lunes, 15 de junio de 2015

Fernando Londoño repite la infamia por LEÓN VALENCIA

Fernando Londoño repite la infamia

Londoño ha mezclado su dolor, su rabia por el atentado atroz, con sus diferencias profundas y legítimas con la manera como se desarrolla el proceso de paz.
El 7 de mayo de 2014, Fernando Londoño, en una columna, en el diario El Tiempo, describe el proceso de paz como una conspiración urdida por Juan Manuel Santos y su hermano Enrique, que incluye “matar a Álvaro Uribe o acribillarlo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, asesinar a Fernando Londoño para advertir a cualquier imprudente el costo de oponerse, neutralizar a las Fuerzas Militares para desaparecerlas en el momento oportuno”. Ahora, el 8 de junio de 2015, en su columna de Las2orillas, insiste en que su atentado fue ordenado en La Habana y contó con la complicidad de Enrique Santos, quien para ese entonces adelantaba conversaciones exploratorias con las FARC.

Por estas acusaciones temerarias Londoño salió de las páginas deEl Tiempo. No ocurrirá lo mismo en las2orillas, un portal que está haciendo un gran esfuerzo para darles cabida a las voces más contradictorias y radicales. Pero dadas las consecuencias que pueden tener este tipo de declaraciones en boca de un personaje influyente como Londoño y el respeto y la admiración que profeso por Enrique Santos quiero hablar del columnista y sus delirios. 

No sabe Fernando Londoño el estupor y la angustia que sentí el día en que intentaron matarlo. Me importaba su vida, su salud, su familia. Tenía una gratitud inmensa con él por la manera decorosa como cerró el proceso de reinserción de mi grupo de paz, en los días en que oficiaba como ministro del Interior. Volví a sentir en mi corazón el repudio inmenso que he tenido siempre por el atentado personal, por la vulneración de los seres humanos en estado de indefensión, por el ataque a civiles. Conocía, además, las negociaciones secretas que se adelantaban con las FARC y pensé que podrían malograrse. 

Aprendí desde niño con mi padre que ninguna diferencia de ideas debe llevarse al plano personal. Eso me ha salvado de odios. Eso me ha permitido abrazar mil veces a personas con las que tengo grandes diferencias. Fue una de las razones de mi salida de las guerrillas. Metido en la aventura de las armas me di cuenta de la imposibilidad de hacer la guerra atendiendo solamente a las bondades de una causa política, a los dictados de unas convicciones, a los designios de la ilusión revolucionaria. Supe que nuestra confrontación armada descendía con facilidad al rencor, a la reyerta personal, a esa cosa aterradora que me había prohibido mi padre. Supe que la venganza era un alimento inocultable de nuestra tragedia.

Fernando Londoño ha mezclado su dolor, su rabia por el atentado atroz, con sus diferencias profundas y legítimas con la manera como se desarrolla el proceso de paz. Desde ahí, desde ese lugar contaminado, desde ese espíritu extraviado, arremete columna tras columna contra las personas que están a la cabeza de las negociaciones por parte del gobierno. La mayoría de las veces es el presidente Santos el blanco de sus ataques, pero también pasan por su lente Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Naranjo, Frank Pearl, en fin...

Pero lo que está haciendo con Enrique Santos es grave. Acusarlo de planes de asesinato o de la intención de desaparecer las Fuerzas Armadas a sabiendas de la repercusión que esto puede tener en sectores militares, en grupos políticos descontentos con las negociaciones de paz o incluso en fuerzas ilegales que se nutren de la guerra, es alentar venganzas y retaliaciones en un país tan fácil para la acción violenta.

La injusticia es más grande tratándose de Enrique Santos, un hombre que se mantuvo en el alar del periodismo alentando siempre el debate y la deliberación pública con gran sentido de pluralidad y de tolerancia, que fue capaz de dejar el oficio cuando sintió que su voz podía quedar enredada en las disputas políticas que se vendrían con el ascenso de su hermano a la Presidencia. 

Que ha estado siempre al lado de la salida negociada al conflicto armado del país desde las primeras conversaciones de paz en los tiempos de Belisario Betancur y por eso y, solo por eso, se prestó para realizar los primeros contactos con la guerrilla cuando nadie apostaba un peso por un nuevo intento de reconciliación nacional. El país tendrá mucho que agradecerle a Enrique Santos si las negociaciones que se adelantan en La Habana terminan en la firma de un acuerdo de paz y también si fructifican los acercamientos con el ELN y Fernando Londoño sabrá entonces que sus hijos y sus nietos tendrán un lugar mejor para vivir, un lugar donde se proscriba por fin el atentado personal y la guerra misma.

lunes, 8 de junio de 2015

La familia Gómez y la Comisión de la Verdad por LEÓN VALENCIA

La familia Gómez y la Comisión de la Verdad
La reacción de Miguel Gómez da cuenta de una faceta de Colombia. Aquí las elites políticas y económicas nunca han reconocido su gran responsabilidad en la violencia.Por: Leon Valencia
El jueves en la noche, horas después de que el gobierno y las FARC anunciaran el acuerdo de conformar una Comisión de la Verdad, tuve la primera prueba de las enormes dificultades que tendrá esta comisión para cumplir con los objetivos de esclarecer lo que ha ocurrido en el conflicto armado, de contribuir al reconocimiento de las víctimas y de promover la convivencia en los territorios.

Fue en Voces RCN, en una discusión con Miguel Gómez Martínez. Le dije a Gómez –una persona sin tacha, de la que no tengo noticia de que haya cometido algún delito– que una cosa era la responsabilidad política y otra la judicial, que para el país era vital que, por ejemplo, la familia a la que él pertenecía reconociera su participación relevante en las decisiones políticas de Estado que nos metieron en esta guerra. Que esa era, precisamente, la función primordial de la comisión.

La reacción fue de una dureza impresionante. Me recordó mi pasado guerrillero, me acusó al aire de cuanta cosa se le ocurrió. Se había despachado ya contra la comisión diciendo que era un triunfo de las FARC y tenía la misión de establecer la responsabilidad única del ‘establecimiento’ en el conflicto. Terció Juan Gabriel Uribe para reivindicar la memoria de Álvaro Gómez Hurtado y su condición de víctima.

Los argumentos eran de gran peso, sentidos, legítimos. Álvaro Gómez es uno de los emblemas de la victimización en nuestro país. Sometido al horror del secuestro por el M-19 y asesinado luego en un complot político aún por esclarecer. Son tan fuertes los hechos, tan conmovedores, que deberían inhibir cualquier alusión a las responsabilidades de él y de su padre en las violencias que han azotado al país.

Pero no creo que ese sea el camino para sanar las heridas y empezar por fin la reconciliación del país. Fue Álvaro Gómez quien instigó el ataque que obligó a Manuel Marulanda Vélez a tomar de nuevo las armas y a dar inicio a las FARC.

Eduardo Pizarro Leóngómez lo describe así: “En encendidos discursos, en el Congreso de la República, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado venía denunciando desde 1961 la existencia de 16 repúblicas independientes que escapaban al control del Estado y en las cuales, según su retórica reaccionaria, se estaban construyendo unas zonas liberadas”.

“Se trataba ante todo de Marquetalia, Riochiquito, Guayabero, el Pato, Sumapaz y la región del Ariari. Ante esta presión el presidente Guillermo León Valencia decidió exterminar a sangre y fuego estos enclaves comunistas. Como consecuencia de lo anterior las autodefensas se transformaron en guerrillas móviles dando origen al inicialmente llamado Frente Sur –1964– dos años más tarde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.

Veinte años antes también la retórica encendida de su padre, Laureano Gómez, había contribuido poco a poco a gestar la violencia entre liberales y conservadores que duró desde el trágico 9 de abril de 1948 hasta 1957, cuando se firma el pacto del Frente Nacional del cual Gómez, padre, fue signatario.

Esas son cosas lejanas y la familia Gómez ha dejado de tener la preeminencia política que tuvo en la vida nacional. Pero la reacción de Miguel Gómez da cuenta de una faceta de Colombia. Aquí las elites políticas y económicas nunca han reconocido su gran responsabilidad en la violencia.

Tenemos dos ejemplos recientes. De los 128 parlamentarios investigados o condenados por parapolítica solo tres: Eleonora Pineda, Rocío Arias y Alfonso Campo Escobar reconocieron su vinculación con los paramilitares, a los demás los han tenido que vencer en juicio. Hubiese sido mejor que no pagaran un día de cárcel, pero aceptaran las responsabilidades y tuvieran una sanción social y política. Tampoco ha habido manera de que las Fuerzas Militares le pongan la cara a los falsos positivos. Lo relacionado con más de 1.000 civiles ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado se está diluyendo penosamente en unos cuantos procesos individuales.

También a quienes ahora o antes hemos tenido algún papel en la conducción de las guerrillas o en la promoción de la revolución armada nos cuesta reconocer nuestra grave responsabilidad. Fue un error histórico descomunal convocar a los campesinos a engrosar las guerrillas después de la gran tragedia que significó la violencia liberal-conservadora.

No existía la menor posibilidad de una respuesta masiva y, entonces, la guerra se convirtió en una aventura de minorías campesinas y estudiantiles que mediante expedientes de terror en zonas apartadas del país prolongaron al infinito la reyerta. Pero mayor error aún fue el echar mano del secuestro y del narcotráfico para alimentar la confrontación. El detalle de lo que ocurrió será el gran aporte a la verdad de todos los jefes guerrilleros.

Si en algún momento la Comisión de la Verdad, que espero sea la confluencia de personas de las más altas calidades éticas, me llama a declarar, acudiré con humildad a aportar mi granito de arena para la reconstrucción del país.


La única oportunidad por MARÍA JIMENA DUZÁN

La única oportunidad
Porque todos los intentos que la justicia ha hecho para que los responsables de este conflicto asuman sus responsabilidades han fracasado, en Colombia es necesaria una comisión de la verdad.
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 Por: María Jimena Duzán. Foto: Guillermo Torres
Hace 25 años, la Constitución del 91 nos devolvió a muchos jóvenes las esperanzas de que íbamos a vivir en un país distinto al de nuestros padres, sin guerrillas, ni políticos cooptados por mafias asesinas. Sin embargo, a pesar de avances importantes en materia de justicia derivados de la creación de la Fiscalía, la democracia no floreció como pensábamos, la justicia no se consolidó como muchos vaticinaron y las guerrillas no se acabaron. Por el contrario, se escaló aún más la guerra y los actores se degradaron aún más en perjuicio de sus víctimas: un documental mostró cómo los secuestrados por las FARC eran tratados como animales enjaulados y cómo varios de ellos habían muerto en cautiverio, luego de diez años de estar atados a un árbol por medio de una cadena. Con la excusa de que la lucha contra la subversión podía hacerse a cualquier costo, se fraguó una alianza entre sectores políticos, empresarios del campo y miembros de la cúpula militar con el poder naciente del narcotráfico para enfrentar a las FARC y crear un monstruo de mil cabezas que aún sigue vivo: el paramilitarismo. Ese ejército privado ilegal, que sería el autor de más de un centenar de masacres en la década de los noventa y comienzos del siglo XXI, que tuvo el poder de hacer a través del expolio y la sangre una contrarreforma agraria y que utilizó hornos crematorios para incinerar los cuerpos de sus víctimas, llegó a ser considerado en varios lugares de Colombia como un ejército heroico al que muchos colombianos le agradecen hasta hoy que el país no hubiese caído en manos del comunismo. Ese monstruo de mil cabezas tuvo el poder de elegir alcaldes, gobernadores, representantes y senadores.

Cuando en 2006 la Corte Suprema de Justicia produjo la primera captura de un congresista por parapolítica, volvimos a tener la esperanza de que la justicia en Colombia había empezado a funcionar. Pensamos que por primera vez se iban a desentrañar las alianzas con el paramilitarismo y que se abriría finalmente el capítulo de los empresarios y militares que habían colaborado en la creación de estos grupos ilegales. Sin embargo, nada de eso sucedió. Ni siquiera sirvió que más de la mitad del Congreso terminara tras las rejas, porque la relación de la política con el paramilitarismo siguió intacta porque este siguió eligiendo gobernadores, alcaldes y congresistas en las elecciones que se sucedieron que tenían relaciones non sanctas o que eran familiares de los parapolíticos. Para estas elecciones del 25 de octubre ya se han dado avales que han sido cuestionados como el que La U le dio a Dilian Francisca Toro, o el que le dio Cambio Radical a través de los Char a la cuestionada pupila de Kiko Gómez en La Guajira, para no hablar sino de unos cuantos.   

Tampoco la desmovilización de los paramilitares sirvió para acabar con la violencia paramilitar, ni para reparar a las víctimas. En ciudades como Medellín la oficina de Envigado ha sido reemplazada por los combos, los Urabeños tienen jurisdicción desde el Urabá hasta La Guajira y mitad de Chocó y los Rastrojos son el poder intimidador del norte del Valle, para no hablar de la influencia que tiene Megateo en el Catatumbo y de cómo ciudades como Cali o Cúcuta están prácticamente sitiadas por las bacrim. La poca verdad que ofrecieron los paras en Justicia y Paz fue insuficiente para las víctimas y la sociedad no sabe si los que están saliendo de la cárcel por penas cumplidas salen reconciliados o con ganas de reintegrarse a la guerra.

La verdad, en un conflicto tan largo como el colombiano, ha quedado sepultada bajo toneladas de pesados odios y de enconados rencores. Nadie quiere asumir la responsabilidad que le cabe en esta guerra: los militares dicen que su problema no fue institucional sino que se trató de unas manzanas podridas, las FARC insisten cínicamente en que ellas no son victimarias sino víctimas, y los empresarios de tierras que financiaron los grupos paramilitares como Carranza pudieron morirse como héroes sin dar ninguna explicación a sus miles de víctimas.

Desterramos la verdad de nuestra historia y construimos una cultura política basada no en valores democráticos sino en los más bajos instintos. Y si no desmontamos el odio y  la venganza que hemos venido construyendo, no habrá nunca reconciliación.

Por eso, porque todos los intentos que la justicia ha hecho para que los responsables de este conflicto asuman sus responsabilidades han fracasado, es que en Colombia es necesaria una comisión de la verdad. Es nuestra única oportunidad para saber lo que nos pasó, para frenar esta degradación, para evitar que los hechos violentos se vuelvan a repetir y para que a las víctimas se nos devuelva la dignidad que nos han quitado tantos años de mentiras.

Memoria y atrocidades Por: Rodrigo Uprimny.

6 JUN 2015 - 9:00 PM

Memoria y atrocidades

Rodrigo Uprimny
Él filósofo francés Jean Francois Lyotard propuso una sugestiva metáfora sobre la dificultad que una sociedad tiene para registrar la verdad y recordar un período de atrocidades masivas, como el genocidio nazi.
Por: Rodrigo Uprimny
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Aushwitz, decía Lyotard, fue como un terremoto tan fuerte que no sólo destruyó vidas, edificios y objetos sino también los propios instrumentos usados para medir directa o indirectamente los terremotos.
Esta metáfora, como le sucede a cualquier metáfora, es inexacta, pues el genocidio nazi no fue un desastre natural sino una atrocidad humana. Pero como toda buena metáfora, esta imagen comunica una idea poderosa y es que un período de atrocidades puede ser tan devastador humanamente para una sociedad que le destruye todos los marcos culturales compartidos con los cuales podría en cierta forma “medir” y comprender lo ocurrido. Esa sociedad queda entonces sin instrumentos para registrar, interpretar y recordar, como sociedad, ese período de barbarie.
Esta metáfora puede dar lugar al fatalismo pues sugiere que resulta imposible intentar registrar y comprender períodos tan terribles como el nazismo. Frente a ellos sólo cabe el silencio o, a lo sumo, recoger memorias individuales de sobrevivientes o victimarios, o desarrollar visiones parciales y muchas veces enfrentadas sobre lo ocurrido, pero habría que renunciar a comprender y recordar colectivamente ese período sanguinario, pues la violencia habría sido tan intensa que habría destruido los instrumentos culturales para “medir” la propia violencia.
Otra actitud es sin embargo posible y es la que inspira a los movimientos contemporáneos por la verdad y la memoria. Esta visión, con la cual me identifico, considera que es necesario intentar reconstruir y comprender esos períodos atroces, pues no sólo se lo debemos a las víctimas sino que la renuncia a la comprensión es en el fondo aceptar el triunfo de los victimarios, que nos imponen el silencio. Su silencio.
Como sociedad tenemos que registrar y entender un pasado de horror, por difícil y doloroso que sea. Pero ¿qué hacer si las atrocidades fueron tan intensas que, como en el terremoto de Lyotard, destruyeron nuestros instrumentos de registro de la crueldad? La alternativa no puede ser renunciar a comprender esas épocas dolorosas sino asumir el reto e inventar nuevas herramientas de registro e interpretación.
El conflicto armado colombiano es obviamente muy distinto en su magnitud y en su dinámica al genocidio nazi. Pero la metáfora se le aplica: ha sido una violencia atroz que nos ha destruido, como sociedad, los instrumentos para comprenderla. Y por eso, a pesar de que ya ha habido esfuerzos muy valiosos de memoria histórica, seguimos teniendo registros y narrativas encontradas. El acuerdo entre las Farc y el Gobierno sobre la creación de una comisión de la verdad debe entonces ser recibido con esperanza: podríamos estar construyendo el instrumento social que nos permita registrar, medir y comprender colectivamente estas décadas de atrocidades.
* Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional

  • Rodrigo Uprimny | Elespectador.com

La verdad y la justicia en guerra. Por: Alejandro Reyes Posada

6 JUN 2015 - 9:00 PM

La verdad y la justicia en guerra

Alejandro Reyes Posada
Hay pocos conflictos armados mejor documentados que el colombiano.
Por: Alejandro Reyes Posada
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Los hechos violentos de todos los adversarios han sido registrados en bases de datos y analizados en comisiones de estudio de la violencia, organizaciones sociales, publicaciones académicas y medios de comunicación. Ningún país tiene un inventario de víctimas tan detallado como Colombia, hasta el punto de que las afectaciones coyunturales de violencia se volvieron una condición permanente, una catástrofe humanitaria acumulada que crece hasta que se aclare la verdad de lo ocurrido y se reparen los daños que sean reparables, aunque muchas víctimas hayan recuperado sus condiciones de vida.
En La Habana el Gobierno y las Farc decidieron crear una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, para esclarecer lo ocurrido (explicación amplia de la complejidad del conflicto); reconocer a las víctimas, la responsabilidad de los victimarios y la responsabilidad de la sociedad en que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás; y promover la convivencia en el territorio mediante el diálogo y la construcción social de la verdad.
En la mesa de conversaciones consideran la comisión de la verdad como una parte del gran diseño de justicia transicional, que además tendría los componentes de justicia para los máximos responsables, reparación y compromiso de no repetición, que siguen sin resolverse en la negociación.
Y justamente no se ha podido llegar a un acuerdo sobre el punto de víctimas y justicia porque están enfrentadas dos visiones casi opuestas de la realidad histórica del conflicto armado. La visión heroica que las Farc tienen de sí mismas, que les permite creerse titulares legítimos del derecho de rebelión contra un régimen que usa el terror contra el pueblo, al que no otorgan la legitimidad para juzgar sus crímenes, contrasta con la visión de las fuerzas armadas de ser héroes de la patria que defienden con sus vidas la democracia contra los narcoterroristas de las guerrillas.
Si esa diferencia de visiones no se resuelve en la mesa tampoco lo hará en manos de una comisión de once personas escogidas por las partes, no importa su credibilidad ni independencia, y por tanto la comisión de la verdad no resuelve el obstáculo para acordar el equilibrio entre justicia y paz. Es necesario regresar a los conceptos fundamentales: las Farc están en la mesa porque reconocen legítimo el régimen al cual buscan reintegrarse sin armas, para hacer uso de los medios no violentos para buscar fines políticos, y el gobierno está en la mesa para lograr que las guerrillas agencien sus ideas e intereses en la contienda política sin violencia.
La guerra insurgente se libra para crear nuevo derecho y la contrainsurgente para conservar el derecho. La justicia a los infractores del derecho conserva el derecho cuando son una minoría y el poder del Estado es capaz de aplicarla, pero impide la terminación del conflicto si el poder de facto de los infractores hace imposible su aplicación.
Por eso es tan difícil negociar cuánta justicia aceptan los que luchan por un nuevo derecho, y justifican los medios violentos con la nobleza de los fines, y cuánta justicia exige un derecho positivo que condena los medios violentos para perseguir fines, por nobles que sean, y castiga a sus autores. Posiblemente la solución provenga de ampliar el concepto de justicia para preguntarle si es justo continuar la guerra o si se sirve mejor a la justicia terminándola para siempre. La mayor justicia es salir de la guerra.
  • Alejandro Reyes Posada | Elespectador.com

Para elegir jueces y magistrados. Andrés Nanclares Arango | Elespectador.com

 7 JUN 2015 - 10:00 PM

Para elegir jueces y magistrados

Columnista invitado
PARA ELEGIR JUECES Y MAGISTRA- dos propongo un sistema que combina lo democrático con lo corporativo.
Por: Columnista invitado
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Es el que mejor le sienta a Colombia, un país sin entidad política, legislativa, judicial y cultural. Explico cómo operaría:
Primero. Los únicos que accederán por concurso público y abierto al Poder Judicial serán los jueces de menor categoría. Los cuestionarios para los exámenes, elaborados por la Universidad Nacional, no podrán ser de aquellos denominados de selección múltiple. Así resulte dispendioso calificarlos, se impone acudir al examen tipo ensayo. Las preguntas, bien formuladas y omnicomprensivas, no deberán pasar de diez. El propósito es medir en el postulante sus conocimientos, su calidad humana, su capacidad argumentativa y su habilidad para comunicarse.
Segundo. Quienes ingresen por concurso tendrán la función de elegir, cuando la ocasión se presente, a los jueces del nivel del circuito. Cuando se presente una vacante en un juzgado del circuito, se elaborará la lista de elegibles y se anexarán las hojas de vida. Esa lista y esas hojas de vida se remitirán a los jueces municipales de todo el país y se fijará una fecha para que se lleve a cabo la elección. Por cualquiera de los medios técnicos modernos se pedirá a los jueces municipales depositar su voto por el candidato de su preferencia. Los jueces municipales, cuando alcancen cuatro años de permanencia en el cargo, podrán postularse para acceder a una plaza de nivel del circuito. El voto secreto, aunque no será obligatorio, dará puntos para una selección posterior e incidirá positivamente en la hoja de vida. Así se elegirían los jueces del circuito.
Tercero. El mismo procedimiento se utilizará para elegir a magistrados de Tribunal de Distrito. Los jueces del circuito, de las listas y de las hojas de vida que se les remitan, elegirían a los magistrados de los tribunales.
Cuarto. Igual procedimiento se utilizará para elegir a magistrados de la Corte. Los magistrados de Distrito depositarán su voto por el candidato que consideren con méritos para ocupar una silla en la Corte Suprema de Justicia. Este sistema de elección de jueces y magistrados combina la designación por concurso abierto (democrática) y la elección cerrada (corporativa). Esta institución híbrida -ni democrática ni corporativa-, es la que mejor encaja en el llamado “modo de ser nacional”.
Las posturas extremas, las que abogan por la implantación de un sistema de elección absolutamente democrático, o las que propugnan un método definidamente corporativo, no las soporta este país. Ellas darían lugar a mayores dificultades en materia de eficiencia y eficacia.
Este método mixto de elección tiene dos méritos: el primero destierra de una vez por todas la injerencia política en la composición del personal del poder judicial; el segundo: evita cualquier componenda en la designación de jueces y magistrados y, de rebote, afianza el sentido de pertenencia entre los miembros de la judicatura. Muy fácil: de manera escalonada, y por un procedimiento interno y cerrado, los jueces del circuito elegirán a los magistrados de Distrito y, del mismo modo, los magistrados de Distrito a los magistrados de la Corte .Los únicos elegidos por el Consejo de la Judicatura (o por la entidad que haga sus veces) serán los jueces de menor categoría. Es decir, los que están en la base de la pirámide. Esos funcionarios llegarán a sus cargos por concurso público de méritos. Y a ellos les corresponderá elegir a los jueces del circuito en todo el país.
  • Andrés Nanclares Arango | Elespectador.com