martes, 25 de octubre de 2016

LA REVERSIÓN DEL ACUERDO AGRARIO. ALEJANDRO REYES POSADA


LA REVERSIÓN DEL ACUERDO AGRARIO. ALEJANDRO REYES POSADA

El senador Uribe considera que el acuerdo agrario negociado con las Farc pasó la línea roja según la cual no se podía negociar el modelo de desarrollo económico y social del país, y por lo tanto eso le “genera una ilegitimidad insubsanable”.

Por: Alejandro Reyes Posada
Ese modelo existente que Uribe no quiere tocar ha concentrado la tierra en pocas manos, hasta llegar a un índice Gini de 0,92, probablemente el más alto del mundo, y, como resultado, ha asegurado la perpetuación de la pobreza de dos tercios del campesinado que carece de tierras para trabajar. Es un modelo donde 60% de la pequeña posesión es informal, la tierra está mal usada, y la pobreza estructural es la ausencia de bienes públicos básicos, que además expulsa la población a la periferia de colonización. Y el senador Uribe cree que ese modelo de desarrollo no se puede reformar en un acuerdo para sellar la paz con la última guerrilla campesina del continente.

En el acuerdo las dos partes aceptan la gran explotación empresarial al lado de la economía campesina, buscan la generalización de la propiedad privada a los campesinos con la formalización de siete millones de hectáreas, la distribución de tres millones y la dotación de bienes públicos para la dignidad humana en programas de desarrollo con enfoque territorial. El acuerdo agrario es un gran programa de desarrollo rural para los cien territorios diferenciados por la geografía, que han estado segregados de Colombia, para integrar al país y cerrar la brecha de bienestar con la población urbana.

La otra gran preocupación de Uribe es proteger la propiedad honorable, como si desde hace mucho tiempo no se hubieran divorciado la propiedad y la honorabilidad, como ocurrió en la compra de tierras por narcos en la mitad de los municipios y el despojo violento de los señores de la guerra. La preocupación mayor en este punto es el recurso que tiene el Estado para clarificar si la propiedad es privada o baldía y para recuperar los baldíos indebidamente apropiados, pues más de la mitad de las grandes propiedades, mayores de 500 hectáreas, que poseen un 54% del área total, derivan sus títulos, si se escarba en la cadena de transacciones, de una sentencia de pertenencia de un baldío imprescriptible, es decir, han sido apropiadas ilegalmente y su título puede ser disputado por el Estado y la propiedad revertida para alimentar el fondo de tierras.


Es obvio que ningún gobierno cometería la imprudencia de poner en tela de juicio los derechos de propiedad de la mayoría, pero el recurso estatal de proteger la destinación social de los baldíos es crucial cuando se han despojado en conflicto con ocupantes campesinos que tenían mejor derecho, cuando se los ha apropiado para capturar rentas de la tierra sin cumplir la función social y ambiental, y cuando la apropiación ha afectado las reservas ambientales como ciénagas y playones, rondas de los ríos, páramos y sabanas comunales.

Da vergüenza que el país siga discutiendo si los campesinos tienen alma, si sus derechos se deben respetar o ignorar, si la tierra debe seguir secuestrada en pocas manos y si esos rentistas que viven a expensas de los demás no deben pagar más impuesto predial. Son debates políticos superados en el mundo civilizado, que aquí promueven los últimos defensores del feudalismo agrario y los ofrecen como aportes constructivos para un tratado de paz. Tradición, familia y propiedad, lemas viejos de la nueva derecha colombiana en auge, que prefiere el exterminio y sus daños colaterales a la paz negociada, para conservar los privilegios de los señores de la tierra.

Tomado de www.elespectador.com 22 OCT 2016 - 12:25 AM

Usurpación de baldíos. Por: Alfredo Molano Bravo

Usurpación de baldíos. Por: Alfredo Molano Bravo

La tan mentada y resonante cuestión agraria, a la que le hemos dado tantas vueltas y revueltas, se reduce en última instancia a la apropiación de baldíos.

La tierra se la han ido apropiando de hecho los terratenientes, los grandes concesionarios y también los campesinos. Los enfrentamientos en los años 20 y 30 fueron por los baldíos trabajados por los colonos y reclamados por los latifundistas con la venia de los gobiernos y las amenazas de los yataganes de la Policía. Los títulos de propiedad registrados con sellos y firmas son muchos menos que las tierras ocupadas de hecho por unos y otros. Esa debilidad institucional es intencionada para facilitar la expansión de la gran propiedad. El resultado ha sido la violencia, con mayúscula o con minúscula. El Estado no sabe a ciencia cierta cuánta tierra tiene, ni cuánta es de los propietarios –pequeños o grandes– y menos cuánta es de los poseedores. Total, el caos. Los papeles sobre las tierras –las llamadas escrituras– para serlo de verdad requieren el respaldo oficial del Estado, o sea de los notarios, que han sido tradicionalmente, hasta hace muy poco, fichas políticas. Es un reconocimiento basado en la buena fe y entre amigos ese trato no ha sido problema. Pero cuando sale un campesino a reclamar su trabajo sobre una montaña, la buena fe deja de ser fundamento del trato.

Cuando se comenzó a discutir el primer punto de la agenda en La Habana, la tierra, saltó a la mesa el asunto del catastro. ¿Cuánta tierra es baldía y cuánta ha sido apropiada, poseída, ocupada? Quizá sólo el 30% de la tierra tiene títulos con firmas, sellos y resellos . El 70% está el aire. De ahí la urgencia de actualizar el catastro, ponerlo al día, definir de quién es qué. No es una tarea fácil. Pero es difícil, no desde el punto de vista técnico, eso es lo de menos. Lo complicado es la resistencia de los grandes poseedores de tierra a que se la midan y se les destape su tradición legal. Después del despojo de seis millones de hectáreas hecho por la trinca del paramilitarismo, grandes ganaderos y políticos, el Gobierno nombró un superintendente de notariado y registro que una vez terminado el uribato fue nombrado gerente de Fedegán. En realidad no fue un nombramiento, fue una confesión.

La oposición del No al acuerdo de La Habana principia con el No a una actualización del catastro y sacan de los zamarros el argumento de la “buena fe exenta de culpa” para legalizar los papeles que la Superintendencia dejó volando y no alcanzó a firmar. Por esa razón Uribe habla de que el acuerdo es un ataque a la propiedad privada. Quiere dejar que esos seis millones de hectáreas que los paramilitares les robaron a los campesinos sigan en manos de los testaferros de primera, de segunda y de tercera generación. Contra el testimonio de los actuales “propietarios” no hay recurso alguno; la palabra del terrateniente equivale al título de propiedad. Las ubérrimas tierras ganadas con el terror paramilitar quedan en manos de los que fomentaron, financiaron y hoy exculpan a los victimarios. El uribismo busca brincarse la Ley de restitución de tierras para regresar a lo que en su gobierno se sancionó como legítimo.

No es posible que el país se deje meter semejantes uñas en la boca.

Punto aparte. Los políticos encontraron una mina de votos en la prohibición de las corridas de toros. Privilegian un derecho no consagrado explícitamente en la Constitución –y por eso hacen toda clase de maromas– para aplastar a una minoría que tiene una larga tradición cultural y que va a los toros como se va a una ceremonia. Hoy se persiguen con un proyecto de ley, mañana terminarán perseguidas con idéntica arma otras minorías.

Tomado de www.elespecatdor.com. 22 OCT 2016 - 12:24 AM

Del dicho al hecho. Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Del dicho al hecho. Por: Ramiro Bejarano Guzmán

La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ha ofrecido combatir la corrupción, al extremo que pidió hasta extradición para los corruptos, lo cual es apenas un anuncio probablemente bien intencionado, porque jurídica y prácticamente ello no es posible.

A pesar de esos buenos propósitos, no se entiende por qué la Fiscalía está ejecutando diligencias para tumbar un principio de oportunidad ya concedido al empresario huilense Adolfo Castillo Lozada (ACL), quien cayó en desgracia judicial pero está dispuesto a contar todo lo que hizo para que a través de dos particulares se gestionara ante la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) la entrega a título de arrendamiento de diez estaciones de gasolina en Tolima, Huila y Meta, que habían sido incautadas a una controversial familia de Planadas, sindicada de tener vínculos con las Farc.

El asunto tiene complicadas explicaciones judiciales y muchos protagonistas que no es del caso referir. Lo cierto es que aquí está el ovillo del hilo de la corrupción en la DNE, que lleva años de investigación sin resultados. Y sorprende la actitud de la Fiscalía que ahora misteriosamente se opone a que el empresario huilense que está dispuesto a hablar concrete la colaboración, la cual ya avaló en segunda instancia un juez de control de garantías. Con la excusa de que ACL también está vinculado a un insólito proceso por supuestos vínculos con las Farc —lo que no es creíble porque su padre estuvo dos veces secuestrado por este grupo y murió en cautiverio—, la Fiscalía, desde altas instancias, viene impidiendo que esta persona revele todo lo que conoce sobre esa red de corruptela que creció en la DNE y que hoy sigue impune, salvo por la captura de unos pocos.

Como lo han informado varios medios, entre otros El Espectador, el hombre clave que resultaría afectado con las revelaciones de ACL es el ingeniero David Neira Barreto, archiconocido de quienes han tenido que ver con la cuestionada adjudicación de bienes incautados que realizó en tiempos no muy lejanos la DNE. Neira se mueve en altos círculos de la política, pues alterna con voceros de los partidos, tanto que estuvo a punto de que el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, lo nombrara como administrador de los bienes, empeño en el que si bien fracasó eso no le impidió ejercer gran influencia en esa entidad. También se sabe que Neira es cercano de una conocida empresa que también ha sido beneficiaria de bienes de la DNE y que se mueve como pez en las tormentosas aguas de la política, pues funge como prestamista de cuantiosas cantidades que los políticos en campaña le solicitan y “pagan” cómodamente.

El más beneficiado con que se impida al empresario huilense que cuente todo sería Neira, y quienes a través suyo desde hace más de diez años han venido lucrándose de los leoninos negocios realizados con los bienes incautados a la mafia y entregados en administración a la DNE, con la recomendación de destacados hombres públicos, muchos de ellos hoy en posiciones encumbradas. Fácil resulta suponer que si la justicia tocara a Neira, caería el manto que hoy arropa a los poderosos señorones de la política y de los negocios que se enriquecieron gracias a los negociados de la DNE.

La justicia cuenta con evidencias, las cuales inexplicablemente una jueza se negó a recibir, pero que por fortuna su superior las admitió. El fiscal Martínez tiene una oportunidad única de concretar su persecución a los corruptos. No es necesario ni posible extraditarlos, sino oírlos y concederles garantías a quienes como ACL está dispuesto a colaborar, de manera que, por fin, sepamos dónde anidan hoy los ricos que saquearon la DNE.

Adenda 1. Qué tal el cinismo de Uribe y sus tres precandidatos presidenciales diciendo que Santos es desafiante. Lo dicen ellos que controvierten todo a gritos y amenazando a sus contradictores con el desprestigio y con temerarias acciones judiciales.

Adenda 2. Si el atroz crimen del conductor de Cecilia Orozco no fue un atraco más, se trataría de un mensaje al estilo Vito Corleone o Pablo Escobar. Cualquiera haya sido la causa, el gobierno tiene la palabra y la responsabilidad de sancionar a los mafiosos que están detrás de esta orgía del mal.
notasdebuhardilla@hotmail.com. 22 OCT 2016 - 12:25 AM
Tomado de www.elespectador.com


domingo, 23 de octubre de 2016

REFORMA TRIBUTARIA Y SALARIO. POR EDUARDO SARMIENTO

REFORMA TRIBUTARIA Y SALARIO. POR EDUARDO SARMIENTO

La reforma tributaria se entregó por pedazos. Como de costumbre, se trata de confundir al público con tecnicismos que deforman la realidad. Así, con la etiqueta estructural se define un producto que no cumple con el significado del término. Sin mayores explicaciones, se proclama que la reforma tributaria mejorará las condiciones de los grupos menos afortunados.

Por: Eduardo Sarmiento
Las características centrales de un buen sistema tributario son, primero, quienes tienen más pagan más, y segundo, no interfiere con el funcionamiento regular de la economía. Infortunadamente, las dos condiciones no se cumplen en forma simultánea. En general se encuentra que los impuestos más progresivos, como el patrimonio y la renta, son los que más afectan el funcionamiento del mercado y reducen el ahorro. El dilema siempre estuvo presente y durante la era neoliberal, que se inició con Reagan y Thatcher, el mundo se inclinó a favor de los gravámenes indirectos, que son más inequitativos, interfieren menos en la eficiencia del mercado y generan más recaudos. Esta visión se impuso en el país hace 30 años y ha predominado en las múltiples reformas tributarias, que han tenido como constante el desmonte de la tributación progresiva y su reemplazo por la indirecta, y la elevación de la tributación del trabajo con respecto al capital.

Los detalles de la reforma tributaria divulgada por el Gobierno el fin de la semana constituyen un paso más decidido en la misma dirección. Se amplían los productos sujetos al IVA y se eleva la tarifa de 16 a 19 %. Se establece un gravamen fijo a los tenderos y pequeños negocios. Se sustituye el impuesto a la riqueza y al ingreso por un impuesto plano a las utilidades de las empresas y la contribución efectiva se reduce de 41 a 33 %. Así las cosas, se ha configurado una estructura que sustituye los gravámenes directos (los que tienen más pagan más), por los indirectos (los que tienen menos pagan más), se elimina la progresividad del patrimonio y del ingreso a las personas jurídicas y se eleva la carga tributaria del trabajo con relación al capital. La típica reforma tributaria que sacrifica la equidad fiscal para ampliar el recaudo y sostener la rentabilidad del capital.

En el fondo la concepción fiscal se encasilla en la doctrina que justifica bajar el salario como una forma de elevar el ahorro y la competitividad externa. En este sentido, la gestión del crecimiento se reduce a deprimir los salarios y propiciar altas rentabilidades del capital. Así ocurrió en la mayoría de los países en los últimos 25 años y Colombia no fue la excepción: el retorno del capital evolucionó por debajo del crecimiento del producto nacional, la participación de los ingresos del capital en el producto nacional aumentó en forma sistemática y el coeficiente de Gini se deterioró.

En fin, la reforma tributaria es una disculpa para bajar el salario real. Luego del fracaso de la devaluación masiva para rectificar el desajuste de la balanza de pagos ocasionado por los desaciertos de varios años y el deterioro creciente de la economía, el Gobierno y los organismos internacionales no vieron otro camino que reducir los ingresos del trabajo, replicando la experiencia de los países periféricos de Europa. Se equivocan en materia grave. El ajuste se puede lograr por otros medios menos injustos, como una política industrial orientada a ampliar las exportaciones que tienen demanda mundial y una severa regulación financiera para elevar el ahorro del capital. La reforma tributaria, en la forma que está concebida, acentúa las tendencias recesivas de la economía y el deterioro de la distribución de ingreso.


22 OCT 2016 - 9:00 PM. Tomado de www.elespectador.com

SIN ASTUCIAS JURÍDICAS. POR RODRIGO UPRIMNY

SIN ASTUCIAS JURÍDICAS. POR RODRIGO UPRIMNY

La democracia requiere que todos aceptemos los resultados de las urnas, incluso cuando éstos nos son desfavorables.

Por: Rodrigo Uprimny
Apoyé con entusiasmo el Sí en el plebiscito porque creía (y sigo creyendo) que el acuerdo de La Habana nos permite salir con dignidad de la guerra con las Farc. Pero el No triunfó, por un estrecho margen, pero ganó. Y ese resultado debe ser respetado.

Es entonces riesgoso para la democracia y la paz en Colombia que algunos piensen que es posible desconocer los resultados del plebiscito.

Un ejemplo de esa situación es la información salida en algunos periódicos de que la Corte Constitucional podría acoger la tesis de una demanda de Montealegre, para decir que el acuerdo de paz es un acuerdo especial del DIH que, por el solo hecho de haber sido firmado, ya habría entrado al bloque de constitucionalidad y podría ser implementado, a pesar del resultado del plebiscito. Hace meses argumenté que esa tesis no tenía ningún sustento (“La demanda del exfiscal”, mayo 7/16) pues incluso si uno acepta que el acuerdo de paz es un acuerdo especial, que es una tesis defendible, no por ello adquiere automáticamente rango constitucional. Si hace meses esa tesis era jurídicamente débil, sostenerla hoy contra el triunfo del No en el plebiscito es antidemocrático y riesgoso.

Conozco la prudencia e independencia de la Corte Constitucional, por lo que estoy convencido de que ese rumor periodístico carece de sustento y la Corte no acogerá una tesis que es jurídicamente precaria. Pero no dejan de ser preocupantes los rumores de que algunos sectores estarían tentando a los tribunales a que tomaran decisiones que son jurídicamente inaceptables (y todo el mundo lo sabe) pero que darían una supuesta salida para implementar el acuerdo a pesar del resultado del plebiscito.

Aclaro: no estoy diciendo que no debe haber control judicial de las votaciones pues es consustancial al Estado de derecho que los jueces garanticen que las elecciones sean realizadas en debida forma. Y por ello es normal que existan pronunciamientos judiciales sobre el plebiscito, como lo prevé la Constitución. Mi objeción es frente a los esfuerzos de algunos sectores de intentar alguna astucia jurídica para desconocer los efectos jurídicos y políticos del triunfo del No en el plebiscito, que son claros: el acuerdo debe ser ajustado para que pueda adquirir la legitimidad jurídica y política necesarias para poder ser implementado.

Esos ajustes son muy difíciles de lograr pues deben tener dos características en tensión: deben ser sustanciales para responder a las objeciones y preocupaciones que tengan sustento de quienes votaron No, pero deben ser puntuales y específicos para que sean aceptables por las Farc y no afecten la esencia del acuerdo, que fue alcanzado después de largos años de duras negociaciones y recibió el apoyo de casi la mitad de los votantes. Pero debemos lograr esos ajustes razonables. Es el tiempo de la política sin mezquindades para buscar los máximos consensos por la paz; no es el tiempo de las argucias legales que incrementen la polarización.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. @RodrigoUprimny. m22 OCT 2016 - 12:25 AM.
Tomado de www.elespectador.com


martes, 27 de septiembre de 2016

PLEBISCITO: LITERALMENTE, UNA DECISIÓN DE VIDA O MUERTE”: SERGIO JARAMILLO

“PLEBISCITO: LITERALMENTE, UNA DECISIÓN DE VIDA O MUERTE”:
SERGIO JARAMILLO

Por: Cecilia Orozco Tascón. 25 SEP 2016 - 8:48 AM. Tomado de www.elespectador.com

El alto comisionado Sergio Jaramillo afirma que empieza a “respirarse” el entusiasmo por la paz que moverá a los ciudadanos a votar el plebiscito el próximo domingo, cuando el país decidirá si ratifica el acuerdo con las Farc o lo rechaza. Dice que las más generosas para entender, comprender y perdonar son las víctimas directas de la guerra. Pero que, paralelamente a la nobleza de estas, ha habido una campaña “tramposa” y de desinformación “como Colombia nunca había conocido”.

 “Plebiscito: literalmente, una decisión de vida o muerte”: Sergio Jaramillo
“A mí no me asusta la campaña por el no. Me asusta la indiferencia de las ciudades”, dice Sergio Jaramillo. / EFE

Contrario al carácter de reserva que tuvo el proceso de negociación en La Habana, el equipo del Gobierno encabezado por Humberto de la Calle y por usted se volcó a hacer la tarea que se denomina “pedagogía de la paz”. ¿Cómo han vivido el cambio abrupto que implica pasar de la condición de secreto total a la de difusión?
No hubo secreto total: cada vez que llegábamos a un acuerdo, lo hacíamos público. Lo que no quisimos fue trasladar las posiciones en la mesa a los micrófonos. Así cualquier negociación se ahoga, porque se queda sin margen de maniobra. La pedagogía ahora ha sido una sorpresa. Ver el interés de la gente, de quinientos líderes del Atrato esperanzados y ávidos de información en un colegio en Quibdó, o de unos 2.500 estudiantes universitarios entusiasmados en un coliseo en Medellín, es una revelación.

¿Exactamente por qué? ¿Por la curiosidad que genera el proceso, por los sentimientos que despierta en la población o por cuáles otras razones?
Porque se empieza a respirar, por fin, el entusiasmo de la paz.

Particularmente para usted, ¿fue difícil cambiar el “modo compartimento” por el “modo altavoz”?
La negociación fue muy difícil, pero la pedagogía sin pausa nos tiene molidos. Hay que hacerla.

Algunos de los “pedagogos” de oficio de la paz han dicho que por más que intentan, sienten que la gente no los escucha. ¿Usted cree que es muy complicado entender los compromisos del acuerdo?
Para nada. La gente escucha con mucha atención. Hoy en día se encuentran, incluso, grupos de ciudadanos que montan sus páginas web para explicar, ellos mismos, los acuerdos. Uno se llama www.pajarito.co. Es una maravilla.

A falta de información, la gente tiende a suplir la ignorancia con rumores que se dan por ciertos. ¿La diferencia entre esos rumores y la verdad de lo que se negoció es muy grande?
Hemos tenido dos problemas: el primero es que poca gente lee. Los acuerdos, ya le dije, eran públicos. El segundo es que se puso en marcha una campaña de desinformación como Colombia nunca había conocido. Hoy me dijo un periodista que el rumor que más circulaba en las redes era que el acuerdo les quita el 9 % a los pensionados. Son muy tramposos.

¿Quiénes son “muy tramposos”? Los que hacen campaña para votar no en el plebiscito, supongo…
Es obvio quiénes son.

¿Usted teme más a la campaña por el no, o a la indiferencia y el abstencionismo?
A mí no me asusta la campaña por el no. Me asusta la indiferencia de las ciudades. Pero siento que eso está cambiando.

¿En cuáles sectores y ciudades han sido más refractarios a aceptar como verdades y sin sospechas las explicaciones que ustedes están dando?
El país se está despertando lentamente y se da cuenta de que el 2 de octubre se decide el futuro de todos: de esta generación y de la que viene. Los que han tenido la guerra en la nuca, están marchando por las calles. En Quibdó sacaron el martes, en una manifestación, un pendón que decía: “Medellín, Bogotá, Pereira, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Manizales… Colombia… no se olviden de nosotros. El Chocó necesita la Paz”. En Medellín se están movilizando los estudiantes. El riesgo es que para esa fecha no se haya despertado el resto del país.

¿Y qué sensación tiene sobre lo que está sucediendo en las zonas rurales con la radicalización de la campaña por el plebiscito?

Los que vivieron la guerra en carne propia van a salir masivamente a votar. Hace dos semanas estuve reunido con siete mil indígenas en Piendamó, Cauca. Ellos sí saben qué es sufrirla. Ese día tomaron la decisión de votar por el sí.

De los temas y puntos básicos pactados con las Farc, ¿cuáles han sido los más aceptados o los más cuestionados en las charlas que han tenido con la ciudadanía?
Cuando uno explica con calma que este es un acuerdo que salva vidas, integra el país y les da a las víctimas respuestas que nunca han tenido, la gente entiende. Sin duda lo que más molesta es la participación en política. Pero resulta que sin participación en política no hay acuerdo de paz. Ni aquí ni en ninguna parte una guerrilla firma un acuerdo y les entrega sus armas a las Naciones Unidas para luego disolverse sin más. Lo hace para transformarse en una fuerza política. Así fue con el M-19 y así será con las Farc.

La profunda molestia que por momentos se ha generado en unos sectores políticos por el acuerdo, ¿se ha reflejado en los encuentros entre ustedes y la gente del común?
No. Con Humberto de la Calle les hablamos en Medellín a 1.200 presidentes de juntas de acción comunal. La mayoría era partidaria del sí, pero algunos manifestaron que estaban con el no. Todos oyeron en silencio y discutieron civilizadamente. Así también se construye paz.

¿Las actividades de comprensión del contenido de los acuerdos que ustedes están desarrollando incluyen a la población opositora o, claramente, esa porción de colombianos está excluida de sus reuniones?
Incluyen a todo el mundo y a nadie le decimos cómo votar. Como asegura De la Calle, la pedagogía es sin adjetivos. Que cada quien decida. Y –afirmo yo– que cada uno asuma las consecuencias de su decisión.

El Centro Democrático instaló dos vallas en una vía a El Rodadero, en Santa Marta, que decían: “Quieres ver a Timochenko presidente? Vota SI (sic) al plebiscito”. En la parte inferior del cuadro se veían las siglas FARC-EP y a su lado un rifle de asalto, las banderas de Cuba y Venezuela y las fotos de Fidel Castro y Hugo Chávez. ¿Cómo las calificaría?
Como la propaganda de la gente que se quedó sin argumentos.

Pero podrían hacer mella. El senador del uribismo Honorio Henríquez, del Magdalena, hizo “guardia” durante unos días para impedir que las bajaran por violación a normas ambientales, como lo ordenó la alcaldía. “Timochenko presidente” asusta a mucha gente.
Los ciudadanos no son brutos. Yo no me preocuparía tanto.

En la semana que termina se realizó la última conferencia (reunión general) de las Farc en su condición de rebeldes ilegales. Asistieron a ella alrededor de 300 periodistas del mundo. ¿Este fue el “plebiscito” del otro lado de la mesa de negociación de La Habana, para hacer difusión de los acuerdos y ratificarlos?
Claro. Las Farc también debían explicarle a su propia gente qué se acordó. Y tienen que tomar la decisión colectiva de desmantelar la organización armada para crear un nuevo partido político. Eso es lo que están haciendo.

Según los reportes periodísticos, el lenguaje, las actitudes, la conducta individual y colectiva y hasta la vestimenta de los jefes de la guerrilla y de sus militantes rasos son totalmente distintos: de civil, sin armas al cinto, distendidos y hasta divertidos oyendo música y bailando. ¿Qué opina de esa impresión mediática?
Que las Farc, al fin, están entendiendo que su futuro depende de la opinión de los colombianos.

Sin embargo, todavía hay afirmaciones de jefes guerrilleros que ofenden a la gente, como la de alias Romaña que a una pregunta sobre un secuestrado contestó: “ni me acuerdo”.
Eso es cierto: la gente se ofende.

¿Qué les sugeriría a las Farc en este aspecto específico de comunicación?
Que oigan más a los colombianos.

A propósito de oír: ¿qué deberíamos aprender los demás ciudadanos de las víctimas y sus actitudes? Han ido a enfrentar sus resentimientos y dolores mirando personalmente a la guerrilla en La Habana y han dado impresionantes testimonios de perdón…
Para mí, la lección principal es el extraordinario potencial que tiene la paz. Después de reunirse cinco horas con los familiares de los diputados y de oír muchas verdades con respeto y atención, Pablo Catatumbo les dijo: “Hoy con humildad sincera hacemos un reconocimiento público y pedimos perdón. Ojalá ustedes nos perdonen”. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Al día siguiente, Fabiola Perdomo (esposa de uno de los diputados asesinados) me dijo que esa reunión le había cambiado la vida. El perdón libera. Lo que no quiere decir que Fabiola o los demás familiares de los asesinados hayan renunciado a su derecho a que ese crimen atroz sea investigado y juzgado por un tribunal, o esclarecido por una comisión de la verdad. Es lo que va a pasar: todo esto es posible porque hay un acuerdo de paz. Si no, hubiera quedado en la impunidad.

Entonces es cierto que han resultado más generosas las víctimas que quienes no han tenido que vivir la guerra sino de lejos…
Absolutamente. Esa es una de las grandes sorpresas y de los grandes aprendizajes de este proceso de paz. Tal vez eso tiene una explicación: las víctimas no quieren que nadie más sufra lo que ellas sufrieron.

En las últimas horas han aparecido algunos videos de individuos del Magdalena Medio en que amenazan al Gobierno y a unos altos funcionarios –según dicen– por “entregarle el país al comunismo”. Parece un chiste, pero ¿cree que puede llegar una oleada de neoparamilitarismo que atacará el proceso de paz y a quienes firmaron los pactos?
Ese es un tema que hay que tomar en serio y que no se resuelve, simplemente, con nuevas medidas de seguridad. Por supuesto, hay que ponerlas en marcha y ya están acordadas en el punto de garantías de seguridad del acuerdo. Para mí, lo más importante es hacer pactos políticos en las regiones con los diferentes sectores de la sociedad sentados en una misma mesa, incluyendo a quienes en el pasado apoyaron a los paramilitares, para acordar que se va a respetar el proceso de dejación de armas y reincoporación a la vida civil de las Farc; que todos renuncian a cualquier forma de justicia privada y que el Gobierno se compromete a proveerles a todos protección, como es su deber.

Me causó curiosidad que un respetado personaje de la India, el líder espiritual Ravi Shankar, que ha desarrollado métodos de superación de emociones negativas y que es consultor de organismos como la Unesco, haya viajado a encontrarse con víctimas y victimarios. ¿De quién fue la idea de traerlo?
De Francisco Moreno, el hijo del exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo.

¿Exactamente para qué?
Quieren ayudar.

Sobrecogen las imágenes de la reunión que algunos miembros de la comunidad de Ravi Shankar, usted y otros negociadores del Gobierno, los de las Farc y los familiares de los diputados asesinados en el Valle tuvieron en La Habana, cuando todos se toman de la mano con los ojos cerrados (ver www.noticiasuno.com).
Esa reunión fue presidida por monseñor Monsalve, obispo de Cali. Como dije, fueron unos momentos duros en los que todos hablaron desde el corazón.

Personalmente, ¿cómo espera que resulte la ceremonia de mañana y cuáles expectativas y compromisos quedarán de esas imágenes que, en todo caso, serán impactantes?
Es muy positivo que el apoyo de la comunidad internacional, que ya viene dándose, se exprese en la ceremonia de la firma de mañana. Pero, de lejos, lo más importante en este momento es que los colombianos salgan masivamente a votar el 2 de octubre. Es la primera vez, desde el plebiscito del año 1957, en que el futuro del país está en las manos de cada uno de nosotros, de los negros, de los blancos, de los indígenas, de los mestizos, de todo el mundo. O aprovechamos la oportunidad de construir un futuro de paz con las dificultades que esa etapa va a tener, o volvemos al pasado. Es, literalmente, una decisión de vida o muerte.




jueves, 22 de septiembre de 2016

LO QUE AQUÍ SE VA A SABER…Por Marlene Singapur

LO QUE AQUÍ SE VA A SABER…

El ambiente nacional crece positivamente hacia el perdón y la reconciliación. Tal parece que la opción por el Sí ganará arrolladoramente en el Plebiscito de octubre, y que la reinserción de las FARC en la vida política y civil de la sociedad colombiana no tiene retroceso. A eso le apostábamos, y ante ese umbral estamos.
 
Ya la ilusión ha llegado al corazón del país, contagiando incluso a muchos inicialmente reticentes e incrédulos. Es hora de tomar nota de los que mantienen sus dudas, de los que avisan y aseguran un fracaso inminente. Frente a lo que está en juego, ninguna crítica es despreciable.
 
La pregunta hoy es si el Estado será capaz de administrar la gran ilusión nacional frente a un futuro en paz. Si el Estado es tan grande como las promesas de paz que ha anunciado, o si el idílico paisaje sólo existió en nuestras mentes, en los espectáculos, en las felicitaciones mutuas.
 
Habría que prever el gran costo que tendría para el país una posible desilusión. Costos que las FARC y la dirigencia nacional tienen que evaluar muy bien, y asumir sus respectivas responsabilidades. El estado de postración de la ciudadanía defraudada sería peor que el estado de postración de la guerra. En ese caso mejor hubiera sido prolongar infinitamente el conflicto.    
 
Sobre el papel las piezas son claras. Los Acuerdos de La Habana son sensatos, en lo conceptual y lo práctico, considerando lo que hemos pagado en medio siglo de guerra. Sin embargo, es apenas un mapa, un querer-ser, que, si bien es un principio, necesario y construido con dolores durante cuatro años, no deja de ser un mapa imaginario. Por ahora.
 
Alguien aquí tiene que tener la cabeza fría entre el fervor. Alguien aquí tiene que tener la mirada imperturbablemente puesta, en las condiciones reales necesarias para sostener la construcción de la paz en la próxima década. Alguien aquí tiene que velar para que la ilusión no nos sea arrebatada.
 
Esperamos de las FARC que cumplan en reparar a sus víctimas, que no escatimen recursos ni propiedades en esa tarea, y que paguen cuando la justicia diga que lo tienen que hacer. Por ellos y por el país las FARC no pueden fallar, no nos pueden jugar sucio. Aquí se va a saber la estatura de sus ideales y proyecto político, la dimensión de sus palabras.
 
Aquí se va a saber si Juan Manuel Santos uso la paz y al país entero para su proyecto personal de un premio Nobel. Se va a saber si las numerosas reuniones internacionales de pre-firmas, firmas y post-firmas, fueron meros espectáculos engañosos o, por el contrario, bien intencionados y con amor por la patria.
 
Aquí se va a saber si las Fuerzas Militares de Colombia acompañan al país en su ilusión, o seguirán alimentando secretamente proyectos personales o de guerra sucia.
 
Aquí se va a saber si los políticos y empresarios regionales se empoderaron y enriquecieron con el falso discurso paramilitar de la defensa de la 'democracia' y la 'institucionalidad'. Sabremos ahora son capaces de aceptarlo y devolver lo saqueado.
 
Aquí se va a saber quién se escondía detrás de la guerra. Exigimos a cada uno de los actores implicados, que tengan la misma limpieza, sinceridad y grandeza, de la ilusión nacional que despierta hoy la paz en el corazón de los colombianos.

En todo caso,  pase lo que pase, por doloroso que fuera, tendría que ser ganancia para nosotros, por los indudables beneficios que conlleva el difícil proceso de abrir y exponer plenamente a la luz pública, la verdad de cada uno dentro de la Caja de Pandora de la guerra.
 


Marlene Singapur
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