viernes, 24 de agosto de 2018

Superar el síndrome del “títere” y del “traidor”. Por, Fernando Dorado

Superar el síndrome del “títere” y del “traidor”


Ocurre a menudo que las esperanzas revolucionarias de las masas se realizan bajo formas reaccionarias”. A. Ciliga

Hay más verdad en la máscara que llevamos, en el juego que jugamos, la ficción que obedecemos y seguimos, que en lo que se esconde bajo la máscara”. S. Zizek

En Colombia hizo carrera la idea de que Duque es un “títere”. Se basó en que Uribe lo “señaló” como pupilo. “El que dijo Uribe” era la frase usada para promover o descalificar su aspiración. Creativas caricaturas y virales “memes” ridiculizaban la capacidad del candidato. Como recurso electoral podría ser válido pero asumirlo como verdad es un error. Hoy Duque hace dudar a muchos con sus actuaciones como primer mandatario. Unos se ilusionan con una “traición” al estilo Santos y otros hacen fuerza por que el “titiritero” encarne en Duque.

Intentaremos demostrar que es una idea equivocada. Es el resultado de desconocer la historia y los intereses de clase que son el sustento de las actuaciones de las personas y su expresión política. Está en la base conceptual que sirvió para creer y afirmar que “Santos es igual a Uribe” o que “Santos traicionó a Uribe”. Es fruto de la práctica de no captar las diferencias o de hacerlas ver más grandes de lo que son, que es algo propio de la visión lineal y ahistórica.

El origen y la evolución del “uribismo”

Hemos explicado en anteriores artículos que Uribe es resultado de la reacción de una parte de la población colombiana frente a los desafueros de las guerrillas contra campesinos ricos y medios en diversas regiones de Colombia en los años 80s y 90s del siglo pasado (XX). Es un fenómeno socio-político y cultural difícil de entender y aceptar por muchas personas y sectores políticos. Nada tiene que ver con la auténtica y digna lucha campesina por la tierra.

Uribe como ser político se hizo dentro de la clase política tradicional, fue alumno aventajado de dirigentes, ideólogos y personalidades liberales. Y como ser social, era parte de una familia de clase media que por las circunstancias de la vida terminó involucrada con las mafias narcotraficantes antioqueñas que tenían sueños de ser grandes hacendados.

El “uribismo” como corriente política intenta representar los intereses de sectores sociales que se colocaron como meta principal la derrota de las Farc pero, también, desplazar del poder del Estado a la llamada “oligarquía bogotana” que –según ellos– por incapacidad o cobardía habían permitido el crecimiento y poder de las guerrillas. Esos sectores eran los empresarios paisas; los campesinos ricos y medios de todo el país; y las familias católicas de Colombia.

Así, el “uribismo” logró integrar varias corrientes ideológicas que desde 1994 constituyeron un proyecto político de largo plazo. Ellas son: el chovinismo-nacionalista paisa, anti-comunista por esencia; el más radical izquierdismo anti-soviético y anti-fariano colombiano; el clericalismo católico del siglo XVIII; y los teóricos del “Estado comunitario”.

En su dinámica político-militar el “uribismo” consiguió unificar a diferentes fuerzas políticas de las regiones, tanto tradicionales como de movimientos cívicos y políticos emergentes que surgieron al calor de la lucha contra-insurgente que construyó verdaderos ejércitos para-militares con el apoyo de sectores oficiales (estatales e imperiales) y despojó de sus tierras y desplazó de territorios a millones de campesinos, indígenas, negros y mestizos.

Ese proyecto político-militar se apropió durante más de 20 años de importantes áreas del territorio colombiano y logró cooptar el aparato del Estado durante las últimas dos (2) décadas, logrando en cabeza de Uribe llegar a la presidencia de la república (2002) y controlar importantes sectores del Estado (ejército, congreso, cortes judiciales, órganos de control, fiscalía, etc.), y penetrar también en algunos sectores productivos vinculados al sector agrario.

En el proceso de derrotar políticamente a las Farc y debilitarlas militarmente, Uribe hizo múltiples alianzas y concesiones a la “oligarquía bogotana” que decía combatir y a otros sectores políticos que no eran parte de su proyecto inicial. En esa dinámica se convirtió en ficha subordinada del imperio estadounidense y fue utilizado para atacar el proyecto bolivariano de Chávez y de otros gobiernos “progresistas” o de izquierda de países vecinos, acusándolos de ser colaboradores de las Farc. Ha sido un “cachorro” con dinámica propia.

El declive del uribismo

En medio de su “delirio autoritario” Uribe intentó una tercera elección que se iba a convertir en reelección indefinida, hecho que fue desautorizado por el gobierno estadounidense. Desde ese instante su proyecto político inició un paulatino declive. Los enfrentamientos e interferencias ilegales al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y otros desmanes y crímenes cometidos desde y durante su gobierno lo fueron desgastando en el ámbito institucional e internacional. Los dueños de los bancos y grandes negocios se asustaron.

En la elección presidencial de 2010 no pudo elegir un sucesor de confianza y la clase hegemónica, la Gran Oligarquía Financiera Global en su capítulo colombiano, o sea, los Slim, Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Gilinski, Santodomingo, etc., impusieron la sucesión con Juan Manuel Santos para continuar la tarea de Uribe y desmontar el conflicto armado con las guerrillas para garantizar un nuevo ambiente de “paz” para las inversiones globalistas.

Una vez Santos inicia su gobierno, Uribe es desplazado del partido de la “U” fundado en alianza con los sectores más descompuestos de los partidos tradicionales. En 2012 organiza el “Frente contra el Terrorismo” y en 2013 creó el partido “Centro Democrático” con sus más cercanos colaboradores, disidentes conservadores y algunos miembros del M19 para participar en las elecciones de 2014. Desde 2012 se había declarado en oposición al gobierno de Santos cuestionando diversas políticas pero mantenía niveles claves de influencia dentro del ejército y algunas instancias del gobierno aprovechándose de las vacilaciones de Santos.

Durante los siguientes años las relaciones entre Uribe y Santos se hicieron más difíciles y controversiales. Altos funcionarios del gobierno de Uribe fueron enjuiciados, unos huyeron y otros fueron apresados, avanzó el proceso de paz con las Farc, las relaciones con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y otros países se restablecieron y tranquilizaron, Colombia entró a ser parte de Unasur y la CELAC, y Uribe terminó siendo la cabeza de la oposición.

Uribe obtuvo una importante votación para su partido en 2014 y fue elegido senador. Logró constituir una disciplinada bancada parlamentaria bajo su férreo mando y lideró una obcecada oposición a Santos. Su obsesión ha sido garantizar su impunidad frente al peligro de ser enjuiciado por los numerosos crímenes que se cometieron desde cuando fue Gobernador del departamento de Antioquia y en sus dos períodos como presidente de Colombia.

Uribe es consciente que de no contar con la fuerza política que construyó en este período y si no fuera portador de valiosa información que compromete a la casi totalidad de los estamentos del poder político y económico que se involucraron en la guerra contra-insurgente, incluyendo empresas extranjeras y agencias del gobierno de los EE.UU., ya hubiera sido sacado del escenario político y entregado a la justicia. Él lo sabe y mucha gente también.

Por ello, en la coyuntura de las elecciones de 2018, para Uribe era fundamental derrotar a las fuerzas políticas que realmente habían re-elegido a Santos en 2014, o sea, a los sectores democráticos de las clases medias que desde 2010 (Mockus) levantaron la lucha contra la corrupción y a los sectores democráticos de izquierda y progresistas que impulsaban la paz. De ello dependía su tranquilidad y la de muchos de sus cómplices y colaboradores.

¿Por qué ganó el “candidato de Uribe”?

Esas fuerzas democráticas que fueron fundamentales para la elección de Santos en 2014 para sostener y continuar el proceso de paz, nunca entendieron que debían mantener una actitud autónoma e independiente (deslindada) tanto del gobierno como de las Farc, para presionar con eficacia la solución negociada del conflicto armado, constituirse en la fuerza política para consolidar la paz, impedir el incumplimiento de los acuerdos y el regreso del “uribismo”.

Al no entenderlo, entregaron su fuerza electoral a Santos sin contraprestación alguna, permitieron su demagogia y politiquería con la paz, y facilitaron el trabajo político de Uribe. Buena parte de las importantes luchas populares y movilizaciones sociales, entre ellas el paro cafetero y agrario de 2013, fue canalizado por el “uribismo” fortaleciendo su presencia en sectores de la población que fueron esenciales en la coyuntura política de 2018.

Además, las Farc en su embriaguez triunfalista de la “conquista de la paz”, desconociendo el rechazo generalizado que existía entre amplios sectores de la población, le ayudaron –torpe e ingenuamente– a Uribe y todos los sectores comprometidos con los crímenes de la guerra contra-insurgente, a posicionar la idea de que Santos le estaba entregando el país a las Farc y a una izquierda que iba a aplicar el tenebroso paquete “castro-chavista” en Colombia.

A pesar de todas esas torpezas, las fuerzas democráticas avanzaron en lo electoral pero no pudieron evitar que “el que dijo Uribe” fuera elegido presidente. Tres factores contribuyeron con ese avance: 1) El impacto de los escándalos de corrupción y la acción política que aprovechó esa circunstancia; 2) Los errores cometidos por los dirigentes de las Farc en su proceso de hacer política legal que ratificaron ante la opinión pública que no tenían respaldo popular y no constituían mayor peligro, y 3) Que los candidatos democráticos (Petro, Fajardo y De la Calle) se alejaron de cualquier compromiso con ese nuevo partido.

No obstante, Uribe entendió que al desaparecer la “amenaza castro-chavista” encarnada en las Farc, no podía ganar las elecciones con un candidato de su entraña. Por ello, desde septiembre de 2017 postuló a Duque como su candidato sacrificando a Oscar Iván Zuluaga y a otros copartidarios. Una vez Duque es escogido por el CD en un ejercicio de encuestas, organiza una coalición con conservadores (Pastrana-Martha Lucía) y otros sectores de la extrema derecha (ex-procurador Ordóñez) para realizar una consulta inter-partidista el 11 de marzo que se planteó como un plebiscito contra Petro, a quien señalaba como el sucesor de las Farc.

Entre el 11 de marzo y el 27 de mayo los demócratas colombianos reviven la “patria boba”. Fajardo, el candidato del “centro” (Coalición Colombia) confronta a Petro con el discurso uribista permitiéndole a Duque que continuara ganando terreno con un discurso conciliador y “centrista”. Y Petro se concentró en atacar a Uribe acusando a Duque de ser su “títere” confirmando y reforzando su talante de izquierda “vengativa”. Uno de sus acompañantes anunciaba públicamente que su principal meta era “meter preso a Uribe”.

Uribe logra acuerdos con toda la casta política y con la oligarquía financiera para apoyar a Duque en la última fase de la campaña. Petro pasa a segunda vuelta y con las fuerzas democráticas que lo apoyan (un sector verde y polista) intenta presentar a Uribe como la gran amenaza para la democracia. No lo consigue; una parte de las fuerzas democráticas (fajardistas) apostaron por “lo malo conocido” (Uribe) frente a “lo bueno por conocer” (Petro) e inclinaron la balanza por Duque.

Después de las elecciones se quiere hacer creer que Duque ha moderado su posición frente a los acuerdos de paz o la reforma de la justicia por supuestas presiones del FMI. Esa actitud infantil menosprecia lo logrado por las fuerzas democráticas que nadie puede desconocer. Hay algo de esa actitud en la refrendación de la consulta anti-corrupción del próximo 26 de agosto, que “de hecho” las fuerzas democráticas ya votaron y ganaron en la primera vuelta (27-M). A veces no vemos “lo real” por estar pendientes de “lo formal” y, como en el plebiscito de la paz, nos desgastamos.

La coyuntura actual

Para avanzar en el análisis de la coyuntura actual que tiene que ver con la caracterización del gobierno y la actitud de los demócratas (alternativos, progresistas e izquierdas) frente a la nueva situación, se presentan en forma resumida unas conclusiones y algunos otros elementos que se deben considerar para entender las particularidades del momento, no solo en el marco nacional sino regional (latinoamericano) y global. Veamos:

  1. El acuerdo hecho por Uribe con la casta política tradicional tiene como único objetivo detener el avance de las fuerzas democráticas y del proyecto político que lidera Petro.

  1. Para Uribe lo principal es garantizar su impunidad pero no renuncia a su proyecto político. Trata de asegurar lo primero sin olvidar lo segundo.

  1. Uribe y Duque coinciden en lo fundamental; diseñaron su plan desde el año pasado (2017).

  1. A Uribe le sirve que Duque aparente ser “títere” y amague con ser “traidor”. El engaño y negociación requieren de esos papeles y actuaciones.

  1. Uribe ya trabaja en paralelo con el gobierno y sus parlamentarios. Con Duque avanza hacia el “centro” (clases medias) y con la bancada mantiene a Petro tirado a la izquierda.

  1. Uribe y Duque –por lo visto– “tacan” a dos o tres bandas. Tratarán de perfeccionar lo hecho por Santos profundizando sus políticas a favor del gran capital aunque tendrán que “defender” y “beneficiar” a empresarios y productores medios y pequeños.

  1. Uribe y Duque inauguran en Colombia una “nueva derecha” que no solo posará de “anti-corrupta” sino que enfrentará de hecho algunas formas “pre-modernas” de hacer política.

  1. Esa “nueva derecha” es un fenómeno mundial (Trump, Putin, otros) y es resultado de la actual crisis de la globalización neoliberal. En Colombia recién asoma la cabeza.

  1. La política de industrialización de nuestras materias primas propuesta por Petro y recogida por Duque, tiene hoy condiciones nuevas de realización en el ámbito internacional.

  1. Uribe y Duque tendrán que mantener un equilibrio entre tres sectores que los sustentan: la oligarquía financiera transnacional, la burguesía burocrática y los medianos empresarios y productores. No la tendrán fácil pero todo depende de la capacidad política de las fuerzas democráticas.

  1. El gobierno colombiano no está en condiciones de involucrarse en aventuras bélicas frente a la crisis venezolana. Mientras Trump y Putin desactivan la guerra en Siria, en contravía con los intereses de la oligarquía financiera global, no existe la más mínima posibilidad de que se promueva –en el corto plazo– una acción de ese tipo en nuestra región.

  1. La “guerra contra las drogas” y la “nueva guerra post-farc” más degradada que la anterior va a proseguir su dinámica “irregular” mientras los diversos grupos armados ilegales seguirán asesinando “por contrato” a los luchadores sociales.

¿Qué hacer?

En Colombia las fuerzas democráticas siempre han sido cooptadas por la oligarquía y la “izquierda” ha sido utilizada para hacerlo. Pasó con López Pumarejo, López Michelsen y Juan Manuel Santos. Ello por cuanto no se ha luchado con autonomía e independencia. Han existido coyunturas de fraccionamiento de las clases dominantes que por erradas lecturas no fueron aprovechadas. La reforma agraria de Lleras Restrepo (1966) solo fue apoyada y utilizada por liberales progresistas y dirigentes campesinos e indígenas pero el grueso de la izquierda estaba en su proyecto insurreccional y la izquierda legal no supo qué hacer. Igual pasó con Luis Carlos Galán Sarmiento quien enfrentó con valentía a la oligarquía corrupta que se alió con las mafias narcotraficantes pero las izquierdas cortesanas no hicieron nada.

Hace 4 años los demócratas (incluida gran parte de la “izquierda”) se aliaron con Santos para derrotar a Uribe y alcanzar la paz. Se logró el desarme de las Farc pero no se derrotó a Uribe. La práctica demostró que Santos no era igual a Uribe y que Santos no traicionó a Uribe. Fue correcto apoyar a Santos en esa tarea pero no se hizo con la suficiente claridad, fuerza, autonomía e independencia. No se valoraron las fuerzas democráticas que fueron determinantes en la elección de Santos a quien se le entregó ese capital político con base en la idealización de la paz y del proceso. Un inexplicable triunfalismo obnubiló a muchas fuerzas políticas y todo ello se convirtió en un obstáculo que impidió un mayor avance.

Además de liberarnos de esquemas que no nos dejan avanzar debemos superar las rigideces que nos impiden ser flexibles y eficaces. Estar atentos a los cambios que son presionados “desde abajo”, romper el “cascarón electoral”, superar los “egos” y cálculos electorales que nos dividen e impiden un debate abierto y fraterno. Hay que superar la estrategia puramente electoral de las fuerzas democráticas y volver sobre el movimiento social luchando contra el burocratismo y el “sectorialismo” que ha hecho un daño enorme.

En términos concretos hay que superar el “síndrome del títere y del traidor”. Hay que empujar no solo a Duque y a Uribe sino a todos los sectores que propongan iniciativas o reformas que sean convenientes para la sociedad y el pueblo. Hay que “coger por la palabra” a Duque no solo en temas “cosméticos” (no mermelada, anti-corrupción, respeto a la división de poderes, reforma política, etc.) sino también, y fundamentalmente, en temas gruesos como la industrialización de nuestras materias primas y el cambio de la matriz productiva y energética, impulsando proyectos concretos en las diversas regiones y con los pequeños y medianos productores (cafeteros, paneleros, arroceros, ganaderos, paperos, fruticultores, etc.) que son los más interesados en esa política. Los candidatos a alcaldías y gobernaciones deben recoger esas propuestas y desarrollar verdaderos y coherentes movimientos locales y regionales.

Hoy la fuerza de los sectores democráticos es suficiente para avanzar con consistencia en todas las áreas de la lucha política sin dejar de ser oposición y sin aflojar en la denuncia de quiénes son los que están detrás de la coalición de gobierno, cuáles son sus intereses y hasta donde pueden realmente llegar. Lo contrario es enconcharse con base en la idealización de los votos conseguidos en la reciente coyuntura electoral, ponerse a la defensiva y no entender la extraordinaria vulnerabilidad y precariedad de las fuerzas que sostienen a Duque y a Uribe.

Pero dicha acción exige serenidad, inteligencia y estrategia para dialogar e interactuar con la Nación y no solo con los sectores que ya están con nosotros.

Popayán, 22 de agosto de 2018

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado





https://www.alainet.org/es/articulo/194889

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Colombia: la incansable lucha por la justicia. Por, Pedro Santana Rodríguez

Colombia: la incansable lucha por la justicia

Opinión
23/08/2018
Con razón se dijo durante todo el proceso de negociación entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Estado colombiano que en el centro de los acuerdos deberían estar las víctimas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas éstas suman desde el año de 1986 y hasta hoy más de 8.340.000 víctimas relacionadas con el conflicto armado de las cuales aproximadamente 7.3 millones fueron víctimas del desplazamiento forzado, más de 65 mil desparecidos, más de 42 mil secuestrados, cerca de 50 mil niños y niñas víctimas de violencia sexual, se produjo desde ese mismo año y hasta el año de 2015 de acuerdo con la Contraloría General de la República un despojo o abandono forzado de más de 7 millones de hectáreas de tierra que afecto principalmente a pequeños y medianos propietarios. Y de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica se produjeron 223.000 asesinatos desde el año de 1958 y hasta el año 2012, más del 70% fueron víctimas civiles no combatientes. Colombia es un país de víctimas relacionadas con la conflagración armada de más de 50 años. Esos millones de víctimas claman por la verdad de lo que sucedió y por identificar a los responsables de las mismas así como claman justicia, reparación a las mismas y garantías de no repetición.

Lo novedoso de la negociación de la guerrilla de las FARC-EP con el Estado es que la negociación incluyó en el punto cinco de los Acuerdos a las víctimas y aprobó, de acuerdo con la normativa internacional del Derecho internacional Humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, todo un sistema para tratar de garantizar a esos millones de víctimas verdad para lo cual se acordó la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad que ya ha sido instalada y comenzará a operar desde el mes de noviembre próximo durante tres años. Para tratar de brindar justicia se conformó un Sistema Integral de Justicia para la Paz que tiene en su centro una Jurisdicción Especial de Paz, JEP, con 38 jueces seleccionados de forma autónoma por un Comité de Escogencia que mediante convocatoria pública y con un riguroso proceso de selección, fue dado a conocer en el mes de octubre de 2017. Para su entrada en funcionamiento se requería de todo un andamiaje jurídico que creara una justicia transicional lo que implicó una reforma constitucional, una ley estatutaria que la dotara de mecanismos jurídicos para impartir justicia estableciendo una justicia restaurativa que privilegia la verdad y la reparación a las víctimas sobre la justicia punitiva que ha fracasado en el país dado que en materia de delitos relacionados con el conflicto armado la tasa de impunidad supera el 95% de acuerdo con las propias cifras de la justicia en el país. También se requería de una ley que estableciera los mecanismos procedimentales de dicha justicia transicional. Todo ello con una revisión previa de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

Todos los mecanismos han sido aprobados y con el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria sobre el Sistema Integral de Justicia para la Paz, dado a conocer a la opinión pública este miércoles 15 de agosto, solo resta que el Tribunal Constitucional resuelva las demandas de inconstitucionalidad sobre un tema contemplados en la Ley de procedimientos aprobada en el mes de junio del presente año que buscan crear una sala autónoma para juzgar a los militares responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra que fue aprobado en esa ley y que busca restarle competencia y debilitar a esa justicia transicional. Llegar a este punto no ha sido fácil no solo por los cinco años largos que duraron las negociaciones sino por la férrea oposición de los enemigos de esa negociación aunado a los reveses que se presentaron con el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre, la renegociación del Acuerdo y más recientemente la oposición inclemente del uribismo para avanzar en la puesta en marcha de los Acuerdos y los anuncios de este sector político de hacer trizas los acuerdos planteando reformas de fondo a los acuerdos finalmente aprobados por el Congreso de la República en el mes de noviembre de 2016.

El espaldarazo de la Corte Constitucional al proceso de paz

El reciente fallo de la Corte Constitucional a la Ley Estatutaria que define las competencias, los procedimientos y hasta los integrantes de este sistema de justicia, se presenta en medio de un clima enrarecido por el triunfo del candidato presidencial del Uribismo, Iván Duque Márquez, que fue el único candidato que anunció en la campaña electoral reformas sustanciales a los acuerdos logrados por el Estado con la guerrilla de las FARC. Con la declaratoria de constitucionalidad de esta ley la Corte Constitucional le da un fuerte espaldarazo al maltrecho proceso de paz.

El fallo zanja además una serie de discusiones no solo jurídicas sino políticas. Además de brindar seguridad jurídica a los acuerdos y garantizar los derechos de las víctimas resuelve temas que introdujo el uribismo y algunos sectores políticos que tenía como propósito limitar los alcances del acuerdo con las guerrillas. En particular es importante reseñar que el fallo protege los derechos de los excombatientes a no ser extraditados por delitos cometidos en desarrollo y en estrecha relación con la conflagración armada. Ratifica que no podrán ser extraditados por delitos cometidos antes del 1 de diciembre del año 2016 en que se dio por aprobados los Acuerdos por parte del Congreso de la República. Pero además declara inconstitucionales artículos que vulneraban los derechos de los excombatientes a un debido proceso, a la valoración de las pruebas y a la prevalencia de los derechos de las víctimas cuando se solicite la extradición de excombatientes que hayan delinquido con posterioridad al primero de diciembre de 2016. En estos casos señala la Corte se deben evaluar las pruebas tanto por la Jurisdicción Especial de Paz como por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quien en última instancia será quien defina si se aprueba a no la extradición de excombatientes que se hayan sometido a la Jurisdicción Especial de Paz y en todo caso primero deberán responder ante esa jurisdicción por los delitos que no pueden ser amnistiados ni indultados, vaga decir, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra, por los cuales deberán prioritariamente responder ante esa jurisdicción de justicia transicional.

También cabe resaltar que el fallo garantiza que en la jurisdicción especial para la paz permanezcan todos los delitos incluidos aquellos relacionados con la violencia sexual contra niños y niñas que estén relacionados directa o indirectamente con el conflicto. El Congreso de la República en el proyecto de Ley aprobado establecía que esos delitos deberían ser juzgados de acuerdo con el Código Penal ordinario. La Corte estableció que esos delitos también son competencia de la JEP que los deberá juzgar en el marco de la justicia restaurativa que debe aplicar. Aboga en este fallo porque no haya impunidad en estos casos y por estos delitos.

Ante los retrasos evidentes en otros puntos del Acuerdo Final es una buena noticia que la Corte haya dotado a la jurisdicción Especial de Paz, JEP, de las herramientas para que pueda operar. Ahora le toca a esta justicia mostrar resultados en sus investigaciones y en sus fallos. Por fin habrá un instrumento de justicia para conocer la verdad de las atrocidades cometidas por los actores armados del conflicto. Este será a no dudarlo un importante aliciente para avanzar en la construcción de la paz garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. El componente de Justicia esta entonces ahora en manos de los jueces de esta jurisdicción.

Adenda. Este domingo 27 de agosto, se realizará la consulta popular contra la corrupción. Hay que avanzar en estos días para movilizar a la ciudadanía a que vote siete veces SÍ para derrotar a los corruptos. Se requieren un poco más de 12 millones de votos. La terea es difícil pero no imposible.

Bogotá 23 de agosto de 2018.

Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur

https://www.alainet.org/es/articulo/194912

jueves, 23 de agosto de 2018

PADRES, PADRONES Y EUNUCOS. Por, HECTOR ABAD FACIOLINCE


PADRES, PADRONES Y EUNUCOS. Por, HECTOR ABAD FACIOLINCE
20/08/2018

La Iglesia Católica, a partir de los movimientos de liberación sexual (cuyo auge llegó en la segunda mitad del siglo pasado), quedó situada en una posición muy incómoda cuando pretendió seguir imponiendo su moral sexual tradicional en un mundo que cambiaba rápidamente. Para quienes crecimos en el último tercio de ese siglo fascinante, el XX, hubo un claro choque entre aquello que nos decía la ciencia, y lo que intentaba inculcarnos una religión anclada a visiones sexófobas muy antiguas, que se remontaban a citas del antiguo testamento y a epístolas de San Pablo.


En la adolescencia, médicos y psicólogos nos informaban que no había nada malo en masturbarnos, y que este goce solitario nos ayudaría a tener más tarde una sexualidad sana y placentera, en compañía. Pero al mismo tiempo los curas nos advertían que esa misma actividad era pecaminosa y que cada paja era una piedra que empedraba el camino al infierno. Mientras los biólogos nos decían que cierto porcentaje de la población tenía espontáneamente deseos homosexuales que no debían reprimirse sino vivirse con alegría y libertad, los sacerdotes insistían en que la homosexualidad era “contraria a la ley natural”, “intrínsecamente desordenada”, y que no podía “recibir aprobación en ningún caso.”

Con la aparición de la píldora y de métodos anticonceptivos accesibles y seguros, nuestra iniciación sexual se desligó de los sórdidos prostíbulos de las generaciones anteriores (y de las enfermedades venéreas que parecían ser su castigo inevitable) y con amigas y novias, en un acuerdo entre iguales, pudimos disfrutar de buenas relaciones sexuales prematrimoniales. Pero mientras nosotros aprendíamos y nos divertíamos, la jerarquía católica seguía enseñándonos que estos comportamientos eran fornicación y pecado, que el sexo solo podía ejercerse después del matrimonio y con el único fin de procrear.

Lo anterior no es lo más grave ni lo más triste. Lo más grave es que mientras la Iglesia predicaba y ordenaba que nos sometiéramos a esas antiguas costumbres de represión y abstinencia, muchos de sus sacerdotes y jerarcas, incapaces de practicar la castidad que tanto recomendaban desde el púlpito y los confesionarios, abusaban de menores de edad, tocaban y violaban a seminaristas, dejaban embarazadas a alumnas, sirvientas y aspirantes a monjas. Y algo peor, cuando estas cosas se sabían, obispos y cardenales las ocultaban y tapaban porque “lo que la Iglesia más odia es el escándalo”, y había que defender a toda costa el prestigio de la milenaria institución cristiana.

La justicia de Estados Unidos destapó esta semana mil casos de abuso sexual infantil y juvenil cometido por curas católicos en Pennsylvania, y el ocultamiento de estos que no son solo pecados (según la doctrina), sino también delitos y crímenes contra menores indefensos, cometidos en colegios, seminarios y hospitales. Esto no es nuevo. Basta leer novelas españolas del siglo XIX (recomiendo La Regenta de Clarín y Tormento de Galdós) para saber que casos de curas lúbricos ha habido siempre. Para evitar el escándalo la Iglesia ha practicado sin tregua la hipocresía y cometido el delito de encubrimiento.

Es posible que la Iglesia sobreviva a estos escándalos que la dejan tan mal parada, pero yo (desde afuera y como un no creyente post-cristiano) me pregunto si no les convendría a los católicos plantearse seriamente el celibato voluntario y no obligatorio para todos los curas, y si no le convendría a la Iglesia, para sufrir y hacer sufrir menos, una revisión a fondo de toda su doctrina sexual. No vivimos en un mundo de eunucos y castrados; el ideal femenino no es ser mujeres vírgenes y virginales. Por supuesto que no es posible vivir en “el imperio de los sentidos” y todos debemos al mismo tiempo ser libres y controlar nuestras pulsiones más primitivas, pero no con los viejos dogmas de muy dudosos santos, como San Pablo, que predicaron una represión absoluta, malsana e insostenible.
Tomado de www.elespectador.com