17 MAYO 2015 -
9:03 PM
El rompecabezas del despojo
Detalles de una sentencia histórica, la
que profirió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín para sintetizar
la forma como el paramilitarismo se apropió de Córdoba.
Por: Redacción Judicial
Antes de que la guerra cambiara su
destino, Córdoba era una zona privilegiada de Colombia. Cruzada por los ríos
Sinú y San Jorge, en medio de una exuberante riqueza hídrica de múltiples
ciénagas y humedales, su territorio de sabanas y ramificaciones montañosas de
la cordillera Occidental era un emporio de biodiversidad. Sin embargo, por
estar situada entre Antioquia y la costa Caribe, era también una región con
alto valor estratégico y, cuando su economía primaria perdió su vocación, entró
en la ruta del conflicto.
Esta transformación social está resumida
en una sentencia histórica. La que profirió hace pocos días la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que además de esclarecer por qué
Córdoba se volvió eje de la expansión paramilitar en Colombia, dio una orden
judicial inédita: exhortar al Estado a identificar y adoptar mecanismos de
rendición de cuentas de los empresarios, comerciantes y personas de los
sectores público y privado que promovieron o patrocinaron esta expresión
criminal.
Un esfuerzo por la verdad con un
contexto específico: todo empezó cuando el uso de la tierra en la zona se
transformó drásticamente y la ganadería forzó la tala de bosques o la
introducción de pastos artificiales y alambres de púas. Impulsada por empresarios
antioqueños y cordobeses, esta dinámica rompió la coexistencia pacífica entre
terratenientes, campesinos e indígenas, poco a poco fue ampliando la frontera
agrícola y finalmente precipitó enconadas luchas por la concentración de la
tierra.
Se hizo evidente una estructura desigual
en su tenencia, se redujo la producción y comercio de productos como la yuca,
el arroz o el maíz, y la ganadería extensiva empezó a mandar. Con el tiempo, en
el marco de la violencia bipartidista de los años 40 y 50, se dieron dos
complejas situaciones: confrontación entre guerrillas liberales y grupos
conservadores y expulsión de amplias capas del campesinado cordobés hacia el
Urabá antioqueño. En la década de los años 60 el asunto ya era crítico.
Entonces Córdoba —elevado a la categoría
de departamento en 1952— se volvió enclave de los dilemas políticos de la
época. A instancias de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos
Lleras (1966-1970), junto a Sucre se convirtió en epicentro del más importante
movimiento social de la segunda mitad del siglo XX, la Asociación de Usuarios
Campesinos (Anuc), pero también fue de las primeras regiones en las que se
aplicaron normas expedidas bajo inspiración de la doctrina de seguridad
nacional.
A través del decreto 3398 de 1965, el
Ministerio de Defensa estaba habilitado para entregar armas a civiles que
ayudaran a preservar el orden público y en Córdoba aparecieron las Juntas de
Defensa Civil para enfrentar “el envalentonamiento de los campesinos”. El
panorama se agravó en 1967 cuando apareció el Ejército Popular de Liberación
(Epl) y escogió esa zona para su expansión. Luego, en los años 70, llegaron las
Farc. A la pelea por la tierra, la guerrilla sumó el homicidio, la extorsión,
el robo, el abigeato y el secuestro.
Una década después, la región ya era un
territorio de guerra. A la defensa de la propiedad, con formas de justicia
privada o estrategias de seguridad nacional terminó agregándose el
narcotráfico, que tuvo en Córdoba una de sus principales zonas de propagación.
Se dio una confluencia de intereses como expresión contrainsurgente y, en medio
de la tradición de defensa civil armada para proteger hacendados y
terratenientes, surgió el narcoparamilitarismo de los hermanos Fidel, Vicente y
Carlos Castaño.
Aunque en 1989 la Corte Suprema de
Justicia echó abajo las normas que desde los años 60 permitían a las Fuerzas
Armadas compartir el monopolio de las armas con civiles, ya la casa Castaño
había convertido la región en ríos de sangre. A finales del gobierno Gaviria, a
través del decreto ley 356 de 1994, se creación las Cooperativas de Vigilancia
y Seguridad Privada, y las Convivir, como fueron llamadas, se convirtieron en
nueva mampara para que el paramilitarismo consolidara su hegemonía militar en
la zona.
La investigación de 646 páginas del
Tribunal de Medellín, con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla, detalla
la acogida que tuvieron las Convivir en Córdoba. La mayoría de licencias fueron
expedidas por el exgobernador Carlos Miguel Buelvas o su secretario de
Gobierno, Benito Osorio, hoy procesado por concierto para delinquir, lavado de
activos, desplazamiento forzado y apropiación de bienes, en conexión con el
paramilitarismo. A finales de los años 90 ya había 17, dos de ellas lideradas
por Salvatore Mancuso.
Recogiendo la confesión de Fredy Rendón,
alias el Alemán, la sentencia detalla como las convivir Horizonte y Guaimaral
eran de Mancuso. La llamada Abibe pertenecía a Jesús Ignacio Roldán, alias
Monoleche. La Nuevo Amanecer era de Rodrigo Peluffo, alias Cadena, y Francisco
Piedrahíta. La Arrayanes, de alias Juancho Prada. La Devayan, de alias Julián
Bolívar. El control paramilitar era absoluto y además del apoyo de
terratenientes, ganaderos o comerciantes, pronto se sumaron los dirigentes
políticos.
La providencia detalla la forma como se
transformaron las casas políticas tradicionales, de qué manera algunos de sus
dirigentes históricos cayeron en el escándalo del proceso 8.000 por nexos con
el narcotráfico, y cómo después se dio el relevo familiar por otros que terminaron
envueltos en la redada de la parapolítica. Literalmente el paramilitarismo
capturó el Estado local, fijó reglas sobre la contratación pública o concertó
pactos para controlar la representación en Congreso, asambleas y concejos
municipales.
Pero no sólo extendió sus redes a la
política, también penetró la administración de justicia, los organismos de
inteligencia, el sistema carcelario, las Fuerzas Armadas o la Universidad de
Córdoba. El fallo detalla uno a uno los episodios de corrupción o violencia para
ejercer ese poder. Hasta el periodismo que, según la decisión judicial, al
menos desde el diario El Meridiano, promovió una estrategia de ocultamiento
ante la grave crisis humanitaria que vivió el departamento por la acción de los
grupos de autodefensa.
La sentencia condena a unos cuantos
desmovilizados del paramilitarismo cuyos nombres poco o nada dicen; ordena
reconocer como víctimas a una interminable lista de personas o grupos
familiares violentados; exhorta a diversas entidades públicas y privadas a repararlos;
y declara textualmente que el Estado, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía
de Montería, entre otras instancias oficiales, son responsables por acción y
omisión de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas con total
impunidad.
El documento termina con la compulsa de
copias para que se investigue a una decena de personajes entre empresarios,
miembros de la Fuerza Pública, fiscales, jueces o periodistas. No se incluyó la
sugerencia de uno de los desmovilizados, en el sentido de que fueran indagados
todos los notarios de Córdoba desde 1985 a la fecha. De cualquier manera, la
decisión del Tribunal de Medellín aporta las piezas claves para armar el
rompecabezas del despojo en el privilegiado y también victimizado departamento
de Córdoba.
El ponente de la sentencia
El magistrado de la Sala de Justicia y
Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, es el mismo
funcionario judicial que en 2013 pidió que el ex presidente Álvaro Uribe fuera
investigado por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Abogado de la Universidad de Antioquia y funcionario judicial desde los 22 años, el magistrado Pinilla se ha distinguido por sus investigaciones sobre la incidencia de la ilegalidad en Colombia.
Abogado de la Universidad de Antioquia y funcionario judicial desde los 22 años, el magistrado Pinilla se ha distinguido por sus investigaciones sobre la incidencia de la ilegalidad en Colombia.
En su libro ‘El Estado ilegal’, el magistrado
Pinilla detalla cómo a través de decretos de Estado de Sitio u otras fórmulas
jurídicas, las autoridades le han dado un manejo equivocado a los temas de
guerra y paz. Ahora, en su condición de integrante de la Sala de Justicia y
Paz, ha dictado sentencia respecto a importantes capítulos de la violencia
colombiana de los últimos tiempos.
En esta ocasión lo acompañaron la
magistrada María Consuelo Rincón y el magistrado Juan Guillermo Cárdenas con
salvamento parcial de voto.
Enclaves de un estado capturado
En la providencia de la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal de Medellín se mencionan varios personajes que resultaron
fundamentales para la expansión del paramilitarismo en Córdoba.
Por ejemplo, el ex congresista liberal,
Miguel Alfonso De La Espriella, condenado por el delito de concierto para
delinquir. O los ex congresistas Juan Manuel López, Mario Salvador Náder,
también condenados por la justicia.
La decisión ordena investigar a cinco ex fiscales, entre ellos a Luis
Javier Cepeda Visbal. Lo mismo que a la sargento Luz Mary Soto, adscrita a la
Policía de Montería. De igual manera a los particulares Pedro Pablo Beltrán,
Casimiro Torres Medrano, William Sayeg, Pedro Ghisays, Manuel Troncos, Carmelo
Cogollo, Pablo Enrique Triana, Rubén Darío Obando, Luis Eduardo Barreto y Regis
Amadeo Martínez.
