LA REVERSIÓN DEL
ACUERDO AGRARIO. ALEJANDRO REYES POSADA
El
senador Uribe considera que el acuerdo agrario negociado con las Farc pasó la
línea roja según la cual no se podía negociar el modelo de desarrollo económico
y social del país, y por lo tanto eso le “genera una ilegitimidad
insubsanable”.
Por:
Alejandro Reyes Posada
Ese
modelo existente que Uribe no quiere tocar ha concentrado la tierra en pocas
manos, hasta llegar a un índice Gini de 0,92, probablemente el más alto del
mundo, y, como resultado, ha asegurado la perpetuación de la pobreza de dos
tercios del campesinado que carece de tierras para trabajar. Es un modelo donde
60% de la pequeña posesión es informal, la tierra está mal usada, y la pobreza
estructural es la ausencia de bienes públicos básicos, que además expulsa la
población a la periferia de colonización. Y el senador Uribe cree que ese
modelo de desarrollo no se puede reformar en un acuerdo para sellar la paz con
la última guerrilla campesina del continente.
En
el acuerdo las dos partes aceptan la gran explotación empresarial al lado de la
economía campesina, buscan la generalización de la propiedad privada a los
campesinos con la formalización de siete millones de hectáreas, la distribución
de tres millones y la dotación de bienes públicos para la dignidad humana en
programas de desarrollo con enfoque territorial. El acuerdo agrario es un gran
programa de desarrollo rural para los cien territorios diferenciados por la
geografía, que han estado segregados de Colombia, para integrar al país y
cerrar la brecha de bienestar con la población urbana.
La
otra gran preocupación de Uribe es proteger la propiedad honorable, como si
desde hace mucho tiempo no se hubieran divorciado la propiedad y la
honorabilidad, como ocurrió en la compra de tierras por narcos en la mitad de
los municipios y el despojo violento de los señores de la guerra. La
preocupación mayor en este punto es el recurso que tiene el Estado para
clarificar si la propiedad es privada o baldía y para recuperar los baldíos
indebidamente apropiados, pues más de la mitad de las grandes propiedades,
mayores de 500 hectáreas, que poseen un 54% del área total, derivan sus
títulos, si se escarba en la cadena de transacciones, de una sentencia de
pertenencia de un baldío imprescriptible, es decir, han sido apropiadas
ilegalmente y su título puede ser disputado por el Estado y la propiedad
revertida para alimentar el fondo de tierras.
Es
obvio que ningún gobierno cometería la imprudencia de poner en tela de juicio
los derechos de propiedad de la mayoría, pero el recurso estatal de proteger la
destinación social de los baldíos es crucial cuando se han despojado en
conflicto con ocupantes campesinos que tenían mejor derecho, cuando se los ha
apropiado para capturar rentas de la tierra sin cumplir la función social y
ambiental, y cuando la apropiación ha afectado las reservas ambientales como
ciénagas y playones, rondas de los ríos, páramos y sabanas comunales.
Da
vergüenza que el país siga discutiendo si los campesinos tienen alma, si sus
derechos se deben respetar o ignorar, si la tierra debe seguir secuestrada en
pocas manos y si esos rentistas que viven a expensas de los demás no deben
pagar más impuesto predial. Son debates políticos superados en el mundo
civilizado, que aquí promueven los últimos defensores del feudalismo agrario y
los ofrecen como aportes constructivos para un tratado de paz. Tradición,
familia y propiedad, lemas viejos de la nueva derecha colombiana en auge, que
prefiere el exterminio y sus daños colaterales a la paz negociada, para
conservar los privilegios de los señores de la tierra.
Tomado
de www.elespectador.com 22 OCT 2016 - 12:25 AM