Corrupción: mal universal ¿sin solución?. César Ferrari

Corrupción: mal universal ¿sin solución?. César Ferrari

La corrupción ocurre en todo el mundo.

Por: César Ferrari

Cada vez es más visible y prominente en diversas formas: favoritismo en nombramientos o asignaciones de contratos, manejo abusivo del poder, malversación, soborno y cohecho en el gasto público o en la exención o reducción de impuestos.

El caso europeo más emblemático ocurrió en Italia. “Tangentopoli,” una extensa red de corrupción entre los principales grupos políticos y empresariales, fue descubierta en 1992 por la operación judicial “mani pulite.” La operación demolió a los partidos y líderes políticos, incluyendo al primer ministro Bettino Craxi quien para evitar una condena a 27 años de cárcel huyó a Túnez en 1994 en donde murió en 2000.

El latinoamericano ocurrió en Perú. Ante el descubrimiento de hechos gravísimos, el presidente Fujimori huyó del país en noviembre 2000, renunció por fax a la presidencia y fue destituido por el congreso por incapacidad moral. Actualmente está en la cárcel por cinco sentencias en su contra: por usurpación de funciones (6 años de cárcel), matanzas y secuestros (25 años), peculado (7 años y medio), espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y compra de congresistas (6 años), desvío de fondos para impulsar su reelección (8 años). Su hija pretende ahora ser presidente, ¡incomprensible!

La corrupción es endógena. Se explica en gran medida por un sistema político que actúa primordialmente en función de intereses particulares y no generales, en especial de quienes financian las campañas. Se facilita cuando funciona distanciado de la población y sus necesidades, con insuficiente transparencia en la gestión pública, repleto de procedimientos engorrosos, carente de mecanismos de control ciudadano.

Se facilita más aún cuando, en ausencia de instituciones sólidas, se permite la reelección de cargos públicos que convierte al político en un profesional de la política que olvida su responsabilidad como servidor transitorio. Considerándose insustituible, omnisapiente y omnipotente, su interés es perpetuarse directa o indirectamente en el poder, seguramente por prestigio, para beneficiarse o para protegerse de la persecución por corrupciones pasadas. Para ello genera todo tipo de mecanismos reeleccionistas, incluyendo dádivas, promesas y compromisos incumplibles; un populismo presente tanto en la izquierda como en la derecha.

La motivación última de la corrupción puede explicarse en parte por una necesidad de poder para ubicarse como superior, decidir y mandar. La otra motivación está seguramente relacionada con la aspiración de dinero abundante, rápido y sin esfuerzo, alimentada por una cultura consumista y facilista, difundida por los medios y facilitada por unos mercados imperfectos sin regulación, o por el prohibicionismo en otros.

Por ejemplo, los mercados financieros auto-regulados premiaron con salarios y comisiones elevadísimos la construcción de productos y derivados financieros, con riesgos elevadísimos, que originaron la Gran Recesión. El prohibicionismo en la producción, distribución y consumo de drogas adictivas, guiado por un moralismo persecutorio, ha generado mercados ilegales con precios exorbitantes que han convertido al narcotráfico en fuente incontrolable de enriquecimiento y violencia.

De tal modo, superar la corrupción requiere una representación política que atienda intereses generales, gestiones públicas sencillas, transparencia en la cosa pública, control ciudadano sobre la misma, y mercados regulados adecuadamente. ¡Gran reto!

¡Quién manda a los leucémicos a enfermarse en Colombia!. Cecilia Orozco Tascón

¡Quién manda a los leucémicos a enfermarse en Colombia!.

Cecilia Orozco Tascón

La explicable reacción de ira en el país por la demostración de la brutal cultura machista, expresada en el concepto que una abogada (¡una mujer!) elaboró culpando a Rosa Elvira Cely de su violación y asesinato, no ha aparecido frente a la también brutal agresión que sufren los enfermos colombianos de leucemia, condenados por una multinacional de medicamentos a morir rápido o a matar por quiebra el famélico sistema de salud de esta nación.

Por: Cecilia Orozco Tascón

Tanta indignación produce el caso de Rosa Elvira como el de nuestros pacientes de cáncer que tienen, teóricamente, el derecho de prolongar o de salvar sus vidas aunque la farmacéutica Novartis deje de ganar unos miles de dólares al año que no le hacen falta para nada, puesto que es la tercera en el planeta en su negocio, con ventas netas reportadas, en 2014, de US$58.000 millones.

Extraño que no haya cadenas en las redes sociales ni manifestaciones en las calles para protestar por las amenazas de la multinacionacional suiza contra Colombia desde cuando se anunció la eliminación de la exclusividad que tiene su droga conocida como Glivec y cuyos precios exorbitantes se deben al monopolio que ejerce en el mercado. En cambio, Novartis se ha movido: logró que sus pares en el dominio mundial de medicamentos, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos y hasta la organización europea del ramo, se unieran a su causa inmoral contra este país pobre y marginal. Le resulta muy fácil frenar la competencia a los precios de su Glivec amenazando con sanciones diplomáticas y económicas al país. Y tal vez lo logre: al diablo con los leucémicos. ¡Quién los manda a enfermarse aquí y no en el primer mundo!

Este es un resumen de la ofensiva que han recibido nuestras embajadas y las notificaciones sobre los castigos que recibiremos: la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) —agencia presidencial encargada de recomendar y desarrollar la política comercial— y el Comité de Finanzas del Congreso norteamericano (TPSC) declararon su “inquietud” por el anuncio del Ministerio de Salud y pidieron cita al embajador Pinzón para manifestarle su “preocupación mayor” por este asunto, advirtiéndole que “un grupo significativo de congresistas relacionados con la industria farmacéutica” podría actuar “creando un inconveniente en la aprobación de los recursos” para el programa Paz Colombia.

El jefe republicano del Comité de Finanzas del Senado, Everett Eissenstat, fue más allá: intimidó a Colombia con la posibilidad de aplicarle un “tratamiento especial” como nación violadora de los derechos de propiedad intelectual, y con “interferir” intereses de nuestro país en Estados Unidos; la Asociación norteamericana de Manufactura de Farmacéuticos hizo saber por escrito que “no existe una situación de emergencia pública” que justifique ponerle competencia a Novartis; la Federación Europea de Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), con un tono más moderado, pero, en todo caso, exhibiendo su poderío, afirma que “no es claro” para Europa cuáles son las razones que justifiquen enfrentar un medicamento genérico al costoso Glivec. Novartis se las trae, no solo conquistando la política internacional. También lo hace con la nacional: consiguió, en 2012, que el Consejo de Estado fallara a su favor y contra una decisión de la Superintendencia de Industria que le había negado la patente monopolística para Glivec. La consecuencia de tal decisión judicial es la que estamos viviendo hoy: una tableta de 400 mgs., dosis día, cuesta $129.000; el tratamiento mensual asciende a $4 millones; y el anual a $46 millones. Antes del funesto fallo del Consejo de Estado, esos precios se redujeron a la mitad. Y si hubiera medicamentos genéricos hoy, estos costarían, en su orden, $23.000 día, $708.000 mensual y $8 millones anualmente. Esto es lo que la gente llama, con razón, el capitalismo salvaje.

Blindaje. Alfredo Molano Bravo

Blindaje. Alfredo Molano Bravo

En el camino al antiguo campamento de La Caucha, en el páramo de Sumapaz, donde vivían Marulanda, Jacobo y otros comandantes, hay un sitio llamado Tripa de Yeguas, una laja resbaladiza y peligrosa.

Por: Alfredo Molano Bravo

Otro sitio, lejos de allí, donde se da cita el establecimiento a conversar y también a mandar, se llama Mesa de Yeguas. Hay tierra de por medio entre unas y otras yeguas. Hoy parece que esos dos puntos pueden llegar a cruzarse en La Habana. El 13 de mayo, día de la Virgen María y del cumpleaños de Marulanda, la mesa de negociaciones de La Habana da a conocer públicamente el acuerdo que hará posible el blindaje de lo que se firme y ponga fin a la larga y sangrienta guerra que hemos sufrido. Es un acuerdo trascendental porque siendo la negociación de la agenda difícil, más difícil eran –y siguen siendo– las garantías de cumplimiento.

Así como el Gobierno ha trazado gruesas líneas rojas, también la guerrilla ha impuesto las suyas, una de las cuales es el fin del paramilitarismo como condición para hacer posible la dejación de armas. El Gobierno ha mostrado voluntad de controlar ese engendro creado al mando de Lleras Restrepo cuando permitió que el Ejército armara la población civil para combatir a la guerrilla. Santos ha dicho que tiene presas mil unidades de lo que ahora se llama Grupos Armados Organizados (GAO), cuyo nuevo estatus permite al Gobierno bombardear sus campamentos. Un paso avanzado –y valiente, lo reconozco– frente a la complacencia que la fuerza pública había venido mostrando. Pero una cosa es atacarlos y otra desmantelar sus estructuras, y para eso se deberá llegar más adentro: hasta las “manzanas podridas”, que son su resorte vital. Es ahí donde Santos necesitará del total apoyo y la colaboración de EE. UU. porque, al fin y al cabo, es allá donde saben dónde ponen las garzas. Sus poderosos aparatos de inteligencia y contrainteligencia son el instrumento más afilado para meterle la mano de una vez por toda a ese mecanismo que ha hecho imposible todo acuerdo de paz.

La figura de Acuerdo Especial hace posible que lo suscrito en La Habana sea parte del bloque de constitucionalidad y puesto, además, bajo la vigilancia del Consejo Federal Suizo y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un gran logro de las partes. Contradice una arraigada tradición de incumplimiento de los gobiernos desde lo acordado con los Comuneros en Zipaquirá a fines del siglo XVIII hasta los firmados con las Dignidades Campesinas hace tres años. El esquema es simple: la gente se organiza y sale a la calle; hay muertos, pero se negocia. Y una vez los manifestantes vuelven a sus casas, se desconoce de hecho lo pactado. Si bien las Farc aceptan la legitimidad del Congreso para tramitar el acuerdo, el Gobierno reconoce su propia debilidad para hacer cumplir los pactos al poner lo que será firmado en La Habana bajo el paraguas del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. La voluntad de las partes es, pues, manifiesta.

El senador Uribe y su guardia pretoriana están furiosos, ardidos y, sobre todo, asustados. La tal resistencia civil que hace recordar la Acción Intrépida de Laureano Gómez que terminó en la defensa a “sangre y fuego” de la policía chulavita puede empujar al país a prolongar la guerra y a condenar a la muerte y al dolor a miles de colombianos con el perverso pero baboso argumento de que el Gobierno pactó con el cartel de la cocaína un golpe de Estado a la democracia. Teme el señor Uribe, con toda razón, que al desaparecer las Farc desaparezcan de la vida política él y sus conmilitones. ¡Que así sea!

Elogio de la dificultad de la paz. Alejandro Reyes Posada

Elogio de la dificultad de la paz. Alejandro Reyes Posada

La inmensa dificultad de alcanzar un acuerdo de paz con las Farc es que el proceso no se limita a desmovilizar un grupo armado que se levantó en armas contra el Estado para redimir al pueblo de la opresión y la miseria, como gustan proclamar, que correspondería al concepto clásico de las guerras civiles, que se resolvían con la victoria de una de las partes o con un pacto sobre el reparto del poder entre gobierno y oposición armada.

Por: Alejandro Reyes Posada

Mary Kaldor, profesora de la London School, define las “nuevas guerras” como una combinación entre violencia política, crimen organizado y violaciones masivas de derechos humanos contra la población¹. Esta situación configura un sistema de guerra, integrado por redes predatorias que ganan más con la guerra misma que con la definición del conflicto por el triunfo o la negociación, articuladas orgánicamente con el crimen organizado, el rentismo de las élites y la corrupción del sistema de gobierno.

Esta nueva definición aclara muchos problemas y plantea desafíos inéditos a la hora de llegar a un acuerdo de paz. Explica por qué las Farc y el Eln se enlazan en redes con el crimen organizado y la corrupción local y regional, por qué a las bandas criminales no les interesa la superación del conflicto armado y por qué tampoco les interesa la paz a los grandes rentistas de la tierra, que despojaron los baldíos destinados a campesinos, ni a quienes obtienen rentas de la corrupción y la debilidad regulatoria del Estado, como los monopolios y los dueños de mercados informales.

Para Mery Kaldor, el conflicto destruye o debilita la capacidad del Estado de asegurar el imperio de la ley y de regular la economía. A su turno, la ausencia de ley provee el contexto para la supervivencia de redes predatorias, que necesitarán reactivar el conflicto de tiempo en tiempo. Por no tener en cuenta esto, cerca de la mitad de los 646 acuerdos de paz firmados en 85 países entre 1990 y 2007 han fallado en los siguientes cinco años, reproduciendo la violencia.

Si las “nuevas guerras” son medios por los cuales grupos criminales usan violencia para crear ambientes inestables en los que pueden prosperar, entonces los procesos de paz deben buscar marginalizar esos grupos y fortalecer el imperio de la ley.

Los procesos de paz de las “nuevas guerras” deben contrarrestar la lógica de las economías de guerra y las políticas sectarias con la construcción de gobernanza legítima. Deben alinear mejor los esfuerzos de paz a niveles internacional, nacional, regional y local. Deben separar el proceso de paz del constitucionalismo interno, que es un contrato social a largo plazo que se construye mediante un proceso inclusivo. Deben reconocer más la complementariedad entre paz y justicia. Dado el carácter persistente de las nuevas guerras, terminar la impunidad generalizada es la única forma de conseguir paz sustentable. Conceptos como los de empresa criminal, para marginalizar y debilitar grupos extremistas, subrayan el papel clave de los mecanismos de justicia en la nueva paz.

El proceso de paz es la creación, en serio, del Estado de derecho en Colombia. Más y mejor Estado para proteger los derechos de la población contra las redes criminales que viven de la violencia y el robo. De todo esto son conscientes Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, arquitectos de una nueva Colombia, y por eso piden, con razón, que los dejen terminar el acuerdo sin presiones indebidas.

1) Mary Kaldor, How peace agreements undermine the rule of law in New War Settings, Global Policy Volume 7, issue 2, May 2016.

Condena contra Karadzic: una sentencia histórica. Por Kai Ambos

Condena contra Karadzic: una sentencia histórica

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) condenó el 24 de marzo al líder serbiobosnio Radovan Karadzic. Casos como este no solamente son importantes a nivel internacional, sino que también resultan relevantes para países como Colombia, en los que tiene lugar el juzgamiento de crímenes internacionales por parte de tribunales nacionales. Karadzic fue uno de los arquitectos intelectuales de la idea de una “gran Serbia”. 

Por: Kai Ambos. Tomado de elespectador.com

El TPIY le impuso una pena de 40 años de prisión debido a su participación muy significativa en una serie de crímenes internacionales cometidos entre 1991 y 1995 en Bosnia y Herzegovina (ByH), una de las varias repúblicas autónomas de la antigua Yugoslavia. Esta pena es efectivamente una cadena perpetua pues Karadzic tiene más que 70 años y tiene que pasar por lo menos 19 años en la cárcel, una vez descontados los casi 8 años de su prisión preventiva y una posible suspensión anticipada después de cumplidos dos tercios.

499 días de audiencia fueron necesarios para llevar a cabo el juicio, se presentaron 434 testigos, 152 declaraciones escritas fueron allegadas al Tribunal y 11.469 documentos fueron admitidos. La documentación completa del juicio asciende a más de 330.000 páginas. La acusación contra Karadzic contenía 11 cargos, los cuales abarcaban genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; de éstos 10 fueron aceptados por la Sala de primer Instancia y solamente uno fue rechazado. La sentencia, con 2615 páginas (¡!), contiene esencialmente cuatro partes, las cuales se refieren a los crímenes cometidos en algunos municipios de Bosnia, al sitio de Sarajevo (capital de ByH), a la masacre de Srebrenica y a la toma de rehenes de personal de la ONU. En todos estos casos la Sala determinó la responsabilidad individual de Karadzic con base en la polémica figura de la empresa criminal conjunta (ECC), así como en su participación significativa en cada uno de ellos.

El punto más polémico es la absolución y, al mismo tiempo (por supuesto en dos situaciones diferentes), la condena de Karadzic por genocidio. La absolución, por un lado, se refiere a los crímenes cometidos en varios municipios, los cuales, según la Fiscalía, constituían un genocidio imputable a Karadzic (cargo no. 1). Esta tesis fue rechazada por la Sala, ya que solamente consideró probado “más allá de cualquier duda razonable” el tipo objetivo de este delito y no así su lado subjetivo, es decir la intención especial de destrucción (dolus specialis). Como es de imaginar, dicha absolución no ha sido bien recibida por las víctimas de estos crímenes, pero sí por los nacionalistas Serbios. Por otro lado, la Sala sí quedó convencida de que Karadzic actuó con la intención especial necesaria con respeto a la masacre de Srebrenica. Como era de esperar, esta decisión fue aplaudida por muchos bosnios, aunque rechazada por los serbios, cuyo Presidente calificó la sentencia como otro ejemplo del prejuicio anti-serbio del Tribunal.

Más allá de estas apreciaciones políticas, se debe afirmar que desde el punto de vista legal, la prueba de la intención especial de destruir un grupo protegido en el sentido del tipo penal (internacional) de genocidio no es nada fácil. En este sentido se hizo referencia al no menos polémico tema del “genocidio” de los turcos contra los armenios (http://bit.ly/1dNsPLo). ¿Como llegó la Sala entonces a ello con respecto a la masacre de Srebrenica? Primero, la Sala identificó una ECC orientada a eliminar la población masculina de los bosnios musulmanes de Srebrenica que se encontraran en buen estado físico; esto lo equipara la Sala con la destrucción “parcial” del grupo protegido por el tipo de genocidio, precisamente en este caso los bosnios musulmanes. La participación de Karadzic en esta ECC la infiere la Sala de una serie de pruebas indirectas, en particular de una conversación con un Sr. Deronjic que él mismo había nombrado como administrador civil de Srebrenica después de la ocupación de la ciudad (para. 5693 sentencia). En opinión de la Sala todo el contenido de la conversación y los términos usados “demuestra la intención maliciosa” (traducción del autor) del acusado de eliminar a los bosnios musulmanes (para. 5805).

Además, la Sala se refiere en este mismo sentido a una serie de actos de Karadzic, por ejemplo a su búsqueda permanente de información sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en Srebrencia, así como a otra conversación con Deronjic en la cual se habló, entre otras cosas, sobre asesinatos y traslado de detenidos (para. 5808). Sin embargo, en el contenido de estas conversaciones no hay ninguna prueba directa de la intención de destruir “parcialmente” el grupo. La Sala infiere el conocimiento de Karadzic sobre estos acontecimientos solamente de modo indirecto, basándose en indicios. Si bien el uso de evidencia circunstancial, especialmente para probar una intención (especial), ha sido aceptada en la jurisprudencia internacional penal, en esta misma jurisprudencia también se ha afirmado que una tal inferencia debe ser la única razonable (“only reasonable inference”, para. 10, 14 y passim), pues solamente así se cumple el estándar “más allá de la duda razonable”.

Esto no es todo, pues el tipo subjetivo del genocidio no exige solamente el conocimiento de los actos destructivos contra el grupo en cuestión, sino también la intención de destruirlo, elemento que la Sala, como “shared intent” (para. 5811), deriva de la participación activa de Karadzic en la implementación de la mencionada ECC conformada para eliminar a los bosnios musulmanes de Srebrenica. ¿Pero en qué consistió dicha participación activa? Para la Sala ésta se puede concluir a partir de la diseminación de información falsa por parte de Karadzic, así como de su falta de intervención en estos acontecimientos. Incluso, el haber formulado elogios y el haber dado recompensas a los autores materiales, o sea su apoyo decisivo a la implementación del plan (para. 5812 s., 5825 ss.), también permitió llegar a esta conclusión. Si bien la Sala distingue entre la intención de discriminación (como elemento subjetivo especial del crimen de lesa humanidad de persecución) y la intención de destrucción de un grupo (como elemento subjetivo especial del genocidio), su fundamentación probatoria de la última no es del todo convincente, sobre todo a la luz del estándar muy exigente de la “única inferencia razonable”. Efectivamente, en este caso hay otras inferencias que también se podrían haber hecho de manera razonable, por ejemplo, que Karadzic tenía conocimiento de los asesinatos, pero no tenía la intención de destruir el grupo de los bosnios musulmanes de Srebrenica.

La Sala parece prever estas objeciones y por eso también condena a Karadzic con base en la doctrina de responsabilidad por el mando, según la cual es suficiente que el comandante haya tenido el deber de conocer los crímenes cometidos por sus subordinados y no haya cumplido sus obligaciones de vigilancia (o sanción). Sin embargo, aquí surge otro problema, ya que no es claro si este estándar de imprudencia puede desplazar el estándar de la intención especial necesario para un genocidio. En mi opinión, esto no es posible; el elemento subjetivo especial debe estar presente si se quiere tratar al superior como autor de un genocidio por omisión; de otra manera solo podría ser tratado como cómplice.

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16 ABR 2016 - 9:00 PM

El discurso aún está desfasado con la realidad interna del país

"Colombia abrió el debate global sobre drogas": Rodrigo Uprimny

El investigador de Dejusticia habla de los logros y fracasos de Colombia de cara a la Asamblea General de la ONU, que comenzará este martes.

Por: Daniel Salgar Antolínez. Tomado de elespectador.com

Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador

Para Rodrigo Uprimny, de Ungass 2016 no se puede esperar un cambio en el sistema prohibicionista contra las drogas.

Colombia es protagonista en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas (Ungass 2016). Puertas afuera, el Gobierno colombiano impulsó un discurso progresista frente a las convenciones internacionales. Junto con los gobiernos mexicano y guatemalteco, lograron que se realizara desde este martes, con carácter urgente, la Ungass que estaba programada para 2019, en la que el tema central es la política de drogas. Rodrigo Uprimny, investigador y director del área de política de drogas de Dejusticia, habla de los logros y los fracasos de Colombia en las negociaciones previas a este encuentro en Nueva York.

Algunos dicen que esta asamblea general es “el principio del fin de la guerra contra las drogas”. ¿Es cierto?

Esperábamos mucho más de Ungass 2016. Esperábamos que fuera el comienzo de poner en cuestión el régimen internacional de drogas basado en el prohibicionismo, que no sólo ha fracasado sino que ha producido mucho sufrimiento. Pero los resultados no son muy alentadores. Prácticamente el proceso se cerró en Viena en la reunión de la Comisión de Estupefacientes, el borrador que salió de ahí y que se debería aprobar esta semana en Nueva York trae cosas importantes, pero no pone en cuestión el paradigma prohibicionista.

¿Qué logró Colombia en Viena?

Colombia tuvo un gran liderazgo internacional en este proceso. Primero, Ungass se realiza en gran medida por Colombia y otros que lideran el tema. Segundo, Colombia lideró una discusión que llevó a que se aprobara un documento de la OEA supremamente abierto a discutir la legalización, regulación, etc. Tercero, logró en el ámbito americano una declaración que ponía en el centro del debate sobre drogas los DD. HH. En la declaración de Ungass 2016 eso va a quedar. No en el centro, pero al menos se menciona que la política de drogas tiene que respetar los DD. HH., lo cual ya es un avance.

Colombia llevaba a la ONU planteamientos importantes de armonizar las obligaciones de drogas con las de DD. HH., de discutir abiertamente los resultados del régimen internacional, la descriminalización del consumo, reconocer las políticas de reducción de daños y proponer una comisión de expertos -este último tema no está totalmente cerrado y Colombia debería insistir la próxima semana-. Colombia no logró que todo eso fuera incorporado. Pero sí airear el debate. Hoy el debate político internacional sobre drogas es muy diferente al de hace seis años.

Colombia no logró que el término “reducción de daños” fuera incluido en el borrador de resolución final…

Las experiencias de reducción de daños parten de reconocer que uno no puede eliminar totalmente el uso ni el abuso de drogas, pero sí puede hacer estrategias inteligentes para reducir el daño que ocasiona el abuso de drogas y el daño que producen las otras políticas de control. Es una estrategia al mismo tiempo muy humanista y pragmática. No se logró incluir el término reducción de daños, pero hay varias partes de la declaración donde implícitamente se reconoce.

¿Qué tanto ha avanzado Colombia a nivel interno en reducción de daños?

Colombia tiene aún un cierto desfase entre el discurso internacional progresista y las políticas internas ambiguas. El tema de reducción de daños está incorporado en las políticas. Fue durante el gobierno de Uribe que se aprobó una estrategia global frente a sustancias psicoactivas que incluye la mitigación de daños. Legalmente Colombia tiene el campo abierto para hacerlo y hay varias experiencias piloto. La idea es que la persona pueda convivir con el uso o abuso de sustancias psicoactivas de la mejor forma posible. Eso lleva a que en algunos casos, los usuarios decidan abandonar el consumo. Pero el propósito no es suprimir el consumo, ya sabemos que esa estrategia no funciona.

Otro punto que el país no logró fue la abolición de la pena de muerte.

Hubo ciertos avances y un fracaso muy duro. Entre los avances está que quedó incorporado el principio según el cual hay que evitar las penas desproporcionadas en materia de drogas. En América Latina hicimos un estudio en el que mostramos que las penas para el delito de tráfico no vinculado a ningún otro delito, en muchos países de la región tenían penas más altas que el homicidio y la violación. Eso es una desproporción, porque si uno mira el nivel del daño, está por un lado una persona que vende un producto al que las otras acceden de manera voluntaria, y por el otro es violar o asesinar a una persona. Se logró incorporar el principio de que las sanciones no sean tan desproporcionadas.

La consecuencia lógica de eso sería abolir la pena de muerte por tráfico. Es un tema mínimo de DD. HH., pero hubo mucha resistencia de países asiáticos que son los más duros en este aspecto.

¿Cómo está Colombia en cuanto a desproporción de las penas?

Sigue teniendo penas a mi juicio desproporcionadas para tráfico en relación con otros delitos como homicidio y violación. Son menos desproporcionadas que otros países de la región como Bolivia o Ecuador hace algunos años. Eso se debe no tanto a que se hubiera buscado racionalizar el uso de las penas altas en materia de drogas, sino a que desde la Ley 40 del 93, en la que se incrementó la pena de secuestro y homicidio, éstas crecieron tanto que ya no parecía tan desproporcionado. Pero siguen siendo leyes muy duras.

En Colombia el problema son los cultivos de coca y la cocaína. Este es un punto clave de los acuerdos en La Habana. ¿Cómo se ve esto desde la política de drogas internacional?

Lo que quedó acordado en La Habana es moderado, pero va en buena dirección. En materia de cultivos se plantea una articulación de la política rural, una política de desarrollo rural consistente en la que se puedan acordar programas de sustitución, de tal manera que la erradicación forzosa sea realmente la última opción.

Eso está bien orientado. Eso puede disminuir los efectos negativos de las políticas de erradicación actuales. Que eso vaya a funcionar en el largo plazo para disminuir la oferta, no estoy tan seguro. Soy escéptico de la capacidad de disminuir la oferta mientras existan la prohibición y el consumo. Lo máximo que Colombia lograría es disminuir la oferta colombiana y pasar el problema a los vecinos. No creo que haya una capacidad real de disminuir de manera duradera la oferta de cocaína. Por eso soy crítico de la prohibición.

¿Cuál es el gran reto para el Estado en la sustitución? ¿Se trata sólo de proveerles a los campesinos opciones para que tengan cultivos igual o más rentables que los de la coca?

Es más que eso. Algunos han preferido abandonar la idea de sustitución de cultivos. A pesar de que el acuerdo de La Habana utiliza esa expresión, se habla no de sustitución de cultivos sino de desarrollo alternativo, para decir que el tema no es encontrar el cultivo que sea más rentable que la coca, sino generar las condiciones institucionales y económicas que hagan atractivo estar en la legalidad, de tal manera que aunque pueda estar en un cultivo que teóricamente sea menos rentable que la coca, globalmente alguien prefiera estar en la legalidad que tomar riesgos.

Así sí puede funcionar. Si uno tiene una oferta institucional que le ofrezca al campesino condiciones de vida dignas con cultivos que tengan acceso a mercado y condiciones institucionales más solidas, entonces uno puede lograr disminuir esos cultivos ilícitos.

Oro, coca y carne blanca. Por: Tatiana Acevedo. Tomado de elespectador.com

Oro, coca y carne blanca

Tres persecuciones se llevaron a cabo en la semana que termina.

Por: Tatiana Acevedo. Tomado de elespectador.com

En el sur del país, autoridades rastrearon a la banda que secó un río. En el oriente, a la que aniquiló la capa vegetal de una vereda. En el norte, a la que inició un incendio forestal que aún no se ha podido controlar.

Al río Sambingo, en el Macizo colombiano, entre los municipios de Mercaderes y Bolívar, Cauca, lo secaron con mercurio. Según explicó la Fiscalía, el río fue contaminado en la búsqueda de oro con “altas cantidades de mercurio”. La acumulación del mineral desbarató la ribera, afectó el agua y hasta cambió su curso. El oro resiste la corrosión y es codiciado en distintas industrias, incluyendo las del estatus y el amor. Muestran las telenovelas que la plata nueva viene con cadenas de oro amarillo de patrimonio y la plata vieja con anillos de oro blanco de matrimonio.

A la vereda San Miguel de Tibú, en Norte de Santander, la dejaron sin vegetación. Según explicó Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón Coveñas empezó a chorrear petróleo tras la instalación de una válvula ilícita. Las autoridades declararon que el hidrocarburo se roba y se transporta a la selva del Catatumbo en donde es refinado y convertido en gasolina “pategrillo”, vital en el procesamiento de la pasta base de coca. Pasta base y cocaína son estimulantes del sistema nervioso central. La primera es un residuo de la segunda, es mucho más barata y se fuma.

150 hectáreas de rastrojos y arbustos en Pueblo Viejo, Magdalena, fueron consumidos en un incendio forestal. La corporación autónoma Corpamag, explicó que cazadores de hicoteas empezaron el incendio. Las hicoteas, tortugas del agua dulce, se mueven entre lagunas, ciénagas y ríos. Para cazarlas se queman los alrededores de sus hábitats. Son consideradas una delicia culinaria de Semana Santa (se come para no irrespetar la Cuaresma). Hay quienes las consumen como afrodisíaco o las compran como mascotas familiares.

Los que buscaban oro, los que sacaban combustible para procesar coca, los que atrapaban tortugas, todos son parte de cadenas largas, frágiles. Su debilidad proviene también de la propia naturaleza, que sabotea cualquier plan. Las propiedades del agua la hacen propensa a contaminaciones rápidas, sin forma ni horarios. El crudo que sale del oleoducto penetra la tierra que lo recibe, porosa. La candela se une al viento y sigue sin mapa por el ecosistema de la ciénaga.

Los grupos de hombres capturados en flagrancia reciben en sus cuerpos el mercurio, refinan gasolinas y respiran gases, persiguen tortugas con mucho riesgo y pocas ganancias. Gente que está en otra parte, que hace las cuentas, los contactos, organiza la protección armada, se lucra más y más fácil. Todos son parte de cadenas largas, en las que en algún punto el producto oro, coca o carne blanca, pierde su historia y pasa a significar placer, goce, alegrías. Y tras las capturas van a venir otros hombres para volver a comenzar a buscar oro en otro río, a robarle al oleoducto, a cazar tortugas todos los abriles.

Las imágenes tras las noticias son devastadoras. El río Sambingo que surtía de agua a 13 municipios aparece muerto, ahuecado, como una foto de otro planeta. La tierra de Tibú cubierta de gris, sin agua ni animales. Las hectáreas quemadas amarillas, atravesadas por lagunas panditas, llenas con peces muertos. Son los ritmos del país, los de la extracción de recursos, las persecuciones inocuas, las repeticiones absurdas.