jueves, 22 de diciembre de 2016

Estados Unidos, del “efecto espectador” al “efecto teleprompter” Jorge Majfud

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Estados Unidos, del “efecto espectador” al “efecto teleprompter”

Jorge Majfud
ALAI AMLATINA, 19/12/2016.-  El 10 de diciembre de 2016 CNN publicó un artículo titulado “Where's the outrage over Russia’s hack of the US election?” (“¿Dónde está la indignación por el ataque informático a las elecciones de Estados Unidos por parte de Rusia?”) donde básicamente resumía el escaso efecto social de un hecho inadmisible desde muchos puntos de vista.

En las semanas anteriores, varias agencias y autoridades del gobierno de Estados Unidos habían reconocido que la intervención de Rusia en las elecciones del pasado noviembre era un hecho más allá cualquier duda razonable. Para cualquier extranjero más o menos informado, resulta por lo menos una broma de mal gusto que un gobierno de Estados Unidos se escandalice porque algún otro extranjero haya intervenido en sus elecciones nacionales. Mucho más considerando que el informe de la CIA es una de las principales fuentes públicas de dicha denuncia y que ha sido publicado de forma inmediata, no luego de treinta años como es la costumbre de la desclasificación de documentos, cundo la verdad ya no importa.

Pero no es este el aspecto que quisiera problematizar ahora: son las movilizaciones sociales reclamando una investigación las que, al menos hasta el momento, brillan por su ausencia.

A mi entender tenemos aquí un fenómeno semejante a lo que en psicología se llama “bystander effect” o “efecto espectador” pero aplicado a la psicología de masas (si se me permite esta clasificación) y a la historia.

Cuando un policía mata a un ciudadano negro bajo sospechosas circunstancias, la reacción no se deja esperar y van desde editoriales, marchas y, en algunos casos, incendio de autos y choque de fuerzas. Cuando la víctima es un latino también existe cierta reacción, pero a menor escala.

Entiendo que las sociedades están predispuestas a determinadas reacciones y en base a determinada experiencia histórica, la cual incluye una larga tradición de, en el mejor caso, pensamiento crítico y creación de determinada conciencia. La militancia afroamericana en Estados Unidos ha sido muy superior a la militancia hispánica o indígena, probablemente por haber sido un grupo numéricamente importante en la costa este, donde se desarrolló el poder político anglosajón y por la mayor brutalidad del racismo al cual fueron expuestos. Tantos los pueblos indígenas como los mexicanos fueron igualmente despojados de sus territorios, pero sus tradiciones contestatarias fueron menores y más efectivamente olvidadas.

Ahora, ¿qué pasa cuando un fenómeno social e histórico de trascendencia se encuentra con un vacío de conciencia histórica? El efecto es el mismo de aquel que en psicología se llama bystander effect: si los demás no reaccionan ante una situación claramente injusta o reprobable, probablemente mi indignación es algo que no se espera, algo que no tendrá más efectos que el ridículo o alguna forma de reprobación. Como consecuencia, no reacciono, no me meto.

Es lo que ocurre con las últimas elecciones en Estados Unidos: su población ha crecido (por no decir, indoctrinada por los medios y las instituciones religiosas y de educación) en la autocomplaciente ilusión de que su democracia es un ejemplo para el mundo, lo cual desde muchos puntos de vista es simplemente una construcción mitológica, cuando no fuente de sarcasmos.

La Revolución americana fue positiva en muchos aspectos en el avance de cierto sistema democrático y de algunos derechos individuales. Pero también fue altamente hipócrita por considerar a los negros e indios humanos incompletos, no sujetos de derechos, lo cual invalidaba cualquier definición de República libre y democrática. Pero luego se hicieron varios progresos, desde la era Lincoln hasta los movimientos civiles de los años 60s, pasando por la lucha de los trabajadores en los siglos XIX y XX.

Pero Estados Unidos nunca dejó de alimentarse de mitos, como cualquier otra gran nación y cualquier otro gran imperio a lo largo de la historia. Dos de sus mitos fundamentales fueron la libertad y la democracia, a tal extremo que nunca se cuestionó el sistema de elección presidencial por electores, una obvia herencia de la sociedad esclavista del siglo XVIII y XIX. El sistema no fue diseñado, como se dijo, para prevenir la llegada de un demagogo irresponsable al gobierno (Donald Trump sería una demostración por el absurdo del anacronismo de dicha pretensión) sino para evitar que los estados esclavistas del sur perdiesen todas las elecciones, ya que, aunque se contaba el número de los negros que no votaban para elegir electores blancos, aun así su población era minoritaria en comparación a los estados del noreste, con una fuerte tradición antiesclavista.

De ahí en más, los cuestionamientos al sistema han sido silenciados por las narraciones mitológicas que exacerbaban las virtudes del Campeón de la democracia y Líder de los países libres, al extremo de eliminar de la memoria colectiva la larga lista de dictaduras que la nación líder del mundo libre había promovido alrededor del mundo, al extremo de que su población asume, de forma automática, que su ejército es el responsable de “mantener la libertad de la nación” y nunca de “invadir países pequeños para defender los intereses de los grades negocios privados”.

Entonces, cuando el antiguo gran enemigo y todavía responsable de promover el autoritarismo, Rusia, interviene en uno de sus mitos nacionales, la respuesta es una pasividad negacioncita, algo más allá del “efecto espectador”: la repetida lectura social del teleprompter. No hay memoria, no hay experiencia de una tradición crítica de un sistema, de una democracia incuestionable, ergo el hecho inconcebible, inadmisible, no existe. A tal punto que aun cuando las agencias de inteligencia (entre ellas la CIA) abiertamente afirman que la intervención rusa ha existido, la indignación y las manifestaciones populares brillan por su ausencia. La narrativa social continúa siendo dictada por el teleprompter de la historia.

- Jorge Majfud, escritor uruguayo estadounidense, autor de Crisis y otras novelas.

URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/182460

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TICs, Internet, DD.HH. y ETNs Richard Hill, Parminder Jeet Singh

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TICs, Internet, DD.HH. y ETNs

Richard Hill, Parminder Jeet Singh

Artículo publicado en la edición 520 (diciembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada Transnacionales y Derechos Humanos. Una coedición con el Transnational Institute (TNI).


ALAI AMLATINA, 14/12/2016.- Hoy que las sociedades humanas se encuentran cada vez más sometidas al dominio corporativo, es quizás en el área digital donde encontramos la expresión más clara y contundente de esta tendencia preocupante.  No sólo que las empresas transnacionales (ETN) del sector digital están presentes en prácticamente todos los sistemas sociales, incluyendo los que ocupan los escalones más altos del poder, y en la organización de la vida personal de los individuos, sino que su forma es a menudo más monopólica y más global que en el caso de otros sectores.

Esto genera una situación peligrosa donde, a medida que las ETN digitales comienzan a controlar aspectos importantes de nuestras vidas sociales y económicas, se vuelven cada vez más difíciles de controlar a través de regímenes políticos basados en Estados nacionales.  Tienen la capacidad de llevar a cabo sus operaciones de forma remota y desplazar fluidamente sus sedes y sus bases de operaciones, como lo evidencia el nivel inédito de evasión fiscal por parte de estas empresas.

Por lo tanto, necesitamos, primero, un nuevo conjunto de principios mundiales de políticas que guíen el trabajo de las ETN digitales, dentro de los cuales los regímenes nacionales puedan armonizarse y trabajar eficazmente en cooperación.  Y segundo, de forma complementaria, necesitamos un nuevo instrumento global capaz de restringir los abusos de los DD.HH., tal como se describe en los principios globales ya planteados, pero aplicado al contexto de las ETN digitales.

A continuación, describimos brevemente el contexto digital de los DD.HH. en relación con las ETN digitales, refiriéndonos a algunos de los puntos[1] ofrecidos para su consideración por la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a la Impunidad.

1. Enfoque y alcance del Tratado sobre las ETN y otras empresas en relación a los DD.HH.

No está en cuestión que las leyes se apliquen tanto fuera de línea como online.  Por lo tanto, no debe haber ninguna duda de que todas las empresas deben respetar los DD.HH., tanto en línea como fuera de línea.  Y esto se aplica también a las empresas transnacionales activas en las tecnologías de información y comunicación –TICs– en general, y en Internet en particular.

Sin embargo, muchas empresas transnacionales de Internet parecen actuar como si estuviesen sujetas únicamente a las leyes del país en el que se han incorporado o, peor aún, como si las leyes nacionales vigentes no se aplicaran a ellas.  Consideremos, por ejemplo, Uber y AirBnB, cuyos modelos de negocio se basan en la premisa de que, respectivamente, las leyes laborales y de taxi y las leyes hoteleras, no se aplican a ellas.  Al negar la aplicación de las leyes nacionales, estas empresas intentan evitar el cumplimiento de ciertos DD.HH., en particular los derechos laborales.

Un futuro tratado sobre las ETN debe ser claro y plenamente aplicable a las empresas que operan en el mundo en línea y debe preservar el derecho democrático de los pueblos a tomar las decisiones de política pública.  Dado que las ETN digitales pueden operar desde cualquier Estado y trasladarse con facilidad de un Estado a otro, un tratado de este tipo debe reconocer que son entidades globales, que deben estar sujetas a normas globales, lo que exige contar con un mecanismo para hacer cumplir estas normas globales.

2. Obligaciones extraterritoriales de los Gobiernos en relación a las ETN y a los DD.HH.

Muchos de los productos y servicios TIC más populares son proporcionados por las ETN, particularmente en el caso de Internet, que está dominado por unas pocas empresas.  Los gobiernos deberían tener la obligación de asegurar que las ETN con sede u operaciones en su territorio respeten los DD.HH. a nivel mundial.

Dichos derechos incluyen el derecho a la privacidad.  Sin embargo, ese derecho particular se viola regularmente, al obligar a los usuarios a renunciar a sus derechos mediante la aceptación, con un simple clic, de contratos de adhesión, si desean utilizar los llamados servicios ‘gratuitos’ ofrecidos por las empresas dominantes de Internet.

Los servicios en cuestión no son para nada gratuitos: son pagados con los datos que los usuarios proporcionan.  Esos datos son valiosos y son monetizados por las empresas de Internet, principalmente en forma de publicidad dirigida.[2]

Si bien los Estados tienen el deber de proteger los DD.HH., lo que vemos en la práctica con respecto a las transnacionales digitales es que son capaces de cooptar al Estado donde tienen su sede (en particular Estados Unidos), a tal punto que el Estado ya no cumple con su deber.  Las negociaciones de TPP, TPIP y TISA son un ejemplo: Estados Unidos (y otros Estados) impulsan acuerdos comerciales que reducirían la capacidad de otros Estados para proteger la privacidad y otros derechos ciudadanos.

3. Un instrumento de cumplimiento en relación con la aplicación del Tratado

Se ha propuesto la creación de un Tribunal Internacional sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que funcionaría como complemento a los mecanismos nacionales, regionales y universales y garantizaría el acceso a un foro judicial independiente para que las personas y comunidades afectadas obtengan justicia por las violaciones a sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

Un tal Tribunal es particularmente necesario en el campo de las TIC, incluyendo Internet, debido a la naturaleza global del campo y a las dificultades para obligar a las ETN dominantes a cumplir las leyes nacionales.

Además, se necesitan tratados especiales para cuestiones específicas de las TIC e Internet, por ejemplo en lo que concierne a nombres de dominio y direcciones de Internet, privacidad, vigilancia, cifrado, uso de datos personales, uso de algoritmos, etc., porque las leyes nacionales no los tratan adecuadamente.  En particular, hay grandes divergencias entre las jurisdicciones, pero las TIC en general, e Internet en particular, son fenómenos globales que deben ser gobernados globalmente.  La situación con relación a los nombres de dominio y las direcciones de Internet es particularmente clara, dado que una entidad estadounidense, la ICANN, sujeta a la ley estadounidense, ahora tiene un control total sobre ellos, al menos nominalmente.

En ausencia de tratados específicos y de un Tribunal Internacional, en la práctica son las empresas privadas dominantes que crean y hacen cumplir sus propias leyes, mediante contratos de adhesión impuestos a sus usuarios.

4. Gobernanza democrática

Como ya se ha señalado, gran parte del campo de las TIC está dominado por unas pocas ETN.  Es importante reclamar el derecho soberano de los Estados a regular esas empresas, en particular para proteger los DD.HH. y colocar la democracia por encima del poder corporativo.

Se ha puesto de moda, en particular en el ámbito de Internet, el elogio a lo que se llama un modelo de gobernanza "multi-stakeholder" (multisectorial, o de las múltiples partes interesadas).  Si bien hay consenso que es importante consultar a todas las partes interesadas para tomar decisiones, algunos de los proponentes de ese modelo afirman que todos los interesados deben tener iguales derechos de toma de decisiones.  Esto implica dar poder de veto a las empresas privadas, impidiendo que los gobiernos puedan implementar políticas públicas que sean de interés para toda la ciudadanía.

No se discute que la democracia sea un derecho humano fundamental.  Por lo tanto, el Tratado sobre las ETN debe garantizar que se utilicen mecanismos[3] democráticos para tomar decisiones de política pública en relación con las TIC en general, e Internet en particular.  Todas las personas deben ser capaces de influir en las decisiones que afectan su uso de las TIC e Internet, y tienen derecho a un acceso asequible y no discriminatorio, libre de censura y vigilancia.

En particular, el tratado debe abordar una cuestión que surge en la práctica: cuando un ciudadano de un país cuestiona algún aspecto de su relación con una ETN digital, la empresa responde a menudo que la relación no está sujeta a la ley o jurisdicción del país del ciudadano, sino más bien a la ley y jurisdicción del país de origen de la ETN, a menudo EE.UU.  Esto hace muy difícil que los ciudadanos puedan proteger sus derechos.

Por ejemplo, ¿qué recurso efectivo tiene un ciudadano cuando su proveedor de servicios en la nube, basado en EE.UU, cambia unilateralmente sus términos y condiciones, o cierra su negocio perdiendo todos los datos del ciudadano?

5. Derechos de las personas afectadas

Como ha afirmado la Coalición Just Net[4]:

“Internet se ha convertido en una infraestructura social de vital importancia que tiene un profundo impacto en nuestras sociedades.  Somos todos ciudadanos y ciudadanas de un mundo mediado por Internet, ya seamos la minoría que lo utiliza o la mayoría que no lo hace.  En nuestro mundo, Internet debe contribuir al avance de los DD.HH. y la justicia social. La gobernanza de Internet debe ser verdaderamente democrática.  (…)

“Las oportunidades para que las mayorías puedan participar en los beneficios reales de Internet y materializar plenamente su enorme potencial, se frustran debido al creciente control de Internet por quienes tienen poder: las grandes corporaciones y algunos gobiernos nacionales. Ellos usan sus posiciones centrales de influencia para consolidar el poder y establecer un nuevo régimen global de control y explotación; y bajo el pretexto de favorecer la liberalización, en realidad refuerzan el dominio y la rentabilidad de las grandes empresas en detrimento del interés público, e imponen la posición predominante de ciertos intereses nacionales en detrimento de los intereses y bienestar globales.

“El orden existente de gobernanza global de Internet es inadecuado.  Carece de democracia; se caracteriza por la ausencia de legitimidad, de rendición de cuentas y transparencia; por una excesiva influencia de las corporaciones que se traduce en subordinar las instancias regulatorias; y da muy pocas oportunidades para la participación efectiva de las personas, especialmente de los países en desarrollo.  Esta situación sólo puede remediarse a través de cambios fundamentales en los mecanismos actuales de gobernanza”.

Un tratado sobre las ETN con respecto a los DD.HH. será un paso importante hacia los cambios fundamentales que requerimos.  
(Traducción ALAI).

- Richard Hill es Presidente de la Association for Proper Internet Governance.
- Parminder Jeet Singh es integrante de IT for Change, India.
  Ambos son miembros de la Coalición Just Net.



URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/182363

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Ecuador - Caso Chevron: Vacío jurídico en el derecho internacional y abuso corporativo Pablo Fajardo Mendoza

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Ecuador - Caso Chevron: Vacío jurídico en el derecho internacional y abuso corporativo

Pablo Fajardo Mendoza

        Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento de ALAI (No. 520, diciembre 2016), titulada:Transnacionales y Derechos Humanos

ALAI AMLATINA, 21/12/2016.- Hace más de 23 años, 30.000 indígenas y campesinos residentes en las provincias de Orellana y Sucumbíos, de la Amazonía norte del Ecuador, agrupados en la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, (UDAPT), iniciaron una acción judicial en contra de la transnacional Chevron Corporation, antes Texaco.

Para refrescar la memoria, recordemos que Chevron, en 1964, obtuvo un concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía norte de Ecuador, para explorar y extraer petróleo. En esa área de selva tropical amazónica, habitaban pueblos indígenas ancestrales, entre ellos: los Siekopai, Sionas, Cofanes, Waorani, Tetetes y Sansahuari.

La empresa Texaco realizó una operación defectuosa, diseñada para incrementar su ganancia económica, con la menor inversión posible.  Por ejemplo: todas las piscinas, de una dimensión mínima que sobrepasaban en promedio los 300 metros cuadrados, las construyó lo más próximo a las fuentes de agua superficial.  Vertió intencionalmente a los ríos de la Amazonía más de 16.000 millones de galones de agua tóxica (agua mezclada con tóxicos producto de la extracción); provocó cientos de derrames de crudo, que nunca remedio, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de vías o carreteras.

En conclusión, causó de forma intencional y reiterada, la destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico.  De acuerdo a la ley ecuatoriana, al contrato de concesión y a las prácticas operacionales de esa época, la compañía estaba obligada a utilizar la mejor técnica, para evitar el impacto ambiental y así no afectar la vida de las personas ni del ecosistema; pero, la actitud irresponsable adoptada por Chevron generó uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad, causado por una transnacional.

Según varios estudios de salud, entre ellos los contenidos en los libros “Las Palabras de la Selva”, de Carlos Berinstain y “Cáncer en la Amazonía”, de Miguel San Sebastián, realizados en la zona, se determina la existencia de cientos de casos de cáncer, que son plenamente atribuibles a la constante exposición a los tóxicos arrojados por la petrolera.

Proceso judicial

Con el sueño de lograr una reparación del daño causado por las operaciones de Chevron, más de 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana, en el 1993, plantearon una demanda en contra de la petrolera Texaco, en el estado de Nueva York; es decir, ante el sistema judicial norteamericano.

Chevron activó dos argumentos para su defensa:

a.    Desestimar la demanda. Para procurar convencer a los jueces norteamericanos que desestimen la demanda, la petrolera logró incidir en el Gobierno de Ecuador, con el cual suscribió un contrato, en el que la petrolera se comprometió a remediar una parte del daño causado.

b.    Foro no conveniente. El segundo argumento de la petrolera fue el de que el sistema norteamericano, no era el foro conveniente y que si se debía tramitar un juicio, éste debía ser ante el sistema judicial ecuatoriano.

Finalmente, luego de nueve años de litigios ante el sistema norteamericano, Chevron ganó esa batalla y el caso se radicó en el Ecuador, en donde la petrolera argumentó que el sistema judicial ecuatoriano no era competente para procesar este juicio.

En el 2011, la UDAPT logró que Chevron sea condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares, que serán destinados a reparar el daño causado.

Sin embargo, durante todos esos años de proceso, Chevron retiró todos sus bienes y activos que tenía en el Ecuador, lo que determina que la sentencia que ganaron los afectados, se vuelva inejecutable en el país donde se produjo el daño.


Hasta este día, la UDAPT, con su esquipo de abogados, ha luchado en las cortes de EE.UU., Canadá, Ecuador, Brasil, Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional.  Ha recurrido a varias relatorías de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero hasta hoy no logra un pleno acceso a la justicia.

¿Cuáles son los obstáculos que tienen los afectados para lograr un adecuado acceso a la justicia?

Existen múltiples obstáculos que impiden que pueblos y/o comunidades afectadas tengan pleno acceso a la justicia y sean tratadas en igualdad de condiciones que las corporaciones.

Costo económico. Según datos, algunos públicos y otros por análisis de costo, Chevron ha gastado más de dos mil millones de dólares en su defensa.  Ha contratado más de 60 bufetes de abogados en distintos países, decenas de empresas de comunicación, de lobby, e incluso empresas de espionaje y persecución como Kroll por ejemplo, que es una de las compañías de espionaje más grandes del mundo.  Esa corporación, a fines de 2013, reveló que en ese año había facturado más de 15.000.000 de dólares a Chevron, por espiar y perseguir al equipo de la UDAPT.  Adicionalmente, Chevron usa mucho de su dinero para chantajear a distintos gobiernos del mundo, con el fin de comprar impunidad.  Por ejemplo, cuando la UDAPT logró activar el embargo en la República de Argentina, Chevron ofreció realizar millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, a cambio que los jueces levanten el embargo que la UDAPT había conseguido activar en ese país.  Finalmente, el chantaje les funcionó, la Corte Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, levantó el embargo y el 16 de julio del mismo año (2013), se suscribió el contrato de inversión entre Chevron y el Gobierno argentino.

Es imposible para los pueblos indígenas y campesinos competir y hacer frente a una corporación con un sistema que no garantiza la igualdad para las partes.

Ocultamiento tras las empresas subsidiarias. Según el informe publicado en el 2011, PipingProfits, de PublishWhatyouPay de Noruega[1], Chevron es una de las corporaciones más opacas del mundo.  Mantiene más de 77 empresas subsidiarias, la mayoría de ellas en los denominados paraísos fiscales.  Uno de los casos que nos aclara mejor esta telaraña es la ingeniería que construyeron en Argentina para ocultarse de nuestro juicio[2].  La UDAPT, que ganó el caso de forma legítima ante las Cortes del Ecuador, hoy está abocada a realizar distintas acciones de exequátur (homologación de sentencia) en jurisdicciones extranjeras, entre ellas Canadá, Brasil y Argentina.  En todas ellas, Chevron procura ocultarse tras el velo societario, tras las subsidiarias.

Uso de la ciencia para torcer la verdad. Durante el proceso judicial en Ecuador, se generaron más de 80.000 resultados físicos químicos, 106 informes o reportes de expertos, 60 de los cuales pagados totalmente por Chevron.  El legado de tóxicos dejados por Chevron en nuestra Amazonía es inocultable, es evidente, tanto así que, a los propios expertos contratados por Chevron se les hacía imposible no encontrar contaminación.  Durante la fase de investigaciones de campo, el multitudinario equipo de expertos que trabajaba para Chevron debía hacer un gran esfuerzo para no hallar residuos de tóxicos, dejados por la petrolera, en la Amazonía; y cuando daban con ellos, que era siempre, el trabajo de los expertos era ocultarlos o minimizar su impacto[3].

Sistema de justicia inaccesible para los pueblos afectados. Cuando nuestro caso fue planteado ante el sistema de justicia de los EE.UU., Chevron argumentó que los jueces norteamericanos no tenían competencia para procesar este juicio, que no era el foro conveniente.  Cuando el caso vino al Ecuador, Chevron argumentó que los jueces del Ecuador no eran competentes para procesar el juicio.  Luego, cuando la UDAPT ganó el litigio en Ecuador e iniciamos las acciones de Exequátur en Canadá, Brasil y Argentina, Chevron arguye, en las tres jurisdicciones, que esos jueces no son competentes para procesar este proceso.  Este argumento lo pone Chevron porque sabe que no existe en el mundo un instrumento jurídico que permita juzgar corporaciones, ni una estructura o corte internacional para ese fin.  Este es el gran vacío que existe en el planeta.

Protección del país de origen de la corporación. En este caso, es evidente que tanto el sistema judicial de los EE.UU. como la administración pública de ese país, han protegido y siguen protegiendo ferozmente a la corporación.

Por ejemplo, en su momento revelaron al menos nueve cables Wikileaks, que evidenciaban los nexos y las presiones que ejercía la embajada estadounidense en Quito, en contra del Gobierno ecuatoriano, y del sistema judicial del Ecuador, para ayudar a Chevron.

Adicionalmente, en los últimos años, el sistema de justicia de los EE.UU., asentado en Nueva York, ha emitido resoluciones que prohíben que se pueda ejecutar la sentencia nuestra en los EE.UU., todo por un supuesto fraude.  Durante el proceso judicial, prohibieron a los ecuatorianos y sus defensores hablar de la contaminación ambiental generada por Chevron; los jueces que fallaron en favor de Chevron no conocen el Ecuador, no conocen el daño causado por Chevron, no han leído la prueba que se generó para que exista la sentencia en el Ecuador, y al menos uno de esos jueces tiene inversiones económicas en Chevron, a través de fondos de inversión. ç

Igualmente existen diversos documentos que revelan las reuniones de Chevron con altos funcionarios del Gobierno norteamericano, realizando planes para incidir en el Gobierno de Ecuador.

Tratados internacionales. Por último, los tratados bilaterales de protección de inversiones no hacen más que cerrar el círculo para garantizar la impunidad a las corporaciones.  En el fondo, en los tratados se incluyen normas que generalmente están por encima de las normas domésticas de los Estados, y que a la postre garantizan a las corporaciones realizar sus operaciones de forma segura; pero jamás garantizan el acceso a la justicia a comunidades afectadas, ni a los Estados cuando las empresas generan desastres ambientales y sociales.  Chevron ha planteado tres arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano, procesos a los cuales los afectados no tenemos acceso.  Sin embargo, pese a la óptima defensa que haga el Ecuador, el sistema de arbitraje siempre favorece a las corporaciones.

Los 23 años de lucha de la UDAPT contra Chevron son el más claro ejemplo de cómo las corporaciones transnacionales han creado una verdadera arquitectura que les garantice impunidad, lo que nos demuestra que el problema que tenemos es sistémico.  El sistema excluye a los pueblos del acceso a la justicia y garantiza completa impunidad a las corporaciones transnacionales.

Para ilustrar mejor esta complejidad, aquí formulo varias preguntas.  ¿Cómo se explica el hecho de que cuando una persona quiere demandar a un Estado ante el sistema regional o internacional de Derechos Humanos, éste primero debe agotar todos los recursos internos de su país; mas sin embargo, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los Estados directamente?  ¿Por qué este trato diferenciado?  ¿Por qué los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, ambiente, pueblos indígenas, son declaraciones no vinculantes; mientras que los instrumentos jurídicos para proteger las inversiones, al inversionista, a las corporaciones, son convenios vinculantes?

Pablo Fajardo Mendoza, abogado ecuatoriano, es Procurador común y representante legal de los pueblos de la Amazonía, agrupados en la UDAPT, en el juicio contra Chevron Corporation.



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viernes, 9 de diciembre de 2016

LA CRISIS DEL SISTEMA LIBERAL Y LA EMERGENCIA DEL FASCISMO POR: ALEJANDRO REYES POSADA

LA CRISIS DEL SISTEMA LIBERAL Y LA EMERGENCIA DEL FASCISMO
POR: ALEJANDRO REYES POSADA

El gran historiador Ernest Nolte publicó un libro esclarecedor cuyo título resume su tesis: “La crisis del sistema liberal y el origen de los movimientos fascistas”.

Años después, Hanna Arendt publicó “Hombres en tiempos de oscuridad”, que describe el clima que les tocó vivir a los intelectuales que resistieron al fascismo, incluido el más inteligente de todos, Walter Benjamin, que se suicidó a los cuarenta años cuando Francisco Franco, para complacer a Hitler, cerró la frontera de los Pirineos que comunicaba la Francia ocupada y España, donde él y otros judíos iban a escapar de los nazis hacia los Estados Unidos.

En Colombia se están incubando las condiciones para que se imponga un fascismo criollo del siglo 21, que culmine la demolición del sistema de democracia liberal que sobrevivió a medio siglo de conflicto armado. El sentimiento de tener una clase dirigente con varios estadistas de relevo, que fue el ilusorio orgullo de Colombia, dejó de existir. Nos tocó conformarnos con políticos que no ven más allá de los beneficios del poder personal, mientras el barco avanza en la tormenta en medio de arrecifes.

El último de los grandes, Carlos Lleras Restrepo, vio lo que venía cuando el clientelismo le ganó la batalla en cabeza de Turbay Ayala, que ensució las manos de una generación de jóvenes oficiales con la sangre de los torturados y desaparecidos, iniciando la pendiente resbaladiza de la guerra sucia. De allí salió la camada de generales que se aliaron con los paramilitares y terminaron en la práctica de los falsos positivos, en una escala creciente de degradación en nombre de la seguridad nacional, con la tolerancia complaciente de los gobernantes civiles.

La crisis de la democracia liberal en Colombia es el fracaso de la clase dirigente en crear un Estado moderno, al que estén sometidos los gobernantes. Se cedieron territorios y control de población a las guerrillas y las mafias armadas, y los aparatos de gobierno, justicia y órganos legislativos resultaron con grandes segmentos gangrenados por la corrupción, que ya no es subterránea sino a cielo abierto.

Santos vio clara la alternativa a la crisis y se jugó por ella: hacer la paz con las guerrillas a cambio de una apertura democrática que oxigenara el sistema político. Pero sobrestimó la capacidad inmunológica de la democracia para sanarse a sí misma y menospreció el poder de una coalición emergente para abortar la paz y escoger el exterminio militar, que les ahorre tanto las reformas sociales como el imperio de la ley sobre sus cabezas.

Ante la crisis terminal de los partidos que alguna vez construyeron Estado, ocupa el vacío un movimiento político aglutinado por Álvaro Uribe, con capacidad para enterrar la democracia liberal. Las muertes de líderes sociales son un anticipo de lo que puede actualizar el fascismo criollo cuando despliegue todo su poder. Por algo circula en las redes sociales una frase atribuida a Fernando Vallejo, el último gran moralista de Colombia: “La maldad del ser humano debería medirse en Uribes”.

alejandroreyesposada.wordpress.com


EL REGRESO DEL HÉROE DE INVERCOLSA. POR: RAMIRO BEJARANO GUZMÁN

EL REGRESO DEL HÉROE DE INVERCOLSA. POR: RAMIRO BEJARANO GUZMÁN 

No es extraño que el partido de Uribe haya escogido a Fernando Londoño Hoyos, el tristemente célebre Héroe de Invercolsa, como nuevo presidente del Centro Democrático. Aunque son tal para cual, les pesará, como le pesó al gobierno de la seguridad democrática, haberlo convertido en ministro del Interior y de Justicia.

Sacar a Londoño de la emisora donde estaba denigrando de todo el mundo e incitando a la violencia y al odio es no solo una provocación sino un desafío a las buenas costumbres.

El principal mal de nuestro país es la corrupción, pero más la impunidad social, otrora más severa que la cárcel. En el caso de Londoño es imposible no recordar que sigue siendo protagonista del negociado de las acciones de propiedad de Ecopetrol en Invercolsa. Evidentemente un juez de la República encontró que en ese malhadado asunto Londoño violó la moralidad administrativa, detalle que a Uribe lo tiene sin cuidado. Lo cierto es que aún hoy, pasados 20 años de ese sórdido asunto, el Estado no ha recuperado las acciones y todavía hay en curso más pleitos.

Pero lo de Invercolsa parece ser lo de menos. Lodoño fue doblemente destituido por la Procuraduría e inhabilitado para ejercer cargos públicos por varios años. En la primera ocasión fue sancionado porque siendo ministro calumnió a un juez, a quien acusó falsamente de trabajar para el Cartel de Cali. Más tarde la Procuraduría tuvo que volver a sancionarlo por tráfico de influencias, porque estableció que, también desde su investidura de ministro, adelantó gestiones para que a una entidad italiana, excliente suyo, se le pagara una obligación que le había sido impuesta a la Nación en un fallo arbitral. En ambos casos la Procuraduría inhabilitó a Londoño para ejercer cargos públicos por más de 10 años, pero como el tiempo ha pasado ya una de las dos sanciones ha cesado o está por expirar; no así la otra que está demandada en el Consejo de Estado.

En los medios de comunicación ya se asegura que en el Consejo de Estado el magistrado que conduce el proceso con el que Londoño busca anular la sanción que aún lo inhabilita para ejercer cargos públicos, ha elaborado ponencia rehabilitándolo, escudado en el imposible e inmoral argumento de que como para el momento en el que realizó sus gestiones en favor de su exmandante ya habían pasado varios años, entonces no había falta disciplinaria ni razón para sancionarlo. Me resisto a creer que en el Consejo de Estado se abra camino esa tesis, que implicaría que un abogado que llegue a un cargo público podría abogar por sus expoderdantes, con tal que hayan pasado cierto número de años de haber terminado la relación profesional. Vaya manera de aquerenciar la distinguida clientela.

Nombrar a Londoño jefe de un partido, cuando hay pendiente de discusión un fallo en virtud del cual la jurisdicción contenciosa lo rehabilitaría políticamente antes de que cumpla las sanciones, es una velada presión al Consejo de Estado. Es retar a la justicia para ver si se atreve a negarle las pretensiones al todo poderoso director de un partido que está preparándose para volver al poder, a sangre y fuego.

En cualquier caso, es claro que el partido de Uribe, con la designación de Londoño, lo que pretende es continuar dividiendo a los colombianos. Recuérdese que cuando el Héroe de Invercolsa fue ministro, abusó de su cargo, al extremo de que cuando el Gobierno perdió el referendo, pretendió desconocer los resultados electorales forzando al Consejo Electoral para que depurara el censo excluyendo a los muertos, para por esa vía tan precaria alcanzar el umbral que no consiguieron en las urnas.

El uribismo ha hecho historia. Es la primera vez en el mundo que designan presidente de un partido político a alguien que está inhabilitado para ejercer funciones públicas. Definitivamente no hay muertos políticos; algunos, como en el caso del Héroe de Invercolsa, resucitan y asustan después de enterrados.

Adenda. ¿Que el embajador y exministro Juan Carlos Pinzón está aspirando a reemplazar a Germán Vargas Lleras? Lo que faltaba, un vicepresidente uribista pura sangre.

notasdebuhardilla@hotmail.com. Tomado de www.elespectador.com


CINCO VIAJES. POR: TATIANA ACEVEDO

CINCO VIAJES.  POR: TATIANA ACEVEDO

Los lazos de Colombia con la empresa Chiquita (anteriormente United Fruit Company) se forjaron a punta de viajes. Primero fueron los bananos que anduvieron por tren y buques mercantes.

Se cosecha verde el guineo para que pueda durar de tres a cuatro semanas y madure después de llegar al punto de venta. Viajó y sigue viajando dividido en racimos y dentro de cajas, con una calcomanía azul pegada en la curva. Con más de 15.000 hectáreas en Latinoamérica, la empresa todavía mueve bananos. Sin embargo ya no los envía desde Colombia, pues se retiró del país en 2004, cuando se hizo público que a partir de 1997 financiaba bloques paramilitares.

De sur a norte viajaron los bananos y de norte a sur los gringos. Señores de corbatín llegaron a vivir en climas calientes, con sus familias, barrios y médicos. Los funcionarios tenían siempre posiciones de supervisión de obras de irrigación y mando de trabajadores. Frecuentemente tenían buena relación con la representación del gobierno americano y colombiano. El gerente general de la bananera en 1928, Thomas Bradshaw, tenía línea directa con el Ejército colombiano y el embajador de su país en Bogotá. Este último discutía los asuntos laborales de Ciénaga con el secretario de Estado en Washington. Algo parecido a lo que sucedió más recientemente, cuando en cadenas de comunicación de alto nivel, varios de los ejecutivos de Chiquita negociaron, aprobaron y ocultaron (por un tiempo) los pagos a cuadrillas paramilitares en el Urabá.

Bregando para que los trabajadores no se sindicalizaran ni merecieran convenciones colectivas, la empresa encontró beneficios en alianza no sólo con paramilitares sino con muchos de los empresarios y políticos regionales y nacionales. Por eso, además de desembolsos puntuales a ejércitos paras (pagos por aproximadamente $1,6 millones de dólares), sus ejecutivos terminaron alcahueteando otros tipos de movimientos por el mar. El Bloque Bananero importó armas y exportó coca por los puertos y en los barcos de Chiquita. Estos viajes, que hicieron posible la misión paramilitar, están siendo juzgados hoy. En su momento el Departamento de Justicia estadounidense decidió multar a la empresa pero no formuló cargos contra funcionarios. Después de casi una década de insistencia, cientos de personas cuyos familiares murieron, víctimas de paramilitares en la zona, avanzan en una demanda federal contra la bananera. Aunque Chiquita trató de esquivar el proceso (dicen que el caso debe ser presentado en Colombia en lugar de los Estados Unidos), esta semana que pasó un juez en la Florida rechazó el argumento.

Mientras se pasa el juicio cabe pensar en los movimientos de banano, gerentes, armas y coca. Y en uno último que es el de la información que transitó por entre oficinas y plantaciones. En correo electrónico o mucho antes de la internet, en marconis y cartas con sellos. Como resultado de estos movimientos entre sucursales apareció en 1980, en una bodega de Chiquita en Panamá, una fotografía tomada en 1928 en Magdalena, acompañada por un memorando escrito a máquina. Rescatada del archivo por el profesor Kevin Coleman, retrata a cuatro trabajadores bananeros y un dirigente socialista. Nicanor Serrano, Bernardino Guerrero, Erasmo Coronel, P. M. del Río y Raúl Eduardo Mahecha se mandaron retratar poco antes de la huelga de las bananeras. La foto, que viajó en barco, está rayada con lapicero: cada hombre tiene un número. En el memorando se relacionan números con nombres. Pese a que huelguistas pedían que la empresa cumpliera la legislación laboral colombiana, se alerta sobre su peligrosidad. Dos de los trabajadores tienen una palabra escrita encima “out” (“afuera”). En el memorando se explica que uno de los dos ya está preso y el otro murió a manos del Ejército.


Tomado de www.elespectador.com

CIEN AÑOS DE SOLEDAD. POR: PIEDAD BONNETT

CIEN AÑOS DE SOLEDAD. POR: PIEDAD BONNETT

"A nadie se le había ocurrido pensar que fuera mortal”.

Estas palabras de García Márquez, referidas a la Mama Grande, pueden aplicarse a Fidel Castro, un hombre mítico, que sin embargo “fue tronchado de raíz por el trancazo de la muerte” el 25 de noviembre pasado. Con él, como ya han escrito, llegó a su fin una era, en Cuba, en Latinoamérica y en el mundo. Una era que comenzó hace cien años, en 1917, con la revolución bolchevique, y cuya mayor réplica fue la revolución cubana, que sacudió el continente e hizo nacer la esperanza de un cambio que acabara con las desigualdades sociales y con la injerencia imperialista en el llamado tercer mundo.

Cualquiera que haya vivido su juventud bajo el influjo de la revolución cubana sabrá de la magnitud de ese sueño. Eso le debemos a Castro, que como se sabe tuvo grandes logros en salud y educación y dio una enorme lección de dignidad y resistencia. Sin embargo, mucho antes del otoño del patriarca, el sueño se convirtió en pesadilla, en parte por el bloqueo al que Estados Unidos y sus aliados sometieron al pueblo cubano, en parte por el autoritarismo de Fidel y su aferramiento al poder, que con los días lo convirtió, primero en un tirano, y luego en un anciano de apariencia benévola que sin embargo seguía tercamente creyendo en los métodos de su régimen. “Era difícil admitir que aquel anciano irreparable fuera el mismo hombre mesiánico que en los orígenes de su régimen aparecía en los pueblos a la hora menos pensada sin más escolta que un guajiro descalzo con un machete de zafra, y un reducido séquito de diputados y senadores que él mismo designaba con el dedo según impulsos de su digestión…”, escribió García Márquez en su Otoño, y nadie podría pensar que no hablaba de Castro.

Directa o indirectamente el espíritu de la revolución cubana incidió en grupos como Montoneros y Tupamaros, en la revolución sandinista en Nicaragua, en el nacimiento del Eln e incluso en el sueño de las Farc, guerrilla campesina que nació a instancias de la violencia desatada por el asesinato de Gaitán. Pero “el mundo da vueltas en redondo”, para seguir citando a Gabriel García Márquez. Cien años de historia han permitido ver los logros y los fracasos de estas revoluciones, y el trazo del círculo que comenzó con la fe en la revolución armada como un camino. Hemos visto cómo Rusia, en los últimos 25 años, dio un viraje a una economía de mercado globalizada y a una privatización de la industria, y cómo Estados Unidos reanudó relaciones con Cuba. Por una de esas casualidades cósmicas que resultan reveladoras, en el mismo mes del año murió Fidel Castro y las Farc firmaron la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. La guerrilla más antigua de América reconoce hoy, después de 50 años de violencia, que el camino de las armas no es el camino. El futuro, después del derrumbamiento de los sueños, debería ser el de un liberalismo incluyente y progresista. Pero, por desgracia, lo que vemos emerger es el monstruo de la ultraderecha, su espíritu de exclusión, sus nacionalismos. Imposible no pensar otra vez en las palabras de García Márquez: “La historia de América Latina es una suma de esfuerzos desmesurados e inútiles y de dramas condenados de antemano al olvido”.

Tomado de www.elespectador.com