Un tsunami político impactó en Brasil tras tres reportajes del portal The Intercept que evidenciaron, con contundentes pruebas documentales, que el entonces juez Sergio Moro, el fiscal Deltan Dallagnol y otros 13 fiscales de la operación “anticorrupción” Lava Jato, planificaron crímenes e ilícitos contra el orden político y social con el objeto de viabilizar un proyecto de poder de la extrema derecha en Brasil.
Brasilia, centro del poder político, quedó estremecida por la potencia destructiva de las informaciones publicadas por The Intercept, que rápidamente se viralizaron, impactando a la población, pero también a la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado y miembro del máximo tribunal Gilmar Méndes aseveró que los hechos imputados “al funcionario más notorio del gabinete son muy graves”.
La rama brasileña del portal The Intercept dijo haber recibido material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y creó las condiciones para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y su asunción como presidente el 1ª de enero de 2019.
Moro, premiado por los servicios prestados al complot ultraderechista con el cargo de minisrtro de Justicia, huyó de la prensa y se refugió en la Amazonia, y en su defensa sólo atinó a acusar al portal de emplear métodos “delictivos” para obtener las informaciones.
The Intercept recuerda que Lava Jato no fue solo una de las llaves de la demolición del Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma, sino también el argumento para que Bolsonaro fabricara para Moro un superministerio de Justicia con poderes de vigilancia y espionaje sin precedentes en la historia brasileña, confirmando que la imagen de imparcialidad política que se había construido el antiguo juez, era pura farsa.
Las conversaciones divulgadas por The Intercept, portal fundado por Glenn Greenwald, un columnista y experto en derecho constitucional norteamericano, fueron mantenidas por Moro, que entonces era el juez instructor contra Lula, con el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la llamada fuerza de tareas de la Fiscalía. Estas se basan en chats digitales privados, grabaciones de audio, videos, fotos y documentación judicial provistos por lo que el portal definió como “una fuente anónima”.
Los reportajes detonan en medio de una profunda crisis política, económica y social. Desde hace años, diversos sectores de la sociedad han denunciado los desvíos, obstrucciones, abusos y acciones inconstitucionales cometidos por la llamada operación Lava Jato, que más de una lucha contra la corrupción, tuvo como meta sacar al centroizquierdista Partido de los Trabajadores (PT) del poder.
Uno de los reportajes demuestra que los fiscales hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir la victoria electoral del PT y tomaron acciones para alcanzar ese objetivo, para el cual el entonces juez Moro colaboró en forma secreta y totalmente antiética con los fiscales para ayudar a montar la acusación contra el expresidente Lula da Silva, quien finalmente fue condenado sin pruebas y sacado de la lid lectoral, en la cual era ampliamente favorito, pieza clave para facilitar la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro
En los diálogos queda en evidencia que los fiscales no son actores apartidarios y apolíticos sino que más bien parecen motivados por convicciones ideológicas y originados en el deseo de que el PT no volviera al poder tras el golpe de 2016. Estas informaciones, ya devastadoras, son apenas parte pequeña de un libro de 1.700 páginas con revelaciones aún inéditas, que demuestran que la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro solo fue posible en este contexto de deliberadas interferencias subjetivas, ilegales, del llamado partido del Lava Jato.
Lo que deja en claro The Intercept es que Moro, Dallagnol y los fiscales del Lava Jato instrumentalizaron el discurso de combate a la corrupción para promover una escandalosa conspiración contra el Estado de Derecho para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y, así, interrumpir el ciclo de gobiernos populares y progresistas.
Algunos comentaristas hablaron de la inspiración italiana de la operación Lavo Jato, al estilo Mani Pulite (Manos Limpias), pero en realidad las prácticas y métodos usados por Moro y Dallagnol en la articulación y coordinación estratégica de la conspiración para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y en la cacería de Lula, son más parecidas a las usadas por la Cosa Nostra, la mafia.
En la cúspide jerárquica de la conspiración, según las pruebas aportadas por el portal, siempre aparece el ex juez y hoy ministro Moro, el capomafia de un esquema criminal concebido en Washington y desarrollado por la oligarquía y el poder fáctico para encarcelar a Lula, implantar el régimen de excepción y colocar en la presidencia a la facción más entreguista de la extrema derecha. No es casual que en la visita a EEUU, acompañando a Bolsonaro, Moro visitara la CIA y el Comando Sur.
El entonces juez Moro se extralimitó en sus funciones al participar en la definición de estrategias jurídicas en la puesta en escena de la farsa jurídica para condenar al expresidente Lula, atentando contra el Código de procesamiento Penal. Dallagnol se prestó, en diálogos con otros fiscales, para inflar el globo del vergonzoso power point montado para denunciar a Lula con acusaciones falsas y elementos forjados.
Los archivos muestran discusiones internas y actitudes controversiales, politizadas e ilegales. Dallagnol y su grupo de tareas junto a otros13 fiscales con sede en Curitiba, donde Moro era juez, parecía tener dudas sobre la solidez de las pruebas que se manejaban. La gran duda era, justamente, si Lula había recibido como regalo el departamento en la playa para favorecer a la constructora OAS en sus contratos con Petrobrás.
La operación Lava Jato diseñó todos los pasos del régimen de facto presidido por Michel Temer, para asegurar el desarrollo del plan concebido en Washington. La censura de Lula y el secuestro de su derecho de opinión, con la prohibición de una entrevista propuesta por Folha de Sao Paulo durante el proceso electoral, fue un momento constitutivo de esa estrategia ante el temor de que la entrevista pudiese catapultar la victorial electoral de Fernando Haddad, el candidato del PT.
Un punto resaltante de las filtraciones es la inseguridad de Dallagnol en relación a la acusación que llevó a Lula a prisión en abril de 2018: “Estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas: que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá, tras favorecer a la empresa OAS en contratos con Petrobras” (la estatal petrolera), señala el reportaje.
En las conversaciones no aparece ninguna prueba concreta aportada por ninguno de ellos. Era importante fraguarlas porque, de otro modo, el caso no podría ser sustanciado en Curitiba, donde las acciones de la empresa OAS ya estaban bajo la lupa. Pero si la causa viajaba hasta San Pablo quedaría fuera de la órbita de Moro. Por eso era necesario relacionar a Lula con OAS y con los escándalos de Petrobras.
Asimismo, los fiscales llegaron a discutir formas de disminuir el impacto de una entrevista -que había sido autorizada por el ministro de la Corte Suprema (el Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski- porque esa entrevista podría “hacer que elijan a (Fernando) Haddad” y “permitir la vuelta del PT” al gobierno.
En paralelo, según The Intercept, Dallagnol hablaba con una amiga que en Telegram se identificaba como “Carol PGR”. Alarmada por la entrevista y la eventual rueda de prensa de Lula, Carol PGR (de la Fiscalía General) envió varios mensajes a Dallagnol: “Estamos en un tren sin mando y no sé qué nos espera”, “La única certeza es que estaremos juntos”, “Me preocupa mucho una vuelta del PT, pero le recé mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve”.
El magistrado Januário Paludo sugirió un plan: “Abrir la posibilidad de que todos hagan una entrevista el mismo día disminuiría la chance de que sea direccionada”. Otro fiscal, Athayde Ribeiro Costa, sugirió que la Policía Federal actuase para que la entrevista se realizara después de las elecciones. La interpretación amañada sería que el permiso de la Corte Suprema se estaría cumpliendo de ese modo pero que a la Policía Federal le correspondía agendar la entrevista. “Que la agende para después”, dijo.
Convencida de que los diálogos entre los fiscales se mantendrían privados para siempre, la fiscal Laura Tessler dijo: “Parece un chiste. La entrevista se va a convertir en una cadena. Y después de Mónica Bergamo (la reportera de Folha) otros periodistas repetirán lo mismo. Y nosotros acá nos quedamos haciendo el papel de payasos”.
La defensa de Lula afirmó que las conversaciones entre el exjuez Sergio Moro y los fiscales de la operación Lava Jato confirman una trama “con el objetivo preestabelecido y con clara motivación política de procesar, condenar y quitar la libertad del expresidente”. Asimismo exigió la libertad plena de Lula, víctima de lawfare o sea la manipulación de las leyes con fines de persecución política.
¿Y ahora qué?
Varios analistas señalan que ante la gravedad de los indicios presentados, Moro, Dallagnol y los otros fiscales deben ser separados de sus cargos y apresados provisoriamente, para evitar que destruyan las pruebas esenciales a la investigación sobre la conjura del lawfare, y sus computadoras, laptops, celulares y todos los dispositivos deben ser inmediatamente incautados.
Los denunciados no desmintieron los hechos, lo que confirma que no se tratan de autoridades públicas, sino de mafiosos que usan prerrogativas de los cargos públicos para perpetrar crímenes contra la democracia y el estado de derecho, señala Jeferson Miola. La única salida aceptable para restaurar la democracia e iniciar la reconstrucción económica y social del Brasil es con Moro y Dallagnol en prisión, Lula libre y nuevas elecciones presidenciales ya, añade.
“Los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”, escribió Dilma Rousseff.
Paulo Pimenta, presidente del PT, señaló que "El objetivo era cambiar gobiernos populares en América Latina y cambiarlos por regímenes de derecha como el de Bolsonaro en Brasil y Macri en Argentina", y las filtraciones publicadas ahora, añadió, muestran "la política de EEUU frente a los gobiernos populares de América Latina. "Hay una presencia muy fuerte de los intereses estadounidenses en esta investigación", pero “no podíamos imaginar el grado de promiscuidad en estas relaciones entre el juez, los fiscales y los grandes medios".
"Lo que queda claro es que lo que hizo Moro tenía objetivos políticos y electorales, a través de procedimientos ilegales", lo que “provocó un verdadero terremoto en el país, dada la gravedad de la información. Estas revelaciones son esclarecedoras. Demuestran una relación totalmente ilegal entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato junto a los medios hegemónicos", apuntó Pimenta.
The Intercept aclaró que no incluyó en la difusión cuestiones de la vida privada de los protagonistas sino solo las informaciones que tuvieran relación con el interés público. También explicaron que “no requerimos el comentario de las altas autoridades mencionadas antes de publicar porque no quisimos advertirles por anticipado sobre nuestra tarea y porque los documentos hablan por sí mismos”.
Los indicios sobre el complot recién empiezan, pero ya causaron un tsunami político.
La credibilidad de las denuncias
El reportaje, firmado por Greenwald y Victor Pougy, se convirtió en una bomba por el momento político que vive Brasil. Un presidente que hizo campaña con la cárcel de Lula y que premió a su carcelero con un ministerio hoy se encuentra en franco y rápido deterioro. Y, a medida que se debilitan el gobierno, su ministro insigne y su imagen de cruzados contra la corrupción, la endeblez de las pruebas que señalaba el fiscal contra Lula se tornan más evidentes y por lo tanto más costosas, políticamente hablando.
El caso ya hacía ruido y por ello en abril, el Supremo Tribunal Federal le redujo la condena y luego la vicefiscal general de la República, Aurea Nogueira, pidió que Lula complete su sentencia bajo un régimen de libertad vigilada.
En un universo lleno de noticias falsas y documentos inventados, la reputación detrás de la firma y el sello hacen que un documento original, básico, como puede ser una grabación, un chat o un correo electrónico, sean creíbles y puedan viralizarse entre millones de personas. Greenwald, radicado en Rio de Janeiro, es el mismo que publicó en el diario británico The Guardian las revelaciones del Edward Snowden sobre el espionaje masivo de EEUU a sus ciudadanos y a sus aliados a través de la interceptación de llamados a celulares y tráfico de internet.
El sitio es financiado por el magnate Pierre Omydyar fundador de eBay a quien le interesa un sitio de megafiltraciones para que el Pentágono y las agencias de espionaje no se metan con él, en momentos en que Julian Assange, Snowden y otros empezaron a denunciar cómo las agencias de inteligencia públicas y privadas habían infiltrado la industria de alta tecnología para echar sus redes de espionaje masivo e indiscriminado.
Hoy, un medio de comunicación con una nueva forma de contar (a través de filtraciones) dio la noticia, como en su momento lo hicieran Edward Snowden, Chelsea Manning, WikiLeaks cuando, de la mano de Assange, publicaron Cablegate o el consorcio ICIJ los Panamá Papers. Snowden, Manning y Assange están presos: Washington no perdona.
-Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
