lunes, 18 de noviembre de 2019

Internet gratis para todos: una propuesta a estudiar

Internet gratis para todos: una propuesta a estudiar

Ben Tarnoff 

16/11/2019

¿Cómo sería un internet socialista? Es una pregunta complicada, porque Internet es algo complicado. Pero una parte de la respuesta acaba de llegar como una propuesta del Partido Laborista británico para proporcionar banda ancha de fibra gratuita a todos los hogares y empresas en 2030. El plan es comenzar primero con las áreas menos conectadas y extender paulatinamente el servicio al resto del país. La iniciativa sería liderada por una nueva entidad pública llamada British Broadband, que sería propietaria de la red y prestaría el servicio.
Es una propuesta ambiciosa y que contribuiría en gran medida a crear una sociedad más justa. En su último libro, el sociólogo Erik Olin Wright escribió que una sociedad justa sería aquella en la que todos "tengan un acceso equitativo a los medios materiales y sociales necesarios para vivir una vida satisfactoria". Como señalaba Wright, las pre-condiciones de una vida humana satisfactoria varían según el tiempo y el lugar. Pero no hay duda de que hoy, una conexión a Internet rápida y fiable es una de ellas. 
Conectarse en línea es a menudo una necesidad para sobrevivir, no digamos ya para realizarse: se necesita internet para conseguir un trabajo, encontrar un lugar para vivir y acceder a los servicios públicos. También se necesita para participar plenamente en la vida social, cívica y cultural. Las comunidades remotas y rurales dependen especialmente de Internet para su contacto con el mundo en general, al igual que las personas mayores o con discapacidades con poca movilidad. Una banda ancha gratuita de alta calidad para todos es, por tanto, una noción igualitaria. Se deriva del reconocimiento de que Internet es una infraestructura indispensable de la vida moderna, y que debe estar disponible universalmente si se espera que todos disfruten de un grado mínimo de dignidad y autodeterminación.
También incorpora la visión socialista básica de que la mejor manera de hacer que algo esté disponible universalmente es liberarlo del mercado. Los mercados no proven lo que se necesita, solo lo que se puede pagar. Y las empresas que producen para el mercado no asignan recursos en función de lo que maximiza la supervivencia y la satisfacción, sino de lo que maximiza los beneficios. Por eso dejar la provisión de necesidades al sector privado produce resultados muy desiguales y, a menudo, grotescamente inmorales. Los costes humanos del racionamiento capitalista son muy evidentes en el caso de la atención médica y la vivienda. Pero también son claros cuando se trata de la banda ancha. 
En un sistema privado, las personas pobres y en el campo luchan por asegurar un acceso digno a Internet. Incluso cuando pueden pagar la tarifa mensual, a menudo soportan bajas velocidades y un servicio irregular porque viven en lugares que no son lo suficientemente rentables para que los proveedores de servicios de Internet inviertan en ellos. Las empresas pueden ganar más dinero en otros lugares. Por lo tanto, a grandes segmentos de la sociedad se les niega la posibilidad de una ciudadania plena e igualitaria, por la simple razón de que no encaja con el motivo de lucro.
Pero no son solo los pobres y las gentes del campo quienes sufren. Según un estudio reciente realizado por el registro de dominios Nominet, el 79 por ciento de los adultos del Reino Unido dicen haber sufrido un servicio de internet poco fiable en el último año. Menos de la mitad dice que puede trabajar desde casa sin dificultades usando su conexión. Y el 66 por ciento quiere que la industria se concentre en brindar una cobertura consistente en todo el país en lugar de invertir dinero en puntos de acceso privilegiados con velocidades más altas.
Parece ser que las frustraciones de un sistema privado son generales, incluso si algunas comunidades las sienten con mayor intensidad que otras. La propuesta laborista ofrece una solución: hacer de la banda ancha de alta calidad un derecho en lugar de una mercancía, y poner la propiedad de la red bajo control público. Los proveedores públicos, cómo sería el de banda ancha británica de la propuesta, pueden hacer una amplia gama de cosas que sus contrapartes privadas no pueden. Pueden proporcionar un mejor servicio a menor coste porque no tienen inversores que enriquecer. Pueden pedir prestado dinero de manera más barata y asumir riesgos más fácilmente. Y pueden priorizar otras consideraciones además de los beneficios, como la conexión de regiones remotas o desatendidas. 
¿Cómo pagaría un gobierno laborista este proyecto? El despliegue de la red se financiaría a través del Fondo Verde de Transformación propuesto por el Partido Laborista, mientras que los costes de mantenimiento se cubrirían mediante un impuesto a las multinacionales, incluidas las grandes empresas tecnológicas como Google. Dichas empresas disfrutan de la generosidad pública: explotan tecnologías comerciales desarrolladas con gran inversión pública, como Internet, y tienen niveles extraordinarios de evasión fiscal para evitar que sus ganancias vuelvan a las arcas públicas. Muchos de ellos también han desarrollado negocios lucrativos desviando y utilizando datos de una parte cada vez mayor de nuestras actividades, en línea y fuera de línea. Dado su parasitismo histórico y continuo sobre todo tipo de bienes comunes, parece razonable obligarlos a contribuir con una parte de su riqueza a la construcción de nuevos bienes comunes.
Con suerte, este es un proceso que puede ir más allá de la banda ancha pública gratuita. El Partido Laborista ha presentado una reforma importante, incluso radical, pero es solo un primer paso. Una agenda socialista para Internet tendría que tener en cuenta los recintos más desconcertantes de nuestra esfera digital. El poder real se encuentra más arriba en la nube, en las llamadas plataformas. Aquí la situación es considerablemente más compleja. La banda ancha es más o menos análoga al gas o al agua: es un conjunto de tuberías, por lo que la mecánica de su funcionamiento como servicio público es relativamente sencilla. No es tan evidente en el caso de las infraestructuras en expansión propiedad de Google, Facebook y otros.
Afortunadamente, un número creciente de personas dentro de la izquierda transatlántica está pensando de forma creativa sobre cómo podríamos desmercantilizar, democratizar o incluso desmantelar los leviatanes de las plataformas. Quienes están en la órbita del “Corbynismo” están produciendo propuestas particularmente interesantes. Se necesitarán más becas para ello. Pero la banda ancha pública gratuita, si se implementa con éxito, abriría un espacio político para una reestructuración más completa. De hecho, los contornos precisos de esa reestructuración pueden requerir una correlación de fuerzas más favorable antes de que puedan emerger por completo. Lo que se necesita no son solo nuevas propuestas sino el crecimiento de un poder popular capaz de extenderlas, adaptarlas e implementarlas. Solo la gente movilizada pueden alentar una sociedad que les libere. Esa es la hipótesis de la que depende la esperanza socialista.
 
Periodista especializado en políticas tecnológicas, es editor y fundador de la revista Logic y colabora con las publicaciones británicas The Guardian y Tribune.
Fuente:
https://tribunemag.co.uk/2019/11/internet-for-all
Traducción:
G. Buster

Chile: de la rebelión al proceso constituyente. Dossier

Chile: de la rebelión al proceso constituyente. Dossier

Alejandro Stevenson 

Diego Ortolani Delfino 

Gabriel Salinas Álvarez 

17/11/2019

De regreso a Octubre
Alejandro Stevenson
“… todas las piedras están talladas para el edificio de la libertad: podéis construir un templo o una tumba con las mismas piedras.”
Louis Antoine de Saint-Just

¿Quién podría haber pensado en este contexto, donde las relaciones se han fragmentado y los vínculos están mediados por dispositivos que exigen a nuestros cuerpos permanecer detrás de las pantallas, si acaso un estallido social era posible y además prolongable en una revuelta que se ha extendido por más de tres semanas? Es preferible alejarse de los alardes, de los diagnósticos apresurados, y reconocer tranquilamente que no lo pudimos prever. Ni ellos ni nosotros; ni los intelectuales de turno ni los militantes más comprometidos; y mucho menos quienes se benefician del reparto de lo político a nivel institucional. Aunque es cierto que las ciencias sociales algo anunciaban –desde sus discretas y escasas tribunas–, pero sin saber bien cómo, cuándo ni dónde. Sin embargo, quizá más por voluntarismo que por cálculo racional, sabíamos que podía ocurrir en cualquier momento; que las condiciones materiales estaban dadas para un levantamiento de dicha magnitud, pese a que las subjetividades permanecían hechizadas por el encantamiento tecnológico; porque sabemos también que estamos cansados, que nuestras vidas se precarizan en todo ámbito y que la mercantilización de todas las esferas nos obliga a dar un poco más, un esfuerzo adicional, para conseguir otro poco que nunca alcanza. 
Las cifras al respecto, de público conocimiento, son alarmantes: el salario mínimo fijado este año en $301.000, sumado a que la mitad de las trabajadoras y los trabajadores reciben una remuneración menor a $400.000, equivaldría a decir que, si este fuese el único ingreso por hogar, todos ellos se situarían bajo la línea de la pobreza establecida por el gobierno. En el año 2018, según el Banco Central, el endeudamiento de los hogares alcanzó un máximo histórico de 73,3% respecto de sus ingresos. La pensión básica solidaria se estableció en $110.201. El desempleo en este mismo mes llegó a un 7,2%, pero el subempleo (esa condición material de extrema explotación) llega a representar alrededor del 40% del empleo nacional. Y así, en diferentes áreas más. 
Como si no fuera suficiente lo anterior, en octubre el Palacio anunció una nueva alza en el pasaje de metro, que gatilló la rebelión de un grupo masivo de estudiantes frente a esta medida saltando los torniquetes en actitud festiva, incitando a que las trabajadoras y trabajadores viajaran gratis mientras ellos aguantaban los palos de Carabineros. Pero la Razón de Estado fue más allá. La brutalidad con que actuaron las fuerzas del orden, agregando a la represión habitual disparos dirigidos al cuerpo, fue la respuesta del Palacio al optar por hacer uso de la fuerza física y legal para enfrentar un problema político. Y, como contraparte, motivó nuestra aprobación hacia el acto de desacato de los estudiantes, permitiendo con ello que nos afectáramos y diéramos a esta experiencia común del abuso un relato alternativo que ni las estadísticas oficiales ni los medios ya podían manipular. Entonces, después de una semana del llamado a evadir, devino un viernes el esperado pero impredecible estallido. La revuelta se propagó en toda la ciudad y el Palacio, una vez más, respondió con mayor severidad. 
Lo más ridículo de todo aquello es que declararon Estado de emergencia, suspendiendo derechos fundamentales, cuando nuestras vidas ya estaban en estado de emergencia. Volvió la dictadura explícita con los militares en la calle e instauraron el toque de queda, mientras nosotros respondimos defendiendo la República que nunca tuvimos, organizándonos entre libres e iguales para ejercer los derechos a la libertad de expresión y reunión. 
El pueblo ya había despertado, dijo basta y echó a andar. Y el verbo despertar, que desbordó la política institucional, desde entonces quiso ser capitalizado por quienes intentan volver a inmovilizarnos. Sin embargo, cuando un lenguaje comienza a socializarse también es expresión de lo común de nuestras prácticas: al encontrarnos en las calles cada jornada de protesta o en la realización de cada motín. La fuerza de nuestra masividad ha representado el sentirnos vivos, quizá por primera vez, y la reivindicación de la vida con todo lo que acarrea esa palabra, es decir, una vida que merece ser vivida porque su centro es la dignidad. Por eso nos posicionamos afirmativamente contra el régimen de la muerte, cuya carencia de legitimidad solo puede ofrecernos lo que le queda: la fuerza legal. Y así fue cómo esperamos su toque de queda, contando los minutos, como si se tratara de la celebración de un nuevo año, hasta que empezaron los fuegos artificiales en el enfrentamiento con la policía. En estas tres semanas ya, la soberanía popular no la pedimos, ha sido ejercida pese a la amenaza constante de los fusiles patriotas.
"No es por 30 pesos –del alza del metro–, es por 30 años”, grita la calle con sabiduría, buscando interpelar a un interlocutor incapacitado de escuchar, no porque haga oídos sordos sino porque su ideología es más fuerte. Por eso la consigna que acompaña el grito anterior es Por una vida que valga la pena vivir”, ya no hablándole a los administradores del modelo económico sino como un llamado a que nosotros mismos la podamos construir sin dejarnos engañar.
Porque nosotros, hijos de la dictadura en sus diversas continuidades –ya sea en su variante concertacionista o de derecha reaccionaria–, sabemos que el Estado se diseñó para no poder garantizar nada y que ese ha sido el problema medular del asunto. E instalar derechos sociales universales, que den contenido a una República que los garantice, ha sido desde un inicio nuestra demanda.
Mientras de este lado nosotros nos organizamos, dándole densidad y contenido a este nuevo relato, del otro lado se encuentra el Palacio, solo, llamando a la guerra primero, a la humildad después y finalmente a la normalidad. Su capacidad aglutinadora en torno a la prosperidad, la recuperación del crecimiento económico, la creación de empleos y el apoyo a pequeños y medianos empresarios, como bien lo resumió el eslogan de campaña de los tiempos mejores, no prosperaron. Ni la alegría ni los tiempos –aunque no alegres, pero– mejores, llegó.
Durante los últimos días hemos escuchado por televisión cómo el tirano pasa del discurso de los tiempos mejores a los tiempos difíciles y, con ello, confirmamos que el Palacio perdió.
Sus cuatro propuestas para enfrentar la llamada crisis han sido masivamente rechazadas: agenda social, cambio de gabinete, agenda de seguridad y congreso constituyente. Perdieron ya en lo central de sus relatos, es decir, en la fuente misma de su legitimidad: a) la promesa de integración vía la adquisición de artículos de consumo quedó ahogada en nuestra incapacidad para aspirar siquiera a cuestiones básicas como vivienda, salud, educación o pensiones, todas ellas privatizadas, y, con ello, la promesa de libertad del modelo económico se agotó; b) la derecha, cuyo embrión en casi treinta años ha intentado cortar el cordón umbilical que la ata a la dictadura, pese a su supuesta adscripción a los regímenes democráticos, está violando sistemáticamente los derechos humanos como mecanismo de control social, y esto ha sido evidenciado a través de los mismos dispositivos tecnológicos que nos tenían tan ocupados previo al estallido; c) la prerrogativa por la seguridad y el orden, en la que ha hecho hincapié el Palacio para jactarse de una administración más eficiente que otros conglomerados políticos, ha demostrado no obtener ningún resultado positivo pese a la mano dura, el Estado de Emergencia y la ilegalidad de la represión con la que continúan actuando las fuerzas del orden. Ya es un hecho, ni con toda la violencia que dispone el Estado han logrado pacificarnos.   
Nosotros seguimos aquí. En la proximidad de los cuerpos delineamos la frontera entre amigos y enemigos. Detrás del humo, refugiados en el anonimato de la multitud, abrigados por el fuego de la barricada, acompañados por la banda sonora del ruido metálico de las ollas golpeadas con cucharas de palo, nos encontramos con nuestros amigos. Ya no en la marcha fúnebre de la vieja izquierda, ordenada en columnas detrás de lienzos que proclamaban las demandas y que nos condujeron a tantas derrotas, sino dispersándonos por los espacios de la ciudad, rehuyendo de la uniformidad, expresando así múltiples formas de vida posibles que serán parte de la sociedad que tarde o temprano vamos a construir. 
A través de la práctica de la soberanía popular densificamos los nuevos vínculos, votando cada paro y huelga, reuniéndonos en cabildos y articulando nuestra propia agenda contra la precarización de la vida.
La guerra está en curso. A nuestros enemigos, como en la canción de Serrat, se les ha llenado de pobres el recibidor y ya no hay esbirros con que puedan disiparlos. Aunque es cierto que aun, pese a que nos estén mutilando, violando, deteniendo, golpeando y hayan asesinado a decenas de los nuestros, no conseguimos nada. Pero por ellos debemos continuar, hasta que sus vidas hayan merecido la pena cuando las nuestras construyan el edificio de la libertad; porque, aunque no puedan entenderlo, nunca se trató solamente de nosotros, siempre fue la lucha de clases. En todo nuestro pacifismo y nuestra violencia, lo que hablan son los nombres de la historia.
Chile rebelión
Diego Ortolani Delfino
No puedo extenderme en los orígenes profundos de la rebelión, ni sobre sus antecedentes más inmediatos y primeros sucesos. Ya se han escrito numerosos artículos y análisis, algunos de ellos excelentes, que para el lector y lectora ávida son fácilmente rastreables en los medios alternativos chilenos e internacionales. Si apuntar que entre los antecedentes más inmediatos no solo están varios conflictos nacionales recientes, que fueron juntando presión, sino también otros del panorama global, como el movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia o la más cercana rebelión ecuatoriana, que repusieron incluso, en los escenarios del antagonismo con el neoliberalismo, la cuestión de la violencia popular y su legitimidad, expulsada una y otra vez de la escena por la moral de la democracia neoliberal.
Me concentro en lo que estamos viviendo esta semana, a casi cuatro del estallido de nuestra rebelión. Ayer martes 12 de noviembre escribía:
Hoy hay paro general de producción y consumo con movilización. Aquí en Santiago la movilización ya es multitudinaria en Plaza Italia, se espera que sea muy masiva nuevamente, y seguramente también habrá grandes movilizaciones en otras regiones del país. Por otro lado, la deliberación popular ciudadana en asambleas y cabildos se extiende como un reguero de pólvora, barrio por barrio, territorio por territorio.
La situación es más o menos la siguiente. Al derrotar el Estado de Emergencia durante la primera semana, la rebelión y el movimiento nacido de ella lograron la absoluta iniciativa política. Eso lo sabe y/o presiente todo el mundo en la calle y en la deliberación asamblearia. Además, eso nos generó un costo altísimo por la terrible represión desatada, que revierte ahora en la consigna de no a la impunidad, juicio y castigo, masiva en las movilizaciones, asambleas y cabildos. Esta exigencia enlaza con la histórica lucha similar con respecto al terrorismo de Estado de la dictadura, y refuerza entonces la comprensión de éste como el origen del neoliberalismo contra el que nos hemos sublevado.
Por otra parte, expone de modo amplificado a todo el sistema político en crisis: a unos, la derecha pospinochetista,  por haber sido la pata civil de la dictadura, a los otros, la centroizquierda neoliberalizada, por haber sido quienes se vendieron rastreramente, teniendo como premio el privilegio de ser los administradores del modelo parido por la dictadura y operadores de su profundización (la llamada “transición”, que a pesar de los embates recientes que le dimos, logró estirarse grotescamente como un chicle, y que ahora ha sido cerrada definitivamente por la rebelión, abriendo por fin plenamente un nuevo tiempo político). Y  todavía a los otros, el Frente Amplio y sus líderes nacidos de las movilizaciones estudiantiles de los últimos años,  por haber entrado recientemente a este sistema político en descomposición sin la convicción suficiente para contribuir a precipitar su crisis necesaria. Sistema que ahora reprimió sin asco (hasta el ex pánzer socialista Insulza, con veleidades recientes de candidato presidencial y secretario general de la OEA monroista, clamaba los primeros días de la rebelión por una “firme represión del vandalismo”).
Todo ello refuerza la radicalidad del movimiento, y su faceta de poder constituyente.
Después de cuatro semanas de rebelión heroica, tenemos la iniciativa política, y la prueba está en que el Gobierno acaba de anunciar su apertura a una nueva Constitución (no ya a una mera reforma, como proponía la segunda semana, luego de la derrota del Estado de Emergencia). La Constitución pinochetista del 80, como se sabe, obra de relojería de Jaime Guzmán y los Chicago Boys, es una de las joyas de la corona y uno de los más formidables diques de contención a la posibilidad de un tsunami democrático.  Claro que la propone vía Congreso Constituyente, o sea, actuada desde el Parlamento, buscando la recomposición del sistema político en base a la negociación con la oposición (negociación en la que todo parece indicar que hasta Revolución Democrática, integrante del Frente Amplio, quisiera entrar).
Astutamente, también la oposición parlamentaria de centroizquierda neoliberalizada dice con la calle "Asamblea Constituyente", pero es un cálculo oportunista jugando con la debilidad política del Gobierno y su coalición de derecha. Su apuesta real también es al desgaste del movimiento, y a que el cansancio y/o el peligro terminen imponiendo esa vía parlamentaria, o como mucho una Convención Constituyente mixta, entre Parlamento y convencionales constituyentes elegidos por el pueblo. De última, colarse en una eventual Asamblea Constituyente.
A partir de aquí, reproduzco diálogo con un compañero, mientras estábamos ya camino a la movilización:
- "El Senador de oposición Alejandro Guillier (último candidato presidencial de centroizquierda derrotado por Piñera) ha propuesto adelantar las elecciones generales. Su idea ha encontrado amplio rechazo. Pero muestra que no sólo la rebelión impone la nueva Constitución, sino que el sistema político expone su extrema crisis. Recordemos que la ex Nueva Mayoría, luego de su derrota en las presidenciales, está en plena descomposición. Paralelamente se aprobaron los Presupuestos del próximo año en el Congreso, y se aprobó también (en comisión) el plebiscito constituyente.
Entonces creo que el clivaje (impresionantemente positivo) es que renuncie Piñera y el Congreso (y hacer un Congreso Constituyente), o llamar a una Asamblea Constituyente a través de un plebiscito, como propone la oposición de centroizquierda”.
- Si, pero el Congreso Constituyente no pasa. El movimiento lo veta.
- "Claro, lo que quiero decir es que nos escinden la exigencia, que es: acusación constitucional contra Piñera,  gobierno de transición con la única misión de llevar a cabo una Asamblea Constituyente,  y solo luego elecciones generales"
Si, esa es nuestra exigencia y su secuencia, que quieren confundir. Lo comprendo. Pero son manotazos de ahogado. La única vía que tienen ellos ahora es la represiva, y la del fomento de formas de guerra civil ("chalecos amarillos", o sea, ¡con perdón de los franceses!, vecinos auto-convocados contra "el vandalismo y los saqueos",  comerciantes y sus trabajadores precarios contra manifestantes,  gente “que tiene que trabajar aunque comprenda la justicia de las movilizaciones", etcétera).
Políticamente están planchados. Solo si logran imponer la violencia y el miedo concomitante, podrían recuperar la iniciativa política. Eso por supuesto marca los enormes logros de la rebelión, y a la vez los peligros que acechan. Vamos a seguir necesitando mucha fuerza y lucidez.
Hasta aquí el diálogo. Luego, seguía escribiendo:
Esa es creo, a grandes rasgos, la situación. Por un lado, grandes peligros. Nos siguen reprimiendo durísimo. Parece haber cierta tendencia a la "colombianización" de la represión, cruel pero selectiva. Una singularidad represiva es la extendida mutilación ocular sobre todo en encerronas callejeras. Y por otro lado, grandes potencialidades de desarrollar un poder constituyente. Sin masacre, de mínima, el movimiento conservará un formidable poder destituyente y condicionará sin piedad toda gobernabilidad futura.
Recomiendo seguir en El Desconcierto las columnas de Rodrigo Karmy Bulton, que viene trabajando con gran lucidez tanto la caracterización de las potencias de los movimientos (desde antes de la rebelión), como las lógicas políticas y los dispositivos de guerra que el neoliberalismo despliega para contrarrestarlas. Aquí, hay que recordar que siempre es primero el poder constituyente del trabajo vivo. Todo dispositivo de represión y control es reactivo a esa potencia, y viene ex post un trabajo de vigilancia sobre él.
Los dispositivos de guerra también son previos a la rebelión, obviamente, desplegados contra las potencias que la preanunciaron. Militarización y trabajo de inteligencia en La Araucanía contra el movimiento mapuche, “Aula Segura” contra el movimiento estudiantil secundario –la resistencia contra este proyecto es un antecedente directo de las evasiones masivas que detonaron la rebelión-, vigilancia, represión y asesinatos selectivos contra el movimiento ecologista y de las “zonas de sacrificio” del extractivismo, etcétera.
Con poder constituyente, no me refiero lógicamente solo al derecho de la ciudadanía en rebelión a constituirse en convencional originario de una nueva Constitución, dada su titularidad sobre la soberanía. Ese es el aspecto histórico-jurídico. Importantísimo, pero un aspecto. Poder constituyente del trabajo vivo como fuente de toda la producción y reproducción de la vida social, y por tanto de toda vida política. Solo la politización que está protagonizando el movimiento, y su desarrollo permanente, son posibilidad tanto del despliegue de su potencia constituyente, como de la resistencia a la eventual guerra que vendrá (de la cual el golpe de Estado en Bolivia es toda una indicación), y en última instancia, de las transformaciones que garanticen la reproducción de la vida, que ya el neoliberalismo no garantiza (origen de la rebelión).
Otra cuestión.  Los sujetos y sujetas protagónicas de la rebelión y la deliberación no son los clásicos. Juventud precaria mestiza plebeya (con familias y comunidades precarizadas tras de sí), profundamente sensibilizada con el desastre civilizatorio en el que estamos, atravesada por un rechazo epocal al capitalismo y el neoliberalismo, a las castas políticas de todo color e ideología que le sirven, y por el feminismo, las disidencias sexoafectivas y el ecoambientalismo radical (radical de ir a la raíz de la imposibilidad de reproducción de la vida que genera la acumulación del capital ahora mismo). Es lo que se viene en todo el mundo. En ese sentido, esta rebelión en Chile, en el corazón del neoliberalismo, creo que está siendo anticipatoria de lo que vendrá también en otras latitudes.
Sin esos sujetos y subjetividades, esta rebelión es incomprensible. Quien ha podido estar en la calle, en la lucha callejera (núcleo de la derrota del Estado de Emergencia), lo ha visto y sentido. Elles eran quienes estaban y están ahí masivamente a la vanguardia. Y también están deliberando junto a otros en asambleas y cabildos, buscando constituir su propia voz y auto-gobernar sus rumbos.
Protagónico no significa exclusivo. Claro que se han ido sumando otros sectores y subjetividades. Qué bueno. Dado el enorme desafío necesitamos unidad en la diversidad. Alianzas interseccionales. A la vez, habrá debate, ya lo hay, sobre los acentos, sentido y dirección. Que esos sean los sujetos protagónicos, se relaciona con la resistencia a la conducción de las organizaciones ya constituidas, incluida la coordinadora Unidad Social (donde conviven lógicas verticales y patriarcales con aquellas más horizontales y de nuevo tipo). Se necesita diálogo y coordinación, y a la vez el debate sobre las formas y contenidos es inevitable e ineludible. Esa composición protagónica del movimiento llegó para quedarse, y marcará sus derivas y potencias.
Luego, ya tarde en la noche, anotaba un poco alucinado:
Estamos viviendo un momento realmente histórico. No es solo que hoy, a casi cuatro semanas del inicio de la rebelión, habiendo derrotado el Estado de Emergencia (con el alto costo represivo hasta ahora), las movilizaciones se mantienen a un altísimo nivel y masividad. No es solo que el Paro General de hoy fue exitoso, paralizando en gran medida el país. No es solo que asambleas y cabildos se extienden como un reguero de pólvora (con toda la heterogeneidad e incertidumbre de su novedad).
Se trata de comprender estas últimas horas. Las movilizaciones gigantes, sostenidas hasta el anochecer. Clima de insurrección esquina por esquina en el centro, fuertes enfrentamientos con los pacos, muchísimos heridos. Lo mismo en todo el país. Hacia el atardecer, llegan noticias de saqueos y quemas, de nuevo, otra gran oleada. Saqueos sobre todo de grandes supermercados, quemas incluso de algunos edificios oficiales. Por todo el país. Algunas balaceras. Tremendo, esto está más fuerte que antes del Estado de Emergencia.
Volviendo a casa de Plaza Italia, cargado el auto de cabros y cabras amigas, paramos a escuchar por radio la nueva cadena nacional del Gobierno, en boca de Piñera, rodeado por sus ministros (lo escuchamos por radio y los vemos online). Altísima tensión, no esperamos menos que  nuevo Estado de Emergencia. O peor, Estado de Sitio.
Porque (pensamos rápido) después de este día de furia, y como escribía hoy, dada la fortaleza incombustible de la rebelión, la extensión extraordinaria de la deliberación popular, y la absoluta iniciativa política del lado del movimiento a partir de la derrota del Estado de Emergencia, la única posibilidad del Gobierno de recuperar la iniciativa es la represión de más alta intensidad (y el eventual miedo resultante), que retraiga la potencia popular. Incluido el impulso de formas de guerra civil de "los afectados" contra "el caos".
Fuera de eso, la iniciativa está totalmente de este lado. Poder constituyente, Asamblea Constituyente,  desmontar el neoliberalismo, transformaciones políticas y sociales profundas hacia una democracia del bien común, que es el emergente programa de la rebelión y del movimiento que ha parido.
Escuchamos tensos, muy tensos a Piñera. Parece un partido que se decide en el último minuto.... ahora viene, el Estado de Sitio conchasumadre....
Y no. Todo lo que dice Piñera, luego de describir "la terrible violencia delictual antidemocrática de hoy" es:
1) Exhortamos a toda la ciudadanía a un Pacto por la Paz, que tiene que ser actuado, dice, por todos los sectores políticos y sociales. La única medida securitaria que anuncia es un tanto patética, la reincorporación de personal retirado a Carabineros (pacos viejos o limados para reforzar a los asesinos desbordados por la rebelión). Este Pacto incluye...una Nueva Constitución. Exigencia de la rebelión desde el día uno, ninguneada en pleno Estado de Emergencia. Solo que por Congreso Constituyente.
Pero ninguna "fuerza política" (ni menos "social"), se va a dar el abrazo del oso en ningún Pacto con un Gobierno debilitado y a la defensiva política. Esto (así como nuestra resistencia y su lucha contra la impunidad, nuestro más preciado escudo) debe estar en la base de que no anuncien nuevo Estado de Excepción y vuelvan a sacar a los milicos a la calle. Con respecto a la Constitución, ya volveremos a repetirle  desde la calle y las asambleas que esto es por Asamblea Constituyente o nada.
2) Un Pacto por la Justicia. Que no es más que...la "Agenda Social", concesiones socioeconómicas de parche que ya fueron rechazadas por el movimiento luego de la derrota del Estado de Emergencia. Nada nuevo bajo el sol
3) Seguimos esperando...ahora si viene el Estado de Sitio... Pero no. Anuncia querellas por Ley de Seguridad del Estado contra "quienes resulten responsables de los saqueos y quemas". Algo bastante fuerte, pero no puede ser. ¿De verdad eso es todo? Porque por otro lado, primero vete a encontrarlos, y segundo, aunque metan en cana a 10 000 saqueadores, esto sigue, porque en el fondo no tiene nada que ver con saqueos y quemas (aunque no haya moralismo tampoco).
De manera que, o aquí hay gato encerrado y habrá una segunda parte (una declaración diferida de Estado de Excepción, o alguna forma de autogolpe con las FFAA, nada descartables), o es una victoria política histórica de una rebelión que se lo merece, porque lo ha dado todo, corazón, inteligencia, creatividad conmovedora y ha puesto el cuerpo sin miedo y sin descanso. El clamor por no a la impunidad y por juicio y castigo (ya transfronterizo) trasunta una profundización de la ofensiva, y es un homenaje, al menos, a nuestros caídos, a las y los torturados, violadas, heridos, cegados.
Llegamos a casa luego de pasar barricadas y cacerolazos nocturnos, parte de la nueva normalidad anormal. Prendemos la tele. Programación habitual, entretenimiento y telenovelas. No puedo evitar recordar el histerismo de todos los canales en cadena nacional  durante los largos días  del Estado de Emergencia, tratando de asustarnos con el vandalismo y los saqueos (mucho de ello inducido, armado o tolerado). En el único canal que están pasando un debate político (canal menor), una periodista inteligente y sensible, pero insospechable de radicalidad, está destruyendo a un par de "analistas" habituales de derecha que tratan de pasar gato por liebre. Les explica enfáticamente que no es que el Gobierno haya hecho un anuncio histórico, sino que está siendo obligado a hacerlo. Y que su casi súplica de que no sea por Asamblea Constituyente, difícilmente sea escuchada. Se quedan boqueando, balbuceando lugares comunes.
Ya fundido, alcanzo a preguntarme:
¿Realmente estamos a las puertas de lograr cambios históricos? ¿Realmente, toda esta lucha extraordinaria nos tiene a la ofensiva y con la iniciativa política? ¿De verdad esta rebelión, y esta nueva politicidad sorprendente del Chile neoliberal, es más que un momento onírico? Mira tú, parece (parece) que sí. Hay que seguir empujando.
www.sinpermiso.info15 de noviembre 2019
Notas sobre la crisis actual
Gabriel Salinas Álvarez
Ha transcurrido casi un mes desde el estallido social del 18 de octubre y la crisis que desde entonces estremece a Chile, en lugar de atenuarse con el paso de los días, no cesa de agravarse.
Cada una de las medidas adoptadas por el gobierno se ha revelado ineficaz, tardía, y lo que no es menor, contraproducente.
La torpeza de Piñera y de su gobierno, ha ampliado el ámbito de las protestas, arrojando combustible a un incendio cuya extinción se torna cada día más problemática.

Sacudidos por la amplitud de la crisis que atraviesa nuestro país, nos resulta muy difícil calibrar su envergadura y sus eventuales salidas, pues no podemos ignorar que, una situación tan compleja como la que estamos viviendo puede derivar hacia variados derroteros, sin que se pueda descartar el menos deseable de todos: una recaída en la barbarie cívico-militar.
Nuestros sentidos y nuestro entendimiento se hallan aún obnubilados por la inmensidad del trastorno social que estamos viviendo, y cuyas consecuencias desbordan largamente nuestro campo visual, prolongándose hacia un futuro imprevisible.
Son numerosos los acontecimientos que alimentan la perplejidad y la desorientación de no pocos conciudadanos, podemos considerar, entre muchos otros:
- el asombro de constatar cómo “todo lo sólido se desvanece en el aire”, cuando los individuos dejan de ser objetos a merced de la clase política, para convertirse en sujetos autónomos, dispuestos a luchar por cambiarla sociedad;
- el temor que inspira la brutal violencia del vandalismo en sus diversas manifestaciones;
- la angustia que nos inunda al presenciar, impotentes, la obscena e intolerable impunidad con que los carabineros y militares agreden alevosamente a manifestantes y civiles transeúntes, mientras dejan, cobardemente, hacer a los saqueadores;
- el desasosiego que suscita en nuestro fuero interno, la reaparición a la luz del día, de las venenosas flores del odio, de la pusilanimidad, de la mentira, de la complicidad vergonzante, del desprecio de los demás, del desdén por la cultura y el patrimonio que la encarna, flores mortuorias que germinaron bajo la dictadura cívico-militar, y que rebrotan amenazantes cada vez que los gobernantes dan la espalda a las demandas de la sociedad, facilitando con su prescindencia los desbordes del lumpen y otras creaturas de la cultura neoliberal.
Pero también, nos asombra y enorgullece la altiva dignidad, la feliz valentía con la que mujeres, niñas, muchachos, adultos, ancianas y ancianos salen a la calle y en jubilosas marchas, oponen consignas y cantos a la ferocidad de los uniformados.
¿Qué revela esta crisis?
Lo que estamos viviendo hoy día, no es un acontecimiento repentino generado así, de pronto, a partir de no se sabe bien qué circunstancias. Tampoco se trata del fruto maduro o podrido, de una, o varias, conspiraciones urdidas por el siniestro “enemigo” que, además de otras tropelías, perturba las celebraciones familiares de Piñera.
El episodio que estamos viviendo hoy en Chile es un capítulo, el más crucial probablemente, de la crisis terminal de la sórdida y lamentable saga neoliberal que comenzara bajo la dictadura cívico-militar.
Los graves incidentes acaecidos a partir del 18 de octubre, fueron la chispa que puso fuego a la pradera, centella que ha operado como un fogonazo que arroja luz sobre la ciudad y sus habitantes, con destellos que, al revés de lo que ocurre habitualmente, no encandilaron los ojos de los ciudadanos, sino que han disipado la niebla que impedía ver lo que pasa realmente en el país y, así, comenzar a comprender lo que nos pasa a cada uno de nosotros. En la calle, se encontraron, se reconocieron y marcharon juntos, millones de chilenos, unidos por una idea expresada, clara y fuertemente: ¡¡“basta ya, no más abusos”!!
Por esas “astucias de la historia”, el abuso, en sus diversas formas, que fuera factor de desmoralización y de desmovilización hasta antes del 18 de octubre, se ha transformado en el denominador común que une y potencia voluntades que muestran a quienes mandan en este país que el tiempo de la “servidumbre voluntaria” va quedando atrás.
¡¡”No más abusos”!! fue coreado por millones de voces, desde Arica a Magallanes.
En estas manifestaciones callejeras, los chilenos identificaron, inequívocamente, a quienes se benefician con el abuso, de qué modo lo hacen y desde cuándo profitan de sus inconmensurables privilegios.
Fueron pocos, si los hubo, los manifestantes que protestaron por el alza de 30 pesos en el Metro de Santiago, pero hubo, en cambio, millones que se alzaron contra los “30 años de abusos” del modelo neoliberal.
De lo que está hastiada la gran mayoría del pueblo chileno es de la corrupción, de la tiranía del mercado y de ser gobernada por una casta de privilegiados ineptos e irresponsables. Hastío cuyo preludio fue la frustración de los anhelos y esperanzas forjados durante la dictadura, de retornar a la democracia, de recuperar la dignidad perdida y reencontrarse con la justicia y la decencia republicana.
La actual crisis disipa también la amnesia, que casi sepultó en los sótanos de la memoria el que la democracia que nos trajo la Concertación, nos llegó “tutelada” y severamente infectada por patógenos gérmenes que, sin tardar, hicieron de ella una impúdica econocracia, que en menos de una década degeneró en una nauseabunda cleptocracia.
La creciente, intolerable e inocultable desigualdad
El dogma del “crecimiento económico”, al que adhirieron con tenaz soberbia moros y cristianos, no tardó mucho tiempo en mostrar su verdadera naturaleza. A pesar de los esfuerzos desplegados por la oligarquía desde todas las instituciones –públicas y privadas- que ella controla, no logró convencer a los chilenos de que, gracias a la ”economía social de mercado”, saldríamos, inevitablemente, del “mundo subdesarrollado” para ingresar al selecto grupo de los países desarrollados.
En estricto rigor, en nuestro país ha habido un indiscutible crecimiento expresado en un aumento de algunas variables económicas, especialmente del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión de nuestra economía. Pero no de su calidad y sus
consecuencias para el bienestar, que sí son objeto de atención, en cambio, para quienes se preocupan del verdadero desarrollo con calidad de vida.
Y ¿quiénes son aquellos que se preocupan por la calidad de vida de chilenas y chilenos? Forzoso es constatar que no se les encuentra en las filas de la clase política, ni entre los ignaros expertos dirigentes de las AFP, de las ISAPRE, de las instituciones financieras, de los responsables del lucrativo negocio de la educación, de la salud, de la” industria cultural” y otras agencias productoras de cretinismo al por mayor. En efecto, quienes tienen en sus manos las riendas del poder político y económico de nuestro país, no comulgan con los laicos preceptos democráticos de la solidaridad, la fraternidad, la igualdad de derechos y la justicia social; su credo es otro y está sintetizado en la antigua sentencia del Evangelio: “Porque al que tiene, se le dará más y abundará; y al que no tiene aún aquello que tiene le será quitado.” (Mateo 13,12)
Es a esa desigualdad denigrante que nos va deshumanizando, que el pueblo chileno opone lo mejor de sus energías a lo largo de las calles de todas las ciudades del país.
La justicia, en la medida de lo posible
Esta sibilina sentencia, marcó la impronta de lo que fue la actitud de los gobiernos de la Concertación respecto de las faltas, delitos y crímenes contra la Humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar.
Los innumerables casos de delitos (de toda índole) que han gozado de la más irrestricta impunidad, durante estos treinta años, nos indican que más allá y por encima de las particularidades de los distintos momentos políticos vividos desde el fin de la dictadura, esa perla de la retórica concertacionista, no tan sólo perdura como una cicatriz más en el lacerado corazón de centenares y centenares de miles de chilenos, sino que sigue vigente como principio oculto, subyacente al trabajo de jueces y magistrados, consagrando de facto, una especie de denegación de justicia en nuestro país.
La complacencia de los tribunales hacia los delincuentes de “cuello y corbata” no tiene común medida con el intransigente rigor de la ley, cuando es aplicada a Mapuches y otros ciudadanos de a pie. La inequidad y todas las formas de maltrato de que son objeto amplios sectores de la población, no podía sino, hacer cada día más intolerable el agravio, inaceptable el atropello y condenables el cinismo y la hipocresía de la élite gobernante.
Lo que esta crisis aporta a nuestro pueblo
Para Piñera y el decreciente número de quienes aún le siguen, esta crisis ha aportado desorden, caos y todo cuanto puede ser útil para instalar el mal, allí donde reinaba el bien. Para los demás, es decir, para una gran mayoría del pueblo, esta crisis ha venido a decirnos que no podemos seguir padeciendo pasivamente los abusos, los delitos contra el bien común, la impunidad de los poderosos y la soberbia de los “expertos”.
Ya no es posible continuar bajo este régimen social, económico y político fundado en la más pobre y bárbara concepción de la vida en sociedad, de la historia de la humanidad y del mundo en que vivimos. Concepción para la que todo se rige por la relación costo/beneficio, es decir, la más miserable y deshumanizada relación económica.
Pero eso no es todo, esta crisis nos ha permitido reencontrarnos, redescubrirnos y superar la desconfianza que se había instalado en nuestro país como consecuencia directa de la difusión de los valores del mercado: la competencia, el espíritu de emprendimiento propio de
los “ganadores”, la sobreestimación de las individualidades exitosas y, la consiguiente descalificación de lo colectivo, de la solidaridad, de la no discriminación y del gesto gratuito.
La crisis ha revivido en nosotros el interés por los demás, la necesidad de ayudarnos, de cuidar lo que pertenece a todos, de cuidarnos mutuamente. Estos días de gran conmoción, nos han ayudado a reconsiderar la situación personal de cada uno de nosotros, y lo que puede y debe acontecer para todos nuestros congéneres, y para todo nuestro país.
La valentía y la dignidad que hemos visto y sentido en nuestras calles, en la denuncia de un régimen corrupto, expoliador y discriminador de los más vulnerables, nutre la confianza en una salida feliz de esta crisis. No digo esperanza en una salida satisfactoria para la mayoría del país, digo confianza, porque nuestra historia muestra que fuimos capaces de poner en pie instituciones que hicieron de la sociedad chilena un verdadero ejemplo de civilidad, de justicia y de cultura. La educación pública, laica y gratuita, la salud pública ofrecida por el Estado como un bien inalienable a todos los ciudadanos, la tutela estatal de numerosas actividades estratégicas de la economía nacional. Fuimos capaces de hacer todo aquello y lo debemos considerar como fuente inspiradora para la reconstrucción de nuestra sociedad. No es la nostalgia por ese pasado, sino la gratitud y el orgullo de haber vivido, no hace mucho tiempo, en una sociedad regida por principios más generosos que la neurótica compulsión del consumo y del “éxito individual”; más enriquecedores que la ramplonería de los matinales de la tele, más humanos y decentes que el irrelevante simulacro de vida política que protagonizan instituciones secuestradas como botín de guerra por bien pagados cultores de la ineficiencia y de la mediocridad.
Hemos de apelar a lo mejor de nuestra historia, y a lo mejor de todo lo que los demócratas han podido hacer en otras latitudes.
Los chilenos tenemos una deuda enorme por la inmensa solidaridad que nos brindara el mundo entero durante la oprobiosa dictadura cívico-militar; tenemos ante nosotros, la maravillosa ocasión de devolver la mano a tantas y tantos que nos acompañaron en la resistencia a la barbarie castrense. Hoy, somos nosotros quienes damos al mundo la oportunidad de constatar que el neoliberalismo es un gigante con los pies de barro, que es un sistema incapaz de sostenerse cuando se cuestiona su paradigma central, es decir, cuando los ciudadanos llegan a la conclusión que el mercado y la economía no son suficientes para llenar la vida de una sociedad, ni para ofrecer una perspectiva decente de vida a los individuos.
Chile ofrece hoy al mundo, la prueba de que no todo es negocio, que existe una infinidad de cosas estimables en la vida, que no son reductibles al cálculo monetario.
Millones de personas han mostrado en las calles de Chile que el sistema neoliberal y su economía social de mercado, no puede sino conducir a situaciones de desigualdad e injusticia flagrantes, como las vividas durante estos treinta años. Se trata de un fracaso tanto más inapelable que en nuestro país, el neoliberalismo contó con las condiciones óptimas para su implantación, a través de la “terapia de shock” y de su posterior desarrollo bajo los gobiernos de la Concertación.
Queda aún mucho, casi todo por hacer; deberemos dotarnos de una nueva Constitución; deberemos desintoxicarnos de la mercadolatría que ha calado muy hondo en nuestros espíritus; deberemos rehabituarnos a discutir de política y a considerar a nuestros prójimos como interlocutores válidos, deberemos rehacer la experiencia de compartir ideales y confiar en nuestras capacidades para cambiar y enriquecer la vida cotidiana haciendo más habitable y querible nuestro país.
www.sinpermiso.info, 14 de noviembre 2019
 
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
 
ha participado en diversas organizaciones de lucha contra la impunidad, por la memoria histórica y en experiencias de investigación militante en Argentina y otros países de América Latina.
 
Doctor en Ciencias Sociales por la ULB.

Bolivia: un golpe de estado civico-militar reaccionario. Dossier

Bolivia: un golpe de estado civico-militar reaccionario. Dossier

Álvaro García Linera 

Alfredo Serrano Mancilla 

Pedro Miguel 

17/11/2019

El odio al indio
Álvaro García Linera
Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.
En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4x4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman "collas", que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que "hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.
En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.
El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.
Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de "elecciones limpias" pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.
Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.
Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.
Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.
La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?
Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.
Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.
Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media", medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.
Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.
Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.
El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.
Los actores del golpe de estado
Alfredo Serrano Mancilla
Un golpe de Estado jamás está constituido por un hecho aislado. No existe un momento puntual que pueda ser definido como el generador definitivo de una ruptura democrática. Cualquier golpe es un proceso acumulativo en el que el “marco” es fundamental para crear las condiciones necesarias y suficientes que garanticen su efectividad. La erosión de legitimidad del objetivo a derrocar se hace por múltiples vías que abonan un campo en el que luego las acciones destituyentes procuran ser presentadas como democráticas.
Por el carácter multidimensional del proceso golpista, nunca podríamos afirmar que existe un único responsable. Siempre hay muchos actores que participan en esta tarea, desde quién acaba asumiendo la Presidencia pos golpe hasta aquel que inicia una campaña de desgaste con una fake news
En Bolivia, el golpe de Estado contra la democracia, con el objetivo de deponer a Evo Morales como presidente, también contó con muchos participes, cada cual en su justa condición; unos como colaboradores y otros como cómplices; los hubo más pasivos o más activos; algunos planificaron desde el inicio y otros se fueron sumando a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos. 
He aquí un recuento breve, pero preciso, de quiénes fueron todos los corresponsables del golpe de Estado en Bolivia, con nombres y apellidos: 
1. El fascismo de los comités cívicos 
Especialmente el de Santa Cruz. Este movimiento político, tan violento como racista, no es nuevo, sino que viene desde el principio de la gestión de Evo Morales, porque jamás aceptaron que un representante indígena y campesino fuera quien tuviera el mandato popular para gobernar el país. Lo intentaron muchas veces, con muchos representantes diferentes y, esta vez, el turno fue de Luis Fernando Camachoquien no se presentó a elecciones, quien no tiene ningún voto, pero decidió que la violencia y el terror eran las armas para alcanzar el objetivo: derrocar a Evo y acabar con el Estado de Derecho y orden constitucional del país. 
2. La oposición partidaria que sí se presentó a las elecciones 
Fundamentalmente, Carlos Mesaprincipal contrincante de Evo Morales, derrotado en las últimas elecciones, fue clave en todo este proceso golpista, desconociendo resultados por anticipado y declarando fraude mucho antes que se produjeran las elecciones. El mismo día de los comicios salió a anunciar que había segunda vuelta sin que se culminara el recuento de votos. Luego de las elecciones, mantuvo constantemente una postura silenciosa, cómplice, ante la violencia desatada por los comités cívicos, reacomodándose al nuevo eje político golpista sin exigir que se frenara. 
3. La actual Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
Siempre presente cada vez que existe un proceso de desestabilización antidemocrático. Esta vez lo hizo de forma directa, participando en el proceso electoral. Primero, fue con el informe preliminar de la misión electoral, que sin base algunaanunció que era “recomendable una segunda vuelta”. Segundo, con un informe preliminar de la auditoría lleno de debilidades, sesgado y parcial, sin rigor, y centrado en su mayoría en criticar al sistema provisorio de transmisión de datos (no vinculante). Y es que a la hora de analizar las actas oficiales, las reales, únicamente logró demostrar irregularidades en 78 actas de un total de 34.555, lo que supone el 0,22%. De hecho, la muestra seleccionada, en sus propias palabras escritas en el informe, no obedece a criterios estadísticos sino que eligieron los casos allá donde el partido oficialista había obtenido muchos votos. El informe está plagado de adjetivos y adverbios con tono valorativo y discrecional (“comportamiento inusual”, “presumiblemente”) demostrando su incompetencia en cuanto a rigor e imparcialidad.
4. El Gobierno de los Estados Unidos
Otro infaltable: como siempre, tras cada golpe, reaparece precipitadamente reconociendo al nuevo presidente autoproclamado. Aunque esta vez, desde inicios de este año, diferentes autoridades del Departamento de Estado -por ejemplo, Kimberly Breier- ya habían declarado que el proceso electoral boliviano estaba repleto de irregularidades, usando incluso el término de “potencial fraude”; además, plantearon más de una vez que se debía de estudiar el desconocimiento de los resultados que de la cita electoral se desprendieran. 
5. La policía
Es la segunda vez que lo hace. En el año 2008 se amotinó y desconoció al presidente Evo, provocando inseguridad ciudadana y desestabilización política y social. No prosperó en ese entonces, pero ahora lo repitió en un momento de gran caos y estado de terror provocado por el movimiento fascista en las calles. Fue un actor clave en la última fase del golpe de Estado
6. Las Fuerzas Armadas
Seguramente este es el actor más difícil de descifrar en este golpe. Actuó en forma muy particular: hasta el último momento no se pronunció ante la grave situación. En primer lugar, cuando todo comenzaba a estar al límite, emitieron un comunicado escueto pero con un párrafo último muy ambiguo. Después, en uno de los momentos de mayor tensión, se mantuvieron en silencio hasta que, al final, salieron a pedir la renuncia del presidente Evo. Es muy probable que al interior hubiera división, y todavía la haya. Las Fuerzas Armadas tuvieron varias horas de desconcierto, sin querer aprovecharse del vacío institucional de poder existente, y en ningún momento asumieron el control de las riendas del país. Sin embargo, esto no les exime de responsabilidad porque se fueron acoplando al tsunami golpista. A partir de ahora veremos qué ocurre porque la partida aún no está cerrada en cuanto a su papel en los próximos días y semanas. Hasta el momento, la autoproclamada presidenta ha cambiado al comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual quiere decir que no se fía del anterior ni de la ascendencia de éste sobre otros mandos intermedios. 
7. Ciertos medios de comunicación
Jamás pueden faltar en cada golpe. Son claves para construir el marco de referencia antes, durante y después. Uno de los principales responsables en esta tarea en Bolivia es Página Siete. Un ejemplo es suficiente para demostrar cuál fue su forma de generar el máximo nivel de zozobra: desde la noche de las elecciones hasta 48 horas después, sostuvo en su portal como entrada principal el resultado de una encuestadora privada, Viaciencia, que daba sólo 4 puntos a favor de Evo para instalar la idea del fraude a pesar que ya había sido publicado oficialmente el cómputo preliminar y definitivo. Este medio siempre fue el máximo exponente del marco del fraude, antes y después, defendiendo el desconocimiento de los resultados desde el inicio y saliendo rápidamente a avalar la transición no democrática. Además, hay otros actores involucrados. No podemos obviar el rol del “periodista” Carlos Valverde, quién en la previa del referéndum del 2016, fue responsable de la campaña sucia en base al “caso Zapata”, orientada a erosionar la imagen de Evo Morales. 
8. Los actores económicos
Los grandes empresarios del país se enriquecieron mucho en el ciclo largo de bonanza económica. Es por ello que esta vez no está tan claro que este golpe de Estado tenga su raíz en su posición en contra del modelo económico boliviano. El eje explicativo central de este golpe definitivamente reside en el racismo que posee una clase boliviana que no acepta a lo indígena, esencia de un Estado Plurinacional. Sin embargo, los grandes grupos económicos del país tampoco están ajenos a esta cuota de desprecio por todo lo que tenga que ver con lo indígena. Es por ello que, seguramente, buena parte de los grandes empresarios del país hayan estado dubitativos entre aceptar la dirección indígena que le garantiza un proyecto económico estable y altamente rentable para ellos, o participar en este golpe a favor de dirigentes que sólo saben ser violentos en las calles. 
9. Los oportunistas de siempre
No falta el títere de turno que siempre quiere la foto como presidente, aunque sea en condición de autoproclamado. Esta vez este papel, a lo Guaidó, lo desempeña la opositora Jeanine Áñez, que obtuvo algo menos de 50.000 votos para alcanzar su banca de senadora. De todas formas, lo que es seguro es que ella, a pesar que se auto promulgue y algunos otros lo repitan, jamás será la Presidenta del país. 
Bolivia: ni Pinochet
Pedro Miguel
La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, rostro supuestamente presentable de los golpistas que se encaramaron al poder en ese país, anunció ayer que presentará un reclamo a México para que le exija a Evo Morales que cumpla con los protocolos de asilo y no estar incitando al país con su afán prorroguista desde donde está; eso es verdaderamente vergonzoso.
Horas antes, el ex presidente y ex candidato presidencial Carlos de Mesa, uno de los dos cabecillas civiles de la asonada, expresó en rueda de prensa algo parecido y denunció ante el mundo que México le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana. Y fue más allá: Es una vergüenza que el gobierno de México permita que el señor Morales se mueva como si no hubiera pasado nada; el Presidente de México tiene que entender que la institución del asilo político tiene unas características; un asilado político no puede hacer declaraciones políticas.
A lo que puede entenderse, los que de facto controlan Bolivia en estas horas no tienen idea de la existencia de la Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en Caracas en la décima Conferencia Interamericana (1954), y que establece el derecho de todo Estado a admitir en su territorio a las personas que juzgue conveniente sin que ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno y el respeto que según el derecho internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los asilados en su territorio. El instrumento asienta también que ningún Estado está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos administrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el hecho de que se trate de asilados o refugiados políticos, por lo que los exiliados en México gozan de los derechos (salvo los derechos políticos reservados a ciudadanos mexicanos) consagrados en la Constitución. La Convención reconoce explícitamente, además, que la libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo que constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante(https://is.gd/mdV3T2).
Aunque los reclamos de los golpistas bolivianos fueron fácilmente desbaratados en lo jurídico y en lo diplomático en una nota informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (https://is.gd/vQPEA0), previsiblemente darán combustible a la gritería de las derechas locales que ante la llegada de Evo Morales al país han expuesto sus facetas descarnadamente racistas, cuartelarias y mezquinas. Pero el derrocado mandatario sudamericano es una figura muy querida por el pueblo y gobierno mexicanos, tiene un alto valor simbólico para diversos movimientos sociales nacionales y la reacción no va a alterar eso por más que propaguen fake news, como la imaginaria resurrección del Estado Mayor Presidencial para cuidar a Evo, o ladre por el costo del vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana dispuesto para rescatarlo.
Lo más preocupante es que las protestas referidas son uno más de los signos de que en Bolivia hoy se conforma una dictadura: las fuerzas policiales propinan palizas, encarcelan y hieren a manifestantes que exigen el retorno de Evo, disparan contra opositores y anuncian –por boca de Arturo Murillo, que encabeza el Ministerio de Gobierno del régimen de facto– una cacería contra los animales que se atreven a disentir de los golpistas. En conferencia de prensa De Mesa ya juzgó y declaró culpables a diversos funcionarios del gobierno depuesto por un fraude electoral que ni siquiera ha sido demostrado (el informe de la OEA es un manojo de afirmaciones sin pruebas) y exigió (o más bien anunció) la pronta realización de elecciones con un Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Evo) cuidadosamente diezmado y depurado a gusto de los golpistas para asegurarse un triunfo holgado. Y, a semejanza de los regímenes militares de décadas pasadas, el actual de Bolivia ha lanzado una campaña propagandística para intentar convencer a la opinión pública internacional de que el golpe de Estado no fue tal, sino una suerte de democratización.
En cuanto a los absurdos reclamos a México, hay que recordar que ni Pinochet ni Videla ni García Meza –el sanguinario narcogorila boliviano– se atrevieron en su momento a un gesto tan desmesurado e impresentable como exigir a nuestro país que suprimiera los derechos políticos de los chilenos, argentinos y bolivianos que buscaron refugio en México.
La Jornada, 15 de noviembre 2019
 
(1962) Vicepresidente de Bolivia en los tres gobiernos de Evo Morales, dimitió con él el pasado 10 de noviembre ante la presión militar. Cofundador del Ejercito Guerrillero Tupaj Katari, estuvo encarcelado de 1992 a 1997. Autor de varias obras, es uno de los intelectuales de izquierda más respetados de América Latina.
 
Director de CELAG.
 
(1958) Ensayista y novelista mexicano, es columnista de La Jornada.