21 MAR 2015 - 8:59 PM. tomado de elespectador.com

Rodrigo Uprimny

El deber de renuncia

La negativa del magistrado Pretelt a renunciar por las graves acusaciones en su contra plantea una pregunta, que es abstracta pero relevante no sólo en este caso sino en otros semejantes: ¿existe o no un deber de que un servidor público renuncie en esas circunstancias?

Por: Rodrigo Uprimny

Sus colegas de la Corte Constitucional, los presidentes de las otras cortes y los ministros de Justicia y del Interior opinan que sí y por eso públicamente le han pedido a Pretelt que renuncie para no afectar aún más la ya maltrecha credibilidad de la justicia. El procurador Ordóñez se sitúa en la otra orilla y ha afirmado que la petición de renuncia es un despropósito y una violación a la presunción de inocencia, pues este magistrado no ha sido declarado culpable de los delitos por los cuales ha sido denunciado.

Como regla general, la posición del procurador es razonable. Un servidor público no deja de tener derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, por lo cual resulta exagerado pedirle que renuncie frente a cualquier denuncia penal en su contra. Además, ciertas funciones públicas, como la magistratura, afectan muchos intereses, por lo cual es usual que estos servidores públicos reciban numerosas denuncias, muchas infundadas. Exigir que un magistrado deba renunciar frente a cualquier denuncia haría entonces imposible el ejercicio de la función judicial.

Sin embargo, la posición del procurador desconoce que superado un cierto umbral de escándalo surge una especie de deber de renuncia, que es más ético y político que estrictamente jurídico, pero que no deja de existir.

Una persona que acepta ejercer un alto cargo en el Estado, como ser ministro, congresista, general o magistrado, asume las cargas del cargo. La persona no sólo debe cumplir con los deberes expresos del cargo sino que asume una obligación moral general, que es proteger hasta donde sea razonablemente posible el buen funcionamiento y la integridad y legitimidad de la institución a la cual pertenece.

En ciertos casos, las acusaciones contra un servidor público pueden adquirir tal envergadura y generar tal escándalo público que hacen imposible que ese funcionario ejerza apropiadamente sus funciones, ya sea porque está todo el tiempo dedicado a defenderse, o porque sus actuaciones quedan afectadas por sospechas permanentes. O puede ser que la permanencia del funcionario cuestionado afecte gravemente el buen funcionamiento y la integridad global de la institución. En esas situaciones, el funcionario debe renunciar a su cargo para proteger la integridad de la función pública, incluso si es inocente, pues esa renuncia al cargo no es una renuncia a su presunción de inocencia en materia penal o disciplinaria. Es más, la renuncia al cargo le permitirá ejercer mejor su derecho de defensa pues lo hará sin que ésta interfiera con la función pública.

En el caso de Pretelt ese umbral de escándalo fue superado hace rato y por ello, independientemente de si es culpable o no, este magistrado, si en algo le interesa la justicia, debería renunciar.

* Director Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

La paz territorial se define en el Cauca

DESDE HACE MUCHAS DÉCADAS LO que ocurre en el Cauca define el curso de la guerra y la paz. Allí está ocurriendo ahora otro episodio del conflicto territorial más extenso y agudo del país, que enfrenta un movimiento indígena radicalizado en una lucha de cuatro décadas para recuperar territorio históricamente despojado por los anteriores hacendados caucanos y asegurar su existencia como pueblo. Sin ayuda de la historia y la geografía es imposible entender este conflicto.

Por: Alejandro Reyes Posada

Es cierto que su resistencia al despojo les ha permitido asegurar en resguardos 170.000 hectáreas de suelos montañosos altos, cubiertos de bosque andino, que cuando se tala inicia procesos rápidos de erosión, pobres en nutrientes, incomunicados y con muy pocos bienes públicos. Esas montañas y colinas son su territorio de refugio, cuya subdivisión hace imposible garantizar a la nueva generación acceso a tierras productivas para salir de la pobreza ancestral. Como los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los caucanos equilibraron siempre su alimentación con los productos de tierras bajas, medias y altas. Al quedar replegados a zonas altas de refugio su sistema productivo sufrió una crisis terminal. Recuperar tierras bajas altamente productivas es para ellos un imperativo para seguir existiendo como etnia y ese mandato explica la fuerza y determinación que están dispuestos a usar en esta ocasión para lograr sus objetivos de expansión territorial.

El acuerdo agrario firmado en el proceso de paz define los marcos para resolver este y los demás conflictos territoriales que vendrán inevitablemente. Porque compromete al Estado a realizar una reforma rural integral, a asegurar los territorios étnicos, a crear instancias de concertación territoriales con campesinos, indígenas y negros, con una profundización de la democracia realmente existente, a titular la pequeña propiedad familiar, a cerrar la expansión de la frontera agraria y a proteger las reservas ambientales estratégicas.

La mala noticia es que, a pesar del empeño del presidente y su equipo negociador de paz, la institucionalidad rural, ahora comandada por Aurelio Iragorri, heredero del viejo linaje de dirigentes caucanos, no está afanosamente dedicada a preparar los instrumentos y las políticas de tierras necesarias para intervenir los conflictos territoriales de la transición hacia la paz. El ministro subordinó a los responsables institucionales de las políticas, los viceministros, directores y gerentes de institutos, a la autoridad de unos asesores por contrato, a quienes llama gerentes de área, y en consecuencia paralizó al Ministerio, mientras compromete los recursos en el programa Pares para que los ejecuten los gobernadores en los proyectos que tengan a bien presentar, siguiendo el modelo de las transferencias o el reparto de regalías.

No está mal aumentar la descentralización del gasto público para conseguir una paz territorial, siempre y cuando el Gobierno en su conjunto tenga la fortaleza institucional necesaria para hacer sus tareas esenciales cuando se firme al acuerdo de paz y en el contexto de la democracia participativa pactada en La Habana. Con los recursos y sin los instrumentos, le queda imposible al gobernador del Cauca resolver el problema de los territorios indígenas, que sólo puede resolver el Gobierno central, que mientras tanto debilita sus instrumentos de política de tierras y reparte sus recursos a quienes no tienen los instrumentos de acción estatal. El clientelismo no sustituye la reforma rural integral pactada para la paz territorial.

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21 MAR 2015 - 8:59 PM. tomado de elespectador.com editorial

Estrategia perversa

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El aún magistrado centró su acusación, a través de los micrófonos de una emisora (como lo dicta la nueva tendencia de nuestros servidores públicos), en el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien a su juicio armó una conspiración y un montaje para sacarlo de la Corte Constitucional, entre otras cosas.

Muchas cosas. Contra Montealegre, sobre todo: que compraba conciencias en la Corte; que citó a su esposa Martha Ligia Patrón por un delito de lesa humanidad para presionar su renuncia; que quiso convencerlo en su casa de que colaborara con el proceso de paz para que los guerrilleros de las Farc no pagaran un solo día de cárcel. Y a favor de él mismo: que era inocente, claro; que nunca insistió en la tutela ni la seleccionó ni la votó a favor; que no iba a renunciar, por supuesto; que si se iba él se iban todos, porque “es sumamente grave lo que hay allí”. Contra otros magistrados: que quieren lavarse las manos sacándolo a él de la Corte.... Que todo esto no era una cortina de humo. Memorable.

Una infamia, por decir lo menos, que un todavía magistrado de una alta corte, que se supone representa la majestad de la justicia en su esfera más notable, salga a enlodar a un puñado de personas a través de un medio de comunicación con el pretexto de decirle “la verdad al país”. Una infamia que lo haga solamente cuando ha sido acusado de cometer una conducta muy grave: ahora sí es hora de que Colombia sepa esas “verdades”. ¿Antes no, aún magistrado? Muy conveniente la cosa, para él... Una infamia, además, que un todavía magistrado se deshaga en halagos hacia la institución que debe acusarlo formalmente: “ha sido digna de admirar la Comisión de Acusación”, para luego despacharse, de nuevo, contra la institución que él representa. Inconcebible todo. El viernes fue un día oscuro para la ya de por sí desprestigiada justicia colombiana.

Pero lo más ruin de la estrategia del aún magistrado Pretelt es esa filosofía despreciable de “hagámonos pasito”, de “todos somos iguales”, de “si demuestro que todos somos malos, yo no soy culpable”. No. Así no es la cosa. La sospecha del trámite de sobornos es muy diferente del disgusto por el inicio de una investigación o la demora en presentar una denuncia. Así todo deba investigarse, y sancionarse si hay pruebas.

Con todo, la preocupación mayor es por los efectos de este lamentable escándalo sobre la institucionalidad del país. Y en eso, a pesar de este golpe a su prestigio, la Corte Constitucional sigue siendo una institución que merece respeto. Hay, por lo demás, hechos para mantener la confianza en ella incluso alrededor de este episodio: la denuncia del presunto ilícito cometido por el aún magistrado nació de la misma Corte. Los magistrados, si bien dudaron en un comienzo, se alinearon para pedirle su renuncia. Los casos que se han conocido ahora y están bajo sospecha, al final fueron fallados en la Corte contra los intereses de los supuestos sobornantes, comenzando por el propio caso de Fidupetrol. Eso no puede perderse de vista.

La inocencia de Pretelt sigue intacta hasta que se demuestre lo contrario. Pero muchas son las razones, y esta salida pública es una más, por las que el todavía magistrado debería retirarse de su cargo. La institucionalidad de este país, la poca que queda, lo exige de esa forma. Y no, no todo es lo mismo, todavía magistrado Pretelt.

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