lunes, 3 de abril de 2017

Violencia antropológica. Mauricio Castaño H.

Violencia antropológica

         
28/03/2017
Opinión
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Dura, despiadada, descarnada esa filmografía de Gaviria. El animal es más que un cavernícola, no sólo vive apenas con lo necesario sino que está hecho de violencia contra todo y en especial contra la mujer. La Mujer del Animal es un film, crudo, descarnado, no tiene ninguna consideración con el espectador, su lenguaje y sus escenas suceden sin rodeos, van directo al grano, palabras y violencias fuertes que estremecen al desprevenido cinéfilo. Sus personajes son naturales, esos que han vivido las realidades concretas que les ha tocado vivir, los que han perdido desde el momento en que nacieron, por lo general son vidas duras, en proceso de demolición, del bajo mundo, en donde las injusticias se acentúan y se aumentan ene veces a las que viven las clases medias o altas.

Allí, en ese film, encontramos un documento antropológico que devela una cierta matriz de la familia antioqueña y colombiana en general. El personaje del Animal es fiel copia de una madre matrona, imponente, violenta que odia su género y las cuales todas son unas putas, unas rameras de poca valía ante las cuales no vale ninguna consideración de aprecio o respeto, “habéis dicho mujeres, no olvidéis el látigo,” sentencia la misoginia.

Las escenas inspiradas en la vida real, suceden en los barrios marginales de Medellín, El Popular Uno, transcurre el año de 1975, allí pasan las mayores miserias de las vidas en ranchos de lata improvisados, en tugurios y con seres que tratan de arañar en cada momento de la vida una miga de pan. Son seres desplazados huyendo de la violencia política. El personaje del animal tiene una característica que lo hace único en su barriada: es muy violento y despiadado, insensible. Toda chica hermosa y virginal es objeto de sus deseos sexuales, nada lo detiene, las rapta, las abusa ante la mirada de todos. Su machete y su séquito de forajidos, de matones de barrio son sus compinches para su empresa criminal, no sólo de violador de niñas sino de despojo de terrenos y viviendas.

Esta matriz antropológica de la sociedad antioqueña y colombiana muestra cómo se confecciona, cómo se gesta el sicario en los brazos de la madre matrona, como la matrona lo arropa y lo llena de valor para que acierte en la bala asesina, cómo lo carga de los valores machistas que hace que todas las mujeres sean unas putas a las cuales se precisa látigo constante. El varón es bienvenido, y los nietos de mis hijas serán, los de mis hijos en duda estarán.

Esas realidades crudas generan reacciones de repulsión en el desprevenido espectador, y no es para menos, pues la filmografía común y corriente muestran que la vida es rosa, la familia pequeño burguesa, la pareja feliz con hijos, casa, carro. Y cuando muestran las violencias no son para cuestionar sino para hipnotizar, para divertir con el dolor. Niños, jóvenes y adultos están encarnados, lelos dirigiendo los crímenes de Robocot o a Rambo. Cosa extraña esa, repudiamos la miseria antropológica que nos constituye pero acogemos el caudal de violencia que se nos propone. Esa dureza propia que nos devela la repudiamos, espejo odioso, acogemos la violencia hacia los otros que se nos propone en el gran cine comercial y baladí.

Repudiamos nuestro espejo de violencia que nos refleja. Acogemos la violencia heroica del matón que se nos propone, de ese asesino de cuyo lado estamos, de esa violencia institucional que a diario la pantalla chica nos enseña. Exitosas series a lo Robin Hood como Pablo Escobar, Sin Tetas no hay paraíso, su éxito taquillero demuestra qué tanto estamos del lado de esa violencia cruel, de esos asesinos, de esa violencia sin sentido como la de Tarantino. Mientras yo me salve, todo está bien, los demás que se vayan al carajo, la solidaridad humana fue vuelta añicos.

La crudeza de Víctor Gaviria es proporcional a esas solidaridades que se tejen en el fondo mismo de la miseria humana. La mujer del animal termina dando las gracias al todo poderoso ante el cuerpo abaleado y abatido de su verdugo, mientras que su suegra, madre de aquel, lo llora, abrazada al cuerpo ya yerto. Ese animal es el reflejo antropológico de la violencia despiadada que nos constituye, del asesino que cada quien encarna pero que de manera hipócrita repudiamos y que por las mismas razones no permite cuestionarnos.

Historiador

 

 


 


 


 


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Brasil: Justicia fiscal para acabar con la pobreza y desigualdad Grazielle David

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Brasil:
Justicia fiscal para acabar con la pobreza y desigualdad

Grazielle David

Artículo publicado en la edición de marzo (522) de la revista
América Latina en Movimiento:  ¿Hasta cuándo las guaridas fiscales?
(Coedición con la campaña Paguen lo Justo)

ALAI AMLATINA, 30/03/2017.- La crisis económica de 2008 fue utilizada como justificación para la adopción de medidas de austeridad en Europa.  Los resultados han sido catastróficos, especialmente en países como Grecia y España, por lo que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI)[i] ha tenido que reconocer, por medio de estudios empíricos, que los recortes presupuestarios durante las recesiones económicas tienden a ampliar los déficits fiscales y prolongar la recesión, ampliando los niveles de desempleo y desacelerando la recuperación económica.

Con un efecto un poco más tardío de la crisis, actualmente es América Latina la que está siendo bombardeada con las mismas medidas de austeridad.  Entretanto, en lugar de tomar en cuenta su entendimiento sobre los efectos perjudiciales de las medidas de austeridad en casos de crisis económica, en esta región el FMI defiende a los gobiernos que adoptan medidas de ajuste fiscal extremo[ii].

Brasil se ha destacado por el volumen, intensidad y perversidad de las medidas de austeridad adoptadas.  El gobierno de Temer, que llegó al poder en 2016 después de la destitución de la presidenta democráticamente electa, ha adoptado un acelerado paquete de maldades contra el pueblo brasileño.  Es importante destacar que tanto el presidente como sus ministros están profundamente implicados en las denuncias de corrupción en proceso, el país vive un escenario de crisis institucional y política, y las propuestas del gobierno nunca fueron sometidas al voto popular.

Entre las medidas más perversas, el gobierno de Temer presentó y aprobó en el Congreso Nacional, en 2016, una propuesta de Enmienda a la Constitución[iii] para instaurar un “nuevo” régimen fiscal, el cual determina que los gastos primarios, donde están todos los gastos sociales, tendrán un techo a partir de 2017: corresponderán al valor pagado en 2016 reajustado apenas por la inflación.  En la práctica, eso representará un congelamiento de los gastos sociales por 20 años, o aun peor, como la población crecerá en un 9% y la población de tercera edad se duplicará en 20 años[iv], los gastos sociales per cápita serán de hecho reducidos.  Es importante destacar que existe en el país una normativa que permite contingencias presupuestarias para atender la meta de superávit primario, de acuerdo con la Ley de Directrices Presupuestales.  Si la meta fuese muy restrictiva, los gastos sociales no serían simplemente congelados, sino inferiores en comparación con el año anterior.  Ampliando el análisis, cuando el país vuelva a crecer, ninguna recaudación adicional del país podrá ser utilizada en gastos sociales para ampliar derechos, debido al techo de gastos primarios, y solamente podrá ser utilizada en gastos financieros, para pagar intereses y deuda.

Si bien se están adoptado medidas de control sobre los gastos primarios por el mundo, el caso brasileño es único: I.  Fue determinado por enmienda constitucional; II. Tiene un plazo excesivo de 20 años, lo cual inviabiliza la adopción de otras políticas fiscales por futuros gobiernos electos democráticamente; III. Imposibilita el crecimiento real de los gastos sociales al limitarlos a la corrección inflacionaria, en lugar de a la variación a mediano plazo del PIB como en muchos países europeos; IV. Hace abstracción de cualquier necesidad social que demande mayores inversiones sociales.  Por ejemplo, solamente el envejecimiento poblacional demandaría un crecimiento de 37% en el gasto de salud[v].

En perspectiva, si esa Enmienda hubiese sido aprobada desde 2013, el presupuesto de la salud en 2015 habría sido de casi la mitad de lo que fue realmente, R$ 55 billones en lugar de R$ 100 billones.  En los próximos 20 años se prevé una reducción del 25% a una política pública cuyo financiamiento ha sido históricamente seriamente insuficiente[vi].

De esta manera, la Enmienda Constitucional n.95/2017, previamente conocida como PEC 241 y después como PEC 55, es enteramente incompatible con las obligaciones en derechos humanos.  Así lo afirmó en una Declaración el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston[vii], que considera que la enmienda afectará de forma más intensa a los brasileños más pobres y vulnerables, además de ampliar las desigualdades en una sociedad ya bastante desigual.

Observaciones de la ONU

El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya emitió direcciones específicas a ser observadas por los países que forman parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando se adopten medidas en respuesta a crisis económicas.  Para estar en acuerdo con el Pacto, las medidas fiscales deben: ser temporales; estrictamente necesarias y proporcionales; no discriminatorias; tomar en consideración posibles medidas alternativas, incluyendo medidas tributarias; identificar y proteger el contenido mínimo y central de los derechos humanos; y ser adoptadas solamente después de un cuidadoso análisis con genuina participación social en el proceso de toma de decisión, especialmente de los grupos e individuos afectados[viii].

Con la EC 95, el gobierno de Temer falló en considerar todos esos criterios.  La Enmienda no es temporal, pues se extiende por 20 años y más allá del periodo de la crisis económica.  El techo a los gastos sociales afectará desproporcionalmente a los más vulnerables, como a las mujeres e infantes negros pobres, que son justamente los que más dependen de los servicios públicos como salud y educación.  No se consideraron medidas alternativas, especialmente las que podrían mejorar y ampliar las recetas de forma más equitativa.  Algunas posibilidades serían: I. Combatir la evasión fiscal que representaría un crecimiento del 27% del valor de recaudación[ix], lo que en 2015 correspondió a R$ 500 billones; II. Ampliar la contribución de los súper ricos con la revocación de la no tributación sobre los lucros y dividendos en el impuesto a la renta, que en 2015 hubiese correspondido a R$ 43 billones[x].  Con esas medidas se podría haber evitado recortes drásticos en el gasto social.  Finalmente, el gobierno y varios congresistas no realizaron análisis sobre los efectos de las medidas, ni permitieron la participación social adecuada, al apresurar la aprobación de la Enmienda e inviabilizar la realización de Audiencias Públicas que ya estaban previamente aprobadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[xi] al considerar todos esos elementos presentados en Audiencia Pública instó al gobierno brasileño a respetar los principios de progresividad en la realización de los derechos humanos y de no regresión social, en conformidad con el Protocolo de San Salvador, que Brasil ratificó en 1996.  De acuerdo con ese documento, los países signatarios tienen prohibido adoptar medidas políticas y legales, sin justificación adecuada, que empeoren la situación de gozo de los derechos económicos, sociales y culturales por la población.

Protección al sector financiero

En la evaluación[xii] de la Inesc al presupuesto de Brasil para 2017 es posible observar los primeros indicios de irrespeto tanto a las orientaciones de la ONU como de la CIDH, lo que implicará una afrenta a los derechos sociales de las brasileñas y de los brasileños como resultado de la austera EC 95.  Entre 2016 y 2017 hubo un aumento del 17,20% de los recursos públicos para gastos financieros.  Por otro lado, los gastos primarios sufrieron una reducción del 14,2% en su tajada del pastel del presupuesto de la Unión.

Los datos presupuestarios evidencian que son las funciones y programas presupuestarios relacionados con las poblaciones en mayor riesgo los que más perderán.  Como ejemplo, la función “Derechos de la Ciudadanía” tuvo la mayor pérdida presupuestaria.  Nominalmente, esa función bajó de R$ 2,4 billones en 2016 a R$ 1,6 billones en 2017, un recorte del 47%.  Dentro de esa función, el programa más golpeado fue el de “Políticas para las Mujeres: Enfrentamiento a la Violencia y Autonomía” que tuvo una reducción del 52%.  Ese es el Programa que garantiza, por ejemplo, la atención a las mujeres en situación de violencia.  Esa acción presupuestaria se redujo en R$ 5,5 millones en 2017.  En contrapartida, para los intereses, en 2016 se pagaron como parte de la deuda interna y externa R$ 381 billones, y en 2017 la previsión es de R$ 557 billones, lo que representa un aumento de 46%.

Es decir, mientras el porcentaje del gasto financiero creció entre 2016 y 2017, los gastos primarios se redujeron, probando que la lógica de la EC 95 es fijar recursos cada vez más protegidos para el sector financiero y cada vez más limitados para los derechos humanos.  Esto atropella los principios de no regresión social, no discriminación y de uso máximo de recursos disponibles para la realización progresiva de los derechos humanos.  (Traducción: Latindadd y ALAI).


Grazielle David es asesora política del Inesc, magister en economía de la salud, especialista en derecho sanitario y bioética.


[i]                       FMI. Expansionary Austerity: New International Evidence. IMF Working Paper. 2011. Disponible en:http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11158.pdf
[ii]                      IMF Fall Meeting, Outubro de 2016. Disponible en:  http://exame.abril.com.br/economia/gerente-do-fmi-defende-pec-do-teto-do-gasto-publico/
[iii]                     Íntegra de la Enmienda Constitucional n. 95/16. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
[iv]                     IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/
[v]                      Proyecto Salud Mañana de la Fiocruz. Disponible en:  http://bit.ly/2mD2yab
[vi]               Consejo Nacional de Salud y Consejo de los Secretarios Municipales de Salud. Disponible en:  http://www.conass.org.br/nota-conjunta-conass-e-conasems-sobre-a-pec-241/.
[vii]                    http://bit.ly/2lZO7Jw
[viii]              ONU. Relatório sobre medidas de austeridad y derechos socioeconómicos, 2016. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_en.pdf.
[ix]                     Estatal. Evasión Fiscal en Brasil llega a 27% del Total Recolectado, de acuerdo con la ONU. Disponible en: http://bit.ly/2j614Rm
[x]                      Orair y Gobetti. Progresividad Tributaria: la agenda olvidada. 2015.  Disponible en:
[xi]                     Comunicado después de la Sesión 159ª de la CIDH. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2016/183A.asp
[xii]                    INESC. A EC 95 en la real. 2017. [en el preludio]



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domingo, 2 de abril de 2017

EL SALVADOR, PRIMER PAÍS DE AL EN PROHIBIR MINERÍA METÁLICA ALFREDO CARÍAS

EL SALVADOR, PRIMER PAÍS DE AL EN PROHIBIR MINERÍA METÁLICA
ALFREDO CARÍAS
Versión para impresión. 31/03/2017

El Salvador hizo historia. Con 69 votos se convirtió en el primer país latinoamericano en tener una Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

La alegría no se pudo contener entre los asistentes dentro y fuera del palacio legislativo salvadoreño cuando hicieron oficial el anuncio de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador. La aprobación de la moción convirtió a El Salvador en el primer país de América Latina en contar con una legislatura para denegar la explotación minera en sus tierras.

Al unísono, representantes de comunidades y organizaciones sociales gritaron ‘¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡No a la minería! ¡Sí a la vida!’

Tuvieron que pasar 12 años de lucha contra la minería metálica en el país, tiempo en el cual cinco activistas ambientales murieron en circunstancias todavía oscuras. Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto y su bebe de 6 meses de gestación, Ramiro Rivera y Francisco Durán; a ellos se dedicó la ‘victoria’ de la aprobación de ley. Sus memorias fueron honradas y sus legados prevalecerán en los corazones de quienes siguen la causa por defender la vida, destacó con la voz quebrantada y lágrimas en sus ojos la ambientalista Vidalina Morales, habitante del pueblo de Cabañas, lugar emblemático de la lucha salvadoreña anti minera.

“Ellos están más vivos que nunca. Tristemente hay que derramar sangre para llegar a estos momentos; no debería ser así. Pero ellos y ella viven, continúan con nosotros, son nuestros mártires ambientalistas que no se lo merecían, pero estaban conscientes y seguros de que había que defender el agua de una transnacional. Yo creo que aquí están presentes y desde el cielo nos están viendo y celebrando junto a su pueblo, junto a El Salvador, junto al mundo entero. Los ojos del mundo están puestos sobre el triunfo del pueblo salvadoreño”, aseguró Morales.

“Esta hazaña es un ejemplo para los países del mundo que luchan contra los proyectos mineros y es un llamado de exhortación para los movimientos sociales a no claudicar en esta lucha, porque sí se puede ganar contra las empresas transnacionales” señaló el presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), Bernardo Belloso.

Según Belloso, se trata de “una victoria que hemos ganado contra estas empresas que son violadoras de los derechos humanos y destructoras de los bienes naturales […]. Que nuestra lucha sea un espejo para el resto de movimientos sociales a nivel centroamericano y mundial, y demostrar que organizadamente se pueden hacer cambios” concluyo.

Pero la lucha contra la minería metálica no termina con la aprobación de esta ley. Los activistas anunciaron que falta expulsar a la empresa minera Oceana Gold que continúa con sus intenciones de invertir en proyectos extractivistas en el país y que aún no paga al Estado salvadoreño los $8 millones de dólares más intereses que le ordeno hacer el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) después de perder el litigio el pasado 14 de octubre del año 2016.

Jueves, 30 de marzo del 2017

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/periodismociudadano/el-salvador-primer-pais-de-al-en-prohibir-mineria-metalica/3341
  
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LA OEA, MINISTERIO DE LAS COLONIAS. CRISMAR LUJANO, SERGIO MARTÍN-CARRILLO

LA OEA, MINISTERIO DE LAS COLONIAS.
CRISMAR LUJANO, SERGIO MARTÍN-CARRILLO
Versión para impresión. 30/03/2017
Análisis

En 1948 nacía la Organización de Estados Americanos (OEA), heredando el rol que hasta ese momento habían tenido las Conferencias Interamericanas, que se venían celebrando en el continente desde el año 1889 y eran las mejores representantes del panamericanismo dirigido desde los Estados Unidos. Desde el mismo momento de su nacimiento, la OEA se enfrentó a las visiones propias de los países latinoamericanos y caribeños. Es asi como Estados Unidos se convertía en el principal opositor a la creación en el seno de las Naciones Unidas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que finalmente nacía en ese mismo año 1948 y venía a disputar el espacio y la visión panamericanista.

La OEA está actualmente integrada por 35 países. Decir que está dirigida por los Estados Unidos no resulta un brindis a la retórica anti-imperialista. No hay más que ver su financiamiento para entender de modo claro a quién obedece y para quién trabaja. Estados Unidos financia el 80% del presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se ha convertido en los últimos años en la principal punta de lanza contra el gobierno democrático de Venezuela. Por otro lado, es la Secretaría General de la OEA la encargada de preparar el programa anual para la asignación de fondos a cada uno de los ejes temáticos de la institución. Es aquí donde se determina el poder de cada Estado sobre la Secretaría General, que se basa en cuotas ligadas a las asignaciones de cada uno de los miembros. En 2015, Estados Unidos financió con 2 mil millones de dólares, lo que representó el 52% del total de su presupuesto. Queda claro, por tanto, a quién debe obedecer el Secretario General Luis Almagro.

Tan solo año y medio después de que Luis Almagro fuera elegido al frente de la Organización, se comenzó una fuerte reforma institucional que venía a reforzar el poder de los Estados en función de sus aportaciones, alejando aún más el funcionamiento de cualquier tinte que pudiera sonar a democrático. La reforma incluía un recorte de 10,5 millones de dólares en su presupuesto anual, monto que principalmente venía de la reducción de personal y la eliminación de algunos programas. Mientras que otros ejes como el de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana, obtenían una duplicación en el monto de sus recursos.

Pero la pregunta es si la OEA contaba con cada vez menos recursos ¿de dónde obtenían las CIDH y la Corte Interamericana los mismos? Según un estudio elaborado por Indian Law, la duplicación de recursos provenía de donaciones externas a los canales formales de la OEA y, que hasta la fecha, provenían principalmente de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y algunas ONGs.

En otras palabras, financieramente la CIDH depende cada vez más de las contribuciones voluntarias de países u otras organizaciones públicas o privadas. Esto ha provocado que el modelo de la OEA con financistas externos al propio Sistema Interamericano, tenga un importante sesgo ideológico de signo conservador para el tratamiento, defensa y promoción de los Derechos Humanos en el continente.

Si atendemos al presupuesto aprobado para el fondo regular de la OEA, que es financiado por contribuciones de los países miembros mediante el pago de las cuotas, éste asciende a 84,9 millones de dólares. En cuanto a los gastos, el mismo los concretaba en un valor de 73,5 millones de dólares. Esto supondrá una reducción de 10,8 millones de dólares respecto al presupuesto del año anterior. Sin embargo, el monto dedicado a las partidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí que experimentan un incremento en el presupuesto, pasando de 4,9 a 5,64 millones de dólares la primera, y de 2,6 a 2,75 millones de dólares la segunda.

Es, por tanto, clara la intención que tiene la trama que dirige a la OEA de impulsar el nuevo papel de la organización en el continente. Ya relegado a un segundo, o tal vez tercer plano su rol de foro de discusión política en la región, ahora su intervencionismo se basa en una interpretación sesgada y dirigida de los derechos humanos, con una clara intención de doblegar la voluntad de los gobiernos que no se sometan a sus intereses.

En este sentido, adquiere nitidez el objetivo del documento de 75 páginas enviado por el Secretario General Luis Almagro para su discusión en la OEA. En el mismo, se daba un ultimátum a Venezuela para que celebre elecciones en 30 días bajo la amenaza de aplicación de la Carta Interamericana y la consiguiente expulsión del país caribeño de la organización. Esta nueva arremetida es derivada de una clara intención política, pero también hay que tener en cuenta el trasfondo económico que conlleva, pues el gobierno estadounidense se ha propuesto reducir un 50% sus aportaciones a organizaciones internacionales. En este sentido se hace necesario por parte de la OEA demostrar su utilidad para los intereses geopolíticos estadounidenses. Luis Almagro teme por su cargo y por el futuro de la organización que lidera y está dispuesto a salvar el mismo cueste lo que le cueste. No importa si por delante se lleva a un gobierno elegido por la voluntad popular expresada en las urnas. Lo importante no es la democracia ni los derechos humanos, lo importante es demostrar lo que uno puede hacer por los intereses de su principal financista. La OEA se comporta como los antiguos Ministerios de las Colonias, aunque ahora sea un “nativo” quien lo lidere.

 Crismar Lujano (@clujan0) y Sergio Martín-Carrillo (@Sergio_MartinC)
 Investigadores CELAG

Fuente: http://www.celag.org/la-oea-ministerio-de-las-colonias/



http://www.alainet.org/es/articulo/184480

LA DEMOCRACIA SIGUE RIGIENDO EN VENEZUELA. CELAG

LA DEMOCRACIA SIGUE RIGIENDO EN VENEZUELA. CELAG
Versión para impresión. 02/04/2017

La Sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) no constituye una ruptura del orden constitucional ni un golpe de Estado.

Para comprender con precisión el espíritu de esta sentencia es necesario previamente conocer los precedentes. La Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, desconoció y desconoce la institucionalidad vigente situándose por fuera del cauce legal al desacatar en repetidas oportunidades las sentencias del TSJ, máximo garante del Estado de Derecho.

Desde su entrada en funciones en enero de 2017, la AN no se ha dedicado a legislar, sino que ha dirigido todas sus energías y recursos a desestabilizar al gobierno que preside Nicolás Maduro, elegido democráticamente por el pueblo venezolano en los comicios celebrados en abril de 2013. Entre estas acciones de desestabilización figuran la acusación de Golpe Judicial del 23 diciembre de 2015; el veto a la Ley de Emergencia; el Juicio Político al presidente, o la declaración de abandono de su cargo realizada el pasado 9 de enero. La mayoría opositora de la AN ha desconocido al Poder Ejecutivo y ha convocado en reiteradas oportunidades a “derrocar al Gobierno” constitucionalmente legítimo de Venezuela. La prensa internacional hegemónica y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) avalaron por acción u omisión todas estas maniobras ilegales e ilegítimas.

Actualmente la AN se encuentra en situación jurídica de desacato a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela debido a que juramentó a tres diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del estado Amazonas que habían sido suspendidos por sentencia del TSJ en función de irregularidades cometidas en su elección. La AN persistió en la incorporación de estos diputados, porque eran los que le otorgaban mayoría calificada para legislar en determinadas materias.

En ese contexto, con uno de los poderes del Estado paralizado y alterando el normal funcionamiento institucional, el TSJ ha adoptado una medida ajustada a derecho y cuyo carácter es estrictamente temporal. Esta sentencia en ningún momento ha disuelto al Parlamento, sino que, amparándose en el artículo 336.7 de la Constitución, ha declarado la “omisión inconstitucional parlamentaria” en pos de velar por la vigencia del Estado de Derecho. Está en manos de la AN convocar a sesión, acatar la medida del Tribunal Supremo de Justicia sobre la remoción de los parlamentarios y llamar a elección de la nueva Junta Directiva.

Por su parte, la Fiscal General del Estado, en su rendición de cuentas anual, consideró que tal sentencia había provocado “una ruptura del orden constitucional”. Lo cual ocasionó una controversia entre los distintos poderes del Estado.

Ante tal situación, el Presidente Nicolás Maduro activó el artículo 323 de la Constitución que le habilita para convocar el Consejo de Defensa de la Nación con el ánimo de resolver el “impasse” surgido entre Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, ante la decisión de la Sala Constitucional de asumir las funciones de la AN.

En esta sesión, en fecha 1 de Abril del 2017, se exhortó al TSJ a revisar las sentencias 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes. Se ratificó que el TSJ es el órgano competente en el control de actos y resolución de conflictos entre poderes. Se repudió cualquier intervención que atente contra la independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación de Venezuela. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por venezolanos sin injerencia ni intervención y con respeto a jurisdicción. Y por último lugar, se volvió a insistir en la importancia que tiene el diálogo como mecanismo para construir la paz republicana.

Nuevamente, Venezuela demuestra así que vive en plena democracia bajo una Constitución con alta capacidad para garantizar estabilidad.
  

http://www.alainet.org/es/articulo/184522
LA SOLIDARIDAD MÉDICA DE CUBA NO SE DISCUTE. MANUEL E. YEPE
Versión para impresión
            
28/03/2017
Opinión
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El bloqueo informativo global sobre Cuba que durante más de 60 años ha impuesto el gobierno de Estados Unidos como parte del asedio genocida (eufemísticamente calificado de “embargo”) a que ha sometido a la isla desde que ésta logró su independencia real del sistema neocolonialista de Washington en 1959, ha silenciado sistemáticamente toda noticia, comentario, estadística o prueba que confirmara los grandes progresos de la Isla en materia de sanidad, educación, nutrición o desarrollo humano.

¡Nadie se atrevía a desmentirlos!

Sin embargo, ha sido excepción de esa regla el hecho de que en el diario español El País, con el sugerente título de “¿Cómo consigue Cuba índices de sanidad comparables a los de un país rico?” apareció un reportaje que, aunque aparentaba anticipar reconocimiento del exitoso sistema de salud cubano, tenía como objetivo justamente lo contrario: desacreditarlo.

El texto reconocía que “el sistema médico cubano está situado a la vanguardia de América y muy por encima de la media mundial; que la inversión en salud, en relación al PIB, supera al de Estados Unidos o Alemania; o que la Isla ha sido “el primer país en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH”.

Sin embargo, lo relevante para El País no es cómo ha podido conseguir esto un país bloqueado del Tercer Mundo, sino las supuestas “sombras” de su sistema de salud, que describía como “división del sistema en dos: uno (…) para los cubanos y otro para los extranjeros”, con “clínicas exclusivas para turistas, gobernantes o altos mandatarios”, “mientras desatiende (…) al cubano de a pie”.

Reducía así todo un sistema integrado por 12.000 consultorios, policlínicos, hospitales y otros centros a una estampa grotesca, para magnificar la existencia de unas pocas clínicas internacionales, también propiedad del Estado cubano, que lejos de enriquecer a nadie, destinan sus ingresos a financiar –precisamente- el sistema público gratuito nacional.

El periodista José Manzaneda, coordinador de la Asociación vasco cubana Euscadi-Cuba, en su sitio Cubainformación, pregunta al respecto: “Hay algo que no cuadra: ¿cómo un sistema de salud con “instalaciones en ruinas” –tal como se lee en el reportaje- logra “unos indicadores sanitarios elogiados por la directora de la Organización Mundial de la Salud”, quien estimó en días pasados que el sistema de salud cubano es ejemplo a seguir en el mundo. Esta contradicción informativa tiene fácil explicación: la fuente que informaba de las supuestas “sombras” del sistema cubano es una organización no gubernamental (ONG) llamada “Solidaridad sin Fronteras”, cuyo director era identificado en el texto como un indefenso “médico cubano exiliado en Miami”.

Explica Manzaneda que el diario El País no revela que esa supuesta ONG desde 2006 ha trabajado directamente con el State Department de Estados Unidos en el llamado “Cuban Medical Professional Parole” (CMPP), programa eliminado en sus últimos días de mandato por Barack Obama cuyo objetivo era destruir la cooperación médica cubana en el mundo, mediante ofrecimiento de asilo político a todo cooperante sanitario cubano que lo solicitara. Pero este escándalo moral era presentado en el reportaje como un inocente “programa de visado especial para asistir a trabajadores (cubanos) de la salud”. En su web, “Solidaridad sin Fronteras” afirma que trabaja con los congresistas “cubano–americanos” Mario Díaz-Ballart, Ileana Ros-Lethinen y Carlos Curbelo y el senador Marco Rubio (…) para el pronto restablecimiento del CMPP con la nueva administración del presidente Donald Trump”.

La solidaridad médica de Cuba, una de cuyas experiencias, la Brigada “Henry Reeve”, que recibió en enero el Premio de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se califica en el reportaje como “una lucrativa herramienta diplomática y un gran negocio para el Estado cubano.

Manzaneda recuerda que, de los 66 países en los que está presente la solidaridad médica cubana, en los 40 más pobres Cuba asume todos los gastos y en los 26 restantes, se comparten con el país receptor. En unos pocos con recursos, como Sudáfrica o Qatar, éstos abonan los servicios. “En cualquier caso, dichos ingresos no benefician a ningún magnate sanitario, sino que sirven para financiar el sistema de salud gratuito de la Isla”.

El País sostiene, además, que “es tan grande el negocio (de la cooperación médica) que ha dejado a los hospitales y policlínicas de la Isla bajo mínimos de personal”.

Es incuestionable que tener 50.000 profesionales sanitarios en el exterior, la mitad médicos, impacta en el sistema nacional, pero los cubanos, que disfrutan de una elevada cifra de médicos por cada mil habitantes (5,4) como resultado de su revolucionario desarrollo social, se enorgullecen de “compartir lo que tienen, no lo que les sobra”, como principio de la verdadera solidaridad.

Marzo 28 de 2017.

Manuel E. Yepe Publicado originalmente en el diario POR ESTO! de Mérida, México. Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress.com/



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