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JUL 2016 - 9:00 PM. www.elespectador.com
La
resistencia al cambio. Por: Alejandro
Reyes Posada
Los
colombianos nos hemos acostumbrado a vivir en el infierno del conflicto armado
y hemos creado resistencia endémica a cambiar las prácticas que nos han
permitido sobrevivir, y a algunos, los menos, prosperar en medio de la guerra.
Nos
parece un paso hacia el abismo afrontar los bloqueos que mantienen la exclusión
y la injusticia, escuchar al otro que reclama su derecho, reconocer la
necesidad de invertir más en el bienestar social, cerrar las venas rotas de la
ilegalidad, la corrupción y el parasitismo rentista de las élites
territoriales.
La
guerra ha servido para concentrar más la propiedad de la tierra, así sea para
lavar ganancias del narcotráfico y la corrupción o mediante el despojo por la
fuerza, ha servido para enriquecer contratistas e intermediarios políticos, ha
permitido descalificar y reprimir las protestas sociales y la resistencia
contra los abusos con el pretexto de ser subversivas contra el orden social. Lo
más grave, la guerra ha impedido consolidar el Estado en la mitad del
territorio, ha envilecido la política y la administración de justicia y ha
propagado una cultura mafiosa y ventajista en las instituciones públicas y la
actividad privada.
Nada
de eso va a cambiar con la terminación del conflicto armado con las Farc, pero
todo eso se puede agravar si no terminamos ese conflicto. La gran virtud de la
estrategia de negociación diseñada por Sergio Jaramillo Caro consistió en
separar la negociación para la terminación del conflicto con las Farc, que
culminará en breve, y la transición hacia la paz, que ocupará los próximos
años. Así, la negociación se concentró en los compromisos indispensables para
la terminación del conflicto con las Farc, que vinculó al Gobierno y los mandos
de esa guerrilla en una mesa de conversaciones reservadas con resultados
públicos, al divulgar los acuerdos alcanzados.
La
transición hacia la paz será el proceso político complejo, en democracia, para
que las instituciones definan las reglas y las organizaciones impulsen las
políticas que cambien las condiciones de vida y aseguren que se pueda hacer sin
violencia y bajo el imperio de la ley. Por eso en los acuerdos alcanzados se
definen las grandes orientaciones de qué hacer en materia de desarrollo rural,
cultivos ilícitos, participación política, reparación de víctimas, aplicación
de justicia y reintegración de excombatientes, pero corresponde a todo el país,
con su diversidad de fuerzas sociales, definir el cómo se van a hacer los
cambios requeridos, a qué ritmo y con cuáles recursos. Sólo el proceso político
y la capacidad operativa del Estado definirán al final los ganadores y
perdedores de los cambios que se avecinan. Necesitamos más y mejor Estado para
que los resultados impacten a las grandes mayorías excluidas del desarrollo y
se garantice a todos sus derechos.
Es
una locura delirante afirmar que el presidente Santos acordó entregar las
instituciones para que las Farc cogobiernen al país, cuando la realidad es que,
transformadas en movimiento político sin armas ni violencia, tendrán que
competir con las demás fuerzas políticas por el voto de los ciudadanos para
asegurar que puedan participar, en concurso con muchos otros, en la
construcción de la paz.
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