LA BOMBA PENSIONAL: ¿OTRA FALACIA? (I). POR: AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ

LA BOMBA PENSIONAL: ¿OTRA FALACIA? (I).  POR: AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ

En buena hora, y con muy buenas razones, el Congreso nacional desvirtuó las objeciones presidenciales al proyecto de ley que modificó la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados. Sin embargo, casi nadie se ocupó del tema, a pesar de sus implicaciones constitucionales y su directa relación con los principios del Estado social de derecho. De un tiempo para acá, los intereses de los pensionados se vienen lesionando sistemáticamente. El Congreso propuso un cambio del porcentaje de cotización, que el Gobierno quiso manejar a base de sofismas.

Las cotizaciones obligatorias para la atención en salud son rentas parafiscales. Se cobran a un grupo específico de la población para financiar un servicio a sus aportantes. En consecuencia, no forman parte del presupuesto nacional. La primera falacia consiste en decir que su recaudo está sujeto a la llamada “regla fiscal”. No es cierto. Lo que el Congreso quiso, al aprobar esta ley que ahora pasa a examen de la Corte Constitucional, fue restablecer el equilibrio económico entre pensionados y trabajadores activos.

Ese equilibrio se rompió con la Ley 1250 de 2008 que estableció, para los pensionados, una cotización del 12% de su mesada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS). Semejante decisión fue injusta: de hecho, el trabajador, al momento de su retiro, ya cubrió durante 20 años o más sus cotizaciones. Por lo tanto, tiene reunido el capital que le garantiza, como lo hace cualquier sistema de aseguramiento, la atención de sus riesgos de salud por el resto de la vida.

Otra falacia proviene de ciertas agremiaciones financieras: sugieren imponer más descuentos y/o gravámenes a las pensiones del régimen de prima media para promover su tránsito hacia los fondos privados. Pero es injusto con el pensionado que tiene ya un derecho adquirido. Menguar el ingreso de quienes ya no tienen plena capacidad laboral es alimentar —esa sí— una explosiva bomba de indignación entre los adultos mayores, sus hijos, nietos y familias. Bien pueden los “sabios” que propician ese tipo de reformas pensionales mirarse en el espejo de Argentina donde recientemente las protestas por la disminución de las mesadas pensionales han resultado violentas.

Justo hubiese sido que se le reintegrara al patrimonio de los pensionados lo aportado al SGSS desde el año 2008 cuando se introdujo la arbitraria obligación mencionada. Pero ante su inviabilidad financiera, el Congreso se decantó por la solución de atenuar el impacto económico en el presupuesto familiar del pensionado, reduciendo su cotización al 4% de la asignación mensual. Eso es lo que sufragan los trabajadores activos. Hacer otra cosa hubiera supuesto un tratamiento discriminatorio en contra de los trabajadores ya retirados que, en términos, jurídicos, políticos y sociales, resultaría inadmisible.

Muy clara y concienzuda, la argumentación del Congreso nacional. Su insistencia en el proyecto reitera la idea de que la fuente principal del derecho es la realidad misma. En la visión jurídica del pasado el derecho era un “deber ser” —más o menos riguroso y más o menos teórico— al cual debía sujetarse la vida social. Hoy no es la vida social la que debe adaptarse a las normas sino al revés, de manera que la realidad fluya entre las normas para evitar divorcio entre legalidad y legitimidad. De lo contrario no tienen sentido las instituciones. Pero aún quedan falacias para develar en la próxima columna.

LA BOMBA PENSIONAL: ¿OTRA FALACIA? (II).  POR: AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ

Colombia tiene 24 millones de personas económicamente activas, pero solo ocho millones cotizan salud. Los pensionados son apenas el 9 % del total de los aportantes al sistema de Seguridad Social. En España, con igual población, el número de cotizantes es el doble. Se puede deducir que entre los eventuales desequilibrios económicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) está el de la evasión y elusión de los aportes que les corresponden a los patronos y a los trabajadores independientes.

El Gobierno gestiona el incremento del recaudo mediante un programa de mejoramiento continuo. Sus resultados son tan exitosos, año a año, que cualquier disminución de los ingresos del SGSSS, como efecto de la nueva ley, quedaría compensado en el primer semestre de 2018. En efecto, en el año 2008 los recaudos totalizaban $8,9 billones y en el 2014 ascendieron a $14,7 billones, lo que significa un incremento combinado del 65 %. El total de afiliados que contribuyeron al Sistema General de Salud experimentó un crecimiento sistemático del 24,6 % anual promedio entre los años 2013 y 2016.

El sistema pensional de prima media es atacado, supuestamente, por favorecer a unos privilegiados. Esa es otra falacia: el 70 % de sus pensionados son personas que devengan mesadas iguales o inferiores a dos salarios mínimos (aproximadamente 642.000). Las personas con pensiones superiores a 16 salarios mínimos representan apenas el 0,4 % de los pensionados, es decir, menos del medio por ciento del total (aproximadamente 3.200 personas). Por razones obvias, cada día serán menos.

Ahora bien. Las agremiaciones financieras desacreditan el sistema de prima media, pero no dicen que los fondos privados de pensiones son uno de los negocios más rentables del mundo para sus administradores. Son, en cambio, catastróficos para sus ingenuos afiliados, tal como sucede en las llamadas pirámides financieras. Basta mirarse en el espejo de Chile donde ya quedaron al descubierto. ¡Pero, oh paradoja! En Colombia estos agentes financieros propugnan por la descapitalización del Sistema de Ahorro con prima media, con el objeto de obtener el manejo universal del sistema.

El Gobierno justifica sus objeciones al restablecimiento del equilibrio entre trabajadores activos y pensionados, alegando la difícil situación económica del momento. Pero tal situación es producto de un equivocado manejo de la hacienda pública. La economía también necesita estimular el consumo interno que, en buena medida, se deriva del mejor ingreso de trabajadores y pensionados. A las críticas formuladas frente a los errores de la gestión económica, se responde con otra falacia que ya no da más: Colombia tiene el mejor ministro de Hacienda del continente. Basta recordar: Standard & Poor’s reprobó la gestión del ministro hace pocas semanas, al desmejorar la calificación de riesgo-país.

El tema será estudiado ahora por la Corte Constitucional para una decisión definitiva. Ojalá sus magistrados, que en buena hora se interesan por superar la mala imagen que les dejó un expresidente de la corporación destituido por el Senado, no le prendan una vela a Dios y otra al diablo. Es la mejor oportunidad, como lo anoté en una columna anterior, para rescatar los desdibujados principios del Estado social de derecho.

*Exsenador, profesor universitario. @inefable1

Tomado de www.elespectador.com.  5 Ene 2018 - 1:15 AM

GOBIERNO ASEGURA QUE EN COLOMBIA NO HAY UNA “BOMBA PENSIONAL”

Bogotá, 13 de julio de 2017 (RAM) Según Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, en el país se requiere, más que una reforma pensional, trabajar por la baja cobertura existente, siempre que de 8 millones de colombianos que cotizan al sistema, solo dos millones están jubilados.

Olivera señaló que: “El reto más importante del sistema pensional es la baja cobertura. De 22 millones de colombianos que trabajan 8 millones cotizan y solo 2 se pensionan, es decir que 14 millones de personas no están cotizando un peso para su vejez”.

Y aseguró que también se deben corregir las desigualdades presentes en el sistema porque en el Régimen de Prima Media, debido a que a las personas que más ahorro tienen, más subsidios se les ofrecen.

Olivera entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos, enfatizando que no hay una bomba pensional en el país.

Olivera dijo que el Estado no ha dejado de pagar una pensión y nunca lo hará: “Colombia se gasta el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, en pensiones, es decir que no hay una bomba pensional”.

Acerca de la posibilidad de su renuncia, Olivera dijo que por ahora estará cuidando las pensiones de los colombianos.