y Paz se hayan hecho públicas?

CC: Fue un error doloroso. No puedes tener a una víctima y a un victimario frente a las cámaras de los medios de comunicación para que se digan o no algo. Colombia tiene lecciones aprendidas muy importantes y costosas en términos humanos sobre ese tema.

Pero entonces, ¿cómo hacer para que lo que de ahí salga no quede sólo en un informe?

CC: Ese es el gran reto, porque si tú reduces la actuación de la comisión de la verdad sólo a un informe que se empolve en un anaquel universitario no hiciste nada. La idea es que el proceso sea confidencial en un primer momento y después se abra a un diálogo más abierto con la sociedad.

¿Para qué una comisión de la verdad?

MM: La comisión no va a resolver los problemas del país, aunque puede dar un diagnóstico de esos problemas o, por lo menos, dar elementos de entendimiento de esos problemas, al tiempo que puede ser un canal de expresión de ese gran dolor humano que se vivió.

En Colombia siempre se dice que los actores legales e ilegales del conflicto armado le temen más a la verdad que a la justicia, ¿eso ha sido común en otros procesos?

CC: Reconocer responsabilidad siempre es difícil. Se tiene la idea de que si reconozco un poco abro la puerta para que entre todo. Pero hay experiencias muy valientes de reconocimiento de esa responsabilidad, donde autoridades, personas e instituciones se han expuesto y contado la verdad.

Eso abre en muchas ocasiones más opciones de sanación y reparación a las víctimas que cajas de Pandora que puedan ser de persecución penal. Al final esos diques que no permiten ninguna entrada a la verdad son los que explotan. Es mucho más sano y más humano reconocer: aquí nos equivocamos. De hecho, ya hay experiencias así en Colombia.

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¿Qué ejemplo recuerda de Colombia?

CC: Ahora me viene a la cabeza el perdón de Bojayá, donde se consultó a la comunidad y ésta puso sus condiciones. Incluso fueron los que recibieron al Estado y a las Farc, eran los anfitriones. Fue un proceso que llegó a los que pidieron perdón y a los que tenían que recibirlo. Se escucharon, claro, cosas duras, pero cuando uno cometió barbaridades tiene que escuchar cosas así.

¿Cómo se dice una verdad que nunca se pensó decir?

MM: No es fácil, porque hay una narrativa dominante que le ha dado la razón al perpetrador de lo que ha hecho. Por eso si uno empieza a decir una verdad que no es la dominante, no sabe lo que puede moverse allí. Pero contar la verdad no sólo se trata de escuchar a los perpetradores, sino también a la sociedad en general, que rompe el silencio sobre lo que pasó.

¿Cree que en Colombia se llegará a una sola verdad?

MM: No, esto es muy difícil en una sociedad tan polarizada, pero sí creo que se pueden empezar a romper algunas narrativas de poder que no permiten reflexiones más profundas de las responsabilidades del conflicto armado. Ese será un aporte fundamental de la comisión de la verdad.

CC: La buena labor de una comisión de la verdad lleva a la sociedad a tener muchas y diversas lecciones profundas.

Es decir, no se trata de voltear la página y ya…

CC: Claro, si tú no niegas lo que pasó y en cambio lo asumes, lo debates para obtener esas lecciones, hay más garantías de que hayas aprendido y esto no se repita más.

¿Cómo ven el diseño de la comisión de la verdad en Colombia?

MM: Tiene un mandato y unos objetivos amplísimos, así que va a tener muchos desafíos en su implementación. Pero también tiene muchos recursos humanos e intelectuales, y mucho conocimiento y trabajo que ya se ha hecho en función de la verdad, como el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, o desde la sociedad civil, la Ruta Pacífica de las Mujeres. Eso es algo que no han tenido muchos países. Por eso creemos que su punto de partida es muy positivo.

CC: Creo que es muy valioso que la comisión tenga una dimensión territorial y eso en Colombia es muy importante. De todas formas, en Colombia ya son conscientes de que una comisión de 11 miembros no representa a toda la sociedad. Pero el mecanismo de selección de estos comisionados da por el momento garantías de imparcialidad. Lo más importante es que este grupo que se escoja genere confianza y debe tener una muy buena capacidad de escucha y de diálogo con todos los sectores. Ahí estará la legitimidad.

¿Los comisionados de la verdad deben representar todos los sectores sociales?

MM: El compromiso de los comisionados tiene que ser con el mandato y no con un grupo determinado.

CC: Fui secretario de la comisión de Chile. Los comisionados que más se comprometieron con el mandato y que más capacidad tuvieron de escuchar y de hablar sobre la práctica de tortura en la dictadura chilena fueron los más cercanos a la derecha. Por ese peso moral que tuvieron aportaron muchísimo.

Finalmente, si la Corte Constitucional tumba la comisión de la verdad en Colombia, ¿qué posibilidad queda?

MM: Espero que los líderes políticos del país encuentren otra manera de darle vida a la comisión de la verdad. Lo importante ahora es despejar las dudas de que si la comisión de la verdad se crea vía decreto-ley, como está, le resta legitimidad, porque este argumento no tiene sustento en la práctica.

Tomado de www.elespectador.com