miércoles, 10 de enero de 2018

LA BOMBA PENSIONAL: ¿OTRA FALACIA? (I). POR: AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ


LA BOMBA PENSIONAL: ¿OTRA FALACIA? (I).  POR: AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ

En buena hora, y con muy buenas razones, el Congreso nacional desvirtuó las objeciones presidenciales al proyecto de ley que modificó la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados. Sin embargo, casi nadie se ocupó del tema, a pesar de sus implicaciones constitucionales y su directa relación con los principios del Estado social de derecho. De un tiempo para acá, los intereses de los pensionados se vienen lesionando sistemáticamente. El Congreso propuso un cambio del porcentaje de cotización, que el Gobierno quiso manejar a base de sofismas.

Las cotizaciones obligatorias para la atención en salud son rentas parafiscales. Se cobran a un grupo específico de la población para financiar un servicio a sus aportantes. En consecuencia, no forman parte del presupuesto nacional. La primera falacia consiste en decir que su recaudo está sujeto a la llamada “regla fiscal”. No es cierto. Lo que el Congreso quiso, al aprobar esta ley que ahora pasa a examen de la Corte Constitucional, fue restablecer el equilibrio económico entre pensionados y trabajadores activos.

Ese equilibrio se rompió con la Ley 1250 de 2008 que estableció, para los pensionados, una cotización del 12% de su mesada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS). Semejante decisión fue injusta: de hecho, el trabajador, al momento de su retiro, ya cubrió durante 20 años o más sus cotizaciones. Por lo tanto, tiene reunido el capital que le garantiza, como lo hace cualquier sistema de aseguramiento, la atención de sus riesgos de salud por el resto de la vida.

Otra falacia proviene de ciertas agremiaciones financieras: sugieren imponer más descuentos y/o gravámenes a las pensiones del régimen de prima media para promover su tránsito hacia los fondos privados. Pero es injusto con el pensionado que tiene ya un derecho adquirido. Menguar el ingreso de quienes ya no tienen plena capacidad laboral es alimentar —esa sí— una explosiva bomba de indignación entre los adultos mayores, sus hijos, nietos y familias. Bien pueden los “sabios” que propician ese tipo de reformas pensionales mirarse en el espejo de Argentina donde recientemente las protestas por la disminución de las mesadas pensionales han resultado violentas.

Justo hubiese sido que se le reintegrara al patrimonio de los pensionados lo aportado al SGSS desde el año 2008 cuando se introdujo la arbitraria obligación mencionada. Pero ante su inviabilidad financiera, el Congreso se decantó por la solución de atenuar el impacto económico en el presupuesto familiar del pensionado, reduciendo su cotización al 4% de la asignación mensual. Eso es lo que sufragan los trabajadores activos. Hacer otra cosa hubiera supuesto un tratamiento discriminatorio en contra de los trabajadores ya retirados que, en términos, jurídicos, políticos y sociales, resultaría inadmisible.

Muy clara y concienzuda, la argumentación del Congreso nacional. Su insistencia en el proyecto reitera la idea de que la fuente principal del derecho es la realidad misma. En la visión jurídica del pasado el derecho era un “deber ser” —más o menos riguroso y más o menos teórico— al cual debía sujetarse la vida social. Hoy no es la vida social la que debe adaptarse a las normas sino al revés, de manera que la realidad fluya entre las normas para evitar divorcio entre legalidad y legitimidad. De lo contrario no tienen sentido las instituciones. Pero aún quedan falacias para develar en la próxima columna.


LA BOMBA PENSIONAL: ¿OTRA FALACIA? (II).  POR: AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ

Colombia tiene 24 millones de personas económicamente activas, pero solo ocho millones cotizan salud. Los pensionados son apenas el 9 % del total de los aportantes al sistema de Seguridad Social. En España, con igual población, el número de cotizantes es el doble. Se puede deducir que entre los eventuales desequilibrios económicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) está el de la evasión y elusión de los aportes que les corresponden a los patronos y a los trabajadores independientes.

El Gobierno gestiona el incremento del recaudo mediante un programa de mejoramiento continuo. Sus resultados son tan exitosos, año a año, que cualquier disminución de los ingresos del SGSSS, como efecto de la nueva ley, quedaría compensado en el primer semestre de 2018. En efecto, en el año 2008 los recaudos totalizaban $8,9 billones y en el 2014 ascendieron a $14,7 billones, lo que significa un incremento combinado del 65 %. El total de afiliados que contribuyeron al Sistema General de Salud experimentó un crecimiento sistemático del 24,6 % anual promedio entre los años 2013 y 2016.

El sistema pensional de prima media es atacado, supuestamente, por favorecer a unos privilegiados. Esa es otra falacia: el 70 % de sus pensionados son personas que devengan mesadas iguales o inferiores a dos salarios mínimos (aproximadamente 642.000). Las personas con pensiones superiores a 16 salarios mínimos representan apenas el 0,4 % de los pensionados, es decir, menos del medio por ciento del total (aproximadamente 3.200 personas). Por razones obvias, cada día serán menos.

Ahora bien. Las agremiaciones financieras desacreditan el sistema de prima media, pero no dicen que los fondos privados de pensiones son uno de los negocios más rentables del mundo para sus administradores. Son, en cambio, catastróficos para sus ingenuos afiliados, tal como sucede en las llamadas pirámides financieras. Basta mirarse en el espejo de Chile donde ya quedaron al descubierto. ¡Pero, oh paradoja! En Colombia estos agentes financieros propugnan por la descapitalización del Sistema de Ahorro con prima media, con el objeto de obtener el manejo universal del sistema.

El Gobierno justifica sus objeciones al restablecimiento del equilibrio entre trabajadores activos y pensionados, alegando la difícil situación económica del momento. Pero tal situación es producto de un equivocado manejo de la hacienda pública. La economía también necesita estimular el consumo interno que, en buena medida, se deriva del mejor ingreso de trabajadores y pensionados. A las críticas formuladas frente a los errores de la gestión económica, se responde con otra falacia que ya no da más: Colombia tiene el mejor ministro de Hacienda del continente. Basta recordar: Standard & Poor’s reprobó la gestión del ministro hace pocas semanas, al desmejorar la calificación de riesgo-país.

El tema será estudiado ahora por la Corte Constitucional para una decisión definitiva. Ojalá sus magistrados, que en buena hora se interesan por superar la mala imagen que les dejó un expresidente de la corporación destituido por el Senado, no le prendan una vela a Dios y otra al diablo. Es la mejor oportunidad, como lo anoté en una columna anterior, para rescatar los desdibujados principios del Estado social de derecho.

*Exsenador, profesor universitario. @inefable1
Tomado de www.elespectador.com.  5 Ene 2018 - 1:15 AM

GOBIERNO ASEGURA QUE EN COLOMBIA NO HAY UNA “BOMBA PENSIONAL”
Bogotá, 13 de julio de 2017 (RAM) Según Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, en el país se requiere, más que una reforma pensional, trabajar por la baja cobertura existente, siempre que de 8 millones de colombianos que cotizan al sistema, solo dos millones están jubilados.

Olivera señaló que: “El reto más importante del sistema pensional es la baja cobertura. De 22 millones de colombianos que trabajan 8 millones cotizan y solo 2 se pensionan, es decir que 14 millones de personas no están cotizando un peso para su vejez”.

Y aseguró que también se deben corregir las desigualdades presentes en el sistema porque en el Régimen de Prima Media, debido a que a las personas que más ahorro tienen, más subsidios se les ofrecen.

Olivera entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos, enfatizando que no hay una bomba pensional en el país.

Olivera dijo que el Estado no ha dejado de pagar una pensión y nunca lo hará: “Colombia se gasta el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, en pensiones, es decir que no hay una bomba pensional”.


Acerca de la posibilidad de su renuncia, Olivera dijo que por ahora estará cuidando las pensiones de los colombianos.

martes, 9 de enero de 2018

Impactante estudio muestra que los herbicidas de glifosato contienen niveles tóxicos de arsénico

Impactante estudio muestra que los herbicidas de glifosato contienen niveles tóxicos de arsénico

         
08/01/2018
Opinión
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Un  nuevo estudio publicado en Toxicology Reports ha demostrado que las evaluaciones regulatorias actuales de los herbicidas más usados ​​en el mundo son incorrectas, con ingredientes como el arsénico que se encuentra regularmente en los herbicidas a base de glifosato y otros pesticidas en niveles tóxicos.

La toxicidad del glifosato está actualmente siendo debatida a nivel internacional por las autoridades reguladoras y de salud, pero rara vez se consideran otros formulantes en herbicidas basados ​​en glifosato (como el Roundup de Monsanto). Los formulantes usados ​​con glifosato son declarados como inertes y confidenciales por la industria de pesticidas.

El Prof. Gilles-Eric Séralini de la Universidad de Caen Normandy, Francia, y sus colegas Dr. Nicolas Defarge y Dr. Joël Spiroux, descubrieron varios hallazgos nuevos que aplastan la afirmación de la industria de los pesticidas de que los ingredientes "inertes" en los herbicidas a base de glifosato no necesita regulación:

Los herbicidas a base de glifosato muestran contener metales pesados ​​como el arsénico. Estos no están declarados y normalmente están prohibidos debido a su toxicidad.

Probado en plantas, formulantes de herbicidas tales como POEA son tóxicos en aislamiento, mientras que el glifosato solo no es tóxico para las plantas a niveles agrícolas normales, pero aparentemente solo en niveles más altos.

Probados en células humanas, los formulantes compuestos de residuos de petróleo tienen un efecto disruptivo más endocrino y son más tóxicos que el glifosato.

Los efectos comparativos del glifosato solo y 14 de sus formulaciones fueron estudiados por el equipo de Seralini. Se demostró claramente que el glifosato no era el principal compuesto tóxico en las formulaciones de herbicidas. Los compuestos a base de petróleo en las formulaciones de herbicidas eran más tóxicos que el glifosato.

Seralini y su equipo también buscaron otros elementos tóxicos y disruptores endocrinos conocidos en 22 plaguicidas, incluidos 11 herbicidas a base de glifosato. Descubrieron varios metales pesados ​​en la mayoría de las formulaciones, en particular arsénico, cromo, cobalto, plomo y níquel, que son conocidos por ser disruptores tóxicos y endocrinos. Todas las formulaciones diluidas excepto una contenían un cóctel de estos metales. Por lo tanto, este fenómeno parece estar ampliamente distribuido en el mundo, ya que las muestras de plaguicidas provienen principalmente de la Unión Europea y América del Norte. En Asia, se encontraron grandes cantidades de arsénico en los herbicidas a base de glifosato vendidos previamente en Sri Lanka antes de que el país prohibiera tales herbicidas debido a preocupaciones sobre CKDu: enfermedad renal crónica.

El Prof. Séralini afirmó el domingo 7 de enero a Pulso Sostenible : "Estos resultados muestran que las declaraciones de glifosato como principio activo de toxicidad son científicamente erróneas, y que la evaluación de toxicidad también es errónea: el glifosato se prueba solo para efectos de salud a largo plazo a nivel regulador, pero los formulantes, que están compuestos por residuos tóxicos de petróleo y arsénico, no se prueban a largo plazo. Solicitamos la publicación inmediata, transparente y pública de las formulaciones y, sobre todo, de las pruebas de salud que se realicen. Los niveles aceptables de residuos de glifosato en los alimentos deben dividirse inmediatamente por un factor de al menos 1,000 debido a estos venenos ocultos. Los herbicidas a base de glifosato deberían prohibirse ".

El director de Pulso Sostenible, Henry Rowlands, concluyó; "Estos resultados muestran que la diferencia entre" ingrediente activo "y" compuesto inerte "es una afirmación reguladora sin bases toxicológicas demostradas, por lo que la prohibición inmediata de los herbicidas basados ​​en glifosato es la única forma de proteger la salud pública. Está claro que el glifosato es un grave problema de salud, pero ahora también está claro que los herbicidas a base de glifosato, a los que todos estamos expuestos, son un riesgo aún mayor para la salud humana que el glifosato solo. Ahora todos necesitamos urgentemente un estudio de seguridad exhaustivo sobre los herbicidas a base de glifosato"


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Elecciones en Colombia: entre la vieja y la nueva política. Por, Giordana García Sojo

Elecciones en Colombia: entre la vieja y la nueva política

         
05/01/2018
Opinión
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Foto: CELAG
El primer semestre del año 2018 será definitorio para los próximos cuatro años de Colombia y de la región. El 11 de marzo se llevarán a cabo elecciones legislativas, en las que los colombianos elegirán senadores y miembros de la Cámara de Representantes del Congreso, y el 27 de mayo serán las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta –de ser necesaria– sería el 17 de junio.

El complejo escenario social y político que atraviesa Colombia está signado por continuos escándalos de corrupción, las incidencias de los Acuerdos de Paz y el posconflicto, la creciente desconfianza de los colombianos ante los partidos políticos, la pobreza, la salud y el desempleo como los más grandes problemas sociales que aquejan a la mayoría de la población.

Históricamente la carrera presidencial en Colombia ha estado ceñida a muy pocas opciones políticas, ya que las mismas familias y grupos detentan la direccionalidad de los partidos políticos. En las últimas dos décadas han sido protagonistas de alto peso la diada hoy enfrentada Uribe-Santos, ambos miembros de las clases gobernantes del país, continuadores del modelo desarrollado por sus predecesores Gaviria y Pastrana.

La percepción negativa de la vieja política ha llevado a la mayoría de los candidatos actuales a intentar deslindarse de la partidocracia, buscando legitimar sus candidaturas por medio de la recaudación de firmas (más de once candidatos) y agrupándose en torno a movimientos no partidistas. Los partidos tradicionales apuestan a su vez por coaliciones fuertes que ayuden a desagraviar su participación y ofrecer una opción plausible.

De más de una treintena de candidatos presidenciales que se avizoraban en 2017, para enero de 2018 hay al menos catorce candidatos que esperan aún consolidar su candidatura mediante mediciones interpartidistas algunas, coaliciones y alianzas otras, perseverancia y audacia las menos apalancadas por maquinarias o plataformas fuertes.

El reto de la abstención

El principal reto a vencer para todos los candidatos será la abstención. Colombia es, junto con Chile, el país latinoamericano con más abstención en elecciones. En los comicios presidenciales recientes, la abstención en la primera vuelta fue de 59,90 % y en el plebiscito sobre los Acuerdos de Paz de 2016 llegó a 62.60 %.[1] El desprestigio de la vieja política ha convertido en clamor popular la necesidad de cambio, por lo que varias de las candidaturas actuales han hecho del “cambio” su bandera programática. Queda la expectativa de si algunas de las propuestas logran romper efectivamente el cerco histórico de la abstención y remover al electorado colombiano.

Coaliciones vs. programas

A la fecha, algunas alianzas se consolidan y otras se mantienen a la espera de las consultas internas que definan los candidatos de movimientos y partidos. Las coaliciones surgen como estrategia para sumar maquinarias que convenientemente puedan incidir en el número de votantes. Sin tener acuerdos consolidados en cuanto a programas de gobierno se asoman y anuncian alianzas que refuerzan tal o cual candidatura. Es el caso de tres de las colaciones que más protagonismo han tomado en las últimas semanas, encabezadas por los candidatos Sergio Fajardo, Iván Duque y Gustavo Petro, respectivamente. El elemento unificador más resaltante es la posición de los candidatos con respecto a los Acuerdo de Paz, cuestión que ha polarizado la disputa a partir de las opciones del Sí o el No en el plebiscito, pero que no implica necesariamente una propuesta programática al respecto.

La derecha se une

La coalición recién armada por la derecha une al partido uribista Centro Democrático y al Partido Conservador, liderado por Andrés Pastrana. Los tres nombres que se manejan como posibles candidatos son Iván Duque, el ungido por Álvaro Uribe como sucesor, Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador y exministra de Defensa de Uribe, y el exprocurador Alejandro Ordoñez, uno de los más extremistas detractores de los Acuerdos de Paz.[2] La principal propuesta de esta potencial coalición consiste en revertir los Acuerdos de Paz y exonerar del pago de impuestos a los grandes capitales y las multinacionales. Como suele suceder, las opciones de derecha se unen fácilmente en una visión similar de modelo social y económico de país, sin embargo, aunque comparten casi el total de los enunciados hasta ahora hechos sobre el programa de gobierno, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras decidió participar por su cuenta.

Vargas Lleras inscribió su candidatura mediante la recaudación de firmas, en un intento de deslindarse de la vieja política apartándose de su partido Cambio Radical, el cual está implicado en procesos por delitos de corrupción y parapolítica.[3] En general, y a pesar del persistente intento de distanciarse del santismo, la propuesta del exvicepresidente se proyecta como la continuación y profundización de las medidas actuales en materia económica y social[4]. Es probable que, de no unirse en una segunda vuelta, Vargas Lleras apoye o sea apoyado por la coalición Uribe-Pastrana.

Centro, izquierda y progresismo

La llamada Coalición Colombia reúne al ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo y su movimiento Compromiso Ciudadano con Claudia López de Alianza Verde y Jorge Robledo del Polo Democrático. Estos últimos dieron paso a Sergio Fajardo como candidato presidencial de la coalición quien enarbola un discurso cauteloso bastante cercano al centro cuyo principal eje programático es la lucha contra la corrupción.[5] Una de las propuestas de Fajardo que más ruido ha generado es la de subir la edad de las jubilaciones, alegando que “si las personas viven más tiempo se debe aumentar la edad de las pensiones”.[6]

Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, quien inscribió su candidatura por firmas a través del movimiento Colombia Humana, busca conformar una coalición de centro izquierda que fortalezca su propuesta. Para las elecciones legislativas anunció la alianza con la también candidata Clara López, de la Alianza Social Independiente (ASI). Aún está por definirse si Petro logrará aliarse con candidatos como Humberto de la Calle del Partido Liberal, quien fuera jefe por parte del actual gobierno de Santos de las negociaciones con las FARC. Petro propone un programa donde el crecimiento vaya de la mano con la equidad y basa su planteamiento en la educación como pilar de la productividad.[7]

El hastío que siente la sociedad colombiana por la vieja política y la creciente deslegitimación de la institucionalidad representada por el gobierno actual, despeja la arena para la participación de candidatos no vinculados a partidos o movimientos tradicionales. Piedad Córdoba es una de ellas. Su candidatura fue inscrita por firmas a través del movimiento Poder Ciudadano y su propuesta programática tiene un claro componente progresista, basado en la reindustrialización, la reforma tributaria “donde los que más tienen paguen más y los que menos tienen no paguen nada” y la inclusión de las mayorías en planes sociales de empleo, educación y salud.[8] Piedad Córdoba ha sido blanco permanente de la estigmatización mediática y política, sin embargo, logró más de un millón de firmas de apoyo en su recorrido por Colombia.[9]

En un documento recientemente publicado[10], la Coalición Colombia de Sergio Fajardo esgrime puntos de encuentro con las propuestas de Gustavo Petro y Piedad Córdoba, sobre todo en lo concerniente a la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos de las mujeres como fundamentos estratégicos de una política social para las mayorías. Resta escuchar el desarrollo de estos ejes transformados en propuestas concretas aún poco enunciadas, por lo menos en el caso de Fajardo, para medir si es posible que en una supuesta segunda vuelta puedan encontrar más puntos en común que divergencias y unirse en una misma candidatura.

La FARC y el desafío de la Paz

La gran primicia política en esta contienda es la participación del candidato del ahora partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), Rodrigo Londoño. Como parte de los Acuerdo de Paz, tendrán cinco curules en las elecciones del Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Para las presidenciales Rodrigo Londoño va acompañado de la economista Imelda Daza como candidata a vicepresidente. La propuesta principal del partido FARC es consolidar la paz como escenario de la nueva política, por lo que todas sus energías están puestas en hacer efectivos los acuerdos, de hecho, la primera comunicación de Londoño en 2018 fue para saludar a las fuerzas militares y policiales del Estado en un gesto que busca profundizar la reconciliación.[11] Más allá de los votos que logre el partido FARC, su participación inaugura un época en la política colombiana, que aún debe vencer el fantasma del exterminio de la Unión Patriótica y trabajar la estigmatización de la disidencia en el sentido común colombiano.

A diferencia de otros años, en 2018 el panorama de las candidaturas presidenciales es altamente heterogéneo. La vieja política no parece tener más credibilidad ni legitimidad lo que alienta nuevas propuestas y advierte posibles sorpresas. Las encuestas se superponen, pero no logran atinar proyecciones certeras, el desprestigio de los métodos con los que se llevan a cabo y los intereses que las circundan les restan credibilidad.[12] Todo indica que en Colombia comienza un tiempo de complejización de la política, donde diversos actores surgen y se organizan para disputar el poder político y el modelo de país.

Notas













Giordana García Sojo
Investigadora de CELAG 
@giordanags




https://www.alainet.org/es/articulo/190169