domingo, 17 de abril de 2016

Condena contra Karadzic: una sentencia histórica. Por Kai Ambos

Condena contra Karadzic: una sentencia histórica

Kai Ambos
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) condenó el 24 de marzo al líder serbiobosnio Radovan Karadzic. Casos como este no solamente son importantes a nivel internacional, sino que también resultan relevantes para países como Colombia, en los que tiene lugar el juzgamiento de crímenes internacionales por parte de tribunales nacionales. Karadzic fue uno de los arquitectos intelectuales de la idea de una “gran Serbia”. 
Por: Kai Ambos. Tomado de elespectador.com
El TPIY le impuso una pena de 40 años de prisión debido a su participación muy significativa en una serie de crímenes internacionales cometidos entre 1991 y 1995 en Bosnia y Herzegovina (ByH), una de las varias repúblicas autónomas de la antigua Yugoslavia. Esta pena es efectivamente una cadena perpetua pues Karadzic tiene más que 70 años y tiene que pasar por lo menos 19 años en la cárcel, una vez descontados los casi 8 años de su prisión preventiva y una posible suspensión anticipada después de cumplidos dos tercios.
499 días de audiencia fueron necesarios para llevar a cabo el juicio, se presentaron 434 testigos, 152 declaraciones escritas fueron allegadas al Tribunal y 11.469 documentos fueron admitidos. La documentación completa del juicio asciende a más de 330.000 páginas. La acusación contra Karadzic contenía 11 cargos, los cuales abarcaban genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; de éstos 10 fueron aceptados por la Sala de primer Instancia y solamente uno fue rechazado. La sentencia, con 2615 páginas (¡!), contiene esencialmente cuatro partes, las cuales se refieren a los crímenes cometidos en algunos municipios de Bosnia, al sitio de Sarajevo (capital de ByH), a la masacre de Srebrenica y a la toma de rehenes de personal de la ONU. En todos estos casos la Sala determinó la responsabilidad individual de Karadzic con base en la polémica figura de la empresa criminal conjunta (ECC), así como en su participación significativa en cada uno de ellos.
El punto más polémico es la absolución y, al mismo tiempo (por supuesto en dos situaciones diferentes), la condena de Karadzic por genocidio. La absolución, por un lado, se refiere a los crímenes cometidos en varios municipios, los cuales, según la Fiscalía, constituían un genocidio imputable a Karadzic (cargo no. 1). Esta tesis fue rechazada por la Sala, ya que solamente consideró probado “más allá de cualquier duda razonable” el tipo objetivo de este delito y no así su lado subjetivo, es decir la intención especial de destrucción (dolus specialis). Como es de imaginar, dicha absolución no ha sido bien recibida por las víctimas de estos crímenes, pero sí por los nacionalistas Serbios. Por otro lado, la Sala sí quedó convencida de que Karadzic actuó con la intención especial necesaria con respeto a la masacre de Srebrenica. Como era de esperar, esta decisión fue aplaudida por muchos bosnios, aunque rechazada por los serbios, cuyo Presidente calificó la sentencia como otro ejemplo del prejuicio anti-serbio del Tribunal.
Más allá de estas apreciaciones políticas, se debe afirmar que desde el punto de vista legal, la prueba de la intención especial de destruir un grupo protegido en el sentido del tipo penal (internacional) de genocidio no es nada fácil. En este sentido se hizo referencia al no menos polémico tema del “genocidio” de los turcos contra los armenios (http://bit.ly/1dNsPLo). ¿Como llegó la Sala entonces a ello con respecto a la masacre de Srebrenica? Primero, la Sala identificó una ECC orientada a eliminar la población masculina de los bosnios musulmanes de Srebrenica que se encontraran en buen estado físico; esto lo equipara la Sala con la destrucción “parcial” del grupo protegido por el tipo de genocidio, precisamente en este caso los bosnios musulmanes. La participación de Karadzic en esta ECC la infiere la Sala de una serie de pruebas indirectas, en particular de una conversación con un Sr. Deronjic que él mismo había nombrado como administrador civil de Srebrenica después de la ocupación de la ciudad (para. 5693 sentencia). En opinión de la Sala todo el contenido de la conversación y los términos usados “demuestra la intención maliciosa” (traducción del autor) del acusado de eliminar a los bosnios musulmanes (para. 5805).
Además, la Sala se refiere en este mismo sentido a una serie de actos de Karadzic, por ejemplo a su búsqueda permanente de información sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en Srebrencia, así como a otra conversación con Deronjic en la cual se habló, entre otras cosas, sobre asesinatos y traslado de detenidos (para. 5808). Sin embargo, en el contenido de estas conversaciones no hay ninguna prueba directa de la intención de destruir “parcialmente” el grupo. La Sala infiere el conocimiento de Karadzic sobre estos acontecimientos solamente de modo indirecto, basándose en indicios. Si bien el uso de evidencia circunstancial, especialmente para probar una intención (especial), ha sido aceptada en la jurisprudencia internacional penal, en esta misma jurisprudencia también se ha afirmado que una tal inferencia debe ser la única razonable (“only reasonable inference”, para. 10, 14 y passim), pues solamente así se cumple el estándar “más allá de la duda razonable”.
Esto no es todo, pues el tipo subjetivo del genocidio no exige solamente el conocimiento de los actos destructivos contra el grupo en cuestión, sino también la intención de destruirlo, elemento que la Sala, como “shared intent” (para. 5811), deriva de la participación activa de Karadzic en la implementación de la mencionada ECC conformada para eliminar a los bosnios musulmanes de Srebrenica. ¿Pero en qué consistió dicha participación activa? Para la Sala ésta se puede concluir a partir de la diseminación de información falsa por parte de Karadzic, así como de su falta de intervención en estos acontecimientos. Incluso, el haber formulado elogios y el haber dado recompensas a los autores materiales, o sea su apoyo decisivo a la implementación del plan (para. 5812 s., 5825 ss.), también permitió llegar a esta conclusión. Si bien la Sala distingue entre la intención de discriminación (como elemento subjetivo especial del crimen de lesa humanidad de persecución) y la intención de destrucción de un grupo (como elemento subjetivo especial del genocidio), su fundamentación probatoria de la última no es del todo convincente, sobre todo a la luz del estándar muy exigente de la “única inferencia razonable”. Efectivamente, en este caso hay otras inferencias que también se podrían haber hecho de manera razonable, por ejemplo, que Karadzic tenía conocimiento de los asesinatos, pero no tenía la intención de destruir el grupo de los bosnios musulmanes de Srebrenica.
La Sala parece prever estas objeciones y por eso también condena a Karadzic con base en la doctrina de responsabilidad por el mando, según la cual es suficiente que el comandante haya tenido el deber de conocer los crímenes cometidos por sus subordinados y no haya cumplido sus obligaciones de vigilancia (o sanción). Sin embargo, aquí surge otro problema, ya que no es claro si este estándar de imprudencia puede desplazar el estándar de la intención especial necesario para un genocidio. En mi opinión, esto no es posible; el elemento subjetivo especial debe estar presente si se quiere tratar al superior como autor de un genocidio por omisión; de otra manera solo podría ser tratado como cómplice.
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"Colombia abrió el debate global sobre drogas": Rodrigo Uprimny

16 ABR 2016 - 9:00 PM
El discurso aún está desfasado con la realidad interna del país

"Colombia abrió el debate global sobre drogas": Rodrigo Uprimny

El investigador de Dejusticia habla de los logros y fracasos de Colombia de cara a la Asamblea General de la ONU, que comenzará este martes.
Por: Daniel Salgar Antolínez. Tomado de elespectador.com
"Colombia abrió el debate global sobre drogas": Rodrigo Uprimny
Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador
Para Rodrigo Uprimny, de Ungass 2016 no se puede esperar un cambio en el sistema prohibicionista contra las drogas.
Colombia es protagonista en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas (Ungass 2016). Puertas afuera, el Gobierno colombiano impulsó un discurso progresista frente a las convenciones internacionales. Junto con los gobiernos mexicano y guatemalteco, lograron que se realizara desde este martes, con carácter urgente, la Ungass que estaba programada para 2019, en la que el tema central es la política de drogas. Rodrigo Uprimny, investigador y director del área de política de drogas de Dejusticia, habla de los logros y los fracasos de Colombia en las negociaciones previas a este encuentro en Nueva York.
Algunos dicen que esta asamblea general es “el principio del fin de la guerra contra las drogas”. ¿Es cierto?
Esperábamos mucho más de Ungass 2016. Esperábamos que fuera el comienzo de poner en cuestión el régimen internacional de drogas basado en el prohibicionismo, que no sólo ha fracasado sino que ha producido mucho sufrimiento. Pero los resultados no son muy alentadores. Prácticamente el proceso se cerró en Viena en la reunión de la Comisión de Estupefacientes, el borrador que salió de ahí y que se debería aprobar esta semana en Nueva York trae cosas importantes, pero no pone en cuestión el paradigma prohibicionista.
¿Qué logró Colombia en Viena?
Colombia tuvo un gran liderazgo internacional en este proceso. Primero, Ungass se realiza en gran medida por Colombia y otros que lideran el tema. Segundo, Colombia lideró una discusión que llevó a que se aprobara un documento de la OEA supremamente abierto a discutir la legalización, regulación, etc. Tercero, logró en el ámbito americano una declaración que ponía en el centro del debate sobre drogas los DD. HH. En la declaración de Ungass 2016 eso va a quedar. No en el centro, pero al menos se menciona que la política de drogas tiene que respetar los DD. HH., lo cual ya es un avance.
Colombia llevaba a la ONU planteamientos importantes de armonizar las obligaciones de drogas con las de DD. HH., de discutir abiertamente los resultados del régimen internacional, la descriminalización del consumo, reconocer las políticas de reducción de daños y proponer una comisión de expertos -este último tema no está totalmente cerrado y Colombia debería insistir la próxima semana-. Colombia no logró que todo eso fuera incorporado. Pero sí airear el debate. Hoy el debate político internacional sobre drogas es muy diferente al de hace seis años.
Colombia no logró que el término “reducción de daños” fuera incluido en el borrador de resolución final…
Las experiencias de reducción de daños parten de reconocer que uno no puede eliminar totalmente el uso ni el abuso de drogas, pero sí puede hacer estrategias inteligentes para reducir el daño que ocasiona el abuso de drogas y el daño que producen las otras políticas de control. Es una estrategia al mismo tiempo muy humanista y pragmática. No se logró incluir el término reducción de daños, pero hay varias partes de la declaración donde implícitamente se reconoce.
¿Qué tanto ha avanzado Colombia a nivel interno en reducción de daños?
Colombia tiene aún un cierto desfase entre el discurso internacional progresista y las políticas internas ambiguas. El tema de reducción de daños está incorporado en las políticas. Fue durante el gobierno de Uribe que se aprobó una estrategia global frente a sustancias psicoactivas que incluye la mitigación de daños. Legalmente Colombia tiene el campo abierto para hacerlo y hay varias experiencias piloto. La idea es que la persona pueda convivir con el uso o abuso de sustancias psicoactivas de la mejor forma posible. Eso lleva a que en algunos casos, los usuarios decidan abandonar el consumo. Pero el propósito no es suprimir el consumo, ya sabemos que esa estrategia no funciona.
Otro punto que el país no logró fue la abolición de la pena de muerte.
Hubo ciertos avances y un fracaso muy duro. Entre los avances está que quedó incorporado el principio según el cual hay que evitar las penas desproporcionadas en materia de drogas. En América Latina hicimos un estudio en el que mostramos que las penas para el delito de tráfico no vinculado a ningún otro delito, en muchos países de la región tenían penas más altas que el homicidio y la violación. Eso es una desproporción, porque si uno mira el nivel del daño, está por un lado una persona que vende un producto al que las otras acceden de manera voluntaria, y por el otro es violar o asesinar a una persona. Se logró incorporar el principio de que las sanciones no sean tan desproporcionadas.
La consecuencia lógica de eso sería abolir la pena de muerte por tráfico. Es un tema mínimo de DD. HH., pero hubo mucha resistencia de países asiáticos que son los más duros en este aspecto.
¿Cómo está Colombia en cuanto a desproporción de las penas?
Sigue teniendo penas a mi juicio desproporcionadas para tráfico en relación con otros delitos como homicidio y violación. Son menos desproporcionadas que otros países de la región como Bolivia o Ecuador hace algunos años. Eso se debe no tanto a que se hubiera buscado racionalizar el uso de las penas altas en materia de drogas, sino a que desde la Ley 40 del 93, en la que se incrementó la pena de secuestro y homicidio, éstas crecieron tanto que ya no parecía tan desproporcionado. Pero siguen siendo leyes muy duras.
En Colombia el problema son los cultivos de coca y la cocaína. Este es un punto clave de los acuerdos en La Habana. ¿Cómo se ve esto desde la política de drogas internacional?
Lo que quedó acordado en La Habana es moderado, pero va en buena dirección. En materia de cultivos se plantea una articulación de la política rural, una política de desarrollo rural consistente en la que se puedan acordar programas de sustitución, de tal manera que la erradicación forzosa sea realmente la última opción.
Eso está bien orientado. Eso puede disminuir los efectos negativos de las políticas de erradicación actuales. Que eso vaya a funcionar en el largo plazo para disminuir la oferta, no estoy tan seguro. Soy escéptico de la capacidad de disminuir la oferta mientras existan la prohibición y el consumo. Lo máximo que Colombia lograría es disminuir la oferta colombiana y pasar el problema a los vecinos. No creo que haya una capacidad real de disminuir de manera duradera la oferta de cocaína. Por eso soy crítico de la prohibición.
¿Cuál es el gran reto para el Estado en la sustitución? ¿Se trata sólo de proveerles a los campesinos opciones para que tengan cultivos igual o más rentables que los de la coca?
Es más que eso. Algunos han preferido abandonar la idea de sustitución de cultivos. A pesar de que el acuerdo de La Habana utiliza esa expresión, se habla no de sustitución de cultivos sino de desarrollo alternativo, para decir que el tema no es encontrar el cultivo que sea más rentable que la coca, sino generar las condiciones institucionales y económicas que hagan atractivo estar en la legalidad, de tal manera que aunque pueda estar en un cultivo que teóricamente sea menos rentable que la coca, globalmente alguien prefiera estar en la legalidad que tomar riesgos.
Así sí puede funcionar. Si uno tiene una oferta institucional que le ofrezca al campesino condiciones de vida dignas con cultivos que tengan acceso a mercado y condiciones institucionales más solidas, entonces uno puede lograr disminuir esos cultivos ilícitos.

Oro, coca y carne blanca. Por: Tatiana Acevedo. Tomado de elespectador.com

Oro, coca y carne blanca

Tatiana Acevedo
Tres persecuciones se llevaron a cabo en la semana que termina.
Por: Tatiana Acevedo. Tomado de elespectador.com
En el sur del país, autoridades rastrearon a la banda que secó un río. En el oriente, a la que aniquiló la capa vegetal de una vereda. En el norte, a la que inició un incendio forestal que aún no se ha podido controlar.
Al río Sambingo, en el Macizo colombiano, entre los municipios de Mercaderes y Bolívar, Cauca, lo secaron con mercurio. Según explicó la Fiscalía, el río fue contaminado en la búsqueda de oro con “altas cantidades de mercurio”. La acumulación del mineral desbarató la ribera, afectó el agua y hasta cambió su curso. El oro resiste la corrosión y es codiciado en distintas industrias, incluyendo las del estatus y el amor. Muestran las telenovelas que la plata nueva viene con cadenas de oro amarillo de patrimonio y la plata vieja con anillos de oro blanco de matrimonio.
A la vereda San Miguel de Tibú, en Norte de Santander, la dejaron sin vegetación. Según explicó Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón Coveñas empezó a chorrear petróleo tras la instalación de una válvula ilícita. Las autoridades declararon que el hidrocarburo se roba y se transporta a la selva del Catatumbo en donde es refinado y convertido en gasolina “pategrillo”, vital en el procesamiento de la pasta base de coca. Pasta base y cocaína son estimulantes del sistema nervioso central. La primera es un residuo de la segunda, es mucho más barata y se fuma.
150 hectáreas de rastrojos y arbustos en Pueblo Viejo, Magdalena, fueron consumidos en un incendio forestal. La corporación autónoma Corpamag, explicó que cazadores de hicoteas empezaron el incendio. Las hicoteas, tortugas del agua dulce, se mueven entre lagunas, ciénagas y ríos. Para cazarlas se queman los alrededores de sus hábitats. Son consideradas una delicia culinaria de Semana Santa (se come para no irrespetar la Cuaresma). Hay quienes las consumen como afrodisíaco o las compran como mascotas familiares.
Los que buscaban oro, los que sacaban combustible para procesar coca, los que atrapaban tortugas, todos son parte de cadenas largas, frágiles. Su debilidad proviene también de la propia naturaleza, que sabotea cualquier plan. Las propiedades del agua la hacen propensa a contaminaciones rápidas, sin forma ni horarios. El crudo que sale del oleoducto penetra la tierra que lo recibe, porosa. La candela se une al viento y sigue sin mapa por el ecosistema de la ciénaga.
Los grupos de hombres capturados en flagrancia reciben en sus cuerpos el mercurio, refinan gasolinas y respiran gases, persiguen tortugas con mucho riesgo y pocas ganancias. Gente que está en otra parte, que hace las cuentas, los contactos, organiza la protección armada, se lucra más y más fácil. Todos son parte de cadenas largas, en las que en algún punto el producto oro, coca o carne blanca, pierde su historia y pasa a significar placer, goce, alegrías. Y tras las capturas van a venir otros hombres para volver a comenzar a buscar oro en otro río, a robarle al oleoducto, a cazar tortugas todos los abriles.
Las imágenes tras las noticias son devastadoras. El río Sambingo que surtía de agua a 13 municipios aparece muerto, ahuecado, como una foto de otro planeta. La tierra de Tibú cubierta de gris, sin agua ni animales. Las hectáreas quemadas amarillas, atravesadas por lagunas panditas, llenas con peces muertos. Son los ritmos del país, los de la extracción de recursos, las persecuciones inocuas, las repeticiones absurdas.

    lunes, 29 de febrero de 2016

    LAS MARINAS EN CARTAGENA, UN TEMA DE CIUDAD NO DE LA DIMAR Por: Juan Diego Perdomo Alaba

    LAS MARINAS EN CARTAGENA, UN TEMA DE CIUDAD NO DE LA DIMAR
    Por: Juan Diego Perdomo Alaba. @perdomoalaba en Twitter

    El mercado potencial que tiene el turismo náutico es inagotable. Dicen los entendidos del tema que genera empleo, oportunidades de inversión y desarrollo económico. Colombia seduce a esta industria por las ventajas comparativas que tienen nuestras costas para la llegada de este tipo de proyectos náuticos y su ubicación geográfica privilegiada al estar debajo del cinturón de huracanes.

    En la actualidad existe un mercado creciente de venta de yates que por supuesto genera  nuevos negocios y no hay marinas suficientes para albergarlos. Hay más de dos millones de embarcaciones en el mar Caribe que no arriban a Cartagena por no haber infraestructura, un nicho que al vuelo, estamos perdiendo. Las únicas del Caribe son las de Santa Marta y Puerto Velero en Barranquilla sin contar la del Club Náutico de Cartagena que es igual que nada.

    Las marinas básicamente son un parqueadero formal de embarcaciones, un puerto en agua o tierra con infraestructura de servicios para que yates, veleros y embarcaciones privadas puedan estacionarse, abastecerse y guarecerse. Es casi que un hotel náutico.

    En vista de este mercado emergente, a mediados de 2015 el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras se interesa en el tema y lo promueve. Para tal propósito delega al viceministro de Infraestructura, el cartagenero Iván Martínez, su ficha junto a Natalia Abello en la cartera de Transportes, quien como asegura una fuente que pide la reserva de su identidad, al parecer hace los mandados, pero cuando se le cita al Concejo de Cartagena para hablar del tema no aparece.

    Hasta entonces, poder tramitar un proyecto para una concesión de una marina era engorroso. Mucho trámite, desgaste y plata invertida sin seguridad de nada.

    Con la concebida capacidad de gestión del Vice, se expidió entonces una resolución que haría más sencillo el trámite, la 489 de agosto de 2015 que establece los criterios para la expedición de concesiones para marinas. Al día siguiente de su expedición ¡saz! Llegaron proyectos a tutiplén.

    De ahí en adelante sería la Dirección general marítima (Dimar) la encargada de revisar los proyectos, convocar a los proponentes y pasar comunicación a los entes del nivel central involucrados quienes dan el “ok” acusando así la etapa de prefactibilidad.

    Según Antonella Farah, directora ejecutiva de la Asociación Náutica de Colombia (Asonáutica) hay a la fecha 35 proyectos de marinas en Colombia de los cueles 12 son en Cartagena, ninguno aprobado ni en etapa de factibilidad, asegura. Entre esos hay uno que ha causado polémica y es el que Marina Miramar quiere desarrollar en la bahía de Manga donde ya hay tres: Club de Pesca, Club Náutico y Eduardoño, marina que colinda con la Sociedad Portuaria. Dicho proyecto estaría ubicado entre el Club Náutico y el Muelle Turístico.

    Julio Romero, presidente de la Asociación de vecinos de Manga (Asomanga), comenta que los mangueros no están de acuerdo con las marinas en sitios residenciales ya que no hay las condiciones de infraestructura, además porque el barrio está saturado, tugurizado. Sufre problemas de seguridad, movilidad y parqueo. Sin embargo, reconoce en ellas una oportunidad para la ciudad y sugiere ubicarlas en sitios donde generen desarrollo y crecimiento económico, pero bien pensadas y planificadas. Bazurto, El Bosque, Barú, zona norte, propone.

    Entretanto, el alcalde de Cartagena Manolo Duque, en un buen ejercicio de cabildo abierto con la comunidad del barrio Manga en el paseo peatonal, escuchó atento su queja y anunció que en su gobierno, por lo menos ahí, no iban las marinas. Sin embargo, no dio alternativas.

    Recientemente expresó que Cartagena necesita un plan maestro de marinas. Pues un buen comienzo sería estudiar el Plan nacional de turismo náutico, presentado en 2013, que tiene entre sus objetivos diseñar una red de marinas, muelles  y bases náuticas con posibilidades de competir con los países líderes del área Caribe y Pacífico. El Plan, financiado por el Gobierno Nacional, se propone la construcción de 10 marinas en el Caribe colombiano, en el que Cartagena es fundamental para ese corredor náutico.

    Ahora, el argumento de los amigos de las marinas en todos los cuerpos de agua de Cartagena no puede ser compararla con Mónaco y otras ciudades fuertes en ese tipo de infraestructuras marítimas porque somos una urbe, que por compleja, está mal planificada, desordenada. Con altísimos problemas de densificación, caos vehicular y seguridad. Estamos casi apiñados. Concentrar proyectos dentro de la ciudad aceleraría su implosión. Urge entonces un proceso de renovación urbana y finalización de proyectos que se le debe hace décadas y que por falta un plan de desarrollo prospectivo a 20 0 30 años nada pasa. Es ahí donde aparecen los Dionisios irresponsables a regar obras inconexas sin ningún tipo de planificación previa y con plata prestada.

    ¡Claro! por supuesto que se necesita una marina y hasta dos y tres. Pero NO en zonas residenciales. La directora de Asonáutica precisa que el turismo náutico es el que mayor empleo genera en el mundo, y así exagere, no es falso que sí brinde oportunidades y genere nuevos desafíos. La idea es que esas oportunidades lleguen con contundencia a la población menos favorecida, que no sea solo discurso. Un yate por ejemplo invierte hasta el 10 % de su valor en mantenimiento y “engalle”, y sus dueños son derrochones, gastan. Dejan plata en a donde llegan.

    Más del 50% de los tránsitos anclan en áreas de fondeo. Sólo el 25% utilizan las marinas de la costa de Colombia, debido a la falta de infraestructura. Uno ve por ejemplo botes fondeando en la mitad de la bahía sin control ni vigilancia, caldo de cultivo para la prostitución de menores y narcotráfico. En Manga habrá mal contados 50 sin pagar un peso. Julio Romero cuenta que las embarcaciones llegan y se van sin ningún control de Migración. Le ha pedido a la Dimar un censo de estas y no lo tienen. Una marina por ejemplo formalizaría su entrada.

    El vicealmirante Pablo Emilio Romero, director de la Dimar quien hace un par de días dijo desafiante que era vergonzoso que Cartagena estuviera rezagada en el tema de marinas, debería entender que la ciudadanía no es su subalterna que le acata órdenes y que aun cuando se le concedió el monopolio de estas licencias, está en el deber de socializar los proyectos de cara a la ciudad porque es aquí donde impactará.

    Entonces la invitación es en primer lugar, a no darle la espalda al mar y sacarle un provecho responsable sobre la base de la sostenibilidad costera donde el componente ambiental sea primordial. Dejar de lado las prevenciones y servir un debate juicioso, productivo y constructivo con la debida información y pedagogía sobre el tema, ya que es poca la sensibilización que se ha hecho sobre la cultura náutica en Cartagena, quizá por un desinterés absurdo, pues estamos rodeados de agua. Sin secretismos ni guardados. El colmo sería que como siempre, en Bogotá se tomen las decisiones y que seamos los últimos en saber qué se nos va a imponer por capricho de unos pocos.

    ADENDA 1: No soy tan joven pero tampoco cuento con la edad para saberlo. Cuándo carajos la ciudadanía cartagenera  se dejó quitar lo que hoy es el deplorable parqueadero del Centro de Convenciones, un lugar bellísimo que por su vista y ubicación debería ser un parque lineal multipropósito para el disfrute de propios y visitantes.

    ADENDA 2: El transporte multimodal público acuático debe retomarse con ahínco. Recuperar nuestros cuerpos de agua y adaptar infraestructura, Cartagena lo necesita.


    Un mensaje para el papa Francisco. William Ospina

    Un mensaje para el papa Francisco. William Ospina

    Después de 50 años de guerra y 100 años de soledad, la sociedad colombiana necesita urgentemente encontrarse con la normalidad de la vida, dejar surgir de su corazón y de sus manos el potencial creador largamente frustrado por el odio y anulado por la desesperanza.

    Por: William Ospina
    Todo se encadena: antes de las cinco décadas de violencia de guerrillas, paramilitares y mafias, hubo tres décadas de prédica del odio por parte de los partidos, y una larga tradición de irrespeto por la condición humana bajo las formas de la exclusión, el racismo, el clasismo y la intolerancia. Nuestra sociedad está ávida de las dulzuras de la convivencia, la recuperación de la confianza y la construcción de la solidaridad.

    Es por eso que, al mismo tiempo que avanzan en La Habana los diálogos para poner fin al conflicto armado, el Gobierno habría debido dar ya la señal para que comience el florecimiento de la iniciativa ciudadana, para que sople el gran viento democrático que debe abrir camino a la reconciliación.

    Si no lo hace es porque estos 100 años también dejaron en la dirigencia nacional y en el Estado una gran desconfianza en los procesos sociales. El viejo dirigente Laureano Gómez los identificaba con el tumulto y el desorden; el Frente Nacional de los años 60 prohibió hasta los llamados al constituyente primario, que es como prohibir por decreto la voz del pueblo; toda protesta justificaba el estado de sitio, y todo reclamo social se volvió sospechoso de rebelión y fue calificado de terrorismo.

    Ahora sabemos que en las raíces del sectarismo político estaba la manipulación de los electorados, la rapiña por el Estado como botín presupuestal y banco de empleos, y el proyecto antidemocrático de acallar o aniquilar las diferencias. Ahora sabemos que en las raíces de la corrupción está la exclusión de la crítica y el desprecio por la disidencia.

    Ahora sabemos que en las fuentes de la violencia social está, no la sencilla pobreza, sino la oprobiosa desigualdad, y que en vano se pretenderá abrir camino a la convivencia si no se cierran las esclusas de la injusticia, si no se procura superar la inequidad, pero no con discursos ni con eslóganes ni con asistencialismo, sino con hechos y oportunidades reales.

    Hubo una mala época en que hasta la Iglesia se alió con los poderes más insensibles, permitió la discriminación, despreció a los hijos naturales, desamparó a los pobres o sólo los consideró dignos de caridad. Pero desde hace tiempo la doctrina social de la Iglesia ha sido clara en tomar la opción de los pobres, ver en ellos la riqueza escondida que puede salvar a unas sociedades agobiadas por el egoísmo, por la prédica irreal de la opulencia y por el saqueo de la naturaleza.

    La Iglesia latinoamericana lleva décadas invocando la justicia social, y ahora usted, papa Francisco, es el abanderado en todo el planeta de la causa de la defensa del medio ambiente, del equilibrio natural, de la lucha contra el cambio climático, de la defensa de los más vulnerables, de la afirmación de la dignidad humana, y del esfuerzo de convivencia entre pobres dignos y ricos responsables, entre culturas y entre religiones.

    En un país como Colombia, y en una encrucijada tan esperanzadora como el actual proceso de diálogo, usted, papa Francisco, tendría la oportunidad no sólo de mediar entre las fuerzas en pugna para agilizar los acuerdos, y entre los contradictores políticos para que lleguen a un entendimiento patriótico, sino sobre todo de ser vocero de la comunidad excluida para que por fin se tenga en cuenta el componente social de la paz, la necesidad de ahondar en la democracia como factor decisivo de la reconciliación.

    Según una revista nacional, en este país con 48 millones de habitantes, el 53 por ciento de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas, y el 58 por ciento de los depósitos bancarios está en manos de 2.681 clientes. ¿Cómo cree nuestra dirigencia que va a aclimatar una paz verdadera sin dar alguna oportunidad, hasta hoy desconocida, a una de las sociedades más escandalosamente desiguales del mundo?

    ¿Van a esperar que las iniciativas las sigan desencadenando sólo el resentimiento, la ignorancia y la barbarie? ¿Cómo no saben que uno de los deberes del Estado es propiciar la justicia verdadera, que abre horizontes, libera fuerzas creadoras, despierta talentos, deja fluir el río represado de la iniciativa económica, de la imaginación social y de la recursividad en todos los campos? ¿Cuándo convocarán a la sociedad a la gran fiesta de reinvención de la democracia?

    Por su sentido de humanidad, por su responsabilidad con el planeta, por su decidida opción cristiana en favor de los pobres, usted, más allá de su dignidad eclesiástica, como ser humano ejemplar y como gran latinoamericano, se ha ganado esta vocería.

    Papa Francisco: ayúdenos a despertar el sentido humano y la vocación de justicia de nuestra dirigencia.


    27 FEB 2016 - 9:00 PM. ELESPECTADOR.COM

    “Visitamos la CPI para evitar información tergiversada”: Minjusticia

     “Visitamos la CPI para evitar información tergiversada”: Minjusticia

    El ministro de Justicia quien fue a la CPI para explicar el régimen de justicia transicional, cuenta los pormenores de la reunión y las preguntas que le formularon la fiscal Fatou Bensouda y su adjunto James Stewart.
    Por: Cecilia Orozco Tascón

    El ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien fue a la Corte Penal Internacional para explicar el régimen de justicia transicional que se aplicará una vez se firme la paz, cuenta los pormenores de la reunión y las preguntas que le formularon la fiscal Fatou Bensouda y su adjunto James Stewart, de quienes depende el apoyo de la comunidad de naciones al proceso colombiano.

    Usted estuvo en La Haya hace poco para visitar la Corte Penal Internacional (CPI). ¿Lo invitó la fiscal Fatou Bensouda o la reunión se hizo a petición del Gobierno colombiano?

    Fue una decisión del Gobierno colombiano.

    Además de la fiscal Bensouda, ¿cuáles oficiales de la CPI estuvieron en la cita?

    También estuvieron presentes el fiscal adjunto James Stewart y el staff principal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

    Y, ¿quiénes lo acompañaron a usted?

    El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverry, y el embajador de Colombia, Juan José Quintana.

    ¿Para qué quería el Gobierno visitar a la CPI?

    Para hacer una exposición completa, sistemática y detallada del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y, particularmente, de la jurisdicción especial para la paz. Era la forma de que la CPI tuviera una información directa y completa de parte del Gobierno, de los acuerdos de La Habana en materia de justicia transicional. Así se evita que le llegue información parcial y tergiversada. La presentación que hice (ver parte superior de la página) permitió dejar claro que la jurisdicción especial es sólo uno de los componentes del sistema y que, por consiguiente, los beneficios que se consagran allí únicamente serán aplicables a quienes cumplan con la totalidad de las obligaciones derivadas del sistema.

    Después de su presentación, ¿hubo polémica sobre algunos puntos?

    En estricto sentido no hubo ninguna polémica. Sólo respondí preguntas de todo el equipo de la Fiscalía.

    Uno de los temas más sensibles para los colombianos se refiere al monto de las penas de los guerrilleros y a los sitios en que cumplirán sus sanciones. Mucha gente expresa su rechazo a la flexibilización de las condenas. ¿La fiscal Bensouda está en la misma línea o es más laxa?

    En ese tema me limité a exponer lo acordado en La Habana, y no hubo ninguna observación sobre el particular de parte de ellos.

    ¿No le llamó la atención que no hubiera inquietudes al respecto en la CPI, siendo que aquí es uno de los temas más controvertidos?

    No. Esa actitud es compatible con las afirmaciones del fiscal Stewart en el sentido de que la legislación internacional no le impone a los Estados ni la naturaleza ni la duración de las sanciones impuestas.

    Pero Stewart dio unas declaraciones hace poco y algunas de éstas fueron interpretadas como críticas con la jurisdicción especial del proceso colombiano. ¿Es falsa esa percepción?

    Las observaciones que ha hecho públicamente el fiscal adjunto han sido precisas en dos aspectos fundamentales: primero, que la legislación internacional no les impone a los Estados ni la naturaleza ni la duración de las sanciones que aplique, como acabo de decirle; y, segundo, que los Estados son autónomos para tomar este tipo de determinaciones.

    En consecuencia, la interpretación que se le dio a la frase de Stewart: “La respuesta a esta pregunta (aceptación de la CPI de los acuerdos de justicia en el proceso de paz) dependerá del tipo de sentencia que se contemple y ésta depende de varios factores, entre ellos la gravedad del crimen y el rol de la persona acusada”, ¿es incorrecta?

    Una de las preguntas que se formularon en la reunión de La Haya estaba dirigida a averiguar, precisamente, si en la imposición de sanciones se iban a tener en cuenta la gravedad de la conducta y el grado de participación de la persona en el delito. Mi respuesta fue afirmativa. Y dije que eso explica los rangos mínimos y máximos previstos en el sistema de sanciones.

    Stewart también afirmó en sus declaraciones en Washington que “(el de Colombia) es un proceso que debe contemplar asuntos de responsabilidad para los autores de crímenes de guerra y contra la humanidad”. ¿Hay alguna duda o vacío que conduzca a la suspensión o reducción de penas para alguno de estos autores?

    No. En la jurisdicción especial para la paz no está prevista la suspensión de las sanciones para los denominados máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.

    ¿Los fiscales Bensouda y Stewart preguntaron sobre la jurisdicción especial para militares que acepten haber delinquido en desarrollo del conflicto armado?

    Hubo interrogantes sobre el alcance de la presunción de legalidad de los actos de los uniformados con relación a la figura de la responsabilidad por mando. También inquirieron sobre lo atinente a los sitios en donde cumplirían las sanciones privativas de la libertad. En cuanto a las Farc, preguntaron si la jurisdicción especial prevista para ellas se ocuparía de delitos que cometan sus miembros después de firmado el acuerdo. Y sobre el papel de la Fiscalía colombiana en la jurisdicción.

    Si se ocuparon de la “presunción de legalidad de los actos en relación con la figura de responsabilidad por mando”, como usted señala, ¿se puede interpretar que la CPI estará atenta a conocer los castigos efectivos que tendrán los oficiales de rango superior?

    En mi exposición sobre cómo operará la jurisdicción especial respecto de los agentes del Estado, señalé que sus actuaciones se presumen legales porque, a diferencia de lo que ocurre con las Farc, que son un grupo al margen de la ley y cuyas conductas, en consecuencia, son delictivas, las instituciones del Ejército o la Policía son legítimas porque representan al Estado y funcionan dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, las acciones de sus miembros se presumen ajustadas a la ley, salvo que se demuestre lo contrario. Esto explica el régimen diferencial de justicia que aplicará a los miembros de las Farc y a los agentes del Estado.

    ¿Hubo inquietudes sobre los lugares en donde cumplirán las sanciones privativas de libertad los miembros de uno y otro lado del conflicto?

    Preguntaron en dónde cumplirían las sanciones privativas de la libertad los agentes del Estado. Mi respuesta fue que estarán en los mismos sitios que consagrara hoy la legislación colombiana, es decir, en reclusiones militares. No hubo contrapreguntas.

    ¿Preguntaron si se estableció un régimen que privilegie a uno de los dos grupos, en cuanto al establecimiento de las responsabilidades de los superiores de los agentes del Estado o de los jefes de los guerrilleros?

    Sí. Ese fue uno de los temas que más les interesaron: querían saber si se habían establecido requisitos distintos para fijar la responsabilidad por mando cuando se trate de miembros de las Farc, y cuando se refiera a agentes del Estado. Respondí que no habrá ninguna diferencia: los requisitos son exactamente iguales en cuanto a la definición de la responsabilidad por mando.

    ¿Esa inquietud de la responsabilidad por mando en la CPI tiene que ver con la reciente sentencia de la Corte Suprema sobre la declaración de inocencia del coronel Plazas Vega que, en cierto sentido, rompe con la teoría de la cadena de mando y de responsabilidades?

    La preocupación de la Fiscalía de la CPI es válida, porque ese es uno de los temas más discutibles en derecho penal. La discusión gira alrededor de si la responsabilidad del superior se deriva exclusivamente de su posición de mando o si es necesario que haya unos requisitos adicionales para que ella surja. Lo que hoy en día está claro a nivel internacional es que esa sola relación de mando es insuficiente para fundamentar una responsabilidad y hay una discusión sobre cuáles deben ser esos elementos adicionales. Mostré que la fórmula que se aplicará en Colombia equivale a la del Estatuto de Roma.

    Parte de la conversación con la fiscal Bensouda debió centrarse en las garantías que Colombia dé sobre su compromiso de cumplir los estándares y los compromisos internacionales sobre crímenes de guerra y lesa humanidad. ¿Fue difícil esa parte?

    No, porque di las razones por la cuales el sistema diseñado cumple con esos estándares. No me hicieron preguntas al respecto.

    ¿De nuevo? Entonces, ¿cuál era el foco de los asistentes de la CPI? ¿No será que ellos asistieron a la reunión por protocolo, pero que, en realidad, el proceso de paz de Colombia no está en la agenda principal de ese organismo?

    Mi exposición duró una hora y cuarto, y después respondí preguntas durante una hora y cuarto más. De tal manera que la reunión no fue un simple formalismo. Los fiscales se enfocaron en temas eminentemente técnicos, por ejemplo, la base teórica jurídica que se aplicará en cuanto a la responsabilidad por mando de que he hablado. Estuvieron muy interesados, en concreto, en si cabría responsabilidad cuando el superior no reprimió conductas delictivas cometidas por sus subalternos y, también, en si el conocimiento potencial de la posible comisión de un delito podía ser el fundamento para establecer la responsabilidad penal del superior. Y se interesaron en la compatibilidad de la fórmula que se aplicará en Colombia con la que contiene el Estatuto de Roma. Este tipo de interrogantes de técnica jurídica ocupó la mayor parte de la discusión.

    Entonces, le pregunto desde el otro lado: enuméreme las objeciones que la CPI planteó en la reunión.

    No planteó objeciones. Escuchó mi presentación y después formuló preguntas sobre temas puntuales.

    En Colombia se exagera el temor a la CPI y se dice que va a tumbar el sistema de justicia transicional o que no lo va a aceptar. ¿Qué opina usted?

    Se sabe que la CPI interviene de manera subsidiaria en aquellos casos en los que la justicia nacional es inoperante. En el caso colombiano, la justicia ha venido funcionando con relación a hechos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado, como lo evidencian las miles de investigaciones que se han adelantado y que continúan avanzando, así como las muchas sentencias condenatorias que se han producido. Adicionalmente, la jurisdicción especial garantiza que esos hechos van a ser sometidos a un sistema de administración judicial, que se van a declarar responsabilidades, a aplicar y ejecutar sanciones, a reconocer a las víctimas, a repararlas y a garantizar la no repetición de esas conductas. En otras palabras, en Colombia la justicia ha venido operando y mientras ello ocurra, no hay razón para la intervención de la Corte Penal Internacional.

    Con toda franqueza, y una vez terminada la reunión con los miembros de la Fiscalía de la CPI, ¿las dudas de esa Corte se despejaron o hay que hacer ajustes?

    Después de concluir, acordamos que ellos revisarían sus apuntes sobre la reunión y que si surgían algunas dudas que no hubieran planteado en esta oportunidad, nos las harían saber.

    Y, usted, ¿quedó tranquilo?

    Sí. Estoy absolutamente convencido de que el diseño de la jurisdicción especial cumple, plenamente, los estándares internacionales.

    “Les expuse el sistema integral de justicia”

    ¿En qué consistió la exposición que usted hizo ante los fiscales de la Corte Penal Internacional hace unos días sobre la justicia en el proceso de paz?

    Primero expuse en qué consistían los cinco componentes del sistema integral de justicia: Comisión de la verdad, Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto, Jurisdicción especial para la paz, Medidas de reparación y Garantías de no repetición. Luego expliqué puntualmente cómo funcionará la jurisdicción especial: cuántas salas y secciones, y cuántos magistrados las compondrán. Me referí a la competencia de la jurisdicción: 1. Que abarcará solamente hechos ocurridos durante y en relación con el conflicto. 2. Que sólo se ocupa de hechos ocurridos antes de la firma del acuerdo final y no después. 3. Que será aplicable a miembros de las Farc, a agentes del Estado y a terceros que hayan tenido participación en el conflicto. Y sustenté la legislación que se aplicó, y que se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y el Código Penal colombiano. Y, por último, detallé cómo será el régimen de sanciones.

    Marco de la CPI: unas de cal, otras de arena

    Hace unos días el fiscal adjunto de la CPI, James Stewart, asistió a un foro de la OEA, en Washington, en donde tocó el tema de la justicia transicional que se aplicará en Colombia una vez se firmen las negociaciones de La Habana. Stewart admitió que la Fiscalía de esa corte no conocía plenamente la jurisdicción especial que se ha diseñado para aplicar sanciones, tanto a los miembros de las Farc como a los militares y policías que admitan haber delinquido en el marco del conflicto armado. Sin embargo, recordó, en lo que fue interpretado como una advertencia, que Colombia es país firmante del Estatuto de Roma y que, por tanto, sus decisiones judiciales son susceptibles de ser examinadas por esa supercorte. El fiscal adjunto resaltó la obligación de imponer los castigos que correspondan a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es decir, que este tipo de delincuentes no podrán recibir rebajas sensibles de pena ni beneficios que alivien sus condiciones de reclusión. “La oficina del fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima”, fue una de sus frases concluyentes. Pero también resaltó que “el proceso es de un gran significado (para el mundo) y (que) esperamos que su final sea exitoso”.

     27 FEB 2016 - 9:00 PM. elespectador.com