Brasil: El escándalo judicial y político de la Operación 'Vaza Jato'
Marcelo Aguilar
15/06/2019
La revelación de vínculos ilegales entre los fiscales de la Operación Lava Jato y el entonces juez de la causa Sérgio Moro ponen en aprietos al ahora ministro de Justicia y dan nuevas esperanzas a la defensa del ex presidente Lula da Silva, preso desde el año pasado. Según las primeras informaciones publicadas por “The Intercept Brasil” con base en mensajes intercambiados por los miembros del Ministerio Público, los investigadores tenían además dudas respecto a las pruebas presentadas contra Lula y estaban motivados por sus opiniones políticas. Las revelaciones recién habrían comenzado.
Vazar, del portugués: proceso por el cual algo se vacía, o deja salir su contenido. En la calle: vazar de algún lugar, irse. En una noticia: cuando se filtra a la prensa, “vazou para a imprensa”. De aquí el nombre que Internet le dio enseguida a la serie de reportajes que comenzó a publicar esta semana The Intercept Brasil basada en un extenso archivo entregado por una fuente anónima. “Vaza Jato”. Originalmente publicadas como “Los mensajes secretos de la Lava Jato”, y lideradas por Glenn Greenwald –el premio Pulitzer que reveló los archivos del caso Snowden–, las hasta ahora cuatro partes del reportaje develan relaciones promiscuas entre los fiscales de la Lava Jato y el entonces juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro. En Brasil las funciones de acusar y juzgar deberían estar separadas nítidamente, según lo que establece el Código Penal. Los fiscales investigan y presentan las pruebas al juez, que –supuestamente imparcial– juzga.
En las conversaciones reveladas, Moro no sólo juzga, sino que también opina y direcciona sobre el transcurso de la operación, piensa la estrategia. En uno de los diálogos, el magistrado aconseja al Ministerio Público sobre los indicios de corrupción obtenidos a través de delaciones premiadas de ejecutivos de Odebrecht, que involucraban entre otros a Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Eduardo Cunha y Aécio Neves. Ante una actualización de las denuncias realizada por el fiscal a cargo de la Lava Jato Deltan Dallagnol, en diciembre de 2016, en la que anunciaba que estas involucraban a nueve presidentes, 29 ministros, 34 senadores y 82 diputados, Moro respondió: “Mejor quedarse con los 30 por ciento iniciales (sic). Muchos enemigos y que trascienden la capacidad institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial”. En otros pasajes, el juez sugiere fuentes, pasa pistas, aconseja cambiar el orden de las etapas de la investigación. Y hay otros indicios. Ante la publicación por el diario O Globo de que uno de los directivos de Odebrecht que acompañaba a Lula en sus viajes iba a ser liberado, Dallagnol le escribió a Moro: “Querido, el Stf (Supremo Tribunal Federal) soltó a Alexandrino. Estamos con otra denuncia a punto de salir, y pediremos prisión con base en fundamentos adicionales (…). ¿Sería posible que la examines hoy?”.El juez le respondió: “No creo que lo pueda ver hoy. Pero piensen si es una buena idea”. Y nueve minutos después agregó: “Tendrían que ser hechos graves”.
En marzo de 2016 –momento de presión feroz de la Lava Jato sobre el Partido de los Trabajadores (Pt) y de protestas en la calle– fueron publicadas conversaciones interceptadas ilegalmente entre la entonces presidenta, Dilma Rousseff, y el ex presidente Lula. En aquel momento, Moro y Dallagnol se consultaron sobre la estrategia a adoptar, en otra muestra de que trabajaban de forma articulada. Moro negó esto varias veces. “Yo no tengo ninguna estrategia de investigación. Quien investiga o quien decide lo que va a hacer es el Ministerio Público y la Policía Federal”,dijo en una conferencia sobre lavado de dinero ese mismo año, en la que también afirmó: “Me irrito a veces al escuchar críticas un poco infundadas a mi trabajo, que dicen que soy un juez investigador.”
Pruebas dudosas
Cuatro días antes del famoso powerpoint con el que Dallagnol presentó la denuncia formal contra Lula –aquel en el que todos los males apuntaban al ex presidente–, el fiscal tenía dudas sobre las pruebas en las que se basaba el proceso. Y no eran dudas menores, sino que –como acaba de revelar The Intercept– surgían del punto central de la acusación: si el apartamento eventualmente recibido por Lula había sido otorgado a cambio o no de favores concedidos a la empresa Oas en contratos con Petrobras. Esto es clave. Si el apartamento de Lula no hubiera tenido relación con la corrupción en Petrobras, el caso no podría haber sido juzgado por Sérgio Moro.
En un grupo de Telegram que integraba junto a los fiscales de la Lava Jato, Dallagnol escribió: “Van a decir que estamos acusando con base en noticias de diario e indicios frágiles… Entonces es un ítem que es bueno que esté bien preparado. Además, hasta ahora, tengo recelo sobre la relación entre Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me hablaron también tengo recelo sobre la historia del apartamento, son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua”. El día anterior a la denuncia, Dallagnol envió este otro mensaje: “La opinión pública es decisiva en un caso construido con prueba indirecta y palabra de colaboradores contra un ícono que pasó incólume por el mensalão”. Dos días después le escribió en privado a Moro, y básicamente asumió que la denominación de “líder máximo del esquema de corrupción” que le adjudicaron públicamente a Lula no estaba fundamentada sobre prueba alguna, pero era esencial para que fuera Moro quien juzgara el caso.
Fiscales políticos
Otra de las principales informaciones del archivo reveladas hasta el momento es la articulación entre los fiscales de la Lava Jato en Curitiba para evitar que Lula diera entrevistas antes de la elección de octubre de 2018, por miedo a que “ayudase a elegir a (el candidato del Pt Fernando) Haddad”. Como reacción a la decisión del Supremo Tribunal Federal que autorizó que Folha de São Paulo entrevistara a Lula, la fiscal Laura Tessler escribió en el grupo: “Qué chiste! Indignante! Ahora el tipo va a hacer campaña en la cárcel. Un verdadero circo”. Otra integrante del grupo, la también procuradora Isabel Groba, escribió: “Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Una hora después, Tessler dejó todo más claro: “Una rueda de prensa antes de la segunda vuelta puede elegir a Haddad”. Al mismo tiempo, en un diálogo paralelo, Dallagnol conversaba con una amiga que le escribió: “Ando muy preocupada con una posible vuelta del Pt, pero he rezado mucho para que Dios ilumine a nuestra población, para que un milagro nos salve”,a lo que Dallagnol respondió: “Gracias, Carol, reza sí, lo precisamos como país”.
Según The Intercept, la discusión entre los fiscales, “que se extendió por varias horas, parece más una reunión entre estrategas y operadores anti-Pt que una conversación entre fiscales supuestamente imparciales”. En otras de las partes del chat publicadas, los fiscales discuten formas tanto de evitar la entrevista como de disminuir sus efectos en caso de que finalmente ocurriese. Uno de los fiscales sugirió que la Policía Federal agendase el encuentro entre Lula y Folha de São Paulo para después de la elección, ya que la decisión no tenía fecha establecida. Finalmente Lula no pudo dar ninguna entrevista antes de la elección, luego de una decisión judicial en respuesta a una demanda presentada por el derechista Partido Nuevo.
Juez parcial
Pedro Serrano, doctor en derecho constitucional y profesor de la Pontificia Universidad de San Pablo, estudia desde 2007 lo que llama “autoritarismo líquido” e identifica como “la actuación del sistema de Justicia –dentro de las democracias– como fuente de medidas de excepción y no de derecho”. Para Serrano, “estos archivos son una prueba muy contundente que demuestra cómo funciona un proceso penal como medida de excepción, o sea, no como debería funcionar en un Estado democrático, sino siendo utilizado dentro de él como fraude: un proceso que tiene una apariencia de proceso penal, pero un contenido político tirano que busca perseguir a un enemigo”. El especialista dijo a Brecha que si los archivos fueron obtenidos de forma ilegal, no sirven para incriminar a nadie, pero sí para beneficiar a los acusados o investigados por “los mecanismos fraudulentos que estos diálogos trasmiten”. Para Serrano son fraudulentos “porque el juez, que quería dar una apariencia de ser imparcial, en realidad actuaba con total parcialidad, orientando a los fiscales, diciendo cómo accionar, cómo investigar, algo que el juez no puede hacer, está prohibido por la ley brasileña”. Y agregó: “Un juez parcial atenta contra los valores mínimos de un proceso penal civilizado”. Según el análisis de Serrano, lo que The Intercept publicó hasta ahora “ya es suficiente para tornar nulos los procesos contra Lula en que Moro participó” y demuestra que “a Lula se le prohibió participar en la elección por un proceso penal cuyo juez estaba comprometido con su condena”.
Primeros efectos
La Orden de los Abogados de Brasil –que en su momento pidió el impeachment contra Dilma Rousseff– aprobó por unanimidad este lunes 10 la recomendación de que los involucrados en la trama revelada por The Intercept pidan el alejamiento de los cargos públicos que ocupan, para que las investigaciones “corran sin ninguna sospecha”. La entidad dice estar “perpleja y preocupada” con la noticia, tanto por el hecho de que autoridades públicas hayan sido “hackeadas” –lo que sería un “grave riesgo a la seguridad institucional”– como por el contenido de las conversaciones divulgadas, “que amenaza los cimientos del Estado de derecho”.
En una nota también publicada el lunes, la defensa de Lula escribió: “La actuación concertada de los procuradores y del ex juez de la causa, con objetivos políticos, sujetó a Lula y a su familia a las más diversas arbitrariedades”. Y dijo también: “Nadie puede tener dudas de que los procesos contra el ex presidente Lula están corrompidos por lo que hay de más grave en términos de violaciones a garantías fundamentales y a la negación de derechos”.
El gobierno y el propio Moro minimizaron la cuestión. El ministro de Justicia dijo que “no vio nada de más en los mensajes. Lo que hay es una invasión criminal de celulares de fiscales, y para mí eso es un hecho bastante grave”. Además, normalizó la relación promiscua que revela el archivo publicado: “Los jueces conversan con los fiscales, los jueces conversan con abogados, con policías. Eso es normal”. En la tarde del martes 11, Bolsonaro –que luego de las filtraciones condecoró al ministro Moro con la Orden del Mérito Naval durante una ceremonia militar– escapó al tema al comparecer ante la prensa. “Presidente, ¿cómo evalúa las cuestiones que involucran al ministro Sérgio Moro?”, interrogó una periodista. Casi antes de que terminara de formular la pregunta, Bolsonaro ya estaba dando por terminada la entrevista. En entrevista al medio brasileño Uol, Glenn Greenwald comparó las revelaciones con las del caso Snowden, que le valieron el Pulitzer y desnudaron los sofisticados sistemas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense: “El tamaño del archivo que tenemos es mayor que el que recibimos de Snowden. Hasta el momento, esa era la mayor filtración de la historia del periodismo”. Se estima, según lo revelado a la prensa por uno de los editores de The Intercept, que se ha analizado hasta el momento tan sólo el 1 por ciento de la totalidad del archivo. Todavía no es posible dimensionar los alcances que puede tener esta enorme filtración en la política brasileña, pero la sensación es que alguna otra bomba está a punto de explotar.
Corresponsal del periódico Brecha de Uruguay en Sao Paulo, Brasil.
Brecha, 14 de junio 2019
