miércoles, 18 de mayo de 2016

Corrupción: mal universal ¿sin solución?. César Ferrari

Corrupción: mal universal ¿sin solución?. César Ferrari
La corrupción ocurre en todo el mundo.

Por: César Ferrari
Cada vez es más visible y prominente en diversas formas: favoritismo en nombramientos o asignaciones de contratos, manejo abusivo del poder, malversación, soborno y cohecho en el gasto público o en la exención o reducción de impuestos.

El caso europeo más emblemático ocurrió en Italia. “Tangentopoli,” una extensa red de corrupción entre los principales grupos políticos y empresariales, fue descubierta en 1992 por la operación judicial “mani pulite.” La operación demolió a los partidos y líderes políticos, incluyendo al primer ministro Bettino Craxi quien para evitar una condena a 27 años de cárcel huyó a Túnez en 1994 en donde murió en 2000.

El latinoamericano ocurrió en Perú. Ante el descubrimiento de hechos gravísimos, el presidente Fujimori huyó del país en noviembre 2000, renunció por fax a la presidencia y fue destituido por el congreso por incapacidad moral. Actualmente está en la cárcel por cinco sentencias en su contra: por usurpación de funciones (6 años de cárcel), matanzas y secuestros (25 años), peculado (7 años y medio), espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y compra de congresistas (6 años), desvío de fondos para impulsar su reelección (8 años). Su hija pretende ahora ser presidente, ¡incomprensible!

La corrupción es endógena. Se explica en gran medida por un sistema político que actúa primordialmente en función de intereses particulares y no generales, en especial de quienes financian las campañas. Se facilita cuando funciona distanciado de la población y sus necesidades, con insuficiente transparencia en la gestión pública, repleto de procedimientos engorrosos, carente de mecanismos de control ciudadano.

Se facilita más aún cuando, en ausencia de instituciones sólidas, se permite la reelección de cargos públicos que convierte al político en un profesional de la política que olvida su responsabilidad como servidor transitorio. Considerándose insustituible, omnisapiente y omnipotente, su interés es perpetuarse directa o indirectamente en el poder, seguramente por prestigio, para beneficiarse o para protegerse de la persecución por corrupciones pasadas. Para ello genera todo tipo de mecanismos reeleccionistas, incluyendo dádivas, promesas y compromisos incumplibles; un populismo presente tanto en la izquierda como en la derecha.

La motivación última de la corrupción puede explicarse en parte por una necesidad de poder para ubicarse como superior, decidir y mandar. La otra motivación está seguramente relacionada con la aspiración de dinero abundante, rápido y sin esfuerzo, alimentada por una cultura consumista y facilista, difundida por los medios y facilitada por unos mercados imperfectos sin regulación, o por el prohibicionismo en otros.

Por ejemplo, los mercados financieros auto-regulados premiaron con salarios y comisiones elevadísimos la construcción de productos y derivados financieros, con riesgos elevadísimos, que originaron la Gran Recesión. El prohibicionismo en la producción, distribución y consumo de drogas adictivas, guiado por un moralismo persecutorio, ha generado mercados ilegales con precios exorbitantes que han convertido al narcotráfico en fuente incontrolable de enriquecimiento y violencia.

De tal modo, superar la corrupción requiere una representación política que atienda intereses generales, gestiones públicas sencillas, transparencia en la cosa pública, control ciudadano sobre la misma, y mercados regulados adecuadamente. ¡Gran reto!



¡Quién manda a los leucémicos a enfermarse en Colombia!. Cecilia Orozco Tascón

¡Quién manda a los leucémicos a enfermarse en Colombia!.
Cecilia Orozco Tascón

La explicable reacción de ira en el país por la demostración de la brutal cultura machista, expresada en el concepto que una abogada (¡una mujer!) elaboró culpando a Rosa Elvira Cely de su violación y asesinato, no ha aparecido frente a la también brutal agresión que sufren los enfermos colombianos de leucemia, condenados por una multinacional de medicamentos a morir rápido o a matar por quiebra el famélico sistema de salud de esta nación.

Por: Cecilia Orozco Tascón

Tanta indignación produce el caso de Rosa Elvira como el de nuestros pacientes de cáncer que tienen, teóricamente, el derecho de prolongar o de salvar sus vidas aunque la farmacéutica Novartis deje de ganar unos miles de dólares al año que no le hacen falta para nada, puesto que es la tercera en el planeta en su negocio, con ventas netas reportadas, en 2014, de US$58.000 millones.

Extraño que no haya cadenas en las redes sociales ni manifestaciones en las calles para protestar por las amenazas de la multinacionacional suiza contra Colombia desde cuando se anunció la eliminación de la exclusividad que tiene su droga conocida como Glivec y cuyos precios exorbitantes se deben al monopolio que ejerce en el mercado. En cambio, Novartis se ha movido: logró que sus pares en el dominio mundial de medicamentos, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos y hasta la organización europea del ramo, se unieran a su causa inmoral contra este país pobre y marginal. Le resulta muy fácil frenar la competencia a los precios de su Glivec amenazando con sanciones diplomáticas y económicas al país. Y tal vez lo logre: al diablo con los leucémicos. ¡Quién los manda a enfermarse aquí y no en el primer mundo!

Este es un resumen de la ofensiva que han recibido nuestras embajadas y las notificaciones sobre los castigos que recibiremos: la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) —agencia presidencial encargada de recomendar y desarrollar la política comercial— y el Comité de Finanzas del Congreso norteamericano (TPSC) declararon su “inquietud” por el anuncio del Ministerio de Salud y pidieron cita al embajador Pinzón para manifestarle su “preocupación mayor” por este asunto, advirtiéndole que “un grupo significativo de congresistas relacionados con la industria farmacéutica” podría actuar “creando un inconveniente en la aprobación de los recursos” para el programa Paz Colombia.

El jefe republicano del Comité de Finanzas del Senado, Everett Eissenstat, fue más allá: intimidó a Colombia con la posibilidad de aplicarle un “tratamiento especial” como nación violadora de los derechos de propiedad intelectual, y con “interferir” intereses de nuestro país en Estados Unidos; la Asociación norteamericana de Manufactura de Farmacéuticos hizo saber por escrito que “no existe una situación de emergencia pública” que justifique ponerle competencia a Novartis; la Federación Europea de Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), con un tono más moderado, pero, en todo caso, exhibiendo su poderío, afirma que “no es claro” para Europa cuáles son las razones que justifiquen enfrentar un medicamento genérico al costoso Glivec. Novartis se las trae, no solo conquistando la política internacional. También lo hace con la nacional: consiguió, en 2012, que el Consejo de Estado fallara a su favor y contra una decisión de la Superintendencia de Industria que le había negado la patente monopolística para Glivec. La consecuencia de tal decisión judicial es la que estamos viviendo hoy: una tableta de 400 mgs., dosis día, cuesta $129.000; el tratamiento mensual asciende a $4 millones; y el anual a $46 millones. Antes del funesto fallo del Consejo de Estado, esos precios se redujeron a la mitad. Y si hubiera medicamentos genéricos hoy, estos costarían, en su orden, $23.000 día, $708.000 mensual y $8 millones anualmente. Esto es lo que la gente llama, con razón, el capitalismo salvaje.


Blindaje. Alfredo Molano Bravo

Blindaje. Alfredo Molano Bravo

En el camino al antiguo campamento de La Caucha, en el páramo de Sumapaz, donde vivían Marulanda, Jacobo y otros comandantes, hay un sitio llamado Tripa de Yeguas, una laja resbaladiza y peligrosa.

Por: Alfredo Molano Bravo

Otro sitio, lejos de allí, donde se da cita el establecimiento a conversar y también a mandar, se llama Mesa de Yeguas. Hay tierra de por medio entre unas y otras yeguas. Hoy parece que esos dos puntos pueden llegar a cruzarse en La Habana. El 13 de mayo, día de la Virgen María y del cumpleaños de Marulanda, la mesa de negociaciones de La Habana da a conocer públicamente el acuerdo que hará posible el blindaje de lo que se firme y ponga fin a la larga y sangrienta guerra que hemos sufrido. Es un acuerdo trascendental porque siendo la negociación de la agenda difícil, más difícil eran –y siguen siendo– las garantías de cumplimiento.

Así como el Gobierno ha trazado gruesas líneas rojas, también la guerrilla ha impuesto las suyas, una de las cuales es el fin del paramilitarismo como condición para hacer posible la dejación de armas. El Gobierno ha mostrado voluntad de controlar ese engendro creado al mando de Lleras Restrepo cuando permitió que el Ejército armara la población civil para combatir a la guerrilla. Santos ha dicho que tiene presas mil unidades de lo que ahora se llama Grupos Armados Organizados (GAO), cuyo nuevo estatus permite al Gobierno bombardear sus campamentos. Un paso avanzado –y valiente, lo reconozco– frente a la complacencia que la fuerza pública había venido mostrando. Pero una cosa es atacarlos y otra desmantelar sus estructuras, y para eso se deberá llegar más adentro: hasta las “manzanas podridas”, que son su resorte vital. Es ahí donde Santos necesitará del total apoyo y la colaboración de EE. UU. porque, al fin y al cabo, es allá donde saben dónde ponen las garzas. Sus poderosos aparatos de inteligencia y contrainteligencia son el instrumento más afilado para meterle la mano de una vez por toda a ese mecanismo que ha hecho imposible todo acuerdo de paz.

La figura de Acuerdo Especial hace posible que lo suscrito en La Habana sea parte del bloque de constitucionalidad y puesto, además, bajo la vigilancia del Consejo Federal Suizo y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un gran logro de las partes. Contradice una arraigada tradición de incumplimiento de los gobiernos desde lo acordado con los Comuneros en Zipaquirá a fines del siglo XVIII hasta los firmados con las Dignidades Campesinas hace tres años. El esquema es simple: la gente se organiza y sale a la calle; hay muertos, pero se negocia. Y una vez los manifestantes vuelven a sus casas, se desconoce de hecho lo pactado. Si bien las Farc aceptan la legitimidad del Congreso para tramitar el acuerdo, el Gobierno reconoce su propia debilidad para hacer cumplir los pactos al poner lo que será firmado en La Habana bajo el paraguas del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. La voluntad de las partes es, pues, manifiesta.

El senador Uribe y su guardia pretoriana están furiosos, ardidos y, sobre todo, asustados. La tal resistencia civil que hace recordar la Acción Intrépida de Laureano Gómez que terminó en la defensa a “sangre y fuego” de la policía chulavita puede empujar al país a prolongar la guerra y a condenar a la muerte y al dolor a miles de colombianos con el perverso pero baboso argumento de que el Gobierno pactó con el cartel de la cocaína un golpe de Estado a la democracia. Teme el señor Uribe, con toda razón, que al desaparecer las Farc desaparezcan de la vida política él y sus conmilitones. ¡Que así sea!



Elogio de la dificultad de la paz. Alejandro Reyes Posada

Elogio de la dificultad de la paz. Alejandro Reyes Posada

La inmensa dificultad de alcanzar un acuerdo de paz con las Farc es que el proceso no se limita a desmovilizar un grupo armado que se levantó en armas contra el Estado para redimir al pueblo de la opresión y la miseria, como gustan proclamar, que correspondería al concepto clásico de las guerras civiles, que se resolvían con la victoria de una de las partes o con un pacto sobre el reparto del poder entre gobierno y oposición armada.

Por: Alejandro Reyes Posada

Mary Kaldor, profesora de la London School, define las “nuevas guerras” como una combinación entre violencia política, crimen organizado y violaciones masivas de derechos humanos contra la población¹. Esta situación configura un sistema de guerra, integrado por redes predatorias que ganan más con la guerra misma que con la definición del conflicto por el triunfo o la negociación, articuladas orgánicamente con el crimen organizado, el rentismo de las élites y la corrupción del sistema de gobierno.

Esta nueva definición aclara muchos problemas y plantea desafíos inéditos a la hora de llegar a un acuerdo de paz. Explica por qué las Farc y el Eln se enlazan en redes con el crimen organizado y la corrupción local y regional, por qué a las bandas criminales no les interesa la superación del conflicto armado y por qué tampoco les interesa la paz a los grandes rentistas de la tierra, que despojaron los baldíos destinados a campesinos, ni a quienes obtienen rentas de la corrupción y la debilidad regulatoria del Estado, como los monopolios y los dueños de mercados informales.

Para Mery Kaldor, el conflicto destruye o debilita la capacidad del Estado de asegurar el imperio de la ley y de regular la economía. A su turno, la ausencia de ley provee el contexto para la supervivencia de redes predatorias, que necesitarán reactivar el conflicto de tiempo en tiempo. Por no tener en cuenta esto, cerca de la mitad de los 646 acuerdos de paz firmados en 85 países entre 1990 y 2007 han fallado en los siguientes cinco años, reproduciendo la violencia.

Si las “nuevas guerras” son medios por los cuales grupos criminales usan violencia para crear ambientes inestables en los que pueden prosperar, entonces los procesos de paz deben buscar marginalizar esos grupos y fortalecer el imperio de la ley.

Los procesos de paz de las “nuevas guerras” deben contrarrestar la lógica de las economías de guerra y las políticas sectarias con la construcción de gobernanza legítima. Deben alinear mejor los esfuerzos de paz a niveles internacional, nacional, regional y local. Deben separar el proceso de paz del constitucionalismo interno, que es un contrato social a largo plazo que se construye mediante un proceso inclusivo. Deben reconocer más la complementariedad entre paz y justicia. Dado el carácter persistente de las nuevas guerras, terminar la impunidad generalizada es la única forma de conseguir paz sustentable. Conceptos como los de empresa criminal, para marginalizar y debilitar grupos extremistas, subrayan el papel clave de los mecanismos de justicia en la nueva paz.

El proceso de paz es la creación, en serio, del Estado de derecho en Colombia. Más y mejor Estado para proteger los derechos de la población contra las redes criminales que viven de la violencia y el robo. De todo esto son conscientes Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, arquitectos de una nueva Colombia, y por eso piden, con razón, que los dejen terminar el acuerdo sin presiones indebidas.



1) Mary Kaldor, How peace agreements undermine the rule of law in New War Settings, Global Policy Volume 7, issue 2, May 2016.