La lógica territorial. Alejandro Reyes Posada

La lógica territorial.  Alejandro Reyes Posada

Cada vez más se abre camino el enfoque territorial para pensar la democracia y las tareas de reconstrucción del país luego del fin del conflicto armado.

Por: Alejandro Reyes Posada

La Corte Constitucional reconoce el papel de los gobiernos y comunidades locales en el otorgamiento de licencias ambientales. La sequía del Niño y las próximas inundaciones de la Niña del próximo semestre obligan a considerar seriamente el papel crucial de las coberturas boscosas andinas y de los humedales y ciénagas, desecadas para ganadería extensiva, en la regulación del ciclo del agua. Otra decisión crucial de la Corte Constitucional fue negar validez a las licencias mineras otorgadas antes de 2010, cuando se entregaron con la cédula para estimular la confianza inversionista, para proteger ahora sí las fábricas de agua de los páramos.

En la negociación del acuerdo agrario de La Habana jugó un papel clave el enfoque territorial de la política rural, presentado por el Gobierno, para que las Farc vieran las oportunidades de participar en la reforma rural integral que se comprometió en la mesa para superar el atraso e inequidad en el campo. La misma idea fue desarrollada por la Misión Rural en sus propuestas de enmarcar el desarrollo rural dentro del desarrollo territorial, pues la competitividad depende mucho más de las ventajas del territorio, geografía e infraestructura, que de las iniciativas y esfuerzos individuales de los productores del campo.

El enfoque territorial fortalece el poder de las comunidades locales, desde las veredas, para que los pobladores participen en el ordenamiento ambiental, social y productivo de su territorio y para que definan la vocación productiva y su visión de futuro. Ese fortalecimiento hace a las comunidades menos susceptibles de ser manipuladas por organizaciones o movimientos que aspiran a representar el mundo rural, de orientación populista o clientelista. Pero ese resultado será imposible sin fortalecer también la capacidad de planeación y gestión de los gobiernos locales y sin lograr crear una unidad territorial de gestión concertada, intensiva en información sobre cada territorio, para que logre la coordinación de las políticas sectoriales según las prioridades de cada uno.

Políticas como la restitución de tierras apuntan a reconstruir comunidades desplazadas de sus territorios y tienen, por tanto, un impacto directo en el desarrollo territorial, complementadas por las órdenes de los jueces en cuanto a infraestructura y dotación local. En el caso de las comunidades étnicas, la restitución es la recuperación material de sus territorios afectados por usos forzados o predatorios de los recursos contra la voluntad de sus pobladores, como la tala pirata o la minería ilegal.

El enfoque territorial será la metodología de intervención estatal más adecuada para hacer frente a la reconstrucción social y productiva de las regiones afectadas por el conflicto armado, para la reintegración de excombatientes y para la resolución de los grandes conflictos por tierra y territorios que esperan la apertura democrática del fin del conflicto armado para ser planteados al sistema político.

TOMADO DE ELESPECTADOR.COM

Educar a los educadores. Armando Montenegro

Educar a los educadores. Armando Montenegro

Tanto la experiencia internacional como los mejores estudios académicos muestran que una de las claves para mantener la calidad de la educación básica es la buena preparación de los maestros (también son cruciales otros factores como su motivación y su buen desempeño en los salones de clase).

Por: Armando Montenegro

En Colombia, infortunadamente, hay muchas deficiencias en esta materia. Los bachilleres con los peores resultados en las pruebas SABER son los que optan por la carrera del magisterio. Y la gran mayoría de quienes terminan las licenciaturas no exhiben los mínimos conocimientos ni el entrenamiento suficiente para enseñar. En las aulas se limitan a extender su ignorancia a los millones de jóvenes que asisten a las escuelas públicas, como bien lo registran los horribles puntajes de Colombia en pruebas internacionales como PISA.

Son múltiples las causas de la deplorable preparación de los maestros colombianos. La profesión de la docencia en nuestro medio, a diferencia de lo que ocurre en países con sistemas educativos de excelencia, tiene escaso prestigio y reconocimiento social. Por otra parte, además de atraer a los peores y más desmotivados alumnos, las licenciaturas que forman a los docentes tienen, por lo general, una bajísima calidad; poco o nada les enseñan a los futuros maestros. No debe sorprender entonces que ésta sea una de las causas de la crisis de la educación básica en el país.

La política educativa del Gobierno ha creado numerosos instrumentos para atacar este problema: (i) para atraer a los mejores bachilleres y elevar el nivel de los futuros profesores creó un cupo de 1.000 becas del programa Ser pilo paga en los buenos programas académicos; (ii) estableció 4.600 becas de maestría para mejorar la formación de los maestros que ya tienen alguna experiencia; (iii) aprobó un cupo de crédito de $50.000 millones para financiar la modernización de las instalaciones y equipos de las facultades de educación; (iv) buscando la mejoría de la calidad de las licenciaturas, el Plan de Desarrollo ordenó la acreditación de las programas que forman a los docentes (se trata de eliminar los establecimientos de garaje que reparten con facilidad y rapidez sus títulos).

De acuerdo con este mandato del Plan de Desarrollo, la ministra Gina Parody acaba de imponer varias exigencias para la acreditación de las licenciaturas: (i) esas carreras ya no podrán ser exclusivamente virtuales; tendrán que ser presenciales en, al menos, 50 de sus 130 créditos; (ii) los futuros profesores deben cumplir con un programa mínimo de prácticas en los salones de clase (hoy en día muchos de los nuevos profesores se enfrentan sin ninguna experiencia a sus alumnos); (iii) los nuevos profesores de inglés deben demostrar, mediante pruebas internacionales, que hablan y escriben en ese idioma (muchos profesores de esta materia se defienden escasa y únicamente en español y sus alumnos no aprenden nada de inglés).

Probablemente estas medidas no serán suficientes para producir una mejoría dramática en la calidad de los maestros de Colombia en el corto plazo. Pero sí constituyen un avance notable en la dirección correcta, bien diseñado y articulado dentro de una política ambiciosa y coherente. Merece el reconocimiento y el apoyo de la comunidad educativa y de todas las personas interesadas en la mejoría de la educación básica en el país.

TOMADO DE ELESPECTADOR.COM

Cómo diablos van a explicar la paz sin los intelectuales? por NICOLÁS MORALES

Cómo diablos van a explicar la paz sin los intelectuales?

por NICOLÁS MORALES

No es habitual que las emisoras de noticias, incluso las de mayor audiencia, llamen a un profesor o a un investigador universitario para explicar algunas de las miles de aristas del proceso.

Nicolás Morales: Cómo van a explicar la paz sin los intelectuales  Nicolás Morales Foto: Juan Carlos Sierra

Nuestro masoquismo –una tendencia más común de lo que pensamos– nos lleva todas las mañanas a oír el tono notablemente furioso en que decenas de miles de colombianos se manifiestan en contra del asunto de la paz. Luego, en las juntas de administración, tres vecinos nos asaltan con las expresiones más variopintas sobre la desfachatez con que el presidente “regala el país a los bandidos y ellos lo reciben con mucho gusto”. De regreso a casa, el taxista tiene a bien compartir algunas de sus ideas sobre el destino que le daría a los guerrilleros; por supuesto, el color de estas propuestas haría palidecer al mismo Goebbels.

Por estos días, el clima político es más dañino que el clima atmosférico para quienes, aún con un muy moderado optimismo, siguen pensando que la paz es el mejor destino para el país. Y no hay mucho que hacer: el pasado de las Farc y la guerra es endemoniadamente comprometedor y doloroso; vuelve a la memoria una y otra vez. Un proceso de reconciliación tan complejo en un país tan magullado no es fácil explicar. Muchos ministerios e institutos públicos no han entendido cómo deben actuar en el negocio de la paz, y los funcionarios De la Calle y Jaramillo no pueden visitar con su espíritu pedagógico toda Colombia pues no terminarían nunca.

Pero hay algo que me tiene impresionado: la distancia entre los académicos e intelectuales de este país y la gente. Y aún más, la ausencia en los medios (en especial en los electrónicos) de politólogos, sociólogos o expertos en conflicto, paz y todo ese montón de cosas. Nadie los llama, y sus ideas y reflexiones –acertadas o equivocadas– se quedan muchas veces en foros académicos y salones de clase. No es habitual que las emisoras de noticias, incluso las de mayor audiencia, llamen a un profesor o a un investigador universitario para explicar algunas de las miles de aristas del proceso. ¿Por qué? Ofrezco algunas hipótesis de trabajo:

¿El proceso es aburrido? El gobierno y los medios han sido incapaces de explotar mediáticamente la multiplicidad de temas, historias y emociones que implica un proceso como el que se desarrolla con las Farc. Mientras se desarrollaron las conversaciones de paz en Irlanda, los ciudadanos configuraron un espíritu sociocultural que respondió con criterio a las políticas planteadas para llevar a cabo este proceso. ¿Por qué nosotros no podemos tener este criterio? ¿Por qué nuestra cultura intelectual es tan frágil?

Los medios opositores son expertos en explotar la emoción más fácil: el odio. En casos como el de Sudáfrica, donde uno de los actores podía generar tanto o más resentimiento que nuestra guerrilla, el proceso logró permear a toda la sociedad.

¿La academia no cala? La universidad está en sobreproducción de conocimiento. Diez mil foros sobre la paz y sobre la guerra y nada permea a los medios. Cierto, pareciera que la academia no se esfuerza en traducir mejor los contenidos, pero los periodistas tampoco lo hacen. Siguiendo el modelo FOX en el que todo debe ser entretenido y trivializado para el público general, se reciclan lugares comunes y se explotan las emociones más básicas que generan audiencia. ¿Cuál es el miedo a promover un debate mejor informado y con altura intelectual? ¿Es la gente la que no entiende, o los periodistas no están preparados?

Los políticos sabios reemplazaron a los académicos. Un grupo de políticos, con facilidades de expresión, se han tomado los micrófonos para interpretar malos y buenos momentos del proceso. Y nos quedamos con sus miradas que, aceptarán los lectores, son cada vez más simples y menos doctas. No hay contrastes.

Los columnistas políticos, cada vez más leídos, cada vez menos influyentes. Muchos columnistas están colgando sus columnas en redes de manera compulsiva porque sospechan que los impresos están lentos. Pero es una dispersión que afecta la audiencia, que se parte en muchos nichos. Esto ya está documentado por los estudios de mediología, y es la pérdida de influencia que llegan a tener medios fuertes por la dispersión de redes.

Los medios de izquierda, muy mal. Si nos atenemos a Voz, la verdad del pueblo, no hay nada que hacer: el mismo lenguaje trasnochado, que se intenta modernizar intercalándolo con notas pop como el recuerdo del nacimiento de Frank Sinatra o el Carnaval de Barranquilla. Cero seducción, escrito como si fuera un intranet para los bautizados en la propia Iglesia. Las Farc, con su Informativo Insurgente en YouTube, hacen el esfuerzo de parecer modernos y tecnológicos, poniendo a sus presentadores en un escenario virtual, saturado con animaciones en 3D, pero repitiendo el mismo discurso mamerto y sin un solo intelectual de peso.

Veinticinco años de la Constitución. Nilson Pinilla

Veinticinco años de la Constitución

“La buena voluntad de la constituyente fue traicionada”: Nilson Pinilla

El exmagistrado, expresidente de la Corte Suprema y la Constitucional, conocido porque habla descarnadamente, se refiere a la situación caótica de la justicia colombiana en varios frentes.

Por: Cecilia Orozco Tascón

“La buena voluntad de la constituyente fue traicionada”: Nilson Pinilla

“Quien incluyó en las ternas a Pretelt para la Corte Constitucional, o a Villarraga (y otros) para el ‘consejillo’ Superior de la Judicatura, está en la obligación de explicar por qué lo hizo”, opina Nilson Pinilla. / El Espectador

A propósito del cumpleaños de la expedición de la Constitución, la Javeriana promovió una reunión de expertos en la materia. Usted participó con un tema que se titulaba “Las promesas de la Constitución: mejor justicia”. ¿Esas promesas se cumplieron? ¿El país tiene mejor justicia que antes de 1991?

No. No se han cumplido con algunas excepciones como las que se derivan de la acción de tutela y, parcialmente, de la lucha contra la invasión de dineros provenientes del narcotráfico durante los torcidos desarrollos politiqueros. De manera deplorable, la justicia sigue siendo tan o más lenta e incierta que antes. El acceso a ella se ha complicado y la seguridad jurídica continúa alejándose, especialmente debido a los recursos nacionales e internacionales a que acuden los que están involucrados en conductas punibles, que les han generado alto rendimiento económico a ellos y a sus abogados mercenarios. Por contera, el desprestigio se ha extendido, y un país que no cree en su administración de justicia está expuesto a que se prohíje la ley del más fuerte.

¿A qué se refiere cuando habla de “torcidos desarrollos politiqueros”?

A que tenemos una democracia de mentiras, porque todo se mueve por la corrupción, por los intereses personales y por las apetencias de los que se dedican al ejercicio de la política.

Entonces, ¿cree que, después de todo, tenían razón los juristas que añoran la Constitución anterior (1886) y quienes todavía reniegan de esta Carta?

No tienen razón. La de 1991 es una buena Constitución, aunque no es perfecta porque ninguna obra humana lo es, y porque el constituyente secundario o derivado, esto es, el Congreso, la ha desmejorado con muchas de las 40 reformas que le ha introducido. En 1991 Colombia se acercó a los estándares internacionales en materia de enunciación y preservación de los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, y mecanismos de participación ciudadana, desafortunadamente no bien desarrollados; en la defensa, al menos teórica, de los niños y de otras personas que requieren protección reforzada y también en banca central, respeto a la naturaleza, etc.

Lo cierto es que nadie opina hoy, que haya justicia pronta, eficiente, independiente o imparcial. ¿Exagero?

No exagera. Esa es la concepción generalizada, exacerbada por el negativismo común en nuestra sociedad y por la falta de divulgación de los aspectos favorables, reales y a veces heroicos en fiscalías, juzgados, tribunales y cortes.

Con la nueva Carta se crearon dos altos tribunales: el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. El primero fue cooptado por el clientelismo. El segundo, después de una tarea admirable, cayó en el foso de la corrupción por uno de sus miembros, ¿la responsabilidad de estos resultados es del diseño constitucional o de unas cuantas personas?

El diseño constitucional no es responsable y es injusto que se le endilguen todos los males a la Rama Judicial, porque su conformación no depende sólo de ella misma. Por ejemplo, quien incluyó en las ternas, para ser elegidos, a personas como Jorge Ignacio Pretelt, para la Corte Constitucional, o a Henry Villarraga, Ovidio Claros, Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano y Pedro Sanabria para la Sala Disciplinaria del “consejillo” Superior de la Judicatura, está en la obligación de explicarle a la opinión pública por qué lo hizo.

Entonces, ¿por qué cree que los políticos, entre ellos el expresidente Uribe, incluyeron esos nombres en las ternas: por partidismo, porque los candidatos representaban una ideología o porque ellos estaban dispuestos a defender los intereses de ciertos sectores por encima del derecho?

Por todo lo que usted dice y como retribución a generosos patrocinios de campañas políticas.

Usted se refiere al Consejo de la Judicatura como “el consejillo”. ¿Considera tan despreciable la tarea de las salas Administrativa y Disciplinaria estos años?

Ese es un viejo cuento. Desde cuando hacía parte de la Corte Suprema lo he llamado así: “consejillo”, porque su nivel ha sido deplorable.

En consecuencia, es cierto que el Consejo Superior tuvo, desde el inicio, problemas de clientelismo y mediocridad.

Como lo anoté, la mayor responsabilidad de lo sucedido en la Sala Disciplinaria reside en quienes postularon y designaron a sus malos integrantes. En cuanto a la Sala Administrativa, hubo fallas normativas, por ejemplo, la de exigir que sus integrantes fuesen abogados y no permitir que llegaran servidores de otras profesiones con capacidad gerencial. Y, una vez más, también hay responsabilidad de las cortes por designar para la Sala Administrativa al jurista que no había logrado llegar a otro alto tribunal, así no tuviera ningún conocimiento de administración. Por último, en la selección de los aspirantes, usualmente ha primado que fuesen amigos y, sobre todo, que estuvieran dispuestos a ser bien agradecidos.

¿Está de acuerdo en que los constituyentes se equivocaron cuando les asignaron a las cortes la tarea de elegir a unos funcionarios del Estado?

Como catedrático universitario elogié, entonces, la decisión de entregarles a las cortes la iniciativa para designar a los jefes de los órganos de control, pues parecía que esa era la vía expedita hacia el mérito, la probidad y la despolitización. No se concebía, en ese momento, que el problema fuera de personas y que la ambición y la pérdida de protección del interés general arrollarían esa esperanza. Muy rápidamente quedó claro que la buena voluntad de la Asamblea Constituyente fue traicionada: Ya en 1994, mientras la Corte Suprema de Justicia cumplió con esa concepción presentando como su candidato a contralor general a una persona de la inmensa calidad moral y profesional de Hugo Palacios Mejía, la Corte Constitucional postuló a David Turbay Turbay (condenado posteriormente por recibir dineros del cartel de Cali) que, obviamente, fue elegido por el Congreso. Y así, sucesivamente, como ocurrió con el procurador Orlando Vásquez Velásquez, incluido entre los aspirantes porque “había que postular a quien tuviese la posibilidad de ser elegido”, seguramente para devolver favores.

¿Cómo explica que no se hubiera previsto un mecanismo eficiente y rápido de separación de sus funciones, de los magistrados y otros altos funcionarios envueltos en denuncias de corrupción?

En estos cargos deben ser muy claros los procedimientos de postulación y elección, siempre por méritos, y expedita la salida, obviamente preservando el debido proceso real y no el que está lleno de esguinces y artificios y que solo busca alargar la permanencia de quien carece de dignidad para ser miembro de la respectiva corporación.

Las soluciones a los problemas de administración eficiente del presupuesto de la justicia nunca han llegado de la mano de la Rama Judicial que, pese a esto, alega que debe tener independencia para manejar sus recursos. ¿Cuál es la solución: intervención de expertos de afuera o el desgreño de las togas?

La solución tiene que estar en la probidad y la idoneidad gerencial con autonomía ante las otras ramas y órganos del poder. Pero esa autonomía también debe estar alejada de las veleidades de quienes, en la rama, se olvidan de su sagrada misión y se dejan tentar por apetencias personales.

¿Personales de qué tipo: políticas, de dinero, de poder…?

Apetencias personales de acrecentar el poder y, de pronto, los recursos económicos.

Quienes más se opusieron a la aprobación de esta reciente reforma fueron los jueces y unos magistrados, pero con el enredo en que han caído conformando los nuevos órganos, ¿se puede concluir que la rama quiere mantener su estatus clientelista?

Puede haber bastante de esa triste situación. Sin embargo, debe reconocerse que hay muchos otros magistrados que seguirán luchando por el restablecimiento de la objetividad, la ecuanimidad y la resurrección del interés general, aunque a veces la desazón les lleva a renunciar como hicieron los juristas Arturo Solarte y Jesús Vall de Ruten, de la Sala Civil de la Corte Suprema.

Del carrusel de pensiones en la Judicatura no quedó en nada, desde el punto de vista del castigo penal o disciplinario. El paso ilegal e inmoral de una corte a otra tuvo ejemplar sanción en dos casos, pero ahí siguen intentando influir en otros nombramientos ¿Qué tan difícil es juzgar a los togados de altas cortes con esta Constitución?

En lo primero, es muy grave el abuso que se sigue haciendo del poder de no investigar. En lo segundo, las últimas determinaciones del Consejo de Estado sobre el asunto pusieron tatequieto a esos cuestionados reacomodos. En lo tercero, es más que difícil juzgar a los togados de las altas cortes, como al presidente de la República y al fiscal general, por el especialísimo fuero que tienen, proclive a la impunidad. Sin embargo, el país se ha sorprendido, gratamente, con la histórica acusación contra un magistrado de la Corte Constitucional de inmensa capacidad adquisitiva. Está por verse cuánto querrán dignificarse los senadores para que el asunto llegue a la Corte Suprema.

Disculpe que le pregunte, pero a usted mismo, cuando enfrentó a unos de sus colegas, le recordaron que pasó de una corte a otra y que no quería pensionarse.

Ciertamente me enorgullece haber sido magistrado y presidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Para esta última no fui nombrado por la Suprema como ésta hace con los integrantes de la Sala Administrativa, sino que fui incluido en la terna para que otra institución eligiera. Esto ocurrió más de tres años después de haber salido de la Suprema cuando muchos de sus magistrados ya habían cambiado y otros dos se abstuvieron de votar por considerar que yo había participado en su designación. En cuanto a que no quisiera pensionarme, soy el pensionado que menos retribución le haya significado al Banco de la República, donde, a mucho honor, adquirí tal derecho en 1994, que no se hizo efectivo mientras laboraba en las cortes.

Para ser justos, la Constitución también trajo muchos avances. ¿Cuáles son los aspectos más valiosos de la nueva Carta?

Valen mucho más en materia social, especialmente en cuanto al apuntalamiento y efectividad de protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, niños y niñas, adolescentes, ancianos, mujeres y, en particular, las embarazadas, enfermos, integrantes de etnias, desplazados, campesinos, etc.

Finalmente, la pregunta del millón: ¿Cuál es la fórmula para romper con los vicios de la Rama Judicial?

No existen fórmulas mágicas, pero qué bueno que, en lugar de estar deformando la Constitución, la hiciéramos cumplir. Magnífico también que se cumpliera con el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. Que desterráramos la apatía en la participación democrática y el masoquismo que lleva a los colombianos a votar por los mismos corruptos o por sus sucesores. Y en materia específica de administración de justicia, que se hiciera más exigente el control sobre el nivel académico de las facultades de derecho, que se estimulará la autorregulación severa por parte de los colegios de abogados, que éstos se responsabilicen y sirvan para mucho más que reunir amigos y que se establezca la carrera, previo concurso de méritos y con estrictos controles de cumplimiento, con amplia participación de la academia para la provisión de todos los cargos en la Rama Judicial.

Nilson Pinilla, crítico ácido y fogoso

En el foro sobre los 25 años de expedición de la Constitución, en que compartió mesa con el exmagistrado Hernando Yepes y el exfiscal general Alfonso Valdivieso, entre otros, Nilson Pinilla arrancó, con su fogoso discurso, emotivos aplausos de la audiencia, compuesta por exconstituyentes, juristas internacionales, abogados, académicos y estudiantes. Se refirió a los escándalos en que se vieron involucrados miembros de altas cortes. Criticó con acidez a los exintegrantes del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga (obligado a renunciar cuando se conoció una grabación en que hablaba de un fallo con el interesado, el militar Róbinson González del Río, procesado por falsos positivos), Angelino Lizcano, Julia Emma Garzón, Ovidio Claros y Pedro Sanabria, mencionados en la misma grabación y en el “carrusel de las pensiones judiciales”. El exmagistrado Pinilla también mencionó el caso de su excolega de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, envuelto en un lío político y judicial por una presunta compra-venta de un fallo de tutela. De este proceso afirmó que “vamos a ver hasta dónde el dinero que se está girando en esas latitudes (Congreso) no entorpece que el Senado tome la decisión que tiene que tomar, suspender a ese bandido…”.

Corte Suprema y Consejo de la Judicatura, pelea casada

En vez de resolver líos de funcionamiento, agilizar los procesos judiciales y suprimir factores de corrupción en la Rama, la aprobación de la reciente reforma al equilibrio de poderes trajo un caos institucional que no se deriva de ella misma sino de la incapacidad gerencial y electoral de las cortes. Por ejemplo, se ordenó la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y sus dos salas: la Administrativa debería desaparecer de inmediato para darle paso a un consejo de gobierno; y la Disciplinaria funcionaría durante unos meses mientras se integraba el órgano de reemplazo. Hoy, a un mes largo de iniciado el 2016, la Judicatura no solo subsiste mientras la integración de los nuevos entes continúa enredada y demandada, sino que los togados sobrevivientes disponen de los recursos del presupuesto y, lo que es más patético, llenan las vacantes. Esta semana, los miembros titulares que aún quedan en el Consejo escogieron a dos abogados para ocupar las sillas que dejaron otros titulares. El viernes tomó posesión Martha Lucía Zamora, postulada por la propia Sala Administrativa, y esta semana lo hará Iván Darío Gómez Lee. La Corte Suprema protestó por la usurpación de sus funciones, porque es ella la competente pero, al parecer, a la Judicatura no le importó. La pelea está casada.

El despelote judicial. José Manuel Restrepo

El despelote judicial. José Manuel Restrepo

Ríos de tinta se han escrito en los medios de comunicación sobre los serios problemas que enfrenta la justicia en Colombia. Más recientemente en este medio se refiere al tema el exmagistrado, expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, Nilson Pinilla, cuando afirma que la justicia sufre de lentitud, incertidumbre, inseguridad, mediocridad, exceso de complejidad en su acceso, desprestigio y politiquería.

Por: José Manuel Restrepo

Buenos ejemplos se dieron con motivo del gran debate sobre la reforma al equilibrio de poderes, que al final terminó siendo un camino incompleto y muy lejano de la gran transformación que demanda la justicia en este país. Nos quedamos entonces con el capítulo pendiente de la necesaria reforma estructural de la justicia.

Lo anterior puede quedarse meramente en un debateinstitucional y académico, que es necesario dar, acerca del rediseño institucional, de la recuperación moral de algunos jueces y abogados, de la eficiencia administrativa, de darle una solución al choque de trenes o de enfrentar la crisis de confianza de la sociedad en la rama.

Sin embargo, es necesario también reconocer lo que los colombianos de a pie sufren por esa crisis, que para cualquier persona es simplemente un despelote. Procesos que nunca inician y otros que nunca terminan, violación a las garantías constitucionales, decisiones amañadas y muy poco “justas”, comprobados delincuentes con sanciones “ejemplarmente blanditas”, ladrones de cuello blanco que muellemente descansan en su residencia abusando de los procedimientos para nunca ser sancionados, costosos y largos paros judiciales, demoras, carruseles de pensiones millonarias, clientelismo judicial, cruce de favores en elecciones, lobby más allá de lo éticamente permitido, mordidas y más.

Algo de esto es por ejemplo el drama del exdirector del IDU Andrés Camargo. El mismo que desarrolló una tarea sobresaliente, que nadie ha sido capaz de lograr hasta la fecha, en kilómetros nuevos de vías, ciclorrutas, alamedas y puentes en más de 1.500 contratos. La misma persona que ha sido condenada penalmente por una decisión técnica en la que nunca tuvo que intervenir y que, además, nadie ha comprobado con certidumbre que haya sido la causa real que produjo el daño prematuro en el proyecto.

Para simplemente ejemplificar su drama, que se parece al de muchos colombianos, fue recluido “preventivamente” en la cárcel hace más de 8 años por un supuesto delito que la Fiscalía precluyó, sin nunca hacer llamamiento a juicio; luego, en otro proceso, fue condenado a 5 años de cárcel y a pagar una sanción de más de $108 mil millones por perjuicios, para cuyo cálculo el Tribunal Superior de Bogotá consideró una prueba que en una primera instancia el juez rechazó por considerarla “ilegal”; a quien el Tribunal Superior de Bogotá condenó con irregularidades comprobadas por la Procuraduría como la ausencia en el expediente de los audios y/o las transcripciones de las audiencias de juzgamiento, llevando a la pregunta de: entonces, ¿cómo decidieron?; a quien la Corte Constitucional en una rara y curiosa invención jurídica le modifica los términos de prescripción; y a quien la Sala Penal de la Corte no encuentra impedimento alguno en que los mismos magistrados que se pronunciaron de fondo al inadmitir su recurso de casación, ahora lo hagan de nuevo sobre el mismo caso (no sobra decir que los mismos magistrados se declararon impedidos, pues consideraron se habían pronunciado sobre el asunto).

Pues mucho de esto y más les sucede a los colombianos con la justicia. Son condenados injustamente, se les desconocen sus garantías constitucionales, se les vulneran sus derechos, se les decide con ausencia de pruebas, el sistema judicial reconoce errores años después de que la persona haya estado encarcelada, y a lo anterior agregar la injusta sanción social y moral del efecto mediático en la vida de un ser humano y su familia, que luego la justicia se da cuenta que nunca debió ser condenado.

El problema de la justicia es mucho más que un ajuste institucional y macro, el problema es el despelote que los colombianos sufren en juzgados, tribunales y cortes por una justicia ineficiente, injusta y sin accountability. ¿Para cuándo tendremos esa reforma?

jrestrep@gmail.com / @jrestrp. TOMADO DE ELESPECTADOR.COM

Un abecé de la justicia para la paz Yesid Reyes, ministro de Justicia

Este sistema podría entrar a operar unos diez meses después de firmado el acuerdo final.

Un abecé de la justicia para la paz

Yesid Reyes, ministro de Justicia, explicó punto por punto cómo va a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ejemplo, se creó la Sala de Estabilidad sólo para evitar que alguien quiera, más adelante, invalidar las decisiones del acuerdo de paz.

Por: Diana Durán Núñez

 “La Jurisdicción para la Paz es una sola para la guerrilla, los agentes del Estado y los terceros”: Reyes.

En las palabras más cristianas, ¿cómo definiría la Jurisdicción Especial para la Paz?

Es un sistema que se acordó en La Habana para cubrir de la manera más amplia posible todos los componentes de la justicia en un proceso de transición del conflicto armado a la paz. Tiene un componente que es la Comisión de la Verdad, que va a resolver temas puntuales extrajurídicos. Tiene una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas. Y tiene una Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene que ver con los tribunales y con las salas de administración de justicia. Así se constituye el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

¿Cuándo empezará a funcionar? ¿Hasta cuándo va?

Cuándo comienza depende fundamentalmente de cuándo se firme el acuerdo final de paz. Puede arrancar unos diez meses después de que se firme el acuerdo de paz, dependiendo de la rapidez con que avancen las leyes en el Congreso. En principio no hay una fecha límite para el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. En teoría, hasta que agoten los casos que van a llegar a su conocimiento, aunque una ley podría ponerle un límite temporal. Pero ahí habría que hacer una salvedad: una sala del tribunal va a estar encargada de la estabilidad del sistema.

¿De la estabilidad? ¿Qué quiere decir?

Supongamos que 20 años después de firmada la paz alguien dice que sus indultos o amnistías no son legítimos por cualquier razón. Dado que un fallo de la jurisdicción ordinaria sobre un tema tan sensible supondría revisar el acuerdo de paz, está previsto que ese tribunal tenga una sala que se pueda integrar en cualquier momento frente a situaciones como esas para revisarlas. Esa sala va a garantizar la estabilidad jurídica a futuro.

¿Cuál sería el alcance de esa sala si llegara un gobierno y quisiera echarle tierra al proceso de paz?

Justamente esa sala se crea para evitar esos problemas. Por eso en la última fase de negociación del componente de justicia en La Habana se decidió componer esa sala. Así se garantiza que no ocurran situaciones como la que usted menciona: si en 20 años alguien cuestiona una decisión del Tribunal para la Paz se reintegra la Sala de Estabilidad, que aborda el tema y toma decisiones.

¿Última fase? ¿Acaso esa sala surge por la decisión del fiscal Eduardo Montealegre de pedir que se revisen las amnistías otorgadas al M-19?

Menciono que fue en la parte final porque el proceso del componente de justicia ha llevado mucho tiempo y fue en la parte final cuando se empezó a hablar de seguridad jurídica, que es un tema muy importante en cualquier proceso de paz. Uno llega a acuerdos, pero, ¿quién garantiza que van a estar blindados a futuro? Se concluyó que la mejor manera era crear una sala adicional del tribunal, la Sala de Estabilidad, con esas funciones específicas.

¿Quiénes conformarían esa sala?

El tema de composición de las salas está por definirse.

¿Podrían estar magistrados extranjeros, por ejemplo?

Puede ser, sí.

¿Cuál cree que es el tiempo adecuado para que funcione la Jurisdicción Especial para la Paz?

Eso va a depender fundamentalmente del número de casos que terminen entrando a esa jurisdicción. Una de las salas, la de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, se va a encargar de recibir toda la información de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las organizaciones de víctimas, y va a decidir cuáles de esos hechos son los más representativos y después distribuye el trabajo en las distintas salas del tribunal. Cuanto menos tiempo dure un tribunal especial de estos, más rápidamente se soluciona el problema de la justicia como componente del acuerdo de paz. Pero, en definitiva, no tenemos un cálculo claro de su cantidad de trabajo y su duración.

Esa sala que distribuiría el trabajo parece ser la clave. ¿Qué personas tendrían esa responsabilidad tan grande?

Sobre la composición del tribunal lo único que se ha dicho es que todas las personas que estén en las salas tienen que tener calidades de magistrados, con conocimientos de Derecho Internacional Humanitario y de derechos humanos.

¿Cuál va a ser la vigencia del tribunal con respecto a los hechos? ¿La misma que da la Ley de Víctimas, por ejemplo, que arranca en 1985?

Ese tema también necesita desarrollo. La misma Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podría tomar la determinación para delimitar el campo de acción del tribunal.

¿Podría entrar eventualmente el Eln en esta misma jurisdicción?

El Gobierno ha dicho que el Eln podría incorporarse a los acuerdos de paz que se firmen con las Farc, siempre y cuando entren en un proceso de negociación formal con el Estado.

Testigos falsos, versiones libres tomadas como pruebas sin ser verificadas antes, cantidad abrumadora de información, ¿cómo se están tomando en cuenta las fallas de Justicia y Paz para que no se repitan?

Justicia y Paz pretendió abarcar todos los hechos cometidos por todas las personas en relación con su participación en el conflicto y con mecanismos muy propios de la jurisdicción ordinaria. Aquí lo que está previsto es lo contrario, una jurisdicción especial para la paz con un diseño distinto, que va a priorizar la investigación de determinados casos y va a permitir salidas distintas para hechos no relevantes dentro del conflicto y para personas que no tengan una mayor responsabilidad dentro de esos hechos.

¿Qué se va a entender como grave violación de los derechos humanos?

Sobre eso hay legislación especialmente internacional. Lo que sí está claro son los graves crímenes de lesa humanidad que nunca van a recibir beneficios de indulto o amnistía: esos van a tener que ir al sistema, en el que las personas pueden aceptar una responsabilidad anticipadamente y recibir una pena reducida, o pueden no aceptar su responsabilidad y correr el riesgo de tener una sanción muchísimo más elevada. Pero en ambos casos va a haber lugar a unas sanciones restrictivas de la libertad entre cinco y ocho años, que son, en todo caso, reducidas frente a las sanciones que prevé la jurisdicción ordinaria.

La cantidad de hechos violentos en el marco del conflicto es excesiva. ¿Se van a quedar algunos por fuera del tribunal?

No. El sistema está concebido para clasificar todos los hechos y enviarlos a las distintas salas.

O sea, ¡va a ser un tribunal enorme! ¡Como una minifiscalía!

Lo que pasa es que los indultos o amnistías, por ejemplo, son procesos mucho más simples que un proceso judicial completo. Si las personas aceptan tempranamente la responsabilidad, pues sus procesos van a ser relativamente rápidos porque no hay controversia. La composición del tribunal, desde el punto de vista del personal, va a ser motivo de desarrollo legal, pero las competencias están distribuidas de tal manera que el trabajo va a ser mucho más organizado y racional.

¿Y si la mayoría de personas no aceptan responsabilidades? Eso sí podría colapsar el sistema.

Puede ser y es una opción válida de cualquier persona que enfrenta al sistema judicial, uno puede aceptar cargos y beneficiarse de una pena reducida o apostarle a que es capaz de desvirtuar los cargos, contra la posibilidad de una sentencia grande. En este esquema, quien no acepte responsabilidad debe tener claro que se expone a penas de hasta 20 años de prisión en condiciones normales de reclusión.

¿El tribunal va a ser concebido, logísticamente hablando, tomando en cuenta el peor de los escenarios?

Creo que el desarrollo que se debe hacer para la conformación del tribunal debe ante todo ser flexible, para que admita la posibilidad de eventualmente si llega a haber un número mayor de casos del que se tiene inicialmente previstos.

Aparte del narcotráfico, ¿hay algún otro delito que el Gobierno esté considerando en debatir como conexo a los delitos políticos?

No, lo que se hizo fue trazar dos líneas rojas, por llamarlo de alguna manera, que son los delitos cuya conexidad no tiene ninguna discusión desde el punto de vista teórico y otros en los que también hay consenso que no pueden ser considerados como conexos con el delito político. Cualquier discusión sobre lo que no esté en esos extremos va al Congreso.

Deme un ejemplo de lo que podría ser un hecho no tan significativo en el conflicto.

Uno no puede decir que es igual de grave un daño en cosa ajena a una masacre. Esa es la selección que tiene que hacer la primera sala del tribunal, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, para determinar cuáles hechos son más significativos desde el punto de vista del conflicto.

¿Para qué le sirve al tribunal que exista una Comisión de la Verdad?

Uno no puede pretender que todos los hechos ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado que ha durado 50 años pasen por la Jurisdicción Especial para la Paz. Sería un error. Algunos temas serán resueltos a través de la Comisión de la Verdad. Y ahí es muy importante tener en cuenta que los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz dependen del cumplimiento de todas las obligaciones que impone el sistema, que incluye por supuesto la obligación de contar la verdad. La Comisión de la Verdad es un componente más de ese sistema integral, entre todos esos componentes del sistema debería quedar establecido qué ocurrió realmente durante todos estos años de conflicto armado.

¿Con qué criterio se separa lo que va para la Comisión de la Verdad, pero no al tribunal?

Las personas beneficiadas con indulto no quedan eximidas de la responsabilidad de contar la verdad. Ahí, por ejemplo, empatan los dos temas. En teoría, un indulto es simplemente la concesión de un perdón de la pena que libera de responsabilidad penal, pero en un sistema de estos no libera de la obligación de contar la verdad. Donde realmente va a haber más trabajo es en la Comisión de la Verdad, porque ahí deberían llegar casos que incluso han estado en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Comisión se puede alimentar del tribunal, pero no funciona al revés.

¿De dónde se alimentará la Comisión?

Por un lado, tanto las Farc como el Gobierno se comprometieron a aportar información. El acuerdo es también un incentivo a que la sociedad en general participe con información, por eso se garantiza confidencialidad. Además, la Comisión va a partir de los ejercicios de esclarecimiento que ya se han dado, como ¡Basta ya!, el informe de la masacre de Trujillo o la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia.

¿La Comisión de la Verdad podrá acceder a información de expresidentes?

En la Jurisdicción Especial para la Paz no van a caer hechos que puedan ser atribuidos a presidentes o expresidentes de la República. Su fuero constitucional se mantiene tal como está ahora.

Si la Comisión no tiene funciones judiciales y el Tribunal no se va a alimentar de la Comisión, ¿por qué no incluir a los expresidentes?

Por la naturaleza misma del cargo se decidió que los presidentes no entran en este sistema. Esa fue la decisión que se tomó en la mesa negociación.

Pero, en términos de verdad, ¿no quedamos cojos?

Para eso están los trámites o mecanismos que existen desde hace mucho tiempo en la Constitución, como la Comisión de Acusación de la Cámara.

Que nunca ha funcionado, ministro...

Digamos que no ha funcionado por la congestión respecto a casos que hoy en día son objeto de su conocimiento. Precisamente, la reforma de equilibrio de poderes le dejó a la Comisión de Acusación su labor pura y original de ocuparse de los presidentes y expresidentes.

Si están tan congestionados, ¿por qué la acusación contra el magistrado Jorge Pretelt avanzó tan rápido mientras al expresidente Álvaro Uribe ni lo acusan ni le archivan?

Creo que sí va a funcionar. La naturaleza del cargo de presidente tiene que tener un procedimiento lo suficientemente garantista para que se puedan investigar sus conductas y para estar lo suficientemente blindado, que ese procedimiento no sea utilizado solamente con el propósito político de sacar a un presidente de su cargo.

El Espectador reveló el domingo pasado que militares presos y abogados de la guerrilla se han venido reuniendo. ¿Qué sabe sobre el tema?

Lo que ha dicho la prensa.

¿Los casos de militares condenados podrían resultar en algún tipo de sistema paralelo?

No. La Jurisdicción Especial para la Paz es una sola como infraestructura y se aplica a la guerrilla, a los agentes del Estado y a los terceros que hayan estado involucrados en el conflicto. Lo que cambia es la forma como internamente opera y eso explica que la situación de los agentes del Estado no haya sido discutida en La Habana.

¿Está el Gobierno dispuesto a negociar con agentes del Estado como oficiales condenados nuevas condiciones de justicia transicional?

Los parámetros fundamentales en relación con los agentes del Estado están ya decididos por el Gobierno, así que no.

¿Versiones libres de Justicia y Paz, sin verificar, pueden ser remitidas al tribunal?

Toda la información que haya sobre hechos relacionados con el conflicto debe ser remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz, que hará la valoración jurídica.

¿Va a haber grupos con funciones de policía judicial?

Ese tema es susceptible de reglamentación.

¿En esta jurisdicción podrían entrar casos como los crímenes del cartel de Medellín?

En principio diría que no, pero la decisión de qué guarda relación con el conflicto o no es de la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿En qué queda la teoría de los aparatos organizados de poder?

En el documento de la Jurisdicción Especial para la Paz se dice que la responsabilidad de los superiores no puede depender exclusivamente de la existencia de una relación de mando con quien materialmente comete un delito. Es indispensable que se demuestre, además, que el superior conocía de la situación irregular y disponía de los medios adecuados para conjurarla.

¿El fiscal ha ofrecido material del trabajo de Natalia Springer para el tribunal?

Lo que se acordó en La Habana es un bosquejo, es decir, está creada la infraestructura. Detalles de procesos, de información e investigaciones aún no hay. Lo diseñado es el esquema del engranaje.

El tribunal va a tener también la posibilidad de revisar sentencias. ¿Hablamos de fallos en cualquier instancia?

Para revisar la sentencia tiene que haber surtido todas las instancias.

¿Se puede entender la Sala de Revisión como otra instancia para los procesos jurídicos?

Lo que no se entendería es que en un proceso de paz no quedaran incluidas personas que por razones puramente temporales no alcanzaron a llevar sus casos a la Jurisdicción Especial para la Paz. No sería equitativo. Por eso, todos los casos que tengan que ver con el conflicto y hayan tenido una sentencia podrían ser sometidos a revisión, para que haya un cierre de todos los hechos relacionados con el conflicto.

En revisión, ¿cuánto se pueden reducir las penas?

En términos generales, sería una reducción significativa, porque las penas de la justicia ordinaria son mucho más altas que las previstas con la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde luego, para recibir ese beneficio es importante cumplir con las demás obligaciones, como la verdad y la reparación de las víctimas.

¿Cómo funcionarán la primera y la segunda instancia del Tribunal para la Paz?

El principio de la doble instancia se respeta en esta jurisdicción tanto para las personas que acepten cargos tempranamente como para las que no lo hagan.

¿Son salas independientes totalmente la una de la otra?

Sí, esa es la idea precisamente para que la evaluación sobre los hechos sea totalmente independiente.

Por la cantidad de información que va a manejar, queda uno con la sensación de que este sistema tiene todo el potencial de colapsar…

La información va a estar organizada y clasificada. Eso no significa que no haya mucho trabajo, pero de ahí la importancia de esa primera Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, que va a ser la encargada de distribuir entre todas las demás salas el trabajo de acuerdo con la naturaleza de los hechos. Creo que la forma en como están distribuidas las funciones de esta Jurisdicción Especial para la Paz va a permitir distribuir mejor el trabajo y afrontarlo de manera relativamente rápida.

¿Cómo van a participar las víctimas en el sistema?

El ministro de Justicia explicó que las víctimas tienen varias opciones. Una de las fuentes de información de la Jurisdicción para la Paz es información de las organizaciones de víctimas. Y, además, hay acordados por lo menos siete medidas que tocan directamente a las víctimas: los actos formales, públicos, solemnes de reconocimiento de responsabilidad de las Farc, como ya ocurrió en Bojayá; las acciones concretas de reparación del daño causado, como la reconstrucción de infraestructura, los programas de desminado o la contribución en trabajos de búsquedas de desaparecidos. Hay reparaciones colectivas. Hay medidas de reparación a cargo del Estado. Hay procesos de retorno para personas desplazadas y sobre restitución de tierras. Por último, las Farc asumieron el compromiso de hacer una reparación integral a las víctimas que incluye reparación material. “En este proceso de paz las víctimas cumplen un papel sumamente importante”, expresó el ministro Yesid Reyes.

La teoría de los aparatos organizados de poder

El ministro Reyes explicó que, según la Jurisdicción Especial para la Paz, la responsabilidad de los superiores –en este caso de los jefes máximos de las Farc– no puede depender exclusivamente de la existencia de una relación de mando con quien materialmente comete un delito.

Es indispensable, aseguró el alto funcionario, que se demuestre, además, que el superior conocía de la situación irregular y disponía de los medios adecuados para conjurarla. Esas exigencias adicionales, agregó el ministro, no son una innovación: “Todas las teorías que se han ocupado de esta problemática, incluida la que se conoce con el nombre de aparatos organizados de poder, admiten que la responsabilidad de los superiores no depende exclusivamente de la existencia de una relación de mando con un subordinado que comete un delito”.

Adiós al Concurso Nacional de Belleza. Por: Juan de Díos Sáncez Jurado.

Adiós al Concurso Nacional de Belleza. Por: Juan de Díos Sáncez Jurado.

Adiós al Concurso Nacional de Belleza y, en general, adiós a todos los concursos de belleza en Colombia. No es posible que estemos a mediados de la segunda década del siglo XXI, y que aún se efectúen certámenes que son muestra de arraigado machismo, cuya única repercusión cultural es reforzar estándares de belleza clasistas y racistas. 

El Concurso Nacional de Belleza nació en 1934, como un evento para congregar al país en el marco de la celebración de la independencia de Cartagena. 1934, cuando todavía faltaban veinte años para que las mujeres en Colombia tuvieran derecho al voto, una época en la que el destino de la mayoría de las mujeres de este país era el matrimonio o el convento y, en ambos casos, consagradas de manera vitalicia a los oficios domésticos. Es hora ya de ponerle fin a una práctica que nada tiene que ver las conquistas jurídicas, sociales y económicas que han logrado las mujeres hasta la fecha, en el camino hacia la equidad de género.

No es posible que sigamos viviendo en un país que por cuenta de estos concursos, demuestra una  obsesión por la belleza de la mujer joven, esbelta, soltera y virgen, es decir, las “Señoritas”, y que a partir de ello desconoce y demerita a las mujeres que no encajan dentro de esas categorías.

Reconozcamos que es un tanto ridículo que, siguiendo el ejemplo del Concurso Nacional de Belleza, en cada rincón de este país, hasta para celebrar al más agreste de los cultivos, un grupo de mujeres se exhiba en traje de baño para que un jurado decida cuál es la más “chusca”, la más “buena”, las más “hembra” del ramillete. Aparte esa denominación de “reina”, ¿de dónde viene?, ¿en qué momento nos convencieron de que la panela, el ñame o la arracacha concedían título nobiliario?

Los concursos de belleza perpetúan la idea de que una mujer es sólo un objeto de contemplación cuyo valor radica en su capacidad para atraer miradas, es decir, su capacidad para ser objeto de deseo, al tiempo que su intelecto no importa o importa sólo para ser tema de burlas, cuando presa de los nervios, alguna de las candidatas responde en la sección de preguntas con algún disparate.

La belleza no es un talento, es un hecho biológico, entonces ¿por qué una competición para elegir  a la “más” favorecida por esa casualidad genética? Sin descontar que hoy en día la belleza en estos certámenes, más que un hecho biológico, es un hecho quirúrgico y de retoque digital; entonces qué es lo que se premia, ¿la superficialidad, el inconformismo con el propio cuerpo, la obsesión por encajar en los estándares de belleza? 

No es justo que haya departamentos, distritos o municipios, destinando recursos públicos para patrocinar la participación de una candidata al Concurso Nacional de Belleza. Además, hablando de presupuestos, es evidente que el del Reinado Nacional agoniza. Desde el año 2000 a esta parte hemos visto cómo el concurso se ha venido a menos; se nota en la talla de los artistas que interviene en las presentaciones musicales, en la celebración de los eventos previos a la noche de coronación fuera de Cartagena (porque Cartagena sale cara), y en el bajo rating de las teletransmisiones.

Que vivan las mujeres, que viva la belleza, pero que el valor de una mujer no se fundamente exclusivamente en su apariencia, eso es triste.

Así como sucedió con Micolta, el personaje de Sábados Felices que tuvo que retirarse a petición del público, por perpetuar estereotipos de discriminación racial, sería consecuente que también uniéramos voces para pedir que la de este año sea la última versión del Concurso Nacional de Belleza, y que de una vez cese la violencia de género que ejerce cada año.

Juan de Díos Sáncez Jurado. Cartagenero. Abogado de profesión. Escritor por vocación. Animal político, cultural y alternativo. Director de la revista cultural cartagenera Cabeza de Gato: @cbzdegato

http://revistacabezadegato.blogspot.com

TOMADO DE ELUNIVERSAL.COM. NOVIEMBRE 13 DE 2015.