viernes, 22 de junio de 2018

Una elección sin debate.Por: Rodrigo Uprimny

Una elección sin debate.

Por: Rodrigo Uprimny.  16 Jun 2018 - 9:00 PM

La decisión de Duque de eludir un debate televisivo en segunda vuelta con su rival Petro pudo ser astuta, pero es antidemocrática, pues un cálculo electoral lo llevó a sacrificar un importante bien público: los beneficios colectivos de una discusión pública de las propuestas de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta.
Estos debates públicos son importantísimos porque la democracia no es sólo el gobierno de las mayorías. Es igualmente, como lo han dicho Amartya Sen y John Stuart Mill, un gobierno a través de la discusión pública.
Esta defensa de una democracia deliberativa y no puramente mayoritaria se fundamenta en que la discusión pública tiene grandes virtudes, como las siguientes: i) ayuda a corregir errores porque somete los argumentos empíricos y teóricos a la controversia, con lo cual promueve decisiones más racionales; ii) impulsa la justicia porque obliga a presentar abiertamente las razones que sustentan las propuestas, con lo cual ciertas motivaciones manifiestamente injustas quedan excluidas del debate político por ser inaceptables; iii) reduce los riegos de autoritarismo pues obliga a los gobernantes a sustentar sus decisiones y propuestas en razones; iv) fortalece la legitimidad de las instituciones pues los ciudadanos tienden a acatar mejor las políticas que resultan de razones conocidas y debatidas.
Es lamentable entonces que no hubiera habido ninguna confrontación televisiva entre los candidatos de segunda vuelta; ese hecho mina la deliberación pública, de la cual depende en buena parte el vigor, la justicia y la legitimidad de la democracia.
El argumento de que ese debate era innecesario por cuanto había habido muchísimos (incluso demasiados) en la primera vuelta es inaceptable puesto que la segunda vuelta implica en toda democracia realinderamientos políticos y variaciones en las posiciones de los candidatos. Por ejemplo, era válido interrogarse si la adhesión de César Gaviria, quien es crítico de repenalizar el consumo de drogas y defendió el Acuerdo de Paz con las Farc, podía llevar a un cambio de posición de Duque en estos temas. O si los apoyos de Antanas Mockus y Claudia López implicaron modificaciones de las propuestas de Petro, o simplemente clarificaciones de puntos que estaban ambiguos.
Una cosa es entonces la confrontación argumentativa entre los cinco candidatos en primera vuelta y otra distinta el debate de los dos que pasaron a segunda vuelta. Por eso es lamentabe que Duque hubiera eludido esa controversia simplemente porque lideraba las encuestas de preferencias electorales. Y es igualmente lamentable que los medios hubieran cancelado ese debate, en vez de mantenerlo con el candidato que aceptó participar, poniendo una silla vacía para representar al que se negó a hacerlo, como lo propusimos algunos. En esa forma hubiera quedado claro el distinto compromiso de los candidatos con la deliberación democrática.
En una democracia más robusta esta negativa de Duque hubiera sido sancionada por una reducción del apoyo de los ciudadanos, que hubieran sentido burlada su oportunidad de examinar las posiciones confrontadas de los dos posibles presidentes. ¿Imaginan ustedes el escándalo que se hubiera armado en Francia si Macron, quien lideraba claramente las encuestas para segunda vuelta, se hubiera negado a discutir en segunda vuelta con Le Pen? Pero en Colombia muchos de los seguidores de Duque celebraron esa negativa como una gran astucia. Un síntoma de la precariedad de nuestra cultura democrática.
Nota: esta columna retoma muchos argumentos de otra escrita en 2006, donde critiqué que Álvaro Uribe se hubiera negado a participar en debates de candidatos: ¿una extraña coincidencia?
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

¿CÓMO LO HACE BIEN COSTA RICA?. POR: JOSEPH E. STIGLITZ


¿CÓMO LO HACE BIEN COSTA RICA?.  POR: JOSEPH E. STIGLITZ

En un momento en que el autoritarismo y el protofascismo están en alza en tantas partes del mundo, es alentador ver un país cuyos ciudadanos siguen profundamente comprometidos con los principios democráticos. Un pueblo que ahora mismo está intentando redefinir su política para el siglo XXI.

Hace años que el liderazgo progresista de Costa Rica (un país con menos de cinco millones de habitantes) llama la atención en todo el mundo. En 1948, tras una corta guerra civil, el presidente José Figueres Ferrer abolió el Ejército. Desde entonces, Costa Rica se convirtió en un centro para el estudio de la resolución y la prevención de conflictos, y es sede de la Universidad para la Paz, una institución creada por Naciones Unidas. Con su rica biodiversidad, Costa Rica también hizo una demostración de liderazgo ambiental previsor, al promover la reforestación, convertir un tercio del país en reservas naturales protegidas y generar casi toda la electricidad que consume a partir de energía hídrica no contaminante.

Los costarricenses no muestran señales de querer abandonar esta tradición progresista. En la última elección presidencial, con gran participación de votantes, Carlos Alvarado Quesada obtuvo la victoria con más del 60 % de los votos, contra un rival que con la prohibición del matrimonio homosexual hubiera revertido el antiguo compromiso del país con los derechos humanos.

Costa Rica se sumó a un pequeño grupo de países en la denominada Alianza del Bienestar, que trabaja en la implementación de ideas (planteadas por la Comisión Internacional sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social) para la creación de indicadores de bienestar mejorados. Los miembros de la Alianza, conscientes de las falencias del PIB, que la Comisión ha destacado, propugnan una política pública que impulse el bienestar de los ciudadanos en el sentido más amplio, mediante la promoción de la democracia, la sustentabilidad y el crecimiento inclusivo.

Una parte importante de esta búsqueda ha sido ampliar el campo de acción de las cooperativas y empresas sociales del país, que ya es grande, puesto que incluyen de uno u otro modo a un quinto de la población. Estas instituciones representan una alternativa viable a extremos del capitalismo que han dado lugar a prácticas éticamente reprobables, como el crédito predatorio, la manipulación de los mercados financieros, el abuso de datos personales por empresas tecnológicas, el ocultamiento de emisiones de la industria automotriz, etcétera. Las instituciones alternativas se basan en promover la confianza y la cooperación, y en la convicción de que promover el bienestar de sus miembros también aumenta la productividad.

Igual que los ciudadanos de otros pocos países, los costarricenses han demostrado que la desigualdad es una elección, y que las políticas públicas pueden garantizar más igualdad económica y de oportunidades que el mercado librado a sí mismo. Pese a las limitaciones de recursos, los costarricences pueden alardear de la calidad de sus sistemas de educación y atención de la salud, públicos y gratuitos. La expectativa de vida en Costa Rica ya supera a la de Estados Unidos, y va en aumento, mientras los estadounidenses, que eligieron no tomar las medidas necesarias para mejorar el bienestar del ciudadano de a pie, se mueren más jóvenes.

Pero a pesar de todos sus éxitos, Costa Rica enfrenta dos problemas críticos: la persistencia de un déficit fiscal estructural y la parálisis del sistema político. El aspecto económico de la solución del déficit fiscal es sencillo: o se estimula el crecimiento, o se aumentan los impuestos, o se baja el gasto. Pero el aspecto político no lo es: cualquier gobernante elegiría la solución del crecimiento, pero no hay una fórmula mágica para lograrlo, y las otras dos opciones no las quiere nadie.

En estas circunstancias, la elección de la mayoría de los gobiernos es recortar gastos; por ejemplo, en infraestructura, ya que el costo de hacerlo permanecerá oculto por décadas. Pero eso sería un error particularmente grave para Costa Rica, ya que sus infraestructuras no han acompañado el crecimiento económico, y su mejora puede ser importante para promoverlo. Es verdad que la eficiencia del Estado siempre se puede aumentar, pero tras años de retirada, poco puede esperarse de una mayor racionalización. Todo indica que la mejor salida sería aumentar los impuestos.

Para que el sistema impositivo sea compatible con una estrategia económica general que busque maximizar el bienestar de todos los ciudadanos, hay que seguir tres principios centrales: gravar lo malo (por ejemplo, la contaminación) en vez de lo bueno (por ejemplo, el trabajo); diseñar los impuestos para causar la menor distorsión posible en la economía, y que la estructura de alícuotas sea progresiva, de modo que las personas más ricas paguen una proporción mayor de sus ingresos.

Costa Rica ya es un país muy ecológico, así que un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono no recaudará tanto como en otros lugares; pero como el país genera casi toda la electricidad a partir de fuentes limpias, la adopción del auto eléctrico puede generar más reducción de emisiones. Dicho impuesto puede ayudar a que Costa Rica se convierta en el primer país donde predominen los autos eléctricos, y acercarla así al objetivo de lograr una economía sin emisión neta de dióxido de carbono.

Puesto que el problema de la desigualdad persiste (aunque ni por asomo es tan grave como en otros lugares de América Latina), es esencial la aplicación de impuestos más progresivos y abarcadores a los ingresos, las plusvalías y las propiedades. Los ricos obtienen de las plusvalías una proporción exagerada de sus ingresos, de modo que aplicarles alícuotas inferiores a las de otras fuentes de ingreso agrava la desigualdad y provoca distorsiones. Los economistas disienten en muchos temas, pero algo en lo que coincidirán es que si se gravan los ingresos o las plusvalías derivados de la tierra en Costa Rica, la tierra no se va a ir a otra parte. Esa es una de las razones por las que el gran economista decimonónico Henry George sostuvo que los mejores impuestos son los impuestos a la tierra.

Los mayores desafíos son políticos: un sistema presidencialista como el de Costa Rica funciona bien en un contexto de bipartidismo con reglas que aseguren la representación de la minoría. Pero puede caer rápidamente en la parálisis política cuando el electorado está más fragmentado. Y en un mundo de cambio acelerado, esa parálisis puede ser costosa, al llevar, por ejemplo, a un crecimiento irresoluble del déficit y de la deuda.

Con sus apenas 38 años, Alvarado está tratando de crear un nuevo modelo presidencial para Costa Rica, sin cambiar la Constitución, mediante la designación de ministros venidos de diferentes partidos. Ojalá el espíritu colaborativo alentado por el movimiento cooperativo, tan integrado a la cultura costarricense, lo haga funcionar. De ser así, Costa Rica, pese a su reducido tamaño, será un faro de esperanza para el futuro, que muestre que es posible otro mundo, uno en el que los valores de la Ilustración (la razón, el discurso racional, la ciencia y la libertad) florezcan en beneficio de todos.

* Premio Nobel de Economía, 2001. Project Syndicate 1995–2018.
Tomado de www.elespectador.com. 16 Jun 2018 - 9:00 PM

DEL CANEY AL BULEVAR. POR: TATIANA ACEVEDO GUERRERO


DEL CANEY AL BULEVAR. POR: TATIANA ACEVEDO GUERRERO

Los pueblos negros de Colombia votaron por el Partido Liberal durante la primera mitad del siglo XX. La predilección puede ser comprobada al cruzar los censos de 1912 y 1918, que preguntaban por la “raza” de los habitantes, con las estadísticas electorales municipales. Este liberalismo tenía asidero en las diferencias entre el entonces progresista Partido Liberal y el conservatismo amante del agresivo orden civilizatorio europeo. Pese a que motivos discriminatorios e higienistas eran compartidos por ambos partidos tradicionales, el conservatismo estuvo siempre más reacio a ampliar la base de derechos (conservadores reprobaron la inclusión que suponía la reforma educativa de 1936, rechazando en un manifiesto “disposiciones odiosas y sanciones exorbitantes como la que obliga a recibir en los colegios privados a los hijos naturales y sin distinción de raza”).

Muchos años después, Chocó, Cauca, Nariño, Sucre y La Guajira (departamentos que según el censo de 2005 tienen nacionalmente un mayor número de población negra) votaron por Gustavo Petro. Y, aunque el candidato no ganó en Valle del Cauca, la ciudad de Buenaventura, con aproximadamente un 72% de mayoría afrodescendiente, registró claras mayorías petristas. Famosa en los manuales escolares por ser el puerto comercial más grande del país, Buenaventura se sumerge parcialmente en el mar Pacífico. Sus habitantes conviven con una tradición impecable de racismo estructural. Se calcula una tasa de pobreza multidimensional del 66,53 %. El 35,85 % de la población presenta necesidades no satisfechas y el 13,46 % vive en la miseria. El 94,36 % de la población tiene un empleo informal sin continuidad, el analfabetismo es de alrededor del 25,18 % y el 49,07% de la población no cuenta con seguro médico. El 24,26 % de la población carece de acceso a agua potable y limpia, y el 25,33 % vive en condiciones de hacinamiento.

Buenaventura es una ciudad particularmente devastada por el conflicto armado. En una primera etapa durante los 90 con la presencia y dominio de las Farc, y una segunda de acometida y hegemonía del bloque paramilitar Calima. Tras la desmovilización del bloque, una seguidilla de bandas criminales ha protagonizado las amenazas a líderes, desapariciones forzadas, los asesinatos, la tortura, el reclutamiento de menores y la violencia sexual en el territorio. Además de haber sido testigo del desplazamiento forzado de muchos de sus habitantes, Buenaventura también ha recibido muchas personas desplazadas de otras regiones del Pacífico. En 2015, se reportaron 74.976 personas víctimas de desplazamiento: el 59 % son mujeres con edades entre 20 y 39 años.

El proyecto dominante para la ciudad —permitido (o impulsado) por distintos gremios y gobiernos centrales—, caracterizado principalmente por iniciativas legales e ilegales de minería, narcotráfico, extorsión y expansión a sangre y fuego del puerto, ha dejado un descontento profundo. Sin embargo, una Buenaventura mayoritariamente joven (con un 25,1 % de la población entre 14 y 26 años) y esquiva al cinismo votó con 46.153 votos por un candidato que marca distintas rupturas con el presente de tantas incertidumbres. Es probable que la gente vote hoy por Iván Duque (un bogotano de acento paisa que dice representar al uribismo), no porque lo prefiera, lo conozca o lo añore, sino por el miedo que cualquier otra posibilidad infunde. Los pregoneros del “salto al vacío” que afirman que las propuestas de Petro son “muy poco realistas” piensan que es mejor dejar las cosas como están, ante el desasosiego e inestabilidad que produciría cualquier cambio.

Creo que se vienen tiempos difíciles y vamos a necesitar las voces de ciudades como Buenaventura que pueden concebir alternativas a cómo vivimos hoy en Colombia. Que, como nos lo cuenta Francia Márquez, “alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos”. Que pueden sortear el miedo hacia otras formas de habitar el país e imaginar motivos para la esperanza. Los que, para parafrasear a Ursula K. Le Guin, son “los realistas de una realidad más amplia”.

Tomado de www.elespectador.com16 Jun 2018 - 9:00 PM

jueves, 21 de junio de 2018

Niños enjaulados. Por, Ana Cristina Bracho

Niños enjaulados

         
Opinión
20/06/2018
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El mundo está conmovido. Se han hecho virales las fotografías de niños siendo separados de sus padres, de niños durmiendo en estructuras enjauladas o con pulseras dotadas de códigos de barras. El escándalo empezó por algunos senadores norteamericanos y se volvió un asunto importante en la arena política estadounidense, donde demócratas y republicanos, se echan mutuamente la culpa.

En este asunto hay una verdad y una mentira. La verdad es que este es un acto abominable, que desprecia toda la normativa básica de los derechos humanos y que ocurre en el territorio norteamericano. La mentira es que este sea un hecho inédito o que no esté ocurriendo en Europa.

Si nos vamos a desmontar que sea inédito podemos recordar que Venezuela lo había denunciado ante la OEA, cuando desde el gobierno de Obama se fueron instalando estas prácticas que luego se verían disminuidas al instalarse el gobierno de Trump por la retórica abiertamente anti inmigrantes que ha mantenido.

Con respecto a prácticas que encarcelan niños migrantes las mismas tienen más de una década ocurriendo en Europa como lo atestigua la doctrina y la jurisprudencia europea, En ese sentido, al abordar el tema  podemos incorporar la opinión del  Profesor de Cádiz, López Ulla[1], publicada en 2014 que recordaba que:

El Consejo de Europa y la Unión Europea, en varios documentos aprobados entre 2010 y 2012, reconocen abiertamente que en Europa no se han adoptado las medidas suficientes para garantizar de manera efectiva los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) en relación con los menores extranjeros no acompañados. Por lo que se refiere a las condiciones en las que pueden ser detenidos, urge implementar un procedimiento común capaz de salvaguardar la tutela administrativa y jurisdiccional de estos menores.

Existe una enorme cantidad de material sobre el tema, desde informes publicados por organizaciones que denuncian la práctica como el informe “Los niños indocumentados en Europa: Víctimas invisibles de las restricciones a la inmigración” de la PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) aparecido en 2008, hasta las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos donde se puede ver que un elemento fundamental ha sido la denuncia del sufrimiento que significan para los niños el trato que reciben en los países de acogida.

En la Sentencia Rahimi c. Grecia, el TEDH en varios parágrafos hace referencia a que los niños representan uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, y aún más los menores inmigrantes ilegales no acompañados; esta circunstancia es determinante para declarar la lesión del art. 3 CEDH cuando las autoridades no atienden la especial obligación que tienen de proteger a estas personas (parágrafos 86 y 87). Al respecto, la Sentencia Rahimi se remite a la Sentencia Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica, parágrafo. 55, donde ya se subrayó que entre las circunstancias a valorar para determinar si se ha superado el umbral de sufrimiento que nos permite calificar una actuación de trato inhumano hay que considerar que los niños representan un grupo especialmente vulnerable de nuestra sociedad, especialmente los inmigrantes no acompañados en situación de irregularidad; esta circunstancia ha de tomarse especialmente en consideración cuando se presenta una denuncia relativa a las condiciones en las que se ha practicado la detención (parágrafos 55 y 56). En Okkali c. Turquía, de 17 de octubre de 2006, parágrafo 70: “los niños son particularmente vulnerables porque están expuestos en primera línea a diversos tipos de violencia, por lo que los gobiernos tienen la obligación de implementar las medidas de protección oportunas”. En el mismo sentido, A. c. Reino Unido, de 19 de febrero de 2009, parágrafo 22, (que se remite mutatis mutandis, a la Sentencia X y Y c. Holanda, de 26 de marzo de 1985, parágrafos 21 a 27; a Stubbings y otros c. Reino Unido, de 22 de octubre de 1996, parágrafos 62 a 64; y también a los arts. 19 y 37 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niños). En este sentido también, inter alia, A. c. Reino Unido, de 23 de septiembre de 1998, parágrafo 22. La Corte se ha pronunciado en varias ocasiones en relación con actos de violencia física contra los niños en el seno de la familia: entre otras, en las Sentencias A. c. Reino Unido, de 23 de septiembre de 1998, Z. y otros c. Reino Unido, de 10 de mayo 2001, y en E. y otros c. Reino Unido, de 26 noviembre 2001, donde el Tribunal recuerda que los niños son personas muy vulnerables, por lo que los gobiernos tienen la obligación positiva de tomar las medidas oportunas para disminuir, tanto como se pueda, las posibles situaciones de peligro real que pudieran ser previsibles, ya sea actuando sobre la ley, esto es, operando las modificaciones normativas que se adviertan necesarias, ya sea corrigiendo las posibles derivaciones fácticas del sistema. En Siliadin c. Francia, de 26 de julio de 2005, encontramos otro caso interesante: se trata de una residente togalesa menor de edad víctima de eso que hoy se conoce con el nombre esclavitud doméstica.

Por vez primera la Corte asemejó el estado de servidumbre que había sufrido la recurrente con la esclavitud, declarando por ello la violación del artículo 4 de la Convención (que prohíbe la esclavitud y los trabajos forzados) y censurando que la legislación francesa no tipificara en el código penal conductas como éstas. Por lo que ahora más nos interesa, en el parágrafo 112 de esta Sentencia se subraya la obligación positiva que tienen los gobiernos de reprimir el crimen de manera efectiva, y particularmente la necesidad de prevenir de manera eficaz los atentados contra determinados colectivos de personas especialmente vulnerables, categoría a la que pertenecen los niños, cuya dignidad e integridad ha ser preservada en todo momento, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre lo derechos del niño (arts. 19 a 37). (misma fuente)

Traemos a colación estos datos como un ejercicio de soplar sobre el olvido que nos impone la manera en la que la información se difunde en el tiempo presente, donde el horror de los niños presos hace ya más ruido que la situación que sufrió la flota Aquarius de la ONG SOS Mèditerranée, donde también habían niños e Italia les negó llegar a puerto y Francia rechazó olvidando que Córcega es parte de su territorio.

Mienten quienes intentan decir que esta es la situación de dos mil niños y que esto tiene uno o dos meses ocurriendo. Se trata de la realidad de un número incierto de personas que protagonizan la denominada “crisis migratoria” que se ha agudizado desde el 2018, al ser cada vez más los países sancionados o en guerra, o sometidos que sufren el tiempo de una situación mundial que para que nadie la mire de frente, no se le ha puesto nombre.

Según datos publicados el día de ayer, por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en su último informe Tendencias Globales. En total, las personas que abandonaron sus hogares de manera forzosa ya son 68,5 millones, 2,9 millones más que en 2016. Estos números superan las estimaciones anteriores que ya para el 2016 contaban que habían más personas en situación de migrantes en el presente que en la Segunda Guerra Mundial.

Según la misma organización universal, los sirios continúan siendo los protagonistas de esta dramática instantánea, con 6,3 millones de refugiados y 6,2 millones de desplazados internos, pero el deterioro de la situación en Myanmar, República Democrática del Congo o Sudán del Sur ha hecho que estos países ganaran cada vez más peso en las estadísticas.

En nuestro caso, con números y causas que siguen siendo objeto de debate, en Venezuela tenemos por primera vez una situación de migraciones que tiene impacto en la realidad nacional y que exige que se desarrollen políticas públicas para enfrentarla porque no tan sólo los países de acogida, al menos en la situación del sur de los Estados Unidos tienen explicaciones pendientes, también sería interesante saber porque este asunto trasciende por la molestia de algunos senadores estadounidenses y no por las representaciones consulares de los países de origen que participan en el proceso que viven los inmigrantes indocumentados en estas cárceles infantiles.[2]

Notas

[1] REMHU – Rev. Interdiscipl. Mobil. Hum., Brasília, Ano XXII, n. 42, p. 63-80, jan./jun. 2014

https://www.alainet.org/es/articulo/193615


         

El centenario de la Reforma de Córdoba. Por, Marco A. Gandásegui h.

El centenario de la Reforma de Córdoba

         
Opinión
21/06/2018
Hoy se clausura el Seminario que honra el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, que replanteó el sistema educativo superior en Argentina y América latina. La Reforma fue encabezada por los estudiantes de la Universidad de Córdoba y sus repercusiones se sintieron casi de inmediato en todos los centros de educación superior de la región. El Seminario fue organizado por el Departamento de Historia de la Universidad de Panamá y contó con 20 expositores del más alto nivel, así como invitados del exterior.

La Reforma de Córdoba tuvo su contraparte en Panamá durante la década de 1920. Se sintió con toda su fuerza en las décadas de 1950 y 1960 cuando los universitarios lograron conquistar la autonomía y el co-gobierno en la Universidad de Panamá. Conquistas mediatizadas y aún incompletas, debido a las muchas contradicciones que prevalecen en el medio panameño.

A principios del siglo XX los estudiantes universitarios encabezaron una revolución del pensamiento con proyecciones universales. Las raíces del movimiento se encuentran en las luchas de emancipación del primer cuarto del siglo XIX. El impulso de las concepciones independentistas de hombres como Bolívar, San Martín, O’Higgins, Madero y Morazán fueron ahogadas terminadas las guerras contra la Corona española por los sectores más conservadores. Los Ejércitos libertadores eran portadores de un pensamiento crítico que levantaba como bandera un nuevo mundo, sin ataduras y con hombres y mujeres libres. Los intereses agro-minero-exportadores vencieron a los grandes capitanes quienes fueron asesinados o desterrados, sin excepción.

El siglo XIX (hispano) americano se redujo a un pensamiento anquilosado, escolástico y euro-céntrico. Debajo de esa capa se encontraba el pensamiento de una sociedad inquieta y de una juventud rebelde. Hizo su aparición en la Universidad de Córdoba en 1918. Según el sociólogo argentino, Juan Carlos Portantiero, más que una expresión universitaria, los estudiantes eran portadores de una sociedad que exigía una ‘reforma social’. Los estamentos populares y las capas medias estaban cansados de los viejos esquemas basados en valores de origen colonial. La Primera Guerra Mundial sacudió las estructuras socio-económicas de la región interrumpiendo el sistema agro-minero exportador. La crisis le permitió a los sectores productivos competir por el poder y presentar sus ideas en un plano nacional. Los gremios empresariales, los sindicatos obreros y los estudiantes universitarios se lanzaron sobre el orden establecido para transformar la sociedad.

La Reforma Universitaria de Córdoba le abre camino al pensamiento crítico que plantea la necesidad de que todos los sectores sociales sean más creativos. José Carlos Mariátegui, en Perú, recoge este mensaje y lo elabora al plantear una revolución que surja de las mismas raíces de los pueblos de la región. Se enfrenta a las tesis euro-céntricas incorporando elementos novedosos a las tesis revolucionarias de la época. Igualmente, en Cuba, el pensamiento crítico de xx Mella deja sus semillas a pesar de ser asesinado a muy temprana edad. Incluso, en Panamá, el líder socialista Demetrio Porras es influenciado por el movimiento estudiantil generado por Córdoba. Porras plantea la alianza obrero campesina como fórmula para alcanzar el poder.

Lo que tienen en común estos tres pensadores, así como muchos otros, es la necesidad de romper con las ideas coloniales que sirven de cadenas, amarrando a la sociedad a estructuras anquilosadas. Este mismo espíritu fue el que embargó a los sectores más ‘críticos’ de la clase pensante panameña al fundar la Universidad de Panamá, en 1935, venciendo la oposición de los sectores conservadores atrincherados en las instituciones más rezagadas del país. De una vez, los estudiantes panameños bebiendo del ejemplo de Córdoba exigieron la autonomía universitaria y el co-gobierno. Los estudiantes panameños encabezaron rápidamente las demandas nacionalistas que exigían la evacuación de toda presencia norteamericana en el istmo. Una generación más tarde – en 1964 – la ofensiva estudiantil alteró la correlación de fuerzas sociales en el país marcando el principio del fin del semi-colonialismo militar de EEUU en Panamá.

Cien años más tarde, la Reforma Universitaria de Córdoba, tiene otras lecciones que debe compartir con las nuevas generaciones. En la actualidad, la juventud se enfrenta a un enemigo implacable que quiere acabar con toda expresión del pensamiento crítico, creativo y rebelde. Por todos lados aparece la contraofensiva del pensamiento tradicional. Se presenta disfrazada en la consigna de ‘pensamiento único’, propio del ‘fin de la historia’. Quieren eliminar el pensamiento crítico de la juventud y el legado de Córdoba, que reclama la solidaridad y el cambio social.

21 de junio de 2018.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)



https://www.alainet.org/es/articulo/193626
         

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